29 enero 2001

Índice de AI : AMR 22/003/2001

Público

Numero del Servicio de Noticias : 17

Chile: La obligación internacional de juzgar y castigar a los violadores de los derechos humanos

En el mismo día que los medios chilenos anunciaban la decisión del juez Juan Guzmán Tapia de ordenar el rearresto de Augusto Pinochet, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas han publicado su Informe en Derecho sobre la incompatibilidad de la Ley-Decreto 2191 de 1978 -- conocida como la Ley de Amnistía -- y las obligaciones internacionales del Estado chileno.

Los abogados chilenos de derechos humanos, Héctor Salazar* y Hugo Gutiérrez, -- en representación de los familiares de las victimas de la "Operación Cóndor" y la "Caravana de la Muerte" -- han presentado el Informe en Derecho, ante el Juez Juan Guzmán Tapia, quien investiga estas causas y otras 208 querellas relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet .

Las dos organizaciones recuerdan a los tribunales nacionales chilenos que deben abstenerse de aplicar la Ley de Amnistía de 1978. Las dos organizaciones recuerdan a la justicia chilena que debe dar curso a las investigaciones y procesos penales por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas han recordado que, según el derecho internacional, Chile no puede invocar su derecho interno -- tratese de leyes, decisiones judiciales y de la propia constitución -- para no cumplir la obligación internacional de investigar, juzgar y castigar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, cometidas durante el régimen militar.

El documento conjunto de Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas recuerdan que la Ley de Amnistía de 1978 es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones internacionales de Chile de investigar, juzgar y castigar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos.

Esta obligación ha sido reafirmada en numerosas oportunidades por organismos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

"El gobierno chileno debe tomar las medidas necesarias para asegurar que el Decreto-Ley 2191 sea anulado, dejando sin efecto la Ley de Amnistía que es contraria a las obligaciones internacionales del Estado chileno," reiteran Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas.

"Las dos organizaciones recuerdan que los crímenes cometidos durante el gobierno militar por su forma sistemática y a gran escala son crímenes de lesa humanidad. Como tales son imprescriptibles y el Estado está en el deber indeclinable de juzgar y castigar a los responables de estos crimenes."

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* Héctor Salazar, abogado de la organización chilena no-gubernamental de derechos humanos, FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas)

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si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, UK, on +44 20 7413 5562

Amnistía Internacional: http://www.amnesty.org

la Comisión Internacional de Juristas : http://www.icj.org