AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AMR 19/038/2006 (Público)

Servicio de Noticias: 331/2007

29 de diciembre de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190382006

Brasil: La crisis cada vez mayor de la seguridad pública, una llamada de alarma al nuevo gobierno

Amnistía Internacional condena plenamente y sin reservas los ataques criminales perpetrados las dos últimas noches en el estado de Río de Janeiro. Las primeras informaciones consideran estos ataques una respuesta al crecimiento de las "milicias", según los informes compuestas por policías en activo o ex policías, lo cual refuerza el mensaje de que la falta de esfuerzos eficaces por parte de las autoridades estatales y federales para resolver la crisis de la seguridad pública no ha hecho más que exacerbar la violencia creciente.

Entre la tarde del 28 y la mañana del 29 de diciembre, bandas delictivas llevaron a cabo una serie de ataques en toda la ciudad de Río de Janeiro y en diversos municipios del interior del estado del mismo nombre, consistentes en el tiroteo y el lanzamiento de artefactos explosivos caseros contra varias comisarías y la quema de autobuses, en uno de los cuales murieron siete pasajeros.

En el momento en que se redacta este comunicado y según los informes, el balance de víctimas de los ataques se estima en 19 personas muertas y 22 heridas. Entre las víctimas hay mujeres, menores y policías y presuntos delincuentes.

Amnistía Internacional pide a las autoridades del estado que investiguen a fondo los ataques y pongan a sus responsables a disposición judicial según marca la ley y sin perpetrar más violaciones de derechos humanos.

En mayo, tras una serie de ataques en el estado de São Paulo, Amnistía Internacional preguntó cuántas personas, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como mujeres y menores, tenían que morir para que las autoridades estatales y federales comenzaran a ocuparse seriamente de los problemas profundos y sistémicos que afectan al sistema de justicia penal.

Parece que tras las elecciones presidenciales y estatales se ha debatido muy poco sobre este problema, y mucho menos se ha abordado.

Los ataques recientes han coincidido con el final del mandato de la gobernadora Rosinha Garotinho, que se recordará durante mucho tiempo por el descenso del estado a niveles aún más profundos de violencia y la pérdida de innumerables jóvenes vidas de policías, presuntos delincuentes y transeúntes inocentes.

En vista de esta violencia, las autoridades estatales y federales han ofrecido muy poco a la población en términos de seguridad real, especialmente a los sectores más pobres, que gozan de la menor protección del estado. Durante este tiempo, la actuación policial en Río de Janeiro ha estado simbolizada por dos cosas: el aumento drástico del número de "actos de resistencia", expresión bajo la que se registran oficialmente los homicidios a manos de agentes de policía, y la introducción de grandes vehículos acorazados, conocidos como "caveirão", para patrullar los barrios marginales de la ciudad, síntoma del enfoque cada vez más militarista empleado por las autoridades para contener la criminalidad en las zonas más pobres de la ciudad.

La dependencia cada vez mayor de una actuación policial represiva y abusiva ha sido a su vez causa de otros dos graves problemas, que ejemplifican el desmoronamiento del Estado de derecho. En primer lugar, la corrupción, como muestran las recientes investigaciones realizadas por la policía federal de más de 70 miembros de la policía estatal, incluido uno de sus mandos, por su participación en bandas delictivas.

En segundo lugar, los recientes informes del aumento de las "milicias", que, según los informes oficiales y la amplia cobertura que reciben en los medios de comunicación, han llenado el vacío dejado por el Estado, expulsando a las bandas de narcotraficantes de las favelase imponiendo su propia ley, basada, según los informes, en la imposición de la violencia y la extorsión.

Los ataques son una llamada de alarma para el gobierno estatal entrante y el recién reelegido gobierno federal. No pueden perderse más vidas por dar respuestas a corto plazo y que obedecen a motivaciones políticas. Amnistía Internacional reitera su llamamiento para que las autoridades a todos los niveles colaboren para detener el derramamiento de sangre.

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