AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: AMR 19/012/2008

21 de octubre de 2008

Brasil: Una multinacional suiza entrega tierras en disputa a las autoridades estatales

La decisión de la multinacional suiza Syngenta Seeds de entregar, el 14 de octubre pasado, al gobierno del estado de Paraná su granja experimental de 127 hectáreas pone un satisfactorio final al violento conflicto sobre esa tierra.

Desde entonces, el gobierno del estado ha prometido utilizar la tierra para la producción de semillas autóctonas que se distribuirán a pequeños granjeros y países empobrecidos de la región que hayan sufrido devastación a causa de los huracanes. Tras largos meses de presión de activistas agrarios, grupos de derechos humanos y el gobierno estatal, la decisión de Syngenta de renunciar a la tierra constituye un importante paso en la defensa de los derechos humanos de quienes luchan por su derecho a la tierra y la supervivencia en todo el estado.

La entrega se ha producido cuando se cumple el primer aniversario de los homicidios de Valmir Mota de Oliveira (conocido como Keno), dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), y Fabio Ferreira, guardia de seguridad de Syngenta.

Un año después de aquellos homicidios, NF Segurança, la empresa de seguridad de Syngenta, sigue prestando servicio a los hacendados locales, pese a que se le revocó la licencia en septiembre. Aunque las investigaciones oficiales, incluida la investigación sobre el homicidio de Keno, hallaron indicios abundantes de actividad irregular o criminal, la empresa sigue funcionando en espera de la apelación.

Es fundamental que las autoridades federales y estatales de todo Brasil tomen medidas para controlar la proliferación de empresas de seguridad irregulares o ilegales, muchas de las cuales actúan de hecho como milicias ilegales al servicio de hacendados o de la industria agrícola. Las autoridades estatales y federales deben investigar a las personas, las organizaciones o las empresas que utilicen empresas de seguridad que cometen violaciones de derechos humanos o actos delictivos. Quienes no cumplan con su deber de examinar o supervisar adecuadamente a su empresa de seguridad deben rendir cuentas de sus actos.

El juicio de los acusados de los homicidios del dirigente del MST Keno y de Fabio Ferreira dará comienzo en noviembre. Amnistía Internacional pide a las autoridades del estado de Paraná que garanticen que dicho juicio cumple las normas internacionales sobre juicios justos con el fin de que sólo se procese a los responsables. Ya es hora de poner fin a la impunidad por los homicidios en zonas rurales y a la protección de los intereses de los poderes políticos y económicos.

Información complementaria

A primeras horas de la mañana del 21 de octubre de 2007, miembros de Vía Campesina y del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST) ocuparon la granja de 127 hectáreas situada cerca de la localidad de Santa Teresa do Oeste. La tierra se utilizaba como terreno de pruebas para el cultivo de cosechas modificadas genéticamente. Se protestaba contra ese uso de la tierra porque podía contravenir una ley de delimitación medioambiental y porque esos terrenos se identificaban como un posible lugar de reforma agraria para el asentamiento de trabajadores agrícolas sin tierra.

Horas después de la ocupación, 40 hombres armados irrumpieron en la granja y mataron al dirigente del MST Keno de un disparo a quemarropa en el pecho. En el enfrentamiento también murió uno de los guardias de seguridad, Fabio Ferreira. Por aquel entonces, la policía sugirió que Ferreira había recibido accidentalmente un disparo de sus colegas, pero la fiscalía más tarde acusó del homicidio a un miembro del MST e informó a Amnistía Internacional de que esas posibilidades debían examinarse ante el tribunal. Otras ocho personas resultaron heridas en el ataque, entre ellas Izabel Nascimento, miembro del MST, que quedó inconsciente a consecuencia de los golpes y permanece en coma en un hospital, en estado crítico.

Los grupos de derechos humanos y los activistas agrarios del estado de Paraná ya han sufrido anteriormente amenazas e intimidación de miembros de asociaciones de hacendados o de personas que actúan en su nombre. En una vista pública celebrada el 18 de octubre de 2007, grupos locales de defensa de los derechos presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos del estado una carpeta de pruebas que destacaban las actividades de hombres armados contratados por los hacendados y las empresas agrícolas. Según el informe, estos hombres armados actúan sin supervisión ni control legal, y a menudo utilizan métodos violentos e ilegales para desalojar por la fuerza, amenazar y atacar a los activistas agrarios.

FIN/

Documento público

****************************************

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://www.amnesty.org/es/features-news-and-updates. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/research.