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23 de enero del 2001 Documento público

Chile: Las fuerzas armadas y los carabineros deben desvelar toda la verdad

La obligación moral y legal de las fuerzas armadas chilenas y los carabineros (policías uniformados) de desvelar toda la información relativa a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar es más acuciante que nunca, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La organización ha manifestado: «Aunque no se puede restar importancia al hecho de que, tras 27 años de tajantes negativas, las fuerzas armadas y los carabineros hayan reconocido la trágica muerte de 200 personas detenidas, la información facilitada no es suficiente ni adecuada, y en muchos casos contradice pruebas bien documentadas».

Amnistía Internacional considera que ni las fuerzas armadas ni los carabineros han hecho todo lo que deben para saldar su deuda pendiente con las víctimas, los familiares de éstas y el país en su conjunto, deuda que exige que se desvele la verdad y se haga justicia.

Según ha declarado la organización de derechos humanos: «No puede hacerse justicia basándose en la escasa información proporcionada. La noción de "toda la verdad" significa conocer dónde fueron detenidas o secuestradas las víctimas, dónde fueron conducidas, dónde murieron, dónde se ocultaron sus cadáveres, quién hizo todo eso y por qué».

Amnistía Internacional ha declarado asimismo: «El ejército chileno debe asumir su responsabilidad ante la historia y ante sus conciudadanos tras 27 años de silencio en los que se han encubierto las graves violaciones de derechos humanos cometidas. Es una obligación que debe cumplirse sin condiciones».

Los tres elementos de verdad, justicia y reparación son esenciales para que los familiares de las víctimas puedan hacer realidad su derecho innegable a saber con todo detalle qué fue de sus seres queridos. La verdad debe ser clara y precisa. Amnistía Internacional considera que es deber de los tribunales de justicia el hacer que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y que se esclarezca la verdad respecto a la información facilitada.

La impunidad por los crímenes cometidos en Chile durante el gobierno militar (de 1973 a 1990) aún se mantiene gracias a la Ley de Amnistía de 1978. Amnistía Internacional sigue pidiendo que se anule esa ley, que burla las obligaciones internacionales contraídas por Chile.

Información general

La información incompleta presentada por las fuerzas armadas chilenas al presidente Lagos ha sido entregada por el presidente a la Corte Suprema para que los tribunales de Chile inicien investigaciones. Se ha designado para esta tarea a dos ministros en visita (jueces especiales de instrucción).

Las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las 3.197 víctimas de «desaparición» y ejecución extrajudicial documentadas por comisiones gubernamentales han manifestado su preocupación por la escasez de la información proporcionada.

A raíz de la declaración firmada en junio del año pasado por los miembros de la Mesa de Diálogo, las fuerzas armadas revelaron información sobre 200 casos de víctimas de violaciones de derechos humanos. La información fue entregada el 5 de enero del 2001 al presidente de la república, Ricardo Lagos. La lista facilitada contiene los nombres de 180 víctimas detenidas entre 1973 y 1976, y de otras 20 víctimas no identificadas. La mayoría de los citados en la lista fueron arrojados al mar, a ríos o a lagos de Chile.

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