Documento - BOLIVIA .Crisis y Justicia .Jornadas de violencia en febrero y octubre del 2003



[Embargado hasta: 30 de noviembre de 2004]Público


Amnistía Internacional

BOLIVIA

Crisis y Justicia

Jornadas de violencia en febrero y octubre del 2003

Noviembre 2004

Resumen

Índice AI: AMR 18/006/2004



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR180062004

Durante el año 2003 Bolivia vivió un estado de convulsión social que se radicalizó en los días 12 y 13 de febrero y se repitió en octubre, dejando un saldo de más de 100 muertos, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, cientos de heridos y detenidos. Aunque cada incidente tuvo una motivación aparentemente especifica, la severa recesión económica que ha afectado a un alto porcentaje de la población boliviana tanto en las áreas urbanas como en las rurales, la falta de cumplimiento de acuerdos entre diferentes gobiernos civiles y sectores de la población, y la marginalización social y económica de sectores significativos de la población, contribuyeron a las masivas manifestaciones de protesta y el desencadenamiento de los hechos registrados en la capital La Paz y varias ciudades del país.

En febrero de 2003 la noticia de una alza del impuesto a los salarios anunciada por el entonces Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya administración había sido inaugurada en agosto de 2002, desató una serie de protestas que culminaron en violentos enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional y el ejército en la ciudad de La Paz. Esta situación se acentuó con la posterior presencia de manifestantes civiles y de posibles francotiradores.

Las protestas escalaron durante septiembre y octubre. Después del anuncio en septiembre de los planes gubernamentales de exportar recursos nacionales como el gas, se desencadenaron nuevas protestas de miles de manifestantes incluyendo sindicalistas, mineros, campesinos e indígenas, particularmente en La Paz y El Alto. Los manifestantes exigían la renuncia del Presidente cuya posición se había debilitado con la renuncia de cuatro miembros del gabinete ministerial y el público retiro del apoyo del Vicepresidente.

En las dos ocasiones, febrero y octubre, Amnistía Internacional hizo llamamientos a las autoridades bolivianas para que restauraran el orden dentro del estado de derecho y garantizaran el respeto a los derechos humanos. Delegados de Amnistía internacional visitaron Bolivia en marzo y noviembre de 2003 para sostener entrevistas con las autoridades, recolectar información de primera mano sobre los incidentes, sostener entrevistas con familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, abogados, parlamentarios, la Defensoría del Pueblo y miembros de la iglesia.

En repetidas ocasiones Amnistía Internacional ha recibido información que indica que los conflictos sociales de los últimos años se han generado como protesta por la falta de cumplimiento por parte del gobierno de acuerdos relacionados con reivindicaciones de índole social y económica. A Amnistía Internacional le ha preocupado la forma en que las fuerzas de seguridad han actuado para controlar estas expresiones públicas de descontento.

La información que contiene el presente documento resume las situaciones de crisis registradas durante los meses de febrero y octubre del 2003, de acuerdo a información ampliamente divulgada por medios de comunicación bolivianos e internacionales, y a las informaciones recogidas en Bolivia por las dos delegaciones de Amnistía Internacional, y suministra los detalles disponibles sobre el desarrollo de las investigaciones y transcripciones literales de varios de los testimonios presentados por víctimas o sus familiares a la delegación de Amnistía Internacional.

Las protestas provocaron la dimisión del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo mandato debería terminar en el 2007. El 17 de octubre, el Presidente presentó su renuncia por escrito al Parlamento y salió del país junto con algunos de sus ministros, siendo substituido por el Vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert.

Amnistía Internacional considera de vital importancia que los hechos de febrero y octubre de 2003 sean independiente y exhaustivamente investigados por la justicia ordinaria, que los resultados de esas investigaciones se hagan públicos y que los hallados responsables sean llevados ante la justicia. Entre las obligaciones del Estado esta el prevenir las violaciones, investigarlas, procesar y sancionar a sus autores y reparar los daños causados.









Este texto resume el documento titulado Bolivia: Crisis y Justicia – Jornadas de violencia en febrero y octubre de 2003, (AI Índice AMR18/006/2004) publicado por Amnistía Internacional en noviembre 2004. Si desea más información o tomar acción sobre este tema por favor consulte el documento completo. Una amplia selección de materiales sobre este y otros temas se encuentra disponible en http://www.amnesty.org. Si desean recibir nuestros comunicados de prensa por correo electrónico, visiten:

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SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO



Noviembre 2004

AI Index: 18/006/2004

Distr: SC/CC/CO/GR

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR180062004

SECRETARIAD0 INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO


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åndice


I. Introducción 1


II. Febrero de 2003 5

a). Los hechos de Febrero 5

b). La Organización de los Estados Americanos (OEA) 6

c). Las investigaciones - Los fiscales 7

d). Conflicto de competencia: Jurisdicción militar 9

e.) El Tribunal Constitucional 10


III. Testimonios de familiares de víctimas de febrero de 2003 10


IV. Octubre de 2003 14


a). Los hechos de Octubre -Nueva violencia en la llamada “Guerra del Gas” 14


V. La administración del Presidente Carlos Mesa Gisbert 16


VI. Testimonios Octubre 2003 18


VII. Las investigaciones de la “guerra del gas” – septiembre y octubre del 2003 21


VIII. Conclusiones y recomendaciones 23


a) Conclusiones 23

i)Derechos Económicos Sociales y Culturales y la indivisibilidad de los derechos humanos 25


b) Recomendaciones : 26


APÉNDICE I - “Por la Dignidad Nacional” - Pronunciamiento del Clero de la Diócesis de El Alto 29


APÉNDICE II - PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA 37


APÉNDICE III - DIRECTRICES SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS FISCALES 40








Bolivia: Crisis y Justicia. Jornadas de violencia en febrero y octubre de 2003


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Amnistía Internacional, noviembre de 2004 AI Índice: AMR 18/006/2004


Índice AI: AMR 18/006/2004 Amnistía Internacional Noviembre 2004

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Jornadas de violencia en febrero y octubre de 2003



No puedo más, doctora, para mí no hay justicia”.

Vicenta de Colque, madre de Ana Colque, enfermera muerta de un disparo el 13 de febrero en La Paz.

I. Introducción

Durante el año 2003 Bolivia vivió un estado de convulsión social que se radicalizó en los días 12 y 13 de febrero y se repitió en octubre, dejando un saldo de más de 100 muertos, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, cientos de heridos y detenidos. Aunque cada incidente tuvo una motivación aparentemente especifica, la severa recesión económica que ha afectado a un alto porcentaje de la población boliviana tanto en las áreas urbanas como en las rurales, la falta de cumplimiento de acuerdos entre diferentes gobiernos civiles y sectores de la población, y la marginalización social y económica de sectores significativos de la población, contribuyeron a las masivas manifestaciones de protesta y el desencadenamiento de los hechos registrados en la capital La PazLa Paz es la Sede del Gobierno, Sucre es la sede del Poder Judicial.y varias ciudades del país.

En febrero de 2003 la noticia de una alza del impuesto a los salarios anunciada por el entonces Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya administración había sido inaugurada en agosto de 2002, desató una serie de protestas que culminaron en violentos enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional y el ejército en la ciudad de La Paz. Instalaciones del gobierno, incluyendo el palacio presidencial fueron atacadas y se informó sobre la presencia de francotiradores. La situación fue aplacada por la activa intervención de miembros de la organización no gubernamental Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH). Treinta y tres personas murieron, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, y decenas de personas resultaron heridas. El consiguiente anuncio del Presidente Sánchez de Lozada de abandonar los planes sobre la reforma tributaria no disminuyeron la tensión nacional que se vio aumentada por nuevas manifestaciones y huelgas que continuaron por varios meses.

La falta de claridad sobre las investigaciones judiciales iniciadas acerca de los hechos de febrero intensificaron el rechazo a la administración del Presidente Sánchez de Lozada. Hacia el final de febrero, medios nacionales e internacionales informaron sobre las múltiples manifestaciones en donde miles de personas clamaban por su renuncia. La crisis económica continuó y el Gobierno fue severamente criticado por su manejo de la situación económica.

Las protestas escalaron durante septiembre y octubre. Después del anuncio en septiembre de los planes gubernamentales de exportar recursos nacionales como el gas, se desencadenaron nuevas protestas de miles de manifestantes incluyendo sindicalistas, mineros, campesinos e indígenas, particularmente en La Paz y El Alto.La ciudad de El Alto está a más de 4000 metros de altura, situada a 12 kilómetros de La Paz. Tiene alrededor de 700.000 habitantes, en su mayoría inmigrantes campesinos aimaras. El Alto se caracteriza por ser receptora de la migración campo ciudad, con una alta tasa de crecimiento poblacional. Tiene un índice de pobreza del 66,9 %, según estadísticas oficiales.Los manifestantes exigían la renuncia del Presidente cuya posición se había debilitado con la renuncia de cuatro miembros del gabinete ministerial y el público retiro del apoyo del Vicepresidente.

Decenas de manifestantes murieron, según los informes, a consecuencia del uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad durante las jornadas de septiembre y octubre. La información proporcionada por la Defensoría del Pueblo registraba que, por lo menos, 59 personas habían muerto, mientras que la información de la Fiscalía General establecía esta cifra en 56. Las protestas provocaron la dimisión del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fue sustituido por el Vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert.

720 La comunidad internacional expresó su preocupación ante la continua violencia y la pérdida de vidas en febrero y octubre. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan hizo un llamamiento el 13 de febrero a la población y al Gobierno boliviano para la búsqueda de una solución al conflicto "a través del diálogo y del pleno respeto a las instituciones democráticas", extendiendo su mensaje a la comunidad internacional pidiéndole demostrar "flexibilidad y comprensión" como medida de colaboración para que Bolivia "encuentre soluciones a sus difíciles problemas y enfrentamientos". Igualmente, la Unión Europea a través del Comisionado Europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten, expresó su preocupación por la ola de violencia, instando al Gobierno y a la sociedad civil al retorno a las mesas de negociaciones para "trabajar constructivamente" y de forma conjunta y consensuada en los desafíos económicos, políticos y sociales en el país. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, manifestó su preocupación por los lamentables hechos ocurridos el día 12 de febrero, y expreso su “solidaridad con las familias de las personas fallecidas” haciendo un llamado para que “se respete el estado de derecho y el orden constitucional, de acuerdo con los principios consagrados en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, que señala de manera precisa y contundente la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida”.

De nuevo, en octubre, el secretario general de la ONU, instó a la preservación del orden constitucional, subrayando que se"resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y por medios políticos" y recordó que deben respetarse totalmente los derechos humanos, y "por encima de todo el derecho a la vida". También en octubre, la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) condenó “enérgicamente” la violencia y “recordó” al Gobierno su deber de respetar los derechos humanos en su accionar para restablecer el orden público. En las dos ocasiones, febrero y octubre, Amnistía Internacional hizo llamamientos a las autoridades bolivianas para que restauraran el orden dentro del estado de derecho y garantizaran el respeto a los derechos humanos.Comunicados de prensa (AI Índice AMR 18/002/2003) del 14 de febrero de 2003, (AI Índice AMR 18/009/2003) del 13 de octubre de 2003 y (AI Índice AMR 18/012/2003) del 17 de octubre de 2003. Acción Urgente (AI Índice AMR 18/10/2003) del 14 de octubre 2003 a favor de los participantes en manifestaciones masivas. Delegados de Amnistía internacional visitaron Bolivia en marzo y noviembre de 2003 para sostener entrevistas con las autoridades, recolectar información de primera mano sobre los incidentes, sostener entrevistas con familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, abogados, parlamentarios, la Defensoría del Pueblo y miembros de la iglesia. Misiones de Amnistía Internacional del 12 al 27 de marzo y del 17 al 24 de noviembre de 2003. Los delegados fueron: en marzo el abogado colombiano Sr. Rafael Barrios y en noviembre el abogado uruguayo, representante de Amnistía Internacional ante las Naciones Unidas en Nueva York, Sr. Renzo Pomi y la investigadora sobre Bolivia del Secretariado Internacional en Londres, Virginia Shoppee, en las dos ocasiones.

En este documento se publica la transcripción literal de varios de los testimonios presentados por víctimas o sus familiares a la delegación de Amnistía Internacional.



Continuas preocupaciones de Amnistía Internacional

En los últimos 10 años, Amnistía Internacional ha estado monitoreando, investigando, registrando y presentando ante las respectivas autoridades su preocupación sobre serios incidentes de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo las continuas denuncias en el contexto de la erradicación de los cultivos de hoja de coca en el área de El Chapare. Entre las preocupaciones de Amnistía Internacional se incluye el muy probable uso excesivo de la fuerza por parte de miembros del ejército y de la policía, el cual ha causado muertes de civiles y un sinnúmero de heridos en las operaciones de las fuerzas conjuntas para adelantar los programas de erradicación de los cultivos de hoja de coca en El Chapare acordados entre los Estados Unidos y Bolivia, así como en el contexto de manifestaciones públicas.

Frente al aumento de conflictos sociales en el país durante los últimos años, al registro de víctimas y a las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para controlar manifestaciones populares, Amnistía Internacional ha instado repetidamente a las autoridades a promover la protección de los derechos humanos proporcionando para este fin una vía de soluciones justas que impulsen un verdadero diálogo y que correspondan a las obligaciones del Estado boliviano contraídas internacionalmente.

Amnistía Internacional también ha presentado su preocupación a las autoridades bolivianas sobre la importancia del cumplimento con sus deberes internacionales respecto al Pacto Internacional de la Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Esta preocupación se ha expresado, teniendo en cuenta que los derechos humanos son indivisibles y que las autoridades tienen el deber de tomar medidas que conlleven a la protección efectiva de todo los derechos humanos y a un dialogo efectivo que permita el logro de soluciones duraderas a situaciones críticas como las que se presentaron en Bolivia durante el año de 2003 y que aún persisten.

Las manifestaciones, bloqueos y huelgas que se registraron durante el año de 2003, y que tuvieron su más lamentable expresión en las sangrientas jornadas de febrero y octubre, parecen indicar las medidas desesperadas por parte de los sectores menos favorecidos para promover ante las autoridades reivindicaciones de vieja data. Según información publicada en Abril del 2004 por la organización boliviana no gubernamental CEJIS, Bolivia tiene una población de 8.4 millones de habitantes y una tasa de crecimiento anual del 2%, el 62% de la población se asume indígena. Los índices de pobreza de la población de Bolivia son uno de los más altos de la región. De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002, el 63% de la población de Bolivia vive en condiciones de pobreza. El 14% sobrevive con menos de un dólar estadounidense por día. Según la Organización Panamericana de la Salud el ingreso per cápita promedio es de solo 50 bolivianos por día (un equivalente de alrededor de 6 dólares). La situación de la población en zonas rurales es aun más apremiante, el 90% sobrevive en condiciones de pobreza y el 60% en situaciones de extrema pobreza. Ver: Octubre en Bolivia, Capítulo I, página 25, publicación del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, (CEJIS), Año VIII, No. 16, Abril 2004, Santa Cruz de la Sierra.

En repetidas ocasiones Amnistía Internacional ha recibido información que indica que los conflictos sociales de los últimos años se han generado como protesta por la falta de cumplimiento por parte del gobierno de acuerdos relacionados con reivindicaciones de índole social y económica. A Amnistía Internacional le ha preocupado la forma en que las fuerzas de seguridad han actuado para controlar estas expresiones públicas de descontento.

Según analistas bolivianos, el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna durante los gobiernos civiles de las últimas dos décadas, ha sido utilizado principalmente para reprimir los conflictos sociales. "[...]Este uso se ha pronunciado de una manera dramática en los últimos años, junto con el severo deterioro de las condiciones económicas, el incremento de la protesta y movilizaciones sociales, el menoscabo de los mecanismos de representación política (los partidos políticos) y el descrédito del liderazgo político en niveles alarmantes".Documento: Escenarios de Conflicto, de Gonzalo Rojas y Raúl Barrios, publicado por la Fundación Tierra, diciembre 2002, La Paz, Bolivia.

Amnistía Internacional ha reconocido la necesidad y la responsabilidad que tienen los gobiernos de garantizar el orden en situaciones de conflicto, pero ha recordado a las autoridades que cualquier acción tomada por el Estado debe enmarcarse dentro del pleno respecto de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física.

De la misma manera, Amnistía Internacional ha hecho llamamientos a sucesivos gobiernos civiles bolivianos para que las investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos se realicen de forma independiente e imparcial y que los métodos y resultados de las investigaciones sean hechos públicos.

En este contexto la organización ha enfatizado ante los gobiernos bolivianos, incluyendo el del actual Presidente Sr. Carlos Mesa Gisbert, su constante preocupación por la falta de investigaciones exhaustivas, independientes y concluyentes sobre tales denuncias, así como por la jurisdicción de los tribunales militares en causas contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos.Carta abierta al Sr. Presidente de la República de Bolivia, Sr. Carlos Mesa Gisbert (AI Índice Ref. TG AMR 18/010/2003) del 24 de octubre del 2003.

Amnistía Internacional recibió con beneplácito la afirmación del Presidente Carlos Mesa Gisbert en su discurso inaugural del 17 de octubre del 2003 ante el Congreso Nacional, sobre el respeto a los derechos humanos y el respeto a la vida “como el bien y el don más preciado que tiene cualquier ciudadano”. Considerando los trágicos resultados de las manifestaciones que tuvieron lugar en octubre, días antes de su inauguración, la organización apreció la importancia de las declaraciones del Sr. Presidente respecto a investigaciones independientes adelantadas por la justicia ordinaria sobre estos hechos.

Sin embargo, Amnistía Intencional ha registrado con creciente preocupación el lento avance de estas investigaciones, la derivación de casos de civiles muertos durante los enfrentamientos en febrero del 2003 a la justicia militar, y la anunciada intención por parte de los fiscales encargados de investigar los hechos de octubre del 2003 de cerrar las causas. Amnistía Internacional ha registrado con interés la información recibida de la Fiscalía General de la Republica del 1º. de octubre de 2004, sobre la continuación de la investigación de los hechos de octubre de 2003, bajo el impulso del Ministerio Público de la Nación.

La información que contiene el presente documento resume las situaciones de crisis registradas durante los meses de febrero y octubre del 2003, de acuerdo a información ampliamente divulgada por medios de comunicación bolivianos e internacionales, y a las informaciones recogidas en Bolivia por las dos delegaciones de Amnistía Internacional, y suministra los detalles disponibles sobre el desarrollo de las investigaciones y testimonios de familiares de víctimas.



II. Febrero de 2003

a). Los hechos de Febrero

El anuncio de las autoridades de crear un impuesto directo al salario provocó un total rechazo en varios sectores de la población. La prensa nacional recogió la negativa al anuncio, indicando como el empresariado boliviano consideraba que una medida de ese tipo no contribuía a la reactivación económica y podría causar mayor recesión. Igualmente los partidos la oposición, como la Nueva Fuerza Republicana (NFR) y el Movimiento Al Socialismo (MAS), expresaron que “movilizarían al país si el Poder Ejecutivo persiste en su intento de continuar ejecutando una política económica que no contempla ni por asomo medidas de orden social.” La Central Obrera Boliviana (COB) dirigió una comunicación al Presidente de la República para que no diera curso a su aprobación evitando así una “gran convulsión social”.Diario Los Tiemposde Cochabamba, 8 de febrero de 2003.

En mensaje a la Nación, trasmitido por canales de televisión, el Presidente Sánchez de Lozada anunció el 9 de febrero el nuevo impuesto a los salarios en una proporción desde el 4,2% al 12,5%, informando que el déficit fiscal del 2002 había superado el 8,5% y para el 2003 se esperaba, bajo acuerdos de ajuste macroeconómico con el Fondo Monetario Internacional, reducirlo a un poco más del 5%. Al mismo tiempo se anunciaba que durante el 2003 no se daría curso a demandas de aumento salarial planteadas por las organizaciones sociales y laborales.

Miembros de la Policía Nacional (PN) expresaron su descontento y malestar por el impuesto al salario que se conoció como el “impuestazo”, movilizándose y concentrándose en la sede del Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía Nacional que se encuentra ubicado a media cuadra de la Plaza Murillo, donde está el Palacio Presidencial. Miembros de la población civil se unieron a la concentración y en las principales ciudades del país se iniciaron marchas callejeras y manifestaciones al mismo tiempo que la COB convocaba a un paro de 24 horas en contra de las medidas tributarias.

Estos desarrollos agravaron el conflicto social que venía generándose desde el principio del año, cuando, en enero, campesinos productores de hoja de coca, iniciaron bloqueos en la carretera interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz en protesta por la política gubernamental respecto al programa de erradicación de cultivos de hoja de coca. Entre el 14 y 15 de enero cuatro personas murieron a consecuencia de heridas de bala durante enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad en El Chapare. Decenas de personas, incluyendo miembros de las fuerzas conjuntas resultaron heridas y cientos de manifestantes fueron detenidos. Miembros de la iglesia católica, de la organización de derechos humanos no-gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo intervinieron para promover el diálogo entre campesinos y miembros del gobierno.Ver: Comunicado de prensa AI Índice: AMR 18/001/2003, Numero del Servicio de Noticias: 010 del 16 de enero de 2003 y comunicación al Vicepresidente Carlos Mesa AI Índice: Ref: TG18/01/2003, del 20 de enero de 2003.

El amotinamiento policial se extendió a las ciudades de Santa Cruz, Oruro y Sucre y para el 12 de febrero miembros de la PN de los distritos policiales 2 y 4 de La Paz estaban acuartelados y las áreas del centro y zona Sur de la ciudad la Paz quedaron sin vigilancia policial. La protesta en la Plaza Murillo se acentuó con la presencia de alumnos del Colegio Ayacucho que apedrearon el Palacio de Gobierno. Un numeroso grupo de militares intentó dispersar a los manifestantes, que incluían policías y civiles, con gases y balines de goma y a partir del medio día se registraron disparos de armas de fuego y se mencionó la presencia de francotiradores. La policía y los miembros del ejército se enfrentaron a fuego cruzado, registrándose saqueos e incendios de edificios públicos y comerciales en el centro de La Paz. En los enfrentamientos del 12 de febrero murieron 15 personas y 76 fueron heridas. El Presidente Sánchez de Lozada en mensaje televisado anunció la anulación del “impuestazo”y ordenó el repliegue de la policía y el ejército.

El 13 de febrero hubo nuevos enfrentamientos entre los militares y manifestantes civiles incluyendo los participantes en la marcha organizada por la COB. Los saqueos continuaron. Diez personas fueron muertas en la Paz y en la ciudad de El Alto, entre ellos Ana Colque Quispe, estudiante de enfermería de 24 años de edad, quien falleció por un impacto de bala en el tórax cuando trataba de auxiliar a un joven albañil herido de bala mientras trataba de reparar el techo de un edificio cercano a la plaza San Francisco, en La Paz. El albañil, Ronald Collanque Paye, murió en el techo del edificio. La doctora Karla Espinoza, quien también trato de auxiliar a las víctimas, también fue herida de bala en la cara. Ana Colque Quispe falleció en el Hospital de Clínicas.El caso de Ana Colque: Estado de situación. Publicación de abril de 2004 de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y de la Coordinadora de la Mujer.

Entre el 12 y 13 de febrero de 2003, se registraron centenares de heridos y murieron 33 personas entre policías, civiles y militares a causa de heridas producidas por proyectiles “disparados por armamento de guerra, según la conclusión preliminar de los primeros resultados de la indagación que realizó el Instituto Nacional de Investigaciones Forenses, luego de las autopsias efectuadas a los cadáveres”. Ibidem

b). La Organización de los Estados Americanos (OEA)

El Gobierno boliviano solicitó la cooperación de la OEA por comunicación dirigida al Secretario General el 14 de febrero de 2003, invocando el peligro que la violencia de febrero representaba para el proceso democrático y la preocupación por la actuación de francotiradores no identificados. La comunicación solicitaba a la brevedad posible la presencia de una comisión investigadora para cooperar en el esclarecimiento de los hechos y adelantar una investigación imparcial y objetiva. El Consejo Permanente de la OEA, en la misma fecha resolvió apoyar el pedido. [E]l Consejo Permanente de la OEA, […] emitió la Resolución CP/RES. 838 (1355/03) que determinó:“1. Expresar su pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del Presidente de la República de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y a las instituciones democráticas.2. Condenar la utilización de la violencia y demás actos no democráticos que afectan la democracia y la gobernabilidad de Bolivia. 3. Reafirmar que la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad, son componentes fundamentales de la democracia. 4. Ratificar la firme determinación de los Estados Miembros para aplicar los mecanismos previstos por la Carta Democrática Interamericana para la preservación de la democracia. 5. Instar a todos los sectores de la sociedad boliviana a reforzar los canales de diálogo y la tolerancia y a que se abstengan de estimular la violencia política. 6. Reiterar que la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio. 7. Apoyar los esfuerzos que realice el Gobierno de la República de Bolivia para lograr, con la urgencia que el caso requiere, acuerdos con las instituciones financieras internacionales, que contribuyan a la estabilidad democrática, social y financiera en ese país”.

En sesión celebrada en La Paz el 6 de marzo, en presencia del Presidente de la República de Bolivia y el Secretario General de la OEA se definieron las dos tareas especificas de colaboración: cooperación técnica de expertos internacionales con la Fiscalía General de la República, apoyando a los fiscales en el proceso de investigación, y con el Gobierno Nacional en la elaboración y presentación de un informe para avanzar en la discusión sobre las fallas institucionales con recomendaciones al Gobierno y al país para fortalecer la democracia.Informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los hechos de febrero de 2003 en Bolivia, mayo de 2003. Ver: 3. Alcance de la Misión de la OEA.

La OEA publicó su informe en mayo de 2003. Entre sus “Conclusiones Preliminares de la Investigación”, indicó que “el Palacio Presidencial fue objeto de proyectiles de arma de fuego; que la vida del Primer Mandatario estuvo amenazada aunque la evidencia no es suficiente para indicar que era un plan para asesinar al Presidente de la Republica; que las Fuerzas Militares actuaron en defensa de la democracia y del estado de derecho frente al ataque policial y que actuaron en “forma contenida y proporcional” Enfasis de Amnistía Internacional. ;y que lo ocurrido en febrero fue una insubordinación de miembros de la policía contra la Constitución y las leyes.” Indicó también que respecto a la Acción Militar y a la Acción Policial, las conductas de algunos uniformados y las conductas de miembros de la Policía Nacional y su participación “deben ser investigadas y aclaradas para, en caso de existir conductas antijurídicas, aplicar las sanciones correspondientes”.Ibidem. Ver 6.y 7. Conclusiones Preliminares de la Investigación de la OEA; y Recomendaciones.

Según la información publicada en medios bolivianos, el informe de la OEA fue criticado por varias sectores de la población al establecer la culpa en la policía y considerar que la actuación del ejército había sido “contenida y proporcional” teniendo en cuenta el gran número de víctimas por arma de fuego. Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la falta de balance y la falta de examen sobre la debilidad de la Fiscalía General.

Amnistía Internacional, considera que a la luz de los testimonios e informes recogidos por la delegación de la organización, información de prensa, documentación judicial y el alto numero de víctimas, la forma de actuación de las fuerzas militares que operaron en los días 12 y 13 de febrero de 2003 parecería no haber sido “contenida” ni “proporcional”.

c). Las investigaciones - Los fiscales

Las investigaciones sobre las víctimas de los hechos de febrero y las circunstancias que rodearon las muertes, se iniciaron ante el clamor popular bajo la justicia ordinaria. Según la información recibida, se tomaron declaraciones a las víctimas, familiares, testigos y se solicitó información por parte de instituciones como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sobre su participación en los hechos del 12 y 13 de febrero. Los delegados de la misión de Amnistía Internacional en marzo de 2003 sostuvieron entrevistas con dos de los fiscales asignados. Los fiscales expresaron su preocupación por la falta de recursos para llevar adelante su labor, las dificultades encontradas con relación a algunas autopsias y en la recolección de evidencia ya que los cadáveres de las personas que murieron a medida que avanzaba la violencia, habían sido recogidos o movidos del lugar donde perecieron por diferentes personas. Igualmente, indicaron la falta de cooperación por parte tanto de la policía como del ejército, en las indagaciones correspondientes, y el temor a sufrir desprestigio profesional por la posible difusión de calumnias en su contra, de parte de grupos o individuos no interesados en el avance de la investigación. Los fiscales indicaron que de haber un conflicto de competencia con la justicia militar, le correspondería al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre ese conflicto. Los fiscales expresaron que los videos que se habían filmado durante los días 12 y 13 de febrero, que ya eran del dominio público no tenían valor de prueba judicial, la evidencia como tal, se recolectaría durante la investigación. Los delegados de Amnistía Internacional en su visita de marzo 2003 recibieron copia de videos documentales por parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y del Ministerio de Defensa. Estos videos habían sido recopilados de filmaciones de camarógrafos de canales de televisión y de aficionados.

En Abril, el Fiscal General de la República, Sr. Oscar Crespo, informó a la Comisión Mixta de Defensa y Gobierno del Parlamento sobre la investigación que se estaba adelantando sobre los hechos de febrero. Según la información difundida en su momento por los medios de comunicación bolivianos, en su informe el Fiscal General informó sobre el lento avance de las investigaciones señalando la falta de apoyo en las pesquisas por parte de la Policía Técnica Judicial y la falta de voluntad del Poder Ejecutivo.

Ante el repetido cambio de fiscales y la lentitud de la investigación, un grupo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos conformaron una comisión para el seguimiento del caso de la muerte de la enfermera Ana Colque Quispe y se nombró una abogada para el seguimiento al proceso penal. A finales de mayo, Vicenta Colque, madre de Ana Colque Quispe, inició una querella penal por el delito de asesinato de su hija. La parte querellante encontró una clara falta de cooperación por parte de la Fiscalía y del ejército. Por parte de la Fiscalía la comisión de seguimiento expresó "Con preocupación se observan problemas estructurales y coadyuvantes, como trabas en el acceso pleno a la información, falta de autonomía del sistema judicial que responde a las presiones del sistema político, falta de idoneidad profesional, pérdida del sentido ético y de justicia en el comportamiento de los operadores de justicia...".Documentación recogida por la delegación de Amnistía Internacional en noviembre del 2003 y publicación “El caso de Ana Colque: Estado de situación”, abril de 2004 por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y Coordinadora de la Mujer. (Ver capítulo: La querella, páginas 31 a 35)En relación a la obstrucción por parte de la fuerzas armadas, la parte querellante registró, por ejemplo, la negativa de suministrar copias de la información proporcionada por los militares que participaron en las acciones del 13 de febrero por considerar esa documentación como "secreto inviolable".Ibidem.

Seis meses más tarde, en agosto del 2003, la Imputación Formal fue presentada por los fiscales.Resolución No.67/03. Investigaciones 674 y 676, 13 de agosto de 2003, presentada ante el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal.En ella se acusó a cuatro miembros del ejército por los delitos de homicidio, lesiones gravísimas-graves y daño calificado. Estas figuras legales tienen penas de 20 a 30 años de reclusión.

Los militares imputados presentaron la excepción de incompetencia por medio de un memorial de excepción en el que alegaban que los cuatro se encontraban procesados por el Tribunal Permanente de Justicia Militar por los delitos de homicidio, exceso y hostilidad a particulares, manifestando que la justicia ordinaria carecía de competencia para procesarlos por hallarse sometidos a la justicia militar. La parte querellante rechazó el argumento de excepción, de acuerdo a los Artículos 34 y 13 de la Constitución Política del Estado.El Artículo 34 de la Constitución Política del Estado establece "los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria." El Artículo 14 de la Constitución Política del Estado establece: “los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior.”

La excepción de incompetencia fue rechazada por el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal como resultado de la audiencia pública celebrada el 30 de agosto del 2003 para este fin, estableciendo que el proceso debía continuar en la justicia ordinaria. Auto Interlocutorio 553/2003.Nuevos recursos de apelación fueron presentados por las partes interesadas, siendo remitido finalmente a la Corte Superior del Distrito de La Paz para su resolución.

El 2 de octubre de 2003, la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito de La Paz retiró la competencia a la justicia ordinaria para procesar a los cuatro militares imputados como presuntos autores de los hechos del 12 y 13 de febrero. Entre las consideraciones de su resolución, la Corte Superior del Distrito de La Paz establece que en los hechos de esas fechas, en lo que se refiere a miembros de las Fuerzas Armadas, los supuestos delitos "se produjeron en ocasión de actos del servicio" y por lo tanto están bajo "la jurisdicción y competencia de la justicia militar", disponiendo "que todos los antecedentes [...] sean remitidos al Tribunal Permanente de Justicia Militar [...]]".Resolución 649/03 de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito de La Paz.

Este fallo reavivó en Vicenta de Colque, madre de la víctima, la desconfianza en la justicia. Presa de desesperación y entre sollozos, expresó su desaliento a su abogada “No puedo más, doctora, para mí no hay justicia”. El conflicto de competencia entre la justicia ordinaria y la jurisdicción militar que se produjo a raíz de esta decisión, ha dilatado aún más el avance de las investigaciones y el logro de la justicia.

d). Conflicto de competencia: Jurisdicción militar

Amnistía Internacional registró con creciente preocupación el traslado a la jurisdicción militar de la investigación de los cuatro miembros de las fuerzas armadas que estaban siendo investigados por la justicia ordinaria sobre los hechos del 12 y 13 de febrero de 2003. Según la información recibida por Amnistía Internacional por parte de miembros del Ministerio Público, al presentarse un conflicto de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia militar, le corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre ese conflicto.

Repetidamente Amnistía Internacional ha puesto de presente a las autoridades bolivianas su preocupación ante la amplia jurisdicción de los tribunales militares que les permite investigar y juzgar casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas. ElComité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanoshan declarado en reiteradas ocasiones que el procesamiento por tribunales militares de miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional.

Amnistía Internacional ha hecho hincapié ante sucesivos gobiernos bolivianos sobre la importancia de que tanto el ordenamiento jurídico como el proceso judicial deben adecuarse a las normas adoptadas por la comunidad internacional para proteger los derechos humanos, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,ratificado por Bolivia el 12 de agosto de 1982. Este Pacto es uno de los instrumentos que establecen los preceptos fundamentales sobre los que deben basarse las leyes y las actuaciones procesales en todos los países, exigiéndose los requisitos, entre otros, de independencia e imparcialidad. En este sentido, los tribunales militares deben ser tribunales especiales y exclusivamente funcionales, cuyo papel es mantener la disciplina en el seno de las fuerzas armadas y, en consecuencia, deben estar excluidos del procesamiento de casos de violaciones a los derechos humanos.



e.) El Tribunal Constitucional

La decisión de la Corte Superior del Distrito de La Paz revocando la jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria en el caso de los cuatro militares y ordenando su traslado a la justicia militar, fue apelada por la parte querellante. El juicio continuó ante el Tribunal Militar, el cual, en febrero del 2004, absolvió a los cuatro militares.

Sin embargo, en mayo de 2004 el Tribunal Constitucional, en respuesta a un recurso de amparo constitucional presentado por la madre de Ana Colque Quispe y que fue declarado procedente, resolvió que los cuatro militares deberían ser juzgados por la justicia ordinaria.Sentencia del Tribunal Constitucional 0664/2004-R, Sucre, 6 de mayo de 2004, Expediente: 2004-08469-17-RAC, Distrito: La Paz.Esta decisión no admite apelación.

En su sentencia, el Tribunal Constitucional, hizo referencia al Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la situación de los derechos humanos en el Perú que establece: “La Comisión, ha establecido en forman reiterada y consistente que la jurisdicción militar no ofrece garantías de independencia e imparcialidad necesarias para el juzgamiento que involucran a sancionar a miembros de las Fuerzas Armadas, con lo que se garantiza la impunidad”. Doc.OEA/Ser.L/V/II.106, Doc.59 Rev., Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú del 2 junio 2000, Parr: 209 y 211.En el informe de la Comisión se señala que el sistema de justicia penal militar tiene ciertas características que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial, siendo una de ellas la imposibilidad de que ese sistema sea considerado como parte del Poder Judicial porque dependen del Poder Ejecutivo, y otra, que los jueces de los Tribunales Militares son miembros del Ejército, situación que los coloca en la posición de juzgar a sus compañeros de armas, siendo ilusoria la imparcialidad, como requisito del juez natural.

Mientras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos alababan la decisión y la consideraban como un precedente histórico, las fuerzas armadas rechazaron la decisión y ordenaron el confinamiento de las tropas en los cuarteles. Altos mandos de las fuerzas armadas hicieron declaraciones públicas sobre la gravedad de las consecuencias de la decisión del Tribunal Constitucional, advirtiendo que en el futuro podrían desoír órdenes del Ejecutivo cuando se les requiera para garantizar la estabilidad democrática. Parlamentarios y miembros de la iglesia católica denunciaron estas declaraciones como veladas amenazas por parte de altos mandos de las fuerzas armadas. Después de reuniones del alto mando militar con el Presidente de la República se ordenó el cese del confinamiento de las tropas en los cuarteles. Días más tarde voceros del ejército indicaron la intención de agotar las instancias legales y políticas para revertir la decisión del Tribunal Constitucional.

III. Testimonios de familiares de víctimas de febrero de 2003

La falta de información y la confusión que rodearon los incidentes de febrero dejaron a la población y particularmente a los parientes de las víctimas en un gran estado de incertidumbre que se ve claramente reflejado en los testimonios recogidos por los delegados de Amnistía Internacional durante su visita a Bolivia en marzo de 2003.Los delegados de Amnistía Internacional recibieron testimonios de familiares de las víctimas, María Eugenia Calcina Rivero, madre de Julián Huascar Sánchez Calcina de 16 años; Flora Miranda, madre de Jorge Mauro Franco Miranda de 22 años; Alberto Surci, padre de Wily Surci Ramos de 18 años; Angélica Alcon Loza, esposa de Marco Antonio Quispe Nina de 26 años; Jenny Tatton Moscoso, madre del Teniente de la policía Omar Nemer Tatton; Angélica Saravia, hermana del Dragoniante Elvis Telésforo Saravia.

Estos testimonios corresponden a la transcripción literal de las entrevistas realizadas por los delegados a familiares de las victimas.

1) Testimonios del grupo de madres de víctimas del 12 y 13 de febrero, “Madres de Plaza Murillo”:

“Primero que nada, manifestar lo que todas nosotras pedimos que se haga justicia. No queremos que quede impune la muerte de estas personas, de estos jóvenes. Queremos que se esclarezca. ¿En qué sentido queremos justicia? Primero, que se esclarezca todo el hecho de esos dos días. Queremos saber quién es la persona que ha ordenado a disparar, ¿quién? ha tenido que haber alguien. Dudamos mucho de que solamente el conscripto o el policía de baja jerarquía, por iniciativa propia, haya empezado a disparar, sin medir consecuencias, sin mirar siquiera si a qué lado, y quienes iban a ser afectados”[ … ].

Nosotros no tenemos experiencia, no somos peritos en la materia, no tenemos, no somos profesionales en balística, en criminalística, pero lo que podemos ver y si usted ve las fotografías de los civiles en ese momento, sí, son varones los que han muerto. Todos varones, excepto la enfermera y la doctora que es, que ha sufrido el disparo y está en este momento herida. Pero todo son varones, y las edades no oscilan mas de 35-30 años además, si usted verifica, todas las fotografías de los civiles, tienen el cabello corto, como si fuera un uniformado, […] El otro aspecto que a nosotros nos da a una deducción de que ha habido ya órdenes dirigidas, han buscado puntos dirigidos desde donde han visto los francotiradores, han dicho, éste es policía, han sido selectivos- o éste es, ha sido o es policía civil y los han matado, porque de lo contrario tendrían que haber muerto viejitos, mujeres, niños, pero no ha pasado eso, son puro varones, y jóvenes, y todos con el rasgo físico de un uniformado [las víctimas].

[…] ha pasado un especial en canal 11. Estaban representantes de la Cruz Roja. Cuando el Señor vino de la Cruz Roja y ha sido bien textual en eso. Dijo, nosotros el 11 [de febrero] ya estábamos preparados con las ambulancias. Había 3 ambulancias que hemos preparado. A las 12 en punto, nosotros ya estábamos allá con 3 ambulancias. Tan sólo uno al escuchar yo ya me sentí molesta y dije: ¡diantres! entonces quiere decir que ya sabían que iba a ocurrir algo. Por eso ya habían preparado las ambulancias, de lo contrario no lo habrían hecho. Entonces, por qué no han alertado a la población, decir, mañana puede ser que ocurra algo, no salgan a las calles, pero no lo han hecho, no lo han hecho, sabiendo ellos no lo han hecho, sabían que iba a haber algo. No han alertado, no han advertido. Han sido balas, no han muerto a palos o a piedras, sino han muerto a bala […]”









2) Flora Miranda, madre de Jorge Mauro Franco Miranda de 22 años, trata de encontrarlo cuando hacía trámites de pasaporte en la oficina de Inmigraciones cerca de la Plaza Murillo, el 11 de febrero, ve “gente parapeteada […] y se empiezan a escuchar tiros” y los funcionarios de la oficina de Inmigraciones empiezan a desalojar al público:

“[…]Yo vivo en el Alto, en la zona de los Horizontes. Nos subimos, entonces, llego a la casa a eso de las tres menos cuarto en la casa no había nadie. … estoy mirando la tele, lo que esta pasando en la Plaza Murillo, estoy al pendiente, estoy esperando la noticia del presidente, que el presidente iba a decir que ya no había impuestazo, que hubo una cosa, estoy mirando así, entonces, digo yo dentro de mí, ¿no? digo ¡ay Dios mío! Digo, veo así que están quemando las cosas, están atracando y jalando puertas, todo, ¿no? Y como eso, para, faltando para las 7 un cuarto, yo ¿no?.Yo dentro de mí digo, parece, que habrá pasado, en mi mente yo como madre …. le voy a llamar al celular, pienso. Voy, y marco en mi celular y me responde una voz de mujer: hola, y va y digo: hola, ¿qué hace usted con el celular de mi hijo? le digo así. ¿Su hijo se llama Jorge Mauro Franco? Me dice. Sí, es mi hijo, le digo, es mi hijo. ¿De cuando lo tiene usted? ¿Sabe qué me dice? Su hijo está herido, está en el Hospital de Clínicas. Empiezo a salir de la Ceja, salgo a la Ceja, llego a la Ceja. La Ceja era un total destrozo. Gente por aquí, por allá, había balines, había balas. Estaban quemando el peaje, todo, estaban destrozando gases, llorando, por ahí, con mi hijita, porque estaba por ahí con mi hija menor, lo que sea pero la cosa es que yo tenía que llegar al hospital a socorrer a mi hijo […] Llego yo al hospital, y busco en los heridos el nombre de mi hijo, Mauro Franco, Mauro Franco, no había, no ha existido, y veo a un joven ahí, y digo, ese es mi hijo, le digo, ése es. ¿A ver si lo voy a ver? Tampoco me dejaban pasar, y va la señora y me dice, no, no es él, me dice […] Otra lista vamos a sacar, dice, otra lista también saca, no existía el nombre de mi hijo. Solamente había NNs fallecidos. De 20 años, policías NNs fallecidos. Entonces yo digo, si mi hijo no esta aquí […] he ido a la morgue […] Me he metido allí, yo he llegado a la puerta de frente me he entrado. Le he visto, él es, le digo, él es mi hijo, le digo, y ahí habían unos señores, él es mi hijo, le digo [...] mi prima me llama y le digo, Mauro está muerto […] Mire usted a mi hijo ya le habían hecho la autopsia, a mi hijo le habían hecho la autopsia a las 5 de la tarde. Y yo he llegado al hospital a las 8 de la noche, y un poquito más seguramente, no recuerdo bien ahora. Yo digo, desde esa hora, desde las 5 hasta las 8, por qué no me lo han cosido, por qué no […] me lo han dejado así, al aire, estaban ahí tirados, no había quien le, yo le he rogado, por favor mire, oiga, cósamelo, todo desnudo. Estaba su pantaloncito, póngamelo, le digo […] lo he sacado a las 12 de las noche a mi hijo. He llegado al Alto a las 2 de la mañana. Yo digo, ¿no?, yo con mi dolor subiendo con mi hijo fallecido, […] llegamos a casa. […] mi esposo llegó, estaban dos de mis hermanas que me han acompañado, y no supe más qué hacer, lo único que me quedaba en el corazón decir, ¿por qué ? […]”






Maria Eugenia Calcina muestra la foto de su hijo Julián Huascar y dirige su pedido de justicia a los asistentes a la reunión en la Fundación Solón, La Paz (© AI)





Reunión de familiares de victimas del 11 y 12 de febrero, Fundación Solón, La Paz. (© AI)











3) Julián Sánchez Calcina de 16 años estudiante del colegio ítalo-boliviano Cristoforo Colombo. Su madre, María Eugenia Calcina relata su encuentro con el cadáver:

“[...] hasta en la tarde, que ya preocupados nosotros por su falta, por su ausencia, llamamos a la casa pensando que había retornado a la casa porque él siempre subía a la casa a dar su comida a los perritos, tenía a sus animales él, a su gato, pensando que nosotros había subido a darles de comer a la casa, no había. Mi esposo viene a la feria, me dice, no hay el Julián. Llamamos. Yo pensando que estaba con él, y él había pensado que estaba conmigo en la Feria [de artesanias] y no había, no había. Llega y me dice: no hay el Julián, vamos a buscarlo. Hemos ido al Hospital de Clínicas, no había. Hemos ido a la morgue y mi hijo había estado allá; ha sido mi esposo el primero en ingresar y ver. Lo que no puedo olvidar es cuando el ha gritado y me dice: ¡María! Yo no quería creer cuando lo he visto yo a mi hijo matado en una mesa tendida y fría. Ya lo habían abierto, todo su cuerpecito abierto como si fuera un libro. Lo único que se veía era todo su intestino, su estómago, una cosa aquí sobre su vientre. Cuando he mirado adentro no había nada. Yo había preguntado qué le habían hecho, hasta me daba miedo tocarlo, pensando que lo iba a lastimar. No hay nada en este momento que pueda suplir a mi hijo, nada. No puedo ni siquiera en este momento creer. Yo que pensé que siempre mis hijos iban a vivir por siempre conmigo y a mi lado. Me lo han quitado.”


IV. Octubre de 2003

a). Los hechos de Octubre -Nueva violencia en la llamada “Guerra del Gas”

En el clima de tensión social y continuas manifestaciones publicas que continuó prevaleciendo en los meses siguientes a los trágicos hechos de febrero, multitudinarias marchas de protesta y bloqueos de caminos empezaron a registrarse desde mediados de septiembre de 2003 en las localidades de Warisata, Ventilla, Senkata, El Alto y la Paz (Departamento de La Paz), en contra de la política económica y del anuncio de la exportación del gas vía Chile. El anuncio de exportar el gas natural por un puerto chileno, desató manifestaciones y huelgas a nivel nacional en protesta relacionada, en parte, con antecedentes históricos sobre la pérdida del acceso de Bolivia al Océano Pacifico tras la guerra con Chile (1879-1893) conocida como la “Guerra del Pacífico”, y el posterior rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país en 1978 al no llegar a un acuerdo por una salida al mar. Con una consigna clara y contundente “no se vende el gas ni por Chile ni a Chile; el gas es para los bolivianos”, manifestaciones multitudinarias reclamaban la defensa y recuperación de la propiedad del gas por los bolivianos y el 8 de octubre se inició un paro por tiempo indefinido en la ciudad de El Alto paralizando el uso de la carretera La Paz-Oruro.Ver: Octubre en Bolivia, Capítulo II, página 79, publicación del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, (CEJIS), Año VIII, No. 16, Abril 2004, Santa Cruz de la Sierra.

Amnistía Internacional dirigió su preocupación sobre los incidentes registrados en septiembre durante la intervención de miembro del ejercito y de la policía en la localidad de Warisata para levantar el bloqueo de caminos en la vía La Paz-Sorata abriendo el transito a viajeros, incluyendo turistas, aislados por los bloqueos.Comunicación de Amnistía Internacional al Sr.Yerko Kukoc, Ministro de Gobierno, (AI Índice TG AMR 18/08/2003) del 23 de septiembre de 2003. En circunstancias que deben ser completamente esclarecidas, se registraron incidentes violentos entre los campesinos que mantenían el bloqueo del camino y los miembros de las fuerzas conjuntas en los que murieron cinco civiles y un miembro del ejercito, según se ha informado, por disparos de arma de fuego. Más de 20 personas, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, resultaron heridas. Se registró información que indicaba que las fuerzas conjuntas de seguridad habrían allanado violentamente la Escuela Normal de Warisata “Elizardo Pérez”, disparando dentro de la escuela y que algunos domicilios particulares habrían sido baleados por las fuerzas de seguridad. A raíz del incidente se llevó a cabo un número de arrestos.

A principios de octubre se informó sobre nuevos enfrentamientos entre campesinos, mineros, sindicalistas, e indígenas y miembros del ejército y la policía, en los sectores de Ventilla y Senkata, y la ciudad de El Alto, en el Altiplano Paceño, durante el despeje de bloqueos de caminos. A pesar de la intervención de representantes de la iglesia católica y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el conflicto se extendió a los Departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. La información recibida indicaba la extensión del conflicto con enfrentamientos el 15 de octubre que produjeron muertos y heridos en la población de Patacamaya (Departamento de La Paz), cuando miembros de las fuerzas armadas detuvieron el paso de camiones de alto tonelaje que trasladaban alrededor de 3000 mineros que viajaban a La Paz a apoyar las manifestaciones que pedían la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Los medios de comunicación indicaban un saldo de 68 personas muertas y más de un centenar de heridos en lo que se ha conocido como “la guerra del gas”.

A pesar del ofrecimiento del gobierno de realizar un referendo sobre la exportación del gas y la revisión de la Ley de Hidrocarburos, gigantescas manifestaciones en La Paz portando banderas con cinta negras en memoria de los fallecidos pedían la renuncia del Presidente a quien su Vicepresidente le había retirado su apoyo.

El nivel de la represión registrada por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y sectores sociales que se habían movilizado en protesta, junto con la crisis política que atravesaba Bolivia, condujeron a la iniciación de una huelga de hambre el 16 de octubre por parte de la ex Defensora del Pueblo, Sra. Ana María de Campero, miembros de la Asamblea Permanente, intelectuales y miembros de la iglesia. Según cifras de la Asamblea Permanente, los incidentes de octubre de 2003 dejaron como saldo 80 muertos y más de 400 heridos. El repudio popular por el alto costo en vidas humanas se expreso en la histórica marcha del 16 de octubre en la ciudad de La Paz, que reunió a unas 200.000 personas en la Plaza de San Francisco.Ver: Octubre en Bolivia, Capítulo III, página 157, publicación del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, (CEJIS), Año VIII, No. 16, Abril 2004, Santa Cruz de la Sierra. Los integrantes de la huelga de hambre se instalaron en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de La Paz, mientras otras iglesias locales abrían sus puertas para recibir a otros huelguistas. Instando a una resistencia pacífica por medio de la huelga de hambre, los participantes hicieron un llamado público convocando a los ciudadanos comprometidos a sumarse a la iniciativa, exhortando a los sectores sociales movilizados a deponer toda acción conducente a la violencia y solicitando la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para permitir la sucesión constitucional.

Organizaciones intergubernamentales expresaron su preocupación el 16 de octubre, ante las informaciones que indicaban el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el alto número de victimas y la posibilidad de más enfrentamientos. Los Relatores Especiales de la ONU sobre la tortura, Sr. Theo van Boven; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sra. Asma Jahangir; sobre la promoción y la protección de la libertad de opinión y expresión, Sr. Ambeyi Libago; sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen; y la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, Sra. Hina Jilani, se manifestaron sobre el "uso excesivo a la fuerza por parte de las fuerzas militares y policiales en el curso de las actuales operaciones de mantenimiento del orden". Haciendo un llamamiento al Gobierno boliviano a adoptar “todas las medidas necesarias que aseguren la plena protección de los derechos humanos de los manifestantes", incluidos "el derecho a protestar y la libertad de asamblea en virtud de las normas internacionales suscritas por Bolivia”, y enfatizando que la actuación del Ejército y de la Policía debería realizarse “en estricto cumplimiento con los estándares de derechos humanos y en particular que sean respetados estrictamente las limitaciones sobre el uso de la fuerza letal” ajustándose a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.ONU Press document del 16.10.03: Relatores Especiales sobre los derechos humanos expresan su profunda preocupación ante la situación en Bolivia; Cable Agencia EFE, 17 de octubre de 2003.

Las protestas provocaron la dimisión del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo mandato debería terminar en el 2007. El 17 de octubre, el Presidente presentó su renuncia por escrito al Parlamento y salió del país junto con algunos de sus ministros, siendo substituido por el Vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert.Diversos sectores de la sociedad civil presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República para el procesamiento, bajo un juicio de responsabilidades, contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros por los hechos luctuosos de octubre de 2003. En respuesta a las denuncias, en noviembre de 2003 la Fiscalía General de la República remitió a la Corte Suprema de Justicia el pedido de enjuiciamiento político y penal del ex presidente y su gabinete por la violación de las garantías constitucionales y derechos individuales, consagrados en la parte primera, titulo primero de la Constitución Política del Estado, Artículos 6, 7, 9, 12, 13 y 21 y el Artículo 138 del Código Penal sobre las sanciones a “ […] el o los autores, u otros culpables directos o indirectos de masacres sangrientas en el país.” Requiriendo también en su escrito, que la Corte Suprema de Justicia solicitara al Honorable Congreso Nacional la autorización necesaria para este proceso. En resolución del 14 de octubre de 2004 el Congreso autorizó la remisión del proceso relativo al juicio de responsabilidades contra el ex presidente y su gabinete ministerial.

V. La administración del Presidente Carlos Mesa Gisbert

El 17 de octubre, el Congreso Nacional, por 97 votos contra 30, decidió aceptar la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y nombró al Vicepresidente Carlos Mesa Gisbert como Presidente de la República. La Constitución Política del Estado establece que su mandato debe durar hasta el 6 de agosto de 2007.

En su discurso de posesión, Carlos Mesa Gisbert indicó su programa de trabajo que incluía la formación de un gobierno sin partidos políticos con el objetivo de convocar funcionarios independientes que permitieran la recuperación de la credibilidad en el sistema político; la convocatoria a un referéndum vinculante para decidir sobre la exportación de gas y la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Haciendo énfasis en el respeto a los derechos humanos y a la vida, el Presidente Mesa Gisbert reconoció la delicada situación económica del país y expresó su confianza en el respaldo de la comunidad internacional y los organismos de cooperación.Artículo del diario boliviano La Razóndel 18 de octubre de 2003.

Durante las primeras semanas de su gobierno, el Presidente Mesa prometió investigaciones por parte de la justicia ordinaria sobre los hechos de febrero y octubre y decretó una amnistía para los detenidos de la llamada “guerra del gas”. El Articulo Único del Decreto Supremo que establece la amnistía, decreta que la amnistía “… alcanza únicamente a los ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado en el periodo de tiempo comprendido entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre del 2003, en el ámbito de la protesta social en contra de las decisiones y políticas asumidas por el Gobierno Nacional”.Decreto Supremo No. 27237 dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cuatro días del mes de noviembre de 2003. Copia entregada a la delegación de Amnistía Internacional durante la reunión con el Ministro de Gobierno, Sr. Alfonso Ferrufino, y funcionarios de la nueva administración, el 20 de noviembre de 2003.

Los medios de comunicación bolivianos habían resumido el saldo de victimas de los enfrentamientos de septiembre y octubre señalando que durante las seis semanas de conflicto social que vivió Bolivia, las primeras seis victimas fallecieron en Warisata; 69 personas habían muerto como resultado de enfrentamientos y la mayor cantidad de victimas mortales se había registrado en las ciudades de El Alto y La Paz, durante las confrontaciones del domingo 11 y el lunes 12 de octubre.Artículo del diario boliviano La Razóndel 18 de octubre de 2003.

En las semanas siguientes a la inauguración de la nueva administración el Viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, ratificó públicamente que se indemnizaría económicamente a los heridos y a los familiares directos de los fallecidos como consecuencia de la acción de las fuerzas conjuntas en octubre, y se pagaría los costos de atención médica a los heridos en los enfrentamientos. Esta información inicial sobre reparación y atención a las víctimas y sus familiares fue complementada por el Sr. Viceministro de Justicia a los delegados de Amnistía Internacional durante la reunión sostenida el 20 de noviembre del 2003 y en el documento entregado a los representantes de la organización.Según documento de 15 páginas: “Información para Amnistía Internacional sobre Las medidas adelantadas por la nueva administración de gobierno para la investigación por parte de la justicia ordinaria de los incidentes ocurridos en octubre de 2003” de fecha 17 de noviembre de 2003. El documento incluye información sobre la coordinación adelantada por el Ministerio de la Presidencia a través del Viceministro de Justicia para la atención a victimas y damnificados; coordinación con el Ministerio Público para la labor de investigación, propuesta que el gobierno adelanta sobre la elaboración de un Programa Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y jurisdicción de los tribunales militares. El documento indica que mediante Convenio con los familiares de las víctimas el Gobierno efectuará un pago de 400 bolivianos a cada una de las 200 familias registradas hasta el 7 de noviembre 2003, con el fin de cubrir gastos de emergencia, añadiendo que estaba en curso la negociación de un ofrecimiento por parte del Gobierno sobre Cooperación Asistencial Humanitaria para los familiares directos de los fallecidos y heridos incapacitados.



AUTOPSIA DE LEY • Los forenses de la ciudad de La Paz efectuaron ayer las autopsias a los 16 cadáveres que se encontraban en la parroquia de Cristo Redentor, en Villa Ingenio de El Alto diario boliviano La Razón, del 15 de octubre 2003)



La Paz: Miles de manifestantes rechazaron la propuesta del Presidente de la República y exigieron su renuncia diario boliviano El Diario, del 14 de octubre de 2003)



El Alto: Huelga de hambre en El Alto, 20 de noviembre del 2003(© AI)



Padre Modesto Chino Mamani, El Alto, muestra la foto de las heridas sufridas(© AI)



Padre Wilson Soria, Párroco de Villa Ingenio,El Alto(© AI)



VI. Testimonios Octubre 2003

Los testimonios recogidos por la delegación de Amnistía Internacional demuestran la severidad de las situaciones vividas por comunidades enteras, la angustia de los familiares de las victimas y la impotencia de miembros de la sociedad civil, incluyendo miembros de la iglesia. El clamor general ha sido un justo reclamo por una efectiva labor de la justicia. La delegación de Amnistía Internacional recogió testimonios de 11 personas durante su visita a la ciudad de El Alto el 20 de noviembre del 2003, en entrevistas celebradas en las instalaciones del Arzobispado de El Alto. Testimonios recibidos de: Santiago Mayta Mamani, Presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización “El Ingenio”, Unidad Vecinal Uno; Huascar Paredos Candia, Fiscal General de la Junta Vecinal de Villa Ingenio; Jorge Aguilar, vecino de Bella Vista; Lucas Ramos Limache, vecino de Villa Ingenio; Nemecio Quispe Flores, Teodoro Marca Colli, Yola Ramírez Willca, ; Reina Mamani de la zona anexo Santa Rosa; Domingo Tancara Mamani, Padre Wilson Soria, Padre Modesto Chino Mamani. Extractos de cinco de esos testimonios se reproducen en el texto de este documento.



1) Testimonio de Santiago Mayta Madani, Presidente de la Junta de Vecinos de Villa Ingenio, Unidad Vecinal Uno de El Alto :

“[El 12 de octubre] hacía las 5 de la tarde justamente ya tenemos heridos, muertos y justamente directamente ya a cazarnos como a las palomas los militares.[…] a San Juan de Río Seco, puente de Río Seco, […] en ese tramo ha habido varios muertos y heridos. Entonces inclusive los vecinos, eso no lo hemos visto pero sí han declarado que los vecinos de esa avenida, inclusive ha habido un conscripto en el que […] por no disparar a la orden de su superior, […] su superior, seguramente un capitán, ha empezado a bajar su arma y con el mismo arma lo ha limpiado al conscripto. En ese sentido declaran la vecindad. Pues así no solamente soldados sino que en ese también varios vecinos llegaron de la misma manera hasta el puente, en el puente de igual manera unas ráfagas limpiaron a los vecinos, varios vecinos que han quedado muertos y heridos de la misma manera en ese lugar.

Entonces ya son las seis de la tarde, a esa hora ya llegaron a trasladar sinceramente a nuestras sedes sociales muertos y heridos, a la Prosalud y a los heridos. Entonces justamente poco a poco llegaron ahí, y así hemos depositado una cantidad de cuatro muertos de nuestra zona y los heridos varios, inclusive han trasladado a otros centros de salud o a los hospitales más que todo a los heridos graves. Entonces de esa manera nosotros hemos sorprendido, los dirigentes y hemos extrañado esta actitud del Gobierno. Entonces por seguridad esa noche nosotros habíamos trasladado nuestra sede hacia nuestra parroquia de Cristo Redentor. Hemos solicitado nosotros para que podamos tener esa seguridad, porque cualquier situación inclusive hasta nos podían quitar nuestros hermanos, seres queridos que estaban fallecidos. Entonces de esa manera hemos hecho el velorio correspondiente en esa parroquia. En el cual justamente esa noche hemos hecho el velorio con una cantidad de siete muertos, siete muertos en el que seguía llegando a esa parroquia. Y así pasamos esa noche, y al día siguiente preocupados nosotros también de conseguir el, ¿qué se llama?, el médico forense para operar a los caídos, entonces imaginase en ese tiempo hemos hecho una conversación con el padre Wilson que nos ha hecho un gran favor, vamos en combinación con el obispado Padre Obermaier y ese día pasamos así coordinando con la parroquia, con Obermaier y todo aquello y nos aceptaron para poder traer a la zona misma el forense, entonces de esa manera al día siguiente hemos logrado y han hecho el forense, pero para el forense han estado varios, son 26, 26 personas o muertos que se han hecho la autopsia […]”


2) Testimonio de Huascar Paredos Candia

Yo me llamo Huascar Paredos-Candia soy Fiscal General de Junta Vecinal Villa Ingenio y simplemente voy a simplificar tal vez algunas cosas que mi compañero presidente ya relató.

Lo que nosotros sentimos extrañado por el ex Presidente Sánchez de Lozada mandar militares a esta ciudad de El Alto de La Paz, tan pobre que no tiene ningún defensa, aquí no hay armamentos que exista, aquí no hay guerrilla urbana, aquí no hay […]son gente pobre que erradica, que han venido de las provincias a emigrar, distintas provincias, o gente que los han votado de las minas, esa gente radica en la ciudad de la Paz haciéndose su propio esfuerzo: construyendo sus escuelas, construyendo sus caminos, haciendo aperturas, ése es el trabajo de ciudad de El Alto de La Paz. ¿Pero cómo es posible que el Sr. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tenga la gentileza de mandar los militares a masacrar el día 12 de octubre? Es increíblemente, como es posible que hay gente humilde, gente que no tiene, si se han bloqueado, han bloqueado, piedras que han puesto en el camino pero no tienen armamento, ni con que defenderse. Pero si los militares a diestras a siniestras los han matado, perforando las casas, y en fin y así que esa ha sido una tremenda crimen lo que hemos pasado el 12 de octubre en esta ciudad de El Alto. Especialmente en mi barrio Villa Ingenio […] ¡nos han declarado zona roja! zona roja, ¿en qué sentido nosotros podemos ser declarados zona roja? Aquí no hay extremistas, aquí no hay absolutamente nada, aquí vivimos nosotros como le digo, somos gente humilde. Comerciantes que viven de su propio comercio, que son albañiles, son constructores los que viven de su trabajo. Entonces esa gente ha sido más afectada, ¿no? sus hijos han muerto, sus maridos han muerto entonces esta es la triste realidad que usted va a ver. Y eso para mí, mi manera de ver es un fracaso de los políticos porque los políticos en Bolivia lo único que se han preocupado es a la corrupción, ¿no? llenar sus bolsillos, o sea beneficio personal ellos han trabajado. No beneficio, nunca jamás se han acercado a sus pueblos, jamás han ido llevando […] solamente se han acercado para las elecciones para decirnos “nosotros vamos a trabajar por ustedes, ustedes van a tener beneficios, ustedes van a tener, van a tener, van a tener”, y así nos han engañado los políticos. Y a consecuencia de eso ha ocurrido el 12 de octubre porque el pueblo se ha cansado de seguir escuchando más mentiras. Seguir escuchando los políticos que sigan mintiendo a su pueblo, eso es lo que ha pasado.”










3) Testimonio de un habitante de El Alto. (Nombre reservado)

“Yo me llamo[…], vivo en la zona Villa San Juan, […] Lo que ocurrió en 12 de octubre, el día domingo era, un domingo, entonces como ha pasado los estos, los heridos, había muchos… realmente había… lo que han venido… los ejércitos, han venido de Villa Ingenio. Había balas perdidas, había balacera, era mucho […]. Nosotros estábamos concentrados en el puente de Río Seco más arriba hay un Puente chiquitito, y ahí estábamos. Entonces las personas venían corriendo que hay “ejército esta viniendo, ejército esta viniendo, nos van a molestar” y justamente de nosotros no nos molestaron nada! los que teníamos guagua los que tenían este…ya se han ido a sus casas las señoras. Y cuando ya se acerco los ejércitos hemos pensado que a nosotros los que no estábamos molestando no nos van a hacer nada, van a pasar tranquilos. Y la avenida no estaba bloqueado y nada, nada. Por allí han bajado, a las gentes inocentes han baleado, los ejércitos. No era una pistola nada, sino que era unas metralladoras. Y eran dícese armas que manejan, y eso era entonces habían siete muertos, había siete heridos y más un soldado muerto. Lo han matado en nuestra avenida, y el soldado que han motinado no nos quería matar o no quería balear a la gente, y un capitán ha bajado de una vagoneta blanca, ha bajado y al soldadito le dijo: “¡así se mata, mierda!”, lo mató al soldadito su gorrita se ha hecho la vuelta, su gorrita hacia atrás. “¡así se mata mierda!” le disparó al soldadito, y al soldadito lo han subido al caimán como a un perro, sangraba el soldadito y lo han botado al caimán, así como a un perro […].

Los que han muerto, los muertitos era una pena que iba la sangre, en vez del agua iba sangre. Y realmente una pena nos ha pasado allí, no había auxilio, no había ambulancias para retirar los heridos, tanto en posta de Villa Ingenio no había ni un alcohol para curar, nada, nada, así vacío era en esa posta. […]”




4) Testimonio del Padre Wilson Soria Paz,

“Mi nombre es Wilson Soria Paz soy sacerdote en la diócesis de El Alto. Estoy trabajando tres años ya en la parroquia de Cristo Redentor. Junto a mi gente hemos vivido esos días de verdadera locura criminal … . Lo que yo les dejos esas seis, casi siete paginas la cual lleva por titulo “Por la Dignidad Nacional”, lo entrego así para que digamos puedan tener una mayor amplitud en los mismos datos. Yo quisiera indicar dos aspectos, o subrayar dos aspectos: la gente que ha muerto en Villa Ingenio son gente que no estaba directamente en el conflicto, porque el conflicto se desarrollaba a un kilómetro del centro parroquial. Los militares sorpresivamente llegaron a una cuadra de la parroquia y empezaron a disparar indiscriminadamente a la gente que estaban de paso, estábamos en paro cívico no había ninguna movilidad, no se dio ningún tipo de aviso previo para que la gente pueda resguardarse, es más provocaban a la gente para salir. Por eso es que en la zona hemos tenido tantos fallecidos. Yo he celebrado la misa para 18 cadáveres, yo!”


Nota: Texto completo del documento “Por la Dignidad Nacional” – Pronunciamiento del Clero de la Diócesis de El Alto, entregado por el Padre Wilson Soria Paz aparece en el Apéndice I.

5) Testimonio del Padre Modesto Chino Mamani

Mi nombre es Modesto Chino Mamani, soy sacerdote diocesano aquí en El Alto. Trabajo, o comparto mis servicios básicamente en la parroquia de Senkata conocida como San Francisco de Asís. Lo que puedo dar a conocer en bien de la justicia, y sobre todo respeto a los derechos humanos, e importante también de hecho a la vida de gente humilde, gente pobre que inocentemente han caído, es en cuanto puedo relatar el hecho de que todo esto ha acontecido sin duda a raíz de un paro que se ha decretado en la acta de un paro cívico […]. Bueno, llegué al lugar donde sin duda en un primer momento eran enfrentamientos porque … de ambas partes no? Balines, gases lacrimógenos y del otro lado sin duda cachos de dinamita también. Y relato eso por la radio, porque en ese momento se ponen en contacto por primera vez conmigo, por la radio el ERBOL y ATV, [medios de comunicación] donde me indican poder relatar lo que está aconteciendo y relato lo que sucede. Yo en mi función de, sobretodo de ser humano, me cuesta comprender lo que ha acontecido después. Y mucho mas en ese sentido como persona y boliviano y mi propia gente también. Resulta que una vez que despejan la vía empiezan a detener a las personas, y que es lo normal, que debería de serlo, que es lo normal detener a las personas. Pero que es lo que yo en este sentido denuncio: el hecho de no solamente detener a las personas sino prácticamente agredirla, maltratarla, abusarla. Más de tres policías, cinco lo golpean allí, increíble, inhumanamente. Y yo estaba en contacto con la radio y la televisión y pienso automáticamente, me olvido de la comunicación y empiezo a gritar y denuncio el hecho. Y les grito: “¡abusivos, eso no son los derechos humanos, que respeten, abusivos!”, entonces para tal efecto, minutos antes sin duda yo como estaba en el lugar dije: estos policías, estas personas pueden confundirme ¿no? como yo regresaba de una asistencia religiosa entonces me identifico ¿no?, me pongo una estola que es en forma de chalina que es gruesa, es notable, cualquiera se da cuenta de que realmente soy sacerdote ¿no? y estoy allí. Yo no tenía en mis manos piedras, no tenia nada mas que mi libro de liturgia y los Santos Oleos, y se corta la entrevista y se siguen deteniendo a las personas […] a mí el mal trato a las personas, increíble! no podía soportarlo. Entonces fruto de eso es que como detienen a otras personas empiezan nuevamente a agredirlas a patearlas, increíble, muy malamente y yo dije: ya no estoy en comunicación, pero no, eso no es lo que me da valor, lo que a mí […]en el fondo yo sentía coraje lo que estaba pasando y vuelvo a gritar ¡respeten los derechos humanos, respeten la vida!. Se dio vuelta unos policías que estaban agrediendo a estas personas y ¿Quién es usted? inmediatamente me dispararon. No había en un momento sentido inmediatamente porque el disparo es de balín […] nunca en mi vida había pasado todo eso […] ¿Quién es usted? Antes de que pueda contestar si, me disparan y luego yo digo: yo soy sacerdote, y estoy en contra de estos abusos que estáis cometiendo e inmediatamente, con empujones, me conducen al grupo donde yo tenía el temor de que lleguen a agredirme mucho más, pero sin embargo ya el hecho de empujón es el mal trato. Increíble, yo soy sacerdote y el comandante dice ¿Quería hablar conmigo? me dice: ¿Quién es usted?. Yo soy sacerdote. ¿Dónde esta su iglesia?! […]”


VII. Las investigaciones de la “guerra del gas” – septiembre y octubre del 2003

A finales de octubre se anunció el inicio por parte del Ministerio Público de la investigación sobre los hechos de septiembre y octubre, designando cinco fiscales. Esta investigación incluiría la muerte por impacto de bala del conscripto Nemecio Sanca García el 12 de octubre. Según la versión de testigos el conscripto habría sido muerto por un oficial del ejército al haberse negado a disparar a los manifestantes.

Según la información que se publicaba en ese momento, por orden del Fiscal General, 27 fiscales y los médicos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses trabajaron en este caso desde los primeros días en que se produjeron los trágicos sucesos de octubre. Según instrucciones del Fiscal General del 22 de octubre del 2003, a los nueve fiscales de Distrito del país se reitera y complementa las instrucciones para “esclarecer los hechos denominados ‘octubre negro’ objeto de investigación”. Instructivo 011/2003 según información del diario boliviano Los Tiempos, del 23 de octubre de 2003.El Fiscal General plantea también en sus instrucciones, que se investigue las circunstancias del fallecimiento de numerosas personas durante los enfrentamientos registrados entre ciudadanos con las fuerza del Ejército y la Policía en las poblaciones de Warisata, en la sede del gobierno La Paz, en El Alto, en la población de Patacamaya y otros lugares. En sus instrucciones, el Fiscal General ordena la misma tarea a fiscales de otros distritos.

Las investigaciones iniciadas por la justicia civil han mostrado un lento progreso. Los trágicos hechos de septiembre y octubre del 2003 arrojaron una cifra de muertos, que aún ahora, más de un año más tarde, no está completamente confirmada, aunque podría sobrepasar los 80 y la Fiscalía General ha establecido esta cifra en 56 las víctimas mortales, además de un sinnúmero de heridos.

Ha sido con creciente preocupación que Amnistía Internacional recibió la información relacionada con el posible cierre de la investigación de estos hechos sin que ésta se haya completado. Según la información recibida por Amnistía Internacional, los dos fiscales encargados de la investigación indicaron, a finales de julio del 2004, que consideraban que la investigación debía ser cerrada aduciendo entre sus razones el que era “técnicamente” imposible identificar a los autores de las muertes. También indicaron entre sus consideraciones, la aplicación del Decreto Supremo 27234 del 21 de octubre de 2003, que establece la amnistía temporal para los delitos comprendidos en la Ley 2494, relacionados con hechos de protesta social ocurridos a partir del 5 de agosto de 2003, fecha de publicación de esa Ley, hasta el 4 de noviembre de 2003, fecha de publicación del Decreto Supremo No. 27234. Amnistía Internacional dirigió su preocupación a las autoridades enfatizando la vital importancia de que las investigaciones tanto de los hechos ocurridos en febrero, como en octubre de 2003, con sus luctuosas consecuencias, sean independientes, conclusivas y adelantadas por la justicia ordinaria.Comunicación de Amnistía Internacional al Sr. Carlos Alarcón, Viceministro de Justicia (Ref: TG AMR 18/06/2004) del 13 de agosto de 2004.

Amnistia Internacional ha enfatizado que la Constitución Política del Estado en su Artículo 124 establece que “El Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción de la justica, defender la legalidad, los intereses del Estado y de la sociedad.” El Código de Procedimiento Penal Boliviano, en el Capítulo I sobre Acción Penal , Artículo 16 sobre Acción penal pública establece que “[E]l ejercicio de la acción penal pública no se podrá suspender, interrumpir ni hacer cesar, salvo en los casos expresamente previsto por la ley.” Igualmente, el mismo Capitulo I, Articulo 70 sobre las Funciones del Ministerio Público, establece que “corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigacion de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdicionales. Con este próposito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento Penal”.

De la misma manera, la organización entiende que el Decreto Supremo 27234 del 31de octubre de 2003, sobre la amnistía, se emitió para los delitos comprendidos en la Ley 2494 cuyos autores fueron civiles que habrían participado en el ámbito de la protesta social en contra de las decisiones y políticas asumidas por el gobierno Nacional, y que no fue concebida para aplicarla a agentes del Estado que participaron en la represión de dichas protestas en las cuales murieron decenas de bolivianos. Según el Articulo Único del Decreto Supremo que establece la amnistía, ésta “[…] alcanza únicamente a los ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado en el periodo de tiempo comprendido entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre del 2003, en el ámbito de la protesta social en contra de las decisiones y políticas asumidas por el Gobierno Nacional”.

En este contexto, Amnistía Internacional ha recibido la comunicación del 1º. de octubre de 2004 del Fiscal General de la República, con interés y esperanza de que las investigaciones sobre los hechos de octubre de 2003 se completen sin futuros obstáculos. En su comunicación, el Fiscal General establece que “[…] la actuación de los dos Fiscales de Materia que tuvieron a su cargo una etapa de las investigaciones de los tristes hechos de octubre del 2003, ha sido correctamente revocada por la Sra. Fiscal del Distrito de La Paz y en ese sentido las investigaciones continúan su trámite bajo el impulso que desde mi función de representante del Ministerio Público se le está dando”. Comunicación del Fiscal General de la Republica, Dr. César Suárez Saavedra, Ref.Cite.FGR/Stría. No. 1008/04 del 1 de octubre de 2004.

VIII. Conclusiones y recomendaciones

a) Conclusiones

Amnistía Internacional considera de vital importancia que los hechos de febrero y octubre de 2003 sean independiente y exhaustivamente investigados por la justicia ordinaria, que los resultados de esas investigaciones se hagan públicos y que los hallados responsables sean llevados ante la justicia. Entre las obligaciones del Estado esta el prevenir las violaciones, investigarlas, procesar y sancionar a sus autores y reparar los daños causados. La organización ha enfatizado este punto ante las autoridades bolivianas en diversas ocasiones incluyendo durante las entrevistas sostenidas a nivel ministerial con miembros del gabinete del entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en marzo del 2003Los delegados de Amnistía Internacional entre el 15 y el 17 de marzo del 2003 se entrevistaron con el Ministro de la Presidencia e Interino de Justicia y Derechos Humanos, Sr. Guillermo Justiniano; con el Viceministro de Justicia, Sr. Alberto Vargas Covarrubias; con el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Carlos Saavedra Bruno; con el Viceministro de Gobierno, Sr. José Luis Harb; y con el Ministro de Defensa, Sr. Freddy Teodovich. , así como con miembros de la actual administración del Presidente Carlos Mesa Gisbert en noviembre del 2003. Los delegados de Amnistía Internacional entre el 18 y el 20 de noviembre del 2003 se entrevistaron con las siguientes autoridades a nivel ministerial: Sr. Horacio Bazoberry, Director General de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, General Gonzalo Arredondo Millán, Ministro de Defensa Nacional; Sra. Lupe Cajias, Encargada de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y Políticas Especiales; Sr. Alfonso Ferrufino, Ministro de Gobierno; Sr. Carlos Alarcón, Viceministro de Justicia; Sra. Ximena Prudencio, Directora General de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.

Las indagaciones realizadas e información recogida durante las visitas de Amnistía Internacional al país en marzo y noviembre de 2003, coinciden en gran parte con la información recibida durante los días y semanas inmediatamente posteriores a los trágicos hechos de febrero y octubre.La información recabada tanto por escrito como durante entrevistas con miembros de la sociedad civil, confirmó anteriores declaraciones sobre la debilidad y falta de confianza hacia las instituciones bolivianas, incluyendo el poder judicial.

Amnistía Internacional se ha dirigido repetidamente a las autoridades bolivianas presentando su preocupación sobre incidentes que por sus características parecerían indicar un uso excesivo por parte de las fuerzas de seguridad. La organización ha, en sus comunicaciones, solicitado investigaciones inmediatas, imparciales y concluyentes haciendo énfasis en la importancia de que dichas investigaciones sean adelantadas por la justicia ordinaria, que sus términos de referencia y sus conclusiones sean dadas a conocer públicamente y que los encontrados responsables sean llevados ante la justicia.

Amnistía Internacional reanuda su llamamiento a las autoridades para que estos luctuosos incidentes de febrero y octubre de 2003 sean tratados por parte de las autoridades bolivianas con la máxima diligencia y claridad respecto a su investigación por la justicia ordinaria tanto en lo que se relaciona con las muertes, como respecto a las circunstancias que rodearon los hechos. Dichas investigaciones deberán determinar si durante los operativos las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y si su accionar se apegó a las disposiciones que prevén los instrumentos pertinentes emitidos desde la Organización de las Naciones Unidas, tales como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la leyAdoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979 [resolución 34/169].y los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.Adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Habana, Cuba, 27 agosto a 7 septiembre 1990. .

Frente al posible cierre de investigaciones incompletas por parte de la justicia ordinaria, Amnistía Internacional considera que el poder judicial esta ignorando tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal bolivianos. En este contexto la organización hace hincapié en que ni el Código Penal ni el Código de Procedimiento Penal prevén la posibilidad legal de la extinción de una acción por parte del Ministerio Público sin haber concluido la respectiva investigación, teniendo en cuenta que los fiscales deben promover las actuaciones de la justicia. Las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los FiscalesAprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Habana, Cuba, 27 agosto a 7 septiembre 1990.en sus “considerandos” establece que “los fiscales desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia” y considera que “las normas que rigen el desempeño de las importantes funciones de los fiscales deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios mencionados […]”, tales como los consagrados en la Declaracion Universal de Derechos Humanos. Ibidem quinto párrafo considerativo.

Es importante resaltar que el Derecho Internacional de Derechos Humanos impone dos grandes órdenes de obligaciones al Estado: uno un deber de abstención de conculcar los derechos humanos y otro un deber de garantía respecto a estos derechos. El primero, está integrado por aquel conjunto de obligaciones que tienen que ver directamente con el deber de abstención del Estado de violar - por acción u por omisión - los derechos humanos, que implica asimismo asegurar, mediante las medidas necesarias, el goce y disfrute de estos derechos. Mientras que el segundo se refiere a las obligaciones del Estado de prevenir las violaciones, investigarlas, procesar y sancionar a sus autores y reparar los daños causados. En ese orden de ideas el Estado se coloca en una posición jurídica de garante de los derechos humanos, de la cual emergen obligaciones esenciales para la protección y salvaguarda de estos. Es sobre esta base, que la jurisprudencia y la doctrina ha elaborado el concepto de deber de garantía, como noción nuclear de la posición jurídica del Estado en materia de derechos humanos. En esa relación jurídica individuo-Estado, propia del Derecho Internacional de Derechos Humanos, la posición jurídica del Estado se caracteriza fundamentalmente de garante. El deber de garantía puede sintetizarse como el conjunto de "obligaciones de garantizar o proteger los derechos humanos...[y] consiste en su deber de prevenir las conductas antijurídicas y si éstas se producen, de investigarlas, de juzgar y sancionar a los culpables y de indemnizar a las víctimas".Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, ONUSAL, Informe de 19 de febrero de 1992, documento de las Naciones Unidas A/46/876 S/23580, párrafo 28.

En este contexto, al analizar el artículo 1 (1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que los Estados partes han contraído la obligación general de proteger, de respetar y de garantizar cada uno de los derechos de la Convención Americana con lo cual: "Los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. [… y que] El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hallan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación".Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velázquez Rodríguez, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, Nº 4, párrafos 166 y 174.

Asimismo, la obligación del Estado de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho a un recurso efectivo subsiste independientemente de la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los autores de estas violaciones. Así lo ha recordado, en lo que hace a la obligación de investigar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que: "[La obligación de investigar] debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad."Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 4, párrafo 177; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 5, párrafo 188; y Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995,enSerie C: Resoluciones y Sentencias, No. 22, párrafo 58.

Respecto a las normas sobre amnistías y otras medidas similares que impiden que los autores de violaciones a los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, juzgados y sancionados, Amnistía Internacional se permite recordar que son incompatibles con las obligaciones que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a los Estados. Tratándose de la incompatibilidad de las amnistías y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que: "son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos."Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), párrafo 41.

Más recientemente, en julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reafirmó esta jurisprudencia estableciendo que “[E]l Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria.”Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, párrafo 263.

i)Derechos Económicos Sociales y Culturales y la indivisibilidad de los derechos humanos

En repetidas ocasiones Amnistía Internacional ha recibido información que indica que los conflictos sociales de los últimos años se han generado como protesta por la falta de cumplimiento por parte del gobierno de acuerdos relacionados con reivindicaciones de índole social y económica. Amnistía Internacional se permite hacer énfasis en que los derechos humanos son indivisibles.

Amnistía Internacional considera vital que las autoridades bolivianas, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales se aseguren que en la elaboración de políticas económicas, se tomen en cuenta estos derechos y se adelanten las medidas necesarias, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo en esta forma la indivisibilidad de los derechos humanos. Igualmente, corresponde a las autoridades bolivianas tomar medidas que conlleven a un dialogo efectivo que permita el logro de soluciones duraderas a situaciones criticas como las que se presentaron en Bolivia durante el año de 2003.

Es también la responsabilidad del Estado el asegurarse que sus acciones se enmarquen dentro del pleno respeto de los derechos humanos, respetando los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física, los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de Bolivia. Igualmente es responsabilidad del Estado tomar en cuenta, en sus acuerdos económicos con otros gobiernos, las obligaciones vinculantes que imponen las normas internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes.

La República de Bolivia es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Ratificado por el Estado boliviano el 12 de agosto de 1982.Este Pacto establece en su Artículo 2(1) que cada uno de los Estados partes se compromete a adoptar medidas tanto por separado, como mediante la asistencia y la cooperación internacionales especialmente económicas y técnicas, para lograr por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos por el Pacto. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la educación.

Amnistía Internacional ha hecho llamamientos reiterados a las autoridades bolivianas para que durante el actual periodo crítico en que aún prevalece la tensión social y posible escalada de movilizaciones populares, se tomen en especial consideración estos derechos y se adelanten las medidas necesarias, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para reconocer estos derechos reconociendo en esta forma la indivisibilidad de los derechos humanos.

b) Recomendaciones :

Las trágicas jornadas del año 2003 que dieron como resultado la pérdida de vidas, en un número aún no confirmado, pero que según las informaciones podría sobrepasar los 100, deben ser investigadas independientemente con investigaciones adelantadas por la justicia ordinaria. Estas investigaciones deben adelantarse en conformidad con las normas internacionales pertinentes. Las autoridades bolivianas deben asegurar que en el proceso de resolución de esas crisis se guíe por el principio de la integralidad de los derechos humanos, es decir, que reconozca que la crisis tiene sus raices en la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de sectores marginalizados de la población.

Amnistía Internacional coincide con la declaración del Sr. Presidente Carlos Mesa Gisbert en su discurso inaugural del 17 de octubre del 2003 en cuanto al respeto a los derechos humanos y el respeto a la vida “como el bien y el don más preciado que tiene cualquier ciudadano”.

La vida es ciertamente un derecho supremo que está garantizado conforme al derecho internacional. Este derecho debe ser implementado por los Estados bajo la ley, las políticas y la práctica.Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Comentario General No. 1 sobre el Artículo 6 ha descrito el derecho a la vida como un “derecho supremo”. Ver: General Comment 6: The right to life (Art.6): 30/04/82. CCPR General Comments , Sixteenth session, 1982-(version en ingles). El Artículo 6(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: “ El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

Teniendo en cuenta el alto número de víctimas que se registraron como resultado de las violentas jornadas de febrero y octubre del 2003 y la importancia de restaurar la confianza en las instituciones bolivianas, Amnistía Internacional, con el ánimo de contribuir a ese esfuerzo, considera de vital importancia que el gobierno boliviano a todos los niveles, Ejecutivo, Legislativo y Judicial tome los pasos necesarios para formular políticas e iniciar reformas que permitan la promoción y protección de los derechos humanos y evitar que los sangrientos hechos registrados en el 2003 se repitan.

Por lo tanto Amnistía Internacional considera que el Gobierno de Bolivia debe:

n Adelantar e implementar en forma efectiva el Plan Nacional de Derechos Humanos;

n Condenar expresa y oficialmente todas las violaciones de derechos humanos sea quien sea el responsable;

n Garantizar que durante las protestas y manifestaciones las fuerzas del orden actuaran de acuerdo a las directrices de las Naciones Unidas evitando poner en peligro la vida o violar los derechos humanos de los manifestantes;

n Garantizar en lo sucesivo, que la actuación policial durante las protestas se realiza de forma legal, respetando el derecho a protestar pacíficamente y garantizando que las medidas de seguridad son proporcionadas al nivel de posible amenaza;

n Garantizar que los procedimientos de formación y actuación de las fuerzas de seguridad se ajustan a las directrices de la ONU sobre el uso mínimo de la fuerza y de las armas de fuego;

n Garantizar que quedará establecida la responsabilidad de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad y que todo funcionario acusado de haber ordenado, tolerado o encubierto abusos contra los derechos humanos será investigado por la justicia ordinaria;

n Asegurarse que todos los agentes de policía y demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben saber que tienen el derecho y la obligación de desobedecer órdenes cuyo cumplimiento pueda ocasionar graves violaciones de derechos humanos. Dado que estas violaciones son ilegítimas, los agentes de policía y demás funcionarios no deben participar en ellas. La necesidad de desobedecer una orden ilegítima será considerada un deber, que debe anteponerse a la obligación de obedecer órdenes. El deber de desobedecer una orden ilegítima implica el derecho a desobedecerla;

n Asegurarse que tanto el ejército como la policía cumplan su función de garantizar el estado de derecho y los derechos humanos;

n Asegurarse y garantizar que organismos independientes investiguen con prontitud e imparcialidad toda denuncia de tortura, malos tratos u homicidio ilegítimo. Las autoridades deben asegurar que se tomen las medidas necesarias para evitar que agentes en servicio activo, sospechosos de haber cometido violaciones de derechos humanos puedan evadir la justicia o comprometer la imparcialidad e independencia de las investigaciones. Los resultados de la investigación deberán hacerse públicos. Todo funcionario declarado responsable deberá ser procesado e inhabilitado para servir en la policía o las fuerzas de seguridad en el futuro. Las víctimas deberán obtener una reparación adecuada;

n Garantizar los derechos fundamentales de todos los detenidos tal y como se consagran en el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la ONU en 1988;

n Hacer valer con imparcialidad el derecho de toda persona que vaya a ser sometida a un proceso penal a que se respeten las debidas garantías procesales y a recibir un juicio justo, de conformidad con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosy otros instrumentos internacionales de derechos humanos;

n Deberá investigar sin demora y de forma exhaustiva, imparcial e independiente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos. Cualquier negligencia de la institución competente a la hora de realizar tal investigación deberá dar lugar a que se examinen inmediatamente la imparcialidad y rigurosidad del procedimiento de investigación;

n Deberá adoptar medidas urgentes para reforzar la eficacia, la independencia, imparcialidad y transparencia de la labor de la Fiscalía General de la República y del Ministerio Público, en consonancia con las normas internacionales (Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la Judicatura, de 1985 y Directrices sobre la Función de los Fiscales, de septiembre de 1990);

n Mantener una política de apoyo público al trabajo de los defensores de los derechos humanos para que puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a sufrir represalias y con la plena colaboración de las autoridades, de conformidad con las disposiciones de la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos,conocida como Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos;Adoptada mediante Resolución de la Asamblea General 53/144 el 9 de diciembre de 1998.

n Adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, utilizando todos los medios apropiados para respetar, proteger y cumplir con los derechos establecidos en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, dando prioridad a las poblaciones vulnerables, y a las obligaciones mínimas esenciales;

n Asegurar la participación de todas las comunidades en las decisiones relevantes a la realización de sus derechos.



APÉNDICE I - “Por la Dignidad Nacional” - Pronunciamiento del Clero de la Diócesis de El AltoDocumento entregado por el Padre Wilson Soria Paz, párroco de Villa Ingenio, El Alto, a la delegación de Amnistía Internacional durante su visita a la ciudad de El Alto el 20 de noviembre de 2003.


POR LA DIGNIDAD NACIONAL


Sábado 11 de octubre del 2003. Es el cuarto día consecutivo de un total paro cívico en la ciudad de El Alto. En el Distrito 5, en Villa Ingenio, Distrito 1, Vecinal 1, de esta misma ciudad, se realiza una asamblea con la presencia de la mayoría de los vecinos (número significativo), en la cual se decide estar en emergencia, ante el rumor de un posible "estado de sitio" dictado por el gobierno, hay proclamas en contra del ex - presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de sus ministros. Doy lectura a un comunicado del Clero Alteño, no difundido por los medios de comunicación social:


PRONUNCIAMIENTO DEL CLERO DE LA DIOCESIS DE EL ALTO


(Stgo. 4,8) "purifíquense las manos; santifiquen sus corazones. Reconozcan su miseria..."


Los sacerdotes de la diócesis de El Alto servidores del pueblo de Dios indignados por los hechos que han venido ocurriendo en estos últimos días, particularmente en nuestra ciudad, expresamos nuestra voz:


Condenamos el ambiente de violencia generalizada, muertes, atentados contra los derechos de la persona humana, heridos, enfrentamientos, uso de armas de guerra en contra de los manifestantes, detenidos, abusos de autoridad y la ruptura de toda posibilidad de diálogo. Una vez más, la familia boliviana lleva luto y desesperación, por lo que pedimos a las autoridades el esclarecimiento y sanciones para los autores. 'BASTA DE IMPUNIDAD!


Así mismo, se percibe una total desinformación por parte del gobierno, la falta de capacidad de diálogo para la solución de los problemas y una actitud pasiva, dejando que los problemas se agraven cada día más a nivel nacional.


Denunciamos el atentado que ha sufrido el P. Modesto Chino por parte de los mecanismos represores del gobierno, ocurrido el día jueves 9 del presente mes, en la zona de Senkata.


La violencia no es el camino para salir de la crisis social, ni la solución de los problemas. Ningún argumento la justifica. Todo ese tipo de hechos van en contra de los principios fundamentales de la verdadera democracia y el respeto constitucional de la vida humana.


POR ESO, PEDIMOS AL GOBIERNO NACIONAL QUE DEJE LA ACTITUD DE INTOLERANCIA PARA ESTABLECER UN DIALOGO SINCERO Y HONESTO, ESCUCHANDO LAS DEMANDAS DEL PUEBLO EMPOBRECIDO QUE CLAMA SOLUCION A LOS PROBLEMAS. TAMBIEN EXHORTAMOS A LOS DIRIGENTES DE DISTINTAS ORGANIZACIONES SOCIALES A DEPONER ACTITUDES DE 1NTRANSIGENCIA PARA BUSCAR SOLUCIONES.


Como pastores de nuestras comunidades, una vez mas reanimamos nuestro compromiso cristiano con el pueblo y al mismo tiempo nos solidarizamos con las preocupaciones, sufrimientos, dolor y duelo de las familias damnificadas, que Dios con su espíritu desarme los egoísmos e intereses particulares, para encontrar una paz duradera sobre la base de la justicia social.


Atte.

LA DIRECTIVA DEL CLERO DIOCESANO DE EL ALTO

La comunidad percibe que sus pastores comprenden sus necesidades y caminan con ellos.


Por la noche los vecinos se reúnen de emergencia, se escuchan dos comunicados: algún buzo, o el servicio de inteligencia del gobierno los ha calificado como revolucionarios, insurreccionistas; ante la muerte de 2 personas, durante las manifestaciones de la mañana en la zona de Ballivián, los vecinos de Huayna Potosí han decidido tomar el Regimiento Policial N° 5. "Han llegado refuerzos militares y no podemos dejarlos solos, tenemos que ayudarles, hay que solidarizarnos", comentan los vecinos. Algunos jóvenes van.


A las 01.30 de la madrugada llega a la Posta Medica "PROSALUD", un herido de bala, de nombre Luis Condori, fue herido en el puente Tupac Katari. El proyectil ha atravesado la pierna derecha rompiendo huesos, vasos sanguíneos... y provocándole una hemorragia interna. Hay preocupación: ninguna ambulancia puede llegar, ni el 110 o movilidad alguna, debido al intenso bloqueo; la hemorragia interna sigue en aumento y se teme que los cuágulos afecten la irrigación sanguínea del cerebro. Se decide que los familiares lo lleven en la camilla de la Posta hasta un hospital cercano. Tuvieron que caminar hasta la Avenida Chacaltaya. Por fortuna el herido se recupero.


Domingo 12 de octubre, jornada fatídica. A las 07.00 se celebra la eucaristía dominical en el templo parroquial Cristo Redentor de Villa Ingenio. Muchos feligreses han acudido. La temática central que desarrollo se refiere "al motivo central que tiene la Iglesia para defender los derechos de las personas: estas han sido creadas a imagen y semejanza de Dios, en Cristo alcanzan su redención y su adopción como hijos de Dios. Esta acción salvadora del amor de Dios da libertad, grandeza y dignidad a todo ser humano; y por lo tanto, toda persona que atente contra la dignidad de la persona, desvirtúa la voluntad de Dios y su plan de liberación". Se les comunica también que el ministro de gobierno ha militarizado El Alto, y que hay que ser prudentes ante el ejército armado y un pueblo indefenso.


A las 13.00 horas se realiza una asamblea de los vecinos en la plaza Elizardo Pérez. A eso de las 14.00 horas se escuchan los primeros disparos de armas de fuego en dirección a la Extranca de Río Seco. Los vecinos van en ayuda de la gente de Puerto Mejillones y la Zona Brasil. Los puntos de conflicto se concentran en el puente de Río Seco y en la Extranca. Allí se han dirigido los vecinos armados de palos, piedras, y algunas dinamitas. El enfrenamiento continúan, a momentos la gente huye asustada, otras se aglomera. Luego de una hora y media, aproximadamente, llega una señora a la parroquia indicando que hay personas heridas en la Extranca, que hay muertos en el puente de Río Seco.


En la parroquia y en sus inmediaciones, como en otras calles adyacentes, nos hemos quedado los "prudentes", curiosos, gente de la calle que transitan de una Villa a otra. ¡Qué desgracia!, una parte de los militares ubicados en la extranca se había desglosado e ingresó por la exfábrica de vidrios, paso por la zona de Tahuantinsuyo, en su recorrido por Villa Ingenio, vecinal 4, mato a un vecino de nombre Roberto Adolfo Huanca Porce e hirió a otro mas, los cuales cometieron el delito de quemar Mantas, ¡qué indignación!.


Entre las 16.00 y 16.30 yo salí a la esquina de la parroquia, entre la calle Luis Espinal y Oblitas, porque la secretaria fue a realizar un encargo y se rumoreaba la presencia cercana de los militares. Estábamos pensando con los vecinos para ayudar a los heridos en la extranca, y fue en ese preciso instante que pude advertir la presencia de un militar en la esquina contigua. No dudé un segundo, di media vuelta, avisé por señas a quienes estaban en la calle que ingresen a sus domicilios y yo hice lo mismo corriendo lo mejor que pude. Ni bien atravesé la reja parroquial empezaron los disparos de armas de fuego. El llanto y la desesperación se apoderaron de las personas que estaban haciendo reunión formativa en los salones parroquiales. La gente corría por las calles, habían gritos, la balacera no cesaba... Así estuvimos por 10 0 15 minutos, fue cuando el cielo nos protegió con una intensa granizada de 15 minutos. El ruido de los disparos continuaban, aunque ya un poco lejanos. Los soldados empezaron a dirigirse hacia el puente del Río Seco por una de las calles paralelas.


Empezaba el drama, una joven que vende salchipapas en una de la esquinas de la Av. Juan José Torres y Luis Espinal, a una cuadra de la parroquia, fue alcanzada por un proyectil en su brazo derecho, (no puedo dejar de llorar al escribir estas líneas...) la traen a PROSALUD, la misma estaba cerrada por la situación que se vivía. Los vecinos en su desesperación rompen la reja e ingresan al recinto, se encuentra una enfermera, no hay medicamentos, ya que habían sido utilizados en el herido de la noche anterior. Se le hace una curación de emergencia. En el momento de salir esta paciente llega mayor cantidad de vecinos trayendo en frazadas a heridos, moribundos... a uno le faltaba la mitad del cuello, otro tenia el cráneo abierto, otro aparecía con el pecho florecido. ¡Qué hacer en estas circunstancias! No había acceso para las ambulancias, no había medicamentos. Casi por instinto, viendo que para los moribundos, por la gravedad de las heridas, no había nada que hacer, empecé a dar la Absolución Sacramental, el perdón de sus pecados. Empecé por el primero, pase al segundo... cuando retorne al primero, ya había fallecido... ¡qué dolor! ¡Qué impotencia!. Por los parlantes del templo se pide ayuda a personal de salud y se pide medicamentos a los vecinos.


Por fortuna empezaron a llegar al centro de salud enfermeras y médicos domiciliados en la zona y parte del mismo personal de Prosalud para dar abasto a una curación de emergencia a los heridos de menor gravedad, (hablamos de heridos de brazos y piernas). El médico que se destaco por su entrega generosa, riesgo y sacrificio, usando su propia moto en servicio de la comunidad en todos los días difíciles fue el Dr. Alfredo Matha Pérez.


Con dolor y coraje hago la primera denuncia a los medios de comunicación: ERBOL y FIDES: "Tenemos 3 muertos y muchos heridos".


Como un regalo del cielo aparece la camioneta ploma de la parroquia Espíritu Santo, manejada por el P. Ramón Ino Barreto, en la cual llevaron los heridos, amontonados como pudieron. No tuvimos oportunidad de contar el número.


Hacia las 20.00 horas, luego de la eucaristía dominical, vamos al velorio en la Sede Social de los tres cadáveres, bendiciéndolos. Los vecinos acompañan en forma masiva. Es entonces cuando nos percatamos que han cesado los disparos de arma de fuego.


Una hora después me visitan 1as autoridades de la zona para solicitarme el salón parroquial para hacer el velorio. Se sienten inseguros, temen una nueva presencia militar en la Sede Social que robe los cadáveres y atente contra las personas presentes. Sin dudarlo dos veces acepto la solicitud. Desde entonces la parroquia Cristo Redentor de Villa Ingenio se convierte en casa que acoge a la comunidad en su dolor, sufrimiento y esperanza.


Lunes 13 de octubre. Se empieza a revelar la magnitud de la tragedia: llegan de Puerto Mejillones, Villa El Ingenio Distrito 2, Túpac Katari, Villa Ingenio, Vecinal 4, con sus respectivos estandartes, los fallecidos acompañados por los dolientes y vecinos; se percibe dolor, ira. Entre petardos se corea proclamas contra el gobierno: “¡FUSIL, METRALLA, EL PUEBLO NO SE CALLA! ¡GONI, CABRON, TE ESPERA EL PAREDON! , ¡EL PUEBLO UNIDO, JAMAS SERA VENCIDO!, ¡QUE RENUNCIE EL PRESIDENTE ASESINO!


Este día hemos llegado a velar 11 cadáveres. La parroquia ha quedado pequeñísima ante la presencia de miles de personas que hacen largas colas para rezar por sus difuntos o todavía buscarlos.


Entre llanto y congoja hago la denuncia clara y decidida ante los medios de comunicación social. Era tal la rabia, la indignación que me embargaba que no habían calificativos para expresar la horrible realidad que vivíamos en ese momento. Atine a llamarlos: ¡cobardes y asesinos! a los autores de tremenda masacre civil.


La solidaridad no se hizo esperar: la señora Benita Pérez, diputada suplente hace un obsequio de 6 ataúdes. Los vecinos de la zona hicieron colecta general a cinco bolivianos por familia, para atender a los heridos y a los familiares de los fallecidos. El diputado Policarpio Castañeta, por la circunscripción 16, entregó 400 bs. , con los cuales se compró 2 ataúdes más. El resto de cajones fúnebres fueron comprados por los mismos dolientes. El gobierno anterior y el actual, en los gastos fúnebres no invirtió ni 1 bs.


Algunos medios de comunicación arriban: RTP, Radio Pachamama, ERBOL...No nos sentimos solos, la sociedad comparte nuestro dolor y sufrimiento.


Una comisión de vecinos y los distintos grupos parroquiales se entregan de lleno para enfrentar los diferentes requerimientos en estas circunstancias: limpieza, atención de los recién llegados, refrigerios, llamadas telefónicas...


Sobre lo mojado llovido. Empiezan a llegar 6 personas quemadas a Prosalud. El surtidor de Río Seco explotó. Se tratan de quemaduras de gran magnitud. Se las socorre y envían a los centros hospitalarios y clínicas. Luego nos enteramos que los afectados son más de 6. En el recuento total tenemos 4 fallecidos como consecuencia de la explosión de este surtidor.


Hacia el medio día llega el bebé fallecido: Kevin Colquehuanca de dos meses de nacido. Su madre, el día de la balacera lo tenía en brazos, y por huir del peligro tropezó y cayó encima de la guagua, provocándose la muerte posterior. Esa misma tarde seria enterrado en el cementerio de Villa Ingenio.


Búsqueda infructuosa de los forenses: se llamaron insistentemente a varias instituciones para tratar de ubicarlos y nada de nada. La única posibilidad que se nos ofrece es llevar los cadáveres al hospital general para que allí les hagan la autopsia de ley, porque afirman no tener garantías y el bloqueo no permitía el acceso de ambulancias. ¡Qué burocracia y falta de voluntad!. Los dolientes, dentro de su sencillez e ingenuidad aceptan llevarlos al hospital general al día siguiente con la generosa colaboración de las ambulancias conseguidas por el P. Sebastián Obermaier


Martes 14 de octubre. El panorama ha cambiado significativamente. Si bien Los dolientes continúan llegando en forma masiva, sin embargo los fallecidos han aumentado a 15.


A la llegada del P. Sebastián (hrs. 10.00), la hermana Marcela Zamora, presidenta de la CBR de El Alto (Conferencia Boliviana de Religiosos), la hermana Elizabeth Cussi, directora de la Normal Católica de El Alto, se encara la nueva percepción de los dolientes: se niegan a llevarlos, perciben que no hay seguridad en el retorno. Además ya son 15 cadáveres y lo más sensato es la presencia del forense en Villa Ingenio. Se llama a Mons. Jesús, quien a través del Ministro de Salud, compromete la atención de los forenses en la parroquia. La comisión del P. Sebastián, las religiosas y autoridades de la zona se dirigen al hospital de clínicas para trasladar al personal forense. Que gran sorpresa: al llegar, el personal médico de ese centro de salud, afirma desconocer el servicio a darse en El Alto. Se convoca a los medios de comunicación social, se vuelve a llamar al Ministerio... y finalmente acceden a subir a Villa Ingenio médicos forenses, enfermeras (con las manos vacías), un fiscal y un personal de la PTJ.


En ese momento nos visitan el sub-alcalde y el presidente del Comité de Vigilancia del Distrito 5, quienes como portavoces del Dr. José Luis Paredes ofrecen la facilidad para el entierro y la posterior e inmediata construcción de un mausoleo


Hacia las 13.00 horas la comisión con los forenses arriban sin mayores contratiempo: la gente fue respetuosa y acogedora. Se empieza a buscar el instrumental necesario: algodón, alcohol, máquina de escribir, hojas... ¿el cuchillo, lo usaremos el de la cocina parroquial? Su trabajo fue de dos horas y media, entregándose el certificado de defunción correspondiente.


Luego de la autopsia de ley, hacia las 15.30 los dolientes llevan sus difuntos a sus domicilios para lavarlos, velarlos y prepararse al entierro del día siguiente. Uno de los difuntos de Villa Ingenio permaneció en el salón parroquial, haciéndose su velorio por muchos vecinos.


Esa jornada se enterró 1 difunto que ya tenia la autopsia de ley conseguida por otros medios.


Miércoles, 15 de octubre. Jornada de entierro general.


La eucaristía , misa de cuerpo presente, programada para realizarlo en el templo, se tuvo que realizarlo en la plaza Elizardo Pérez. No esperábamos la presencia de una multitud. Al final calculamos aproximadamente la asistencia do unas 10.000 personas que acompañaron el entierro.


A la celebración eucarística acompañaron algunos sacerdotes de las parroquias vecinas: P. Enrique de Villa Tunari, P. Félix Bagnnin de la 16 de Julio, P. Fidel de Huayna Potosí, P. René Marca, Vicario Episcopal del altiplano norte, diácono Silverio de Huarina, mi persona y a la conclusión el Vicario Episcopal de El Alto, el P. José Fuentes.


Durante la celebración multitudinaria se leyeron las dos cartas a la opinión publica del Clero diocesano de El Alto y de la CBR, en las cuales, en las partes sobresalientes se destaca la opción de la Iglesia por el pueblo alteño y sus justas reinvindicaciones sociales y se pide la RENUNCIA del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.


Los ataúdes fueron llevados a hombros por los mismos dolientes, hacia el cementerio general de Villa Ingenio, por más de 5 kilómetros. A nuestro arribo parecía que habíamos adelantado "Todos Santos", gente por doquier.


La Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, patrona de las Fuerzas Armadas está de duelo porque sus hijos: soldados, mineros, campesinos, alteños y paceños fueron asesinados.

Radio Pachamama se hizo presente con dotación de víveres, dinero y ataúdes. Posteriormente lo hicieron también el obispado de El Alto, PMA, Instituto Domingo Savio de Calacoto, hermanos de la 3° y 2° sección de la Zona 16 de Julio, Honorable Néstor Siñani, todos ellos con aportes en víveres o en dinero. Los mismos han sido repartidos y se continuara haciéndolos, en la medida que vayan llegando. Agradecemos de todo corazón, a nombre de las personas dolientes esta generosa colaboración. El Señor les bendiga


Este miércoles 15, por la noche, desde las 20.00 horas se advierte una alarma general sobre una nueva intervención militar de El Alto. Que ha pasado realmente? La investigación nos dará datos más objetivos sobre este hecho. Lo cierto es que provocó grandes sustos, miedos, traumas psicológicos. Nuestra gente toda esa noche se quedó en vigilia.


El viernes 17 de octubre ingresamos en huelga de hambre, 16 agentes de pastoral, sacerdotes, diáconos, catequistas, jóvenes de la pastoral juvenil, uniéndonos a la actitud de doña Ana María Romero de Campero de solicitar la renuncia del presidente de la republica.


Con toda sinceridad que estas jornadas de dolor y luto han sido DEMASIADOS para enfrentarlos. Solo con la ayuda de Dios y de las demás personas hemos acompañado a estos hermanos de la forma más humana y solidaria posible. Continuamos todavía recibiendo donativos y entregándolos a los destinatarios correspondientes, bajo una lista. Los trámites de indemnización de fallecidos y heridos las realizamos en una oficina del obispado de El Alto Zona Ferropetrol, lado de la plaza Boris Bánzer. A los afectados por la violencia, rogamos dirigirse a esta dirección, lo más pronto posible.


El Señor nos acompaña, porque somos sus hijos. La violencia, como todo tipo de mal, solo proviene del pecado del ser humano. Dios nos ama y comparte nuestro dolor y sufrimiento.










NOMINA DE FALLECIDOS Y HERIDOS

PARROQUIA CRISTO REDENTOR

FALLECIDOS

12 de octubre de 2003

1. + Damián Luna Palacios

2. + Richard Charca

3. + Francisco Ajllahuanca

4. + Mariano Linares

5. + Kevin Colquehuanca

6. + Roberto Adolfo Huanca Porce

7. + Jhonny Siñani

8. + Max Vallejos

9. + José Masías Quispe

10. + Luis Fernando Quelca

11. + Felix Calle

12. + Juan Ticona Parra

13. + Felix Bautista

14. + Damien Larico Mamani

15. + Benita Rodriguez Ticona

16. + Juan Ticona Mamani

17. + Marcelino Carvajal Lucero

18. + Wilson Chuquimia Duran

19. + Luis Reynaldo Cusi

20. + Manuel Yanarico Janco

21. + Florentino Poma Flores

22. + Enrique Héctor Marín Limachi (110)

23. + Dominga Rodríguez






NOMBRE Y APELLIDO


Constantino Pari Marca


Roberto Yauli Quispe


Luis Villca Gavincha


Edgar Velasco Mamani


Esteban Choque Herrera


Luis Gualberto Mamani


Paulino Calamani Tamayo


Lucas Ramos Limachi


Patricia Montecinos Vega


Policarpio Mamani Mamani


Richard Ramírez Villca

Richard Ramirez Villca


Luis Condori Quispe


Edgar Chura Quispe


David Poma


Rubén Poma Flores


José Alberto Cadenas Ch.


Rubén Cadena Calle


Alberto Osco Siñani


Martín Moya Nacho


Samuel Montecinos Tintaya


Javier Aruquipa Poma


Abraham Vicini Mendoza


Hernán Quispe


Roly Nelson Arratia


HERIDOS


































Un servidor,


P. Wilson Gonzalo Soria Paz

PÁRROCO

PARROQUIA CRISTO REDENTOR

VILLA INGENIO – EL ALTO



APÉNDICE II - PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA


Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985


Considerando que. en la Carta de las Naciones Unidas, los pueblos del mundo afirman, entre otras cosas, su voluntad de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y realizarse la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin hacer distinción alguna,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra concretamente el principio de la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia y el de ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley,

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el ejercicio de esos derechos, y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza además el derecho a ser juzgado sin demora indebida,

Considerando que todavía es frecuente que la situación real no corresponda a los ideales en que se apoyan esos principios,

Considerando que la organización y la administración de la justicia en cada país debe inspirarse en esos principios y que han de adoptarse medidas para hacerlos plenamente realidad,

Considerando que las normas que rigen el ejercicio de los cargos judiciales deben tener por objeto que los jueces puedan actuar de conformidad con esos principios,

Considerando que los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos,

s22 Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 16, pidió al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que incluyera entre sus tareas prioritarias la elaboración de directrices en materia de independencia de los jueces y selección, capacitación y condición jurídica de los jueces y fiscales,

Considerando que, por consiguiente, es pertinente que se examine en primer lugar la función de los jueces en relación con el sistema de justicia y la importancia de su selección, capacitación y conducta,

Los siguientes principios básicos, formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de garantizar y promover la independencia de la judicatura, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de la legislación y la práctica nacionales y ser puestos en conocimiento de los jueces, los abogados, los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general. Estos principios se han elaborado teniendo presentes principalmente a los jueces profesionales, pero se aplican igualmente, cuando sea procedente, a los jueces legos donde éstos existan.


Independencia de la judicatura


1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

3. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley.

4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley.

5. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios.

6. El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes.

7. Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.


Libertad de expresión y asociación


8. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura.

9. Los jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces u otras organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, promover su formación profesional y defender la independencia judicial, así como el derecho a afiliarse a ellas.


Competencia profesional, selección y formación


10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio.


Condiciones de servicio e inamovilidad


11. La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas.

12. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto.

13. El sistema de ascensos de los jueces, cuando exista, se basará en factores objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la integridad y la experiencia.

14. La asignación de casos a los jueces dentro del tribunal de que formen parte es asunto interno de la administración judicial.


Secreto profesional e inmunidad


15. Los jueces estarán obligados por el secreto profesional con respecto a sus deliberaciones y a la información confidencial que hayan obtenido en el desempeño de sus funciones, a menos que se trate de audiencias públicas, y no se les exigirá que testifiquen sobre tales asuntos.

16. Sin perjuicio de cualquier procedimiento disciplinario o derecho de apelación, ni del derecho a recibir indemnización del Estado de acuerdo con la legislación nacional, los jueces gozarán de inmunidad personal con respecto a las acciones civiles por daños y perjuicios derivados de acciones u omisiones indebidas cometidas en el ejercicio de sus funciones judiciales.


Medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo


17. Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa etapa inicial, el examen de la cuestión será confidencial, a menos que el juez solicite lo contrario.

18. Los jueces sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones.

19. Todo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la suspensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las normas establecidas de comportamiento judicial.

20. Las decisiones que se adopten en los procedimientos disciplinarios, de suspensión o de separación del cargo estarán sujetas a una revisión independiente. Podrá no aplicarse este principio a las decisiones del tribunal supremo y a las del órgano legislativo en los procedimientos de recusación o similares.




APÉNDICE III - DIRECTRICES SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS FISCALES


Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990


Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia, y proclaman como uno de sus propósitos la realización de la cooperación internacional en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los principios de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,

Considerando que en muchos casos la realidad todavía no corresponde a los ideales en que se fundan esos principios,

Considerando que la organización y la administración de la justicia en cada país debe inspirarse en esos principios y que han de adoptarse medidas para hacerlos plenamente realidad,

Considerando que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia, y que las normas que rigen el desempeño de sus importantes funciones deben fomentar el respeto y el cumplimiento de los principios mencionados y contribuir de esa manera a un sistema penal justo y equitativo y a la protección eficaz de los ciudadanos contra la delincuencia,

Considerando que es fundamental asegurar que los fiscales posean las calificaciones profesionales necesarias para el desempeño de sus funciones, mejorando los métodos de contratación y capacitación jurídica y profesional, y proporcionando todos los medios necesarios para que puedan desempeñar correctamente su función en la lucha contra la delincuencia, en particular sus nuevas formas y dimensiones,

Considerando que la Asamblea General, en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, aprobó el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, siguiendo una recomendación del Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,

Considerando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 16, pidió al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que incluyese entre sus prioridades la elaboración de directrices sobre la independencia de los jueces y la selección, la capacitación y la condición de los jueces y fiscales,

Considerando que el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente aprobó los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, que la Asamblea General hizo suyos en las resoluciones 40/32, de 29 de noviembre de 1985, y 40/146, de 13 de diciembre de 1985,

Considerando que en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder se recomienda la adopción de medidas en los planos nacional e internacional a los fines de mejorar el acceso de las víctimas de delitos a la justicia y a un trato justo, al resarcimiento, la indemnización y la asistencia,

Considerando que en su resolución 7 el Séptimo Congreso exhortó al Comité a que examinase la necesidad de establecer directrices relativas, entre otras cosas, a la selección, la formación profesional y la condición de los fiscales, sus funciones y la conducta que de ellos se espera, los medios de mejorar su contribución al buen funcionamiento del sistema de justicia penal y su cooperación con la policía, el alcance de sus facultades discrecionales y su papel en el procedimiento penal, y a que presentase informes al respecto a los futuros congresos de las Naciones Unidas,

Las Directrices siguientes, formuladas para asistir a los Estados Miembros en su función de garantizar y promover la eficacia, imparcialidad y equidad de los fiscales en el procedimiento penal deben ser respetadas y tenidas en cuenta por los gobiernos en el marco de sus leyes y prácticas nacionales y deben señalarse a la atención de los fiscales y de otras personas tales como jueces, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público en general. Las presentes Directrices se han preparado básicamente con miras a los fiscales del ministerio público, aunque son asimismo aplicables, cuando proceda, a los fiscales nombrados a título particular.


Calificaciones, selección y capacitación


1. Las personas designadas como fiscales serán personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas.

2. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para que:

a) Los criterios de selección de los fiscales contengan salvaguardias contra designaciones basadas en predilecciones o prejuicios y excluyan toda discriminación en contra de una persona por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, procedencia nacional, social o étnica, situación económica, nacimiento, situación económica u otra condición, con la excepción de que no se considerará discriminatorio exigir que el candidato que postule al cargo de fiscal sea nacional del país;

b) Los fiscales tendrán una formación y capacitación adecuadas y serán conscientes de los ideales y obligaciones éticas correspondientes a su cargo, de la protección que la Constitución y las leyes brindan a los derechos del sospechoso y de la víctima, y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.


Situación y condiciones de servicio


3. Los fiscales, en su calidad de miembros esenciales de la administración de justicia, mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su profesión.

4. Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole.

5. Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones.

6. Las leyes o las normas o reglamentaciones de conocimiento público se establecerán para condiciones razonables de servicio, una remuneración adecuada y, cuando corresponda, seguridad en el cargo, pensión y edad de jubilación.

7. El ascenso de los fiscales, cuando exista ese sistema, se basará en factores objetivos, especialmente en su idoneidad, capacidad, probidad y experiencia, y las decisiones que se adopten al respecto se atendrán a un procedimiento equitativo e imparcial.


Libertad de expresión y asociación


8. Los fiscales, al igual que los demás ciudadanos, gozarán de libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a tomar parte en debates públicos sobre cuestiones relativas a las leyes, la administración de justicia y el fomento y la protección de los derechos humanos y a adherirse a organizaciones locales, nacionales o internacionales o constituirlas y a asistir a sus reuniones, sin que sufran relegación profesional por razón de sus actividades lícitas o de su calidad de miembros de organizaciones lícitas. En el ejercicio de esos derechos, los fiscales procederán siempre de conformidad con las leyes y los principios y normas éticas reconocidos en su profesión.

9. Los fiscales podrán constituir asociaciones profesionales u otras organizaciones, o incorporarse a ellas, con el propósito de representar sus intereses, promover la capacitación profesional y proteger sus derechos.


Función de los fiscales en el procedimiento penal


10. El cargo de fiscal estará estrictamente separado de las funciones judiciales.

11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la investigación de delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la supervisión de la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés público.

12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.

13. En cumplimiento de sus obligaciones, los fiscales:

a) Desempeñarán sus funciones de manera imparcial y evitarán todo tipo de discriminación política, social, religiosa, racial, cultural, sexual o de otra índole;

b) Protegerán el interés público, actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima, y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso;

c) Mantendrán el carácter confidencial de los materiales que obren en su poder, salvo que requiera otra cosa el cumplimiento de su deber o las necesidades de la justicia;

d) Considerarán las opiniones e inquietudes de las víctimas cuando se vean afectados sus intereses personales y asegurarán que se informe a las víctimas de sus derechos con arreglo a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder.

14. Los fiscales no iniciarán ni continuarán un procedimiento, o bien, harán todo lo posible por interrumpirlo, cuando una investigación imparcial demuestre que la acusación es infundada.

15. Los fiscales prestarán la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido delitos, especialmente en los casos de corrupción, abuso de poder, violaciones graves de derechos humanos y otros delitos reconocidos por el derecho internacional y, cuando lo autoricen las leyes o se ajuste a la práctica local, a la investigación de esos delitos.

16. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.


Facultades discrecionales


17. En los países donde los fiscales estén investidos de facultades discrecionales, la ley, las normas o los reglamentos publicados proporcionarán directrices para promover la equidad y coherencia de los criterios que se adopten al tomar decisiones en el proceso de acusación, incluido el ejercicio de la acción o la renuncia al enjuiciamiento.


Alternativas del enjuiciamiento


18. De conformidad con la legislación nacional, los fiscales considerarán debidamente la posibilidad de renunciar al enjuiciamiento, interrumpirlo condicional o incondicionalmente o procurar que el caso penal no sea considerado por el sistema judicial, respetando plenamente los derechos del sospechoso y de la victima. A estos efectos, los Estados deben explorar plenamente la posibilidad de adoptar sistemas para reducir el número de casos que pasan la vía judicial no solamente para aliviar la carga excesiva de los tribunales, sino también para evitar el estigma que significan la prisión preventiva, la acusación y la condena, así como los posibles efectos adversos de la prisión.

19. En los países donde los fiscales están investidos de facultades discrecionales para pronunciarse sobre el enjuiciamiento de un menor, deberá tenerse especialmente en cuenta el carácter y la gravedad del delito, la protección de la sociedad y la personalidad y los antecedentes del menor. Cuando se pronuncien, los fiscales tendrán especialmente en cuenta las posibles alternativas del enjuiciamiento de conformidad con las leyes y procedimientos pertinentes en materia de justicia de menores. Los fiscales harán todo lo posible por emprender acciones contra menores únicamente en los casos que sea estrictamente necesario.



Relaciones con otros organismos o instituciones gubernamentales


20. A fin de asegurar la equidad y eficacia del procedimiento, los fiscales harán lo posible por cooperar con la policía, los tribunales, los abogados, los defensores públicos y otros organismos o instituciones gubernamentales.


Actuaciones disciplinarias


21. Las faltas de carácter disciplinario cometidas por los fiscales estarán previstas en la ley o en los reglamentos. Las reclamaciones contra los fiscales en las que se alegue que han actuado claramente fuera del marco de las normas profesionales se sustanciarán pronta e imparcialmente con arreglo al procedimiento pertinente. Los fiscales tendrán derecho a una audiencia imparcial. Las decisiones estarán sometidas a revisión independiente.

22. Las actuaciones disciplinarias contra los fiscales garantizarán una evaluación y decisión objetivas. Se determinarán de conformidad con la ley, el código de conducta profesional y otras reglas y normas éticas establecidas y teniendo presentes estas Directrices.


Observancia de las Directrices


23. Los fiscales respetarán las presentes Directrices. Además, harán todo lo que esté en su poder por evitar que se infrinjan y se opondrán activamente a ello.

24. Los fiscales que tengan motivos para estimar que se ha cometido, o que está por cometerse, una violación de las presentes Directrices lo comunicarán a sus superiores jerárquicos y, cuando sea necesario, a otras autoridades u órganos competentes, con facultades en materia de revisión o recurso.


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