Servicio de Noticias 75/97

ASESORÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ÍNDICE AI: AMR 18/08/97/s

25 DE ABRIL DE 1997

BOLIVIA

Amnistía Internacional ha enviado un comunicado al presidente de la República de Bolivia, el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, manifestando su preocupación por la situación en la región de El Chapare, departamento de Cochabamba.

La organización ha llamado la atención del presidente hacia la honda preocupación de AI por los sucesos que tuvieron lugar en las zonas de Bajo Mariscal Sucre y Eterazama el 17 de abril de 1997 y en los que, según los informes, seis personas resultaron muertas y más de 20 campesinos heridos durante las operaciones policiales lanzadas para erradicar los cultivos de hoja de coca.

En su comunicado, Amnistía Internacional insta a las autoridades a investigar de forma exhaustiva e independiente los sucesos del 17 de abril y a hacer públicos los resultados de la investigación. La organización reitera también su preocupación por la falta de investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente en el área por miembros de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR).

La organización subraya la importancia de investigar las violaciones de derechos humanos y de hacer comparecer a los responsables ante los tribunales, enviando así un claro mensaje de que no se tolerarán ese tipo de violaciones. Según Amnistía Internacional, los esfuerzos para poner fin a la impunidad son un indicador crucial para medir la voluntad política de un gobierno de garantizar el respeto por los derechos humanos.

A continuación adjuntamos una copia del texto de la carta dirigida al presidente de la República de Bolivia, que pueden hacer pública inmediatamente.

Exmo Sr. PresidenteRef.: TG AMR18/05/97

de la República de Bolivia

Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada

Palacio de Gobierno

La Paz, BoliviaLondres, 21 de abril de 1997

Sr. Presidente:

La alarmante información recibida por Amnistía Internacional proveniente de diversas fuentes sobre los sucesos ocurridos en El Chapare el pasado 17 de abril, aumenta la preocupación ya expresada por Amnistía Internacional en numerosas oportunidades sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en esa zona.

Es con enorme preocupación que Amnistía Internacional registra que en el accionar de las fuerzas conjuntas de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), la Policía Ecológica y la Dirección de Reconversión de la Coca (DIRECO), en las operaciones conducentes a la erradicación de cultivos de hoja de coca en El Chapare, se han perpetuado serias violaciones de derechos humanos. Durante los últimos dos años las denuncias recibidas por la organización sobre violaciones de derechos humanos incluyen detenciones arbitrarias, tortura a detenidos y muerte de personas en circunstancias que sugieren ejecuciones extrajudiciales.

Según la información recibida, durante la operación realizada el 17 de abril de 1997 por las fuerzas conjuntas en la zona de Bajo Mariscal Sucre, localidad de Eterazama en la región de El Chapare, departamento de Cochabamba, Alberta Orellana García de 54 años de edad y madre de siete hijos fue muerta delante del mayor de sus hijos en circunstancias que parecen indicar una ejecución extrajudicial. La información indica que durante la operación de erradicación forzosa de plantas de coca, Alberta Orellana García trató de impedir la erradicación de su cocal postrándose de rodillas cuando fue muerta por un proyectil de bala disparado por un agente de UMOPAR. Según se informa, como reacción a esta muerte, los campesinos atacaron las oficinas de DIRECO en Eterazama y la policía respondió abriendo fuego indiscriminado sobre la multitud y lanzando gases lacrimógenos. Seis personas fueron muertas en el enfrentamiento incluyendo un agente de UMOPAR y mas de 20 campesinos sufrieron heridas de bala.

Se ha informado que entre los muertos se cuenta el niño Freddy Rojas, de 22 meses de edad, quien se indica murió como resultado de los gases. El campesino Ernesto Quispe, murió el 19 de abril en el hospital de Chipiriri a consecuencia de una herida de bala en la cabeza y un joven de 17 años se encuentra en estado de coma en el hospital. Los heridos, según la información, fueron trasladados al hospital local de Chipiriri y a otros hospitales en Santa Cruz, entre ellos un menor de 6 años, Eddy Ugarte, herido de bala en la cabeza. Según la información reproducida por los medios de comunicación durante la visita de miembros la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, más de 150 personas fueron detenidas durante la operación, la mayoría golpeados durante la detención y trasladados a la Unidad de UMOPAR en Chimoré. Entre ellos

Avelino Espinosa, dirigente de la Federación de Villa Tunari, quien estando atado fue brutalmente golpeado por agentes de UMOPAR.

Declaraciones del Ministro de Gobierno, Licenciado Victor Hugo Canelas, indican que la operación de las fuerzas conjuntas se llevó a cabo contra narcotraficantes que operan en la zona. Información suministrada a Amnistía Internacional por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en Chimoré, indica que todos los detenidos han sido dejados en libertad sin cargos.

Amnistía Internacional ha comunicado a las autoridades bolivianas en repetidas ocasiones su preocupación sobre los informes de violaciones de derechos humanos ocurridos en violentos operativos policiales de UMOPAR en el contexto de la erradicación de cultivos de hoja de coca. Aunque en algunas ocasiones Amnistía Internacional ha sido informada oficialmente sobre investigaciones y procesos iniciados en casos específicos presentados por la organización a la atención de su gobierno, la organización no ha recibido información sobre el progreso o conclusión de dichas iniciativas legales. Amnistía Internacional ha hecho hincapié en la imperiosa necesidad de que se investiguen todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y ha instado a las autoridades bolivianas a tomar las medidas necesarias para que dichas investigaciones se lleven adelante en forma independiente y exhaustiva, sus resultados se hagan públicos y que los hallados responsables comparezcan ante la justicia.

Las investigaciones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos y el enjuiciamiento de los hallados responsables no sólo reviste importancia en relación con cada caso concreto: también constituyen un mensaje inequívoco de que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos y de que quienes las cometan deberán rendir cuentas de sus actos. Cuando no se piden cuentas a los autores, se pone en marcha, a perpetuidad, un ciclo de violencia que es terreno abonado para continuas violaciones de derechos humanos veladas por la impunidad. Los esfuerzos de un gobierno para poner fin a la impunidad son un índice crítico de su voluntad política de asegurar el respeto por los derechos humanos.

Amnistía Internacional basa su labor en normas internacionales de derechos humanos proclamadas por la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales, normas que los Estados se comprometen a respetar. Nos dirigimos a los gobiernos debido a la obligación específica que éstos han contraído de asegurar que los agentes del Estado actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos humanos fundamentales. Amnistía Internacional hace un llamado urgente al Señor Presidente para que se inicie una investigación exhaustiva e independiente de los hechos ocurridos el 17 de abril de 1997 y que sus resultados se hagan públicos.

Igualmente la organización considera que la investigación deberá determinar si el operativo conjunto de UMOPAR, Policía Ecológica y DIRECO se apegó a las disposiciones del Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego. Estas normas internacionales señalan limites estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente, y que el uso de fuerza letal solo deberá emplearse cuando sea inevitable para proteger vidas.

Amnistía Internacional también pide se conceda la adecuada compensación para las víctimas o sus familiares en los casos en los que se pruebe responsabilidad de los agentes del estado en violaciones a los derechos humanos. La organización insta a las autoridades a que garanticen la seguridad física de todos los testigos que suministren declaraciones sobre estos casos.

Amnistía Internacional ha reconocido y expresado su satisfacción por las iniciativas gubernamentales destinadas a fomentar el respeto por los derechos humanos en El Chapare como ha sido el establecer las oficinas de derechos humanos y de defensa pública en la región. Sin embargo las ultimas denuncias indican que estas medidas no son suficientes para fomentar y proteger los derechos humanos de los habitantes de El Chapare. Por lo tanto, nos permitimos instar respetuosamente al Señor Presidente para que se impartan instrucciones claras y terminantes a las fuerzas de seguridad en el sentido de que deben ajustar su conducta, en toda ocasión, a los principios fundamentales que informan la legislación internacional de derechos humanos, legislación ya enmarcada en la Constitución Política del Estado Boliviano.

Estamos enviando copia de esta comunicación al Sr. Ministro de Gobierno y al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores. Nos permitimos informarle que Amnistía Internacional ha decidido publicar el texto de esta comunicación.

Agradeceremos su respuesta e información sobre las medidas tomadas por su gobierno respecto a las preocupaciones expresadas en esta comunicación. Queremos aprovechar esta ocasión para reiterar el interés de Amnistía Internacional de mantener el diálogo con el gobierno boliviano a fin de resolver los asuntos de común interés en la defensa de los derechos humanos en Bolivia.

Atentamente,

Morris Tidball-Binz

Director

Programa Regional para América