Público

Amnistía Internacional

CHILE

Memorándum al Gobierno de la

República de Chile

Visita del Secretario General

de Amnistía Internacional a Chile

(1-6 de octubre del 2000)

Noviembre del 2000

Índice AI: AMR 22/22/00/s

Distr: SC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

CHILE

Memorándum al Gobierno de la República de Chile

Visita del Secretario General de Amnistía Internacional a Chile

(1-6 de octubre del 2000)

El Chile de hoy ha de ser un país donde los derechos de todos sean respetados y garantizados: el derecho de las víctimas a obtener justicia, el derecho de sus familiares a conocer la verdad, el derecho de todos y cada uno de los chilenos a vivir en un país que ha sabido liberarse de las pesadas herencias del pasado, entre ellas la tortura y la pena de muerte en el marco de un sistema judicial libre de interferencias políticas.¹

Pierre Sané

El Secretario General de Amnistía Internacional, Pierre Sané, visitó la capital de Chile, Santiago, junto con una delegación de representantes de la organización, entre el 1 y el 6 de octubre del año 2000. Entre los representantes que formaban esa delegación estaban el director del Programa Regional para América del Secretariado Internacional de la organización, Javier Zúñiga, y la investigadora sobre Chile, Virginia Shoppeé. El propósito de la visita fue iniciar un diálogo en torno a los derechos humanos con el nuevo gobierno presidido por el señor Ricardo Lagos. El Secretario General se reunió con altas autoridades gubernamentales (entre ellas el propio presidente Ricardo Lagos y otros miembros de su gobierno) y con parlamentarios, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, representantes de los pueblos indígenas y miembros de la sociedad civil.

Tras los importantes avances registrados en el país en la búsqueda de verdad y justicia en los gravísimos casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar, la organización pidió garantías, y las obtuvo, de que se respetaría la independencia del poder judicial, especialmente tras serle retirada la inmunidad parlamentaria a Augusto Pinochet,²y en vista de otras investigaciones sobre casos de violaciones contra los derechos humanos cometidas en el pasado.

Durante su visita, el Secretario General abordó con las autoridades chilenas y varios sectores de la sociedad civil las preocupaciones de Amnistía Internacional en materia de derechos humanos en el Chile de hoy día. Entre ellas se destacan las persistentes denuncias de tortura y malos tratos, la jurisdicción de los tribunales militares sobre ciertos casos de civiles y sobre casos de militares acusados de violaciones de derechos humanos, la Ley de Amnistía de 1978 y la permanencia de la pena de muerte en la legislación chilena.³El Secretario General también se interesó por la actual política del gobierno en lo referente a los derechos de la mujer, de la infancia, de los pueblos indígenas y de los defensores de los derechos humanos, a la luz de los compromisos internacionales contraídos por Chile.

El 3 de octubre del 2000, en el curso de una reunión con el presidente Lagos, Pierre Sané le hizo entrega de un memorándum con los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con Chile (véase el Apéndice I) y le exhortó a que se elaborase un Plan Nacional de Acción en materira de derechos humanos en línea con el compromiso formulado por todos los Estados del mundo durante la Conferencia Mundial de la ONU sobre Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena. Amnistía Internacional acogió con agrado la aceptación por parte del gobierno de sus propuestas para desarrollar tal Plan Nacional de Acción.

No obstante, entre los obstáculos principales que todavía quedan en el camino hacia la justicia en relación con las violaciones derechos humanos del pasado, Amnistía Internacional destaca la Ley de Amnistía de 1978, que fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como incompatible con las obligaciones internacionales que incumben a Chile en virtud del derecho internacional.

El 4 de octubre del 2000, Pierre Sané pronunció un discurso titulado Derechos humanos y democracia: el reto de la impunidad ante destacados miembros de la sociedad civil (véase el Apéndice II). En su alocución, el Secretario General de Amnistía Internacional se preguntó cómo puede construirse una sociedad justa sobre los cimientos de las injusticias del pasado, e identificó tres retos a los que el movimiento pro derechos humanos debe enfrentarse para acabar con la impunidad y para salvar la distancia que separa los principios teóricos de la realidad: la batalla por la identidad, la batalla contra el olvido, y la batalla por que se rindan cuentas. El Secretario General concluyó que el consenso debe construirse en torno a una visión universal de los derechos humanos y articularse en un Plan Nacional de Acción que abra el camino hacia el futuro.

Durante su visita, Amnistía Internacional procuró también recordar al gobierno que el logro de la verdad y la justicia es algo que se les debe a las víctimas y a sus familiares, y es fundamental a fin de obtener una auténtica reconciliación y evitar que tragedias semejantes se repitan. Amnistía Internacional subrayó que aún quedaba mucho por hacer para que se acabe de conocer toda la verdad sobre los millares de mujeres y hombres víctimas de «desaparición», ejecución extrajudicial o tortura durante el gobierno militar, así como para hacer que los responsables rindan cuentas ante la justicia. El 5 de octubre, la delegación visitó el Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político, donde rindieron homenaje a las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el gobierno militar con emotivas palabras y ofrendas florales.

Siguen siendo motivo de preocupación para Amnistía Internacional varias de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos que la organización incluyó en el memorándum presentado al presidente Lagos. Entre ellas figuran las persistentes denuncias de tortura y malos tratos, la Ley de Amnistía de 1978, la jurisdicción de los tribunales militares sobre ciertos casos de civiles y sobre casos de militares acusados de violaciones de derechos humanos, la permanencia de la pena de muerte en la legislación chilena, la situación de la mujer, de los refugiados y los inmigrantes, así como de los mapuche y otros pueblos indígenas, y también sobre la falta de reconocimiento de la objeción de conciencia en el servicio militar.

Acabar con la impunidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y garantizar el pleno respeto de los derechos de todos, tanto en la actualidad como en el futuro, son retos cruciales a los que Chile se enfrenta en el umbral de un nuevo milenio.

Apéndice I

Memorándum de Amnistía Internacional al Gobierno de la República de Chile

Presentado por el Secretario General de Amnistía Internacional al Presidente Ricardo Lagos el 3 de octubre de 2000

La inauguración de un nuevo gobierno en la República de Chile, a la entrada del nuevo mileno, ofrece una oportunidad única para reexaminar los serios problemas que se han venido manteniendo a través de los años en materia de derechos humanos y para formular políticas e iniciar reformas para la promoción y protección de esos derechos. La decidida actitud de la nueva administración sera crucial en la reformulación a nivel nacional de políticas y normas para abordar los desafíos que en materia de derechos humanos enfrenta Chile.

Algunas de esas medidas requerirán directivas administrativas, otras la introducción de nueva legislación y enmiendas constitucionales, muchas solo requerirán la correcta implementación de lo que ya esta previsto en la legislación chilena. Todas ellas requieren voluntad política.

Amnistía Internacional confía que el nuevo gobierno emprenderá un programa nacional de acción que permita un progreso significativo dando prioridad a las reformas que sean necesarias para la extensión de la protección de los derechos humanos a todos los habitantes de Chile. Con esta iniciativa, el gobierno chileno cumpliría con el compromiso adquirido durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en junio de 1993 con la Declaración y Programa de Acción que recomienda que cada Estado "considere la conveniencia de la elaboración de un plan nacional de acción que identifique etapas a través de las cuales el Estado fomentaría la promoción y protección de los derechos humanos". La Conferencia reafirmó tanto la universalidad como la indivisibilidad de esos derechos. Amnistía Internacional insta al gobierno de Chile a preparar dicho plan como el marco inicial de la implementación de la protección de los derechos humanos en el país durante el nuevo milenio.

En repetidas oportunidades Amnistía Internacional se ha dirigido al gobierno chileno sobre sus principales motivos de preocupación en los últimos diez años. Estas preocupaciones incluyen la tortura y el maltrato de personas detenidas por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad; la falta de investigaciones exhaustivas, independientes y concluyentes sobre tales denuncias; la jurisdicción de los tribunales militares en causas contra civiles acusados de delitos con motivación política; la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 para cerrar causas relativas a violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar; y la imposición de la pena de muerte por los tribunales. Ha sido motivo de creciente preocupación las amenazas que se han registrado, particularmente en el ultimo año, contra defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de pasadas violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha registrado con beneplácito la ratificación por parte del Estado chileno de varios instrumentos internacionales de derechos humanos como el reconocimiento de la competencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conforme al Artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la ratificación de su Protocolo Facultativo. Igualmente importante ha sido el retiro de las reservas que había formulado a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Organización de los Estados Americanos, y a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas.

Más recientemente, en 1994, Chile fue copatrocinador de un proyecto de resolución presentado por Italia en el que se pedía la suspensión universal de la imposición de la pena de muerte con vistas a su abolición total para el año 2000. Chile participó activamente en la redacción de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, y suscribió este tratado en junio de 1994. Su ratificación está actualmente en trámite en el Congreso Nacional. En septiembre de 1998, Chile suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, se ha reconocido que la transición a la democracia en Chile esta inconclusa. Este gobierno tendrá la tarea de completar esa transición de la cual forma parte integral el esclarecimiento y el logro de la justicia respecto de las violaciones de derechos humanos del pasado. Estas serias violaciones que son ahora públicamente reconocidas por las autoridades y la sociedad chilena en general, no son preocupaciones que afectan solamente a las victimas y sus familiares y a las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales sino al país en su totalidad.

La visión y opciones políticas para el siglo XXI no deben excluir a los familiares y víctimas de esas violaciones. Solamente con el logro de la verdad y la justicia, que han venido reclamando por largos años la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Chile, sobre los graves crímenes cometidos durante el gobierno militar se obtendrá la reconciliación y se evitara que hechos semejantes se repitan.

Amnistía Internacional ha seguido con interés los desarrollos que se han producido en los últimos tiempos con relación a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los años de gobierno militar. Sobre este punto es importante mencionar la nueva interpretación que los tribunales han hecho de la Ley de Amnistía de 1978 (Decreto Ley No. 2191) en el caso de 19 personas victimas de desaparición forzada en 1973 durante un operativo militar conocido como "la caravana de la muerte". Igualmente, la decisión de la Corte Suprema de confirmar el desafuero parlamentario de Augusto Pinochet el pasado 8 de agosto, permitiendo así que se le pueda investigar en relación con la "caravana de la muerte".

La organización se ha dirigido continuamente a las autoridades pidiendo que las amnistías y otras medidas adoptadas para dejar en la impunidad tan graves hechos sean anuladas. Ciertamente, esta postura esta respaldada por la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Naciones Unidas, que establece en su articulo 18 que los autores o presuntos autores de desapariciones forzadas no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal.

Amnistía Internacional considera importante observar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la Ley de Amnistía chilena es incompatible con las obligaciones internacionales que incumben a Chile en virtud del derecho internacional y que «[sus] efectos legales formaron parte de una política general de violación de los derechos humanos del régimen militar que gobernó Chile». El Comité de Derechos Humanos también ha considerado esta medida de amnistía incompatible con las obligaciones internacionales contraídas por los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En la Declaración y el Programa de Acción de Viena se reafirmó que «[l]os gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley».

La Ley de Amnistía de 1978 continúa en vigor. A este respecto, Amnistía Internacional exhorta a la administración del Presidente Ricardo Lagos a que adopte las medidas necesarias para que la Ley de Amnistía sea anulada dejando sin efecto esta legislación que obstruye la investigación exhaustiva de las violaciones de derechos humanos y que se someta a los responsables a la justicia. De la misma manera, la organización hace un llamado para que se tomen las medidas necesarias para que se ratifique la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

Amnistía Internacional ha reconocido la importancia de la firma por el Estado de Chile del Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma en 1998. La organización confía que la ratificación del Estatuto sea realizada sin demora y que su incorporación a la legislación chilena se lleve a cabo prontamente. Sin embargo, en este contexto de legislación internacional, ha preocupado a la organización la falta de colaboración por parte de las autoridades chilenas en las investigaciones judiciales que se adelantan en otros países para esclarecer la suerte de los desaparecidos y llevar a la justicia a los perpetradores. Amnistía Internacional hace un llamamiento perentorio al gobierno para que se faciliten dichas actuaciones judiciales dirigidas a juzgar violaciones de derechos humanos que han sido desde hace mucho tiempo reconocidas como crímenes contra la humanidad.

El Artículo 19(1) de la Constitución chilena garantiza a todas las personas «el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica» y prohíbe «la aplicación de todo apremio ilegítimo». Sin embargo, subsisten las denuncias sobre torturas y malos tratos a personas detenidas. Pese a que las autoridades han declarado reiteradamente que no se tolerará la tortura, y a que desde 1991 se han tomado medidas legislativas para limitar la aplicación del régimen de incomunicación y disponer el acceso de los detenidos a un examen médico, las denuncias sobre torturas han continuado durante los diez años de gobierno democrático. La mayoría de los casos han quedado sin esclarecer, y los autores de las torturas no han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales.

En su informe de enero de 1996, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura documentaba casos de malos tratos policiales a detenidos comunes, que el Relator Especial consideraba suficientemente reiterados como para no representar actos aislados. El informe señalaba que era preciso adecuar plenamente los procedimientos relativos a la detención en régimen de incomunicación a las disposiciones del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, de las Naciones Unidas.

Amnistía Internacional ha visto con preocupación que las autoridades chilenas no parecen haber tomado acción efectiva para erradicar la práctica de la tortura y los malos tratos. La experiencia de la organización en su labor contra la tortura ha demostrado que cuando no se toman medidas efectivas para investigarla y sancionarla se contribuye a facilitar la práctica de la tortura. Por esta razón, Amnistía Internacional reitera en esta oportunidad su llamado para que a todos los niveles se reafirme el control sobre las fuerzas de seguridad asegurandose que las denuncias de tortura sean pronta, exhaustiva e independientemente investigadas y que aquellos encontrados responsables sean suspendidos del servicio activo y sometidos a juicio.

Este llamado de Amnistía Internacional, se extiende a la necesidad de adelantar durante el presente periodo presidencial reformas que rectifiquen la extensa jurisdicción de los tribunales militares. La actitud y compromiso de este gobierno y de los legisladores será crucial para la reformulación de una política y normas que cubran la administración de justicia.

Según la legislación chilena, las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del ejército y del cuerpo de Carabineros competen a la justicia militar. Amnistía Internacional ha llegado a la firme conclusión de que este sistema genera una situación de impunidad y niega a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares el derecho a un recurso judicial efectivo. La legislación militar no ha tenido mayores modificaciones y continúa generando impunidad, como lo indica el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en su informe de 1996 a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han declarado en reiteradas ocasiones que el procesamiento por tribunales militares de miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional. La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992, estipula, en su Artículo 16(2), que las personas a las que se atribuya la responsabilidad de desapariciones forzadas «sólo podrán ser juzgadas por las jurisdicciones de derecho común competentes, en cada Estado, con exclusión de toda otra jurisdicción especial, en particular la militar».

Igualmente, y respecto a los tribunales militares, causa especial inquietud el hecho de que actualmente la mayoría de las personas acusadas de delitos con motivación política en Chile sean enjuiciados por tribunales militares pese a su condición de civiles. Desde la instauración del gobierno civil se han formulado propuestas encaminadas a reformar la legislación que había hecho posible que se registraran graves irregularidades en los procesos contra presos políticos. Lamentablemente, dichas mociones han sido rechazadas por el Congreso Nacional.

Amnistía Internacional considera que tanto el ordenamiento jurídico como el proceso judicial deben adecuarse a las normas adoptadas por la comunidad internacional para proteger los derechos humanos, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este Pacto es uno de los instrumentos que establecen los preceptos fundamentales sobre los que deben basarse las leyes y las actuaciones procesales en todos los países. En 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que colocar a los civiles bajo la jurisdicción de los tribunales militares era un acto contrario a los Artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y que los tribunales militares eran tribunales especiales y exclusivamente funcionales cuyo papel era mantener la disciplina en el seno de las fuerzas armadas y de la policía y debían, en consecuencia, limitarse a delitos estrictamente militares.

Durante el 65^º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado el 24 de marzo de 1999, este organismo estudió el cuarto informe periódico de Chile relativo al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El 30 de marzo de 1999, el Comité adoptó varias observaciones finales, en las que señaló sus principales motivos de preocupación, que incluían la Ley de Amnistía de 1978, las denuncias de tortura, la jurisdicción de los tribunales militares y el derecho a un juicio imparcial.

La falta de debidas garantías procesales en el ámbito de la justicia militar es un asunto que causa grave preocupación a Amnistía Internacional, dado que los presos políticos chilenos no disfrutan de las mínimas salvaguardias relativas a ciertos derechos fundamentales como el derecho a ser enjuiciado ante un tribunal independiente e imparcial, la oportunidad de ejercitar plenamente el derecho a la defensa, y el derecho que asiste a todas las partes en un juicio a actuar en condiciones de igualdad. Suscita especial preocupación el hecho de que los tribunales militares puedan imponer la pena de muerte, lo cual han hecho en varias ocasiones.

Amnistía Internacional se opone sin reservas a la pena de muerte por considerar que se trata del más excepcional castigo cruel, inhumano y degradante y constituye una violación del derecho a la vida. La legislación civil y militar chilena prescribe la pena de muerte para más de veinte delitos. Aunque durante los últimos años no se han llevado a cabo ejecuciones, ya que en todos los casos de sentencia de muerte la pena se ha conmutado por cadena perpetua, los fiscales continúan pidiendo la pena capital y los tribunales la han impuesto tanto a presos políticos como a presos comunes.

Amnistía Internacional ha recibido con beneplácito las recientes iniciativas para abolir la pena de muerte que es la mas cruel e inhumana de las penas. La organización ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación ante la imposición de la pena de muerte por los tribunales y ante las propuestas legislativas de ampliar su ámbito de aplicación. La organización confía que el liderazgo político en esta administración, basado en el pleno respeto de los derechos humanos, conlleve a la abolición de este castigo que ha probado ser ineficaz para solucionar problemas de índole social y que puede conducir a la ejecución de inocentes.

Amnistía Internacional espera que el programa del gobierno del Presidente Ricardo Lagos, que conducirá a la República de Chile en los próximos años del nuevo milenio, refleje de una manera concreta y sin restricciones los compromisos contraídos por Chile respecto a la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Igualmente, la organización hace un llamado a la ratificación del Convenio169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo que protege el derecho de los pueblos indígenas. El cumplimiento de estos convenios será una señal más de la firme voluntad del gobierno hacia el respeto de los derechos humanos de todos.

Amnistía Internacional ha registrado con extrema preocupación las repetidas amenazas a que han sido sometidos los defensores de derechos humanos y los familiares de las victimas de violaciones de derechos humanos, particularmente en su trabajo por la búsqueda y logro de la justicia sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar. La organización hace un llamado perentorio para que el Sr. Presidente tome las medidas necesarias para que su gobierno apoye públicamente la labor y desempeño de los defensores de derechos humanos, rechazando las intimidaciones y asegurando que todos aquellos que defienden los derechos humanos reciban completa protección para continuar su labor.

Para este efecto valdría la pena recordar las recomendaciones de la Declaración y Programa de Acción de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993 sobre la importancia de crear un Plan Nacional de Acción. Amnistía Internacional hace un llamamiento para que dicho plan nacional de acción se realice durante este periodo presidencial incluyendo la protección de abogados, testigos, victimas y sus familiares en casos relacionados con violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional, por consiguiente, confía que el actual gobierno de Chile respalde públicamente la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos de las Naciones Unidas , conocida como la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, adoptada el 9 de diciembre de 1998. Como también que declare su respaldo a la resolución sobre los Defensores de Derechos Humanos en América, adoptada en junio de 1999 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y su compromiso de "promover y proteger los derechos fundamentales de los Defensores de los Derechos Humanos".

Amnistía Internacional espera que este gobierno que guiará al país durante los próximos años del siglo XXI, abrirá totalmente la puerta en la República de Chile para un respeto completo de los derechos humanos en el futuro y apoyará la realización de la justicia sin reservas para las victimas del pasado.

Apéndice II

Discurso del Secretario General de Amnistía Internacional Pierre Sané:

Derechos humanos y democracia: El reto de la impunidad

Estimados amigos:

Deseo en primer lugar manifestar mi agradecimiento a la Sección Chilena de Amnistía Internacional como anfitriona de mi delegación y por organizar esta conferencia.

Nos encontramos en estos momentos en Chile para reiterar nuestra solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos y con la comunidad de defensores de esos derechos. Los miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo, no les quepa la menor duda, siguen centrando su atención y energías en la evolución de la situación de los derechos humanos en Chile. Esta semana, nuestra Sección en Uruguay organizó una protesta pública cuando el buque-escuela «Esmeralda» de la Armada Chilena fondeó en Montevideo. De hecho, Amnistía Internacional y otros grupos que se ocupan de la defensa de los derechos humanos llevan centrando sobre este buque insignia de la Armada sus protestas públicas desde hace ya más de quince años. Y seguirán haciéndolo hasta que se levante el velo de la impunidad que aún cubre Chile. Entonces, y sólo entonces, podrá este buque que fue centro de tortura ser un verdadero embajador de la buena voluntad de este país.

La Iglesia Católica de Santiago invitó hace casi veintidós años, el 25 de noviembre de 1978, a uno de mis predecesores, Martin Ennals, a participar en un Simposio Internacional que se celebró aquí, en Santiago, sobre el tema de la dignidad del hombre, sus derechos y obligaciones en el mundo de hoy. En aquel Simposio se adoptó la «Carta de Santiago de Chile», en la que se formulaba un llamado a todos los hombres y mujeres para que afirmasen y defendiesen sus propios derechos y su dignidad, para que respetasen los derechos de los demás, y se apelaba a la conciencia del pueblo recordándole que la paz sólo se puede construir sobre los cimientos de la justicia.

Todo ser humano tiene derecho a ser persona, concluía la Carta de Santiago. Aquel Simposio se celebraba para conmemorar el trigésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Resulta irónico que ese mismo año se promulgase la infame Ley de Amnistía, un decreto mediante el que se intentaba imponer no solamente la impunidad, sino también imponer una amnesia colectiva para todos los crímenes que contra los derechos humanos había cometido la junta militar de Augusto Pinochet.

Veinte años después, en 1998, la comunidad internacional conmemoró el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Gobiernos, grupos, instituciones, y organismos internacionales de todo el mundo se detuvieron un momento a reflexionar sobre los logros y fracasos en este terreno. Y el balance de resultados fue desigual. Por un lado, se constató la existencia de violaciones masivas de los derechos humanos en conflictos armados, genocidio, persistencia de la discriminación por motivos de raza y género, pobreza extenuante, y el reino de la impunidad. Por otro, se verificó el desarrollo y fortalecimiento de los instrumentos internacionales, el crecimiento del movimiento en pro de los derechos humanos por doquier, una mayor conciencia entre las gentes de los derechos inherentes a su condición de seres humanos, el repliegue de las dictaduras, y el fin del apartheid.

El año 1998 marcó también un hito en la lucha en favor de los derechos humanos por dos eventos que han asestado un considerable golpe al combate contra el reino de la impunidad:

1. la adopción en Roma, en julio de 1998, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y

2. la detención de Augusto Pinochet Ugarte en octubre de ese año.

Estos dos hechos nos han permitido dar un salto en nuestra lucha contra la impunidad y recolectar la cosecha de años y años de campaña en pro de una justicia internacional. Ante el próximo establecimiento de la Corte Penal Internacional, los criminales de guerra y los que cometen crímenes contra la humanidad no encontrarán lugar donde esconderse. Con la detención de Augusto Pinochet han quedado ya sentadas las bases para que la tortura sea considerada un crimen internacional, para que los jefes de Estado no sean ya inmunes al procesamiento cuando están implicados en la comisión de tales actos, y para que las leyes nacionales de amnistía no puedan contraponerse a las obligaciones de otros Estados.

Se han esgrimido diversos argumentos contra los derechos de las víctimas a buscar y recibir justicia, especialmente en países en procesos de transición de la guerra a la paz o de un régimen autoritario a un sistema de gobierno civil. Estamos ya familiarizados con todos esos argumentos: que la búsqueda de la justicia pone en peligro el frágil proceso de paz (por ejemplo en Palestina o en Bosnia), que con ella se hace peligrar la reconciliación (por ejemplo en Sudáfrica), que supone también una amenaza para la consolidación de la democracia (por ejemplo en Chile en los últimos tiempos), que socava la transición y proyecta negras sombras sobre el camino hacia el futuro. De ahí se pasa a los llamados a amnistías generales (como en el Acuerdo de Paz de Sierra Leona, o en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Argentina) o a afirmaciones como: «Déjennos mirar al futuro para que sea posible», «lo pasado, pasado está», «olvidemos y perdonemos», etc. Todos estos argumentos no se traducen en otra cosa que en «dejen que criminales y saqueadores queden libres», «enterremos el pasado y olvidemos el sufrimiento de las víctimas».

Pero yo les pregunto ahora: ¿Cómo puede uno perdonar si no es reconocido como víctima? ¿Cómo puede uno olvidar si no conoce las circunstancias exactas, si desconoce la verdad de los hechos? ¿Cómo puede uno olvidar si no sabe quién es el responsable individual y así poder perdonarlo, o qué debe olvidar? Yo pregunto: ¿Cómo puede una sociedad construir su futuro si entierra las deudas del pasado? ¿Cómo puede escribirse la Historia si no se establecen los hechos sin ambigüedades? ¿Cómo va a impedirse que la historia se repita si no se han erradicado las causas de las injusticias de las afrentas del pasado? ¿Cómo se puede tener paz sin justicia? ¿Cómo puede construirse una sociedad justa sobre los cimientos de las injusticias del pasado?

Inherente a todas las normas internacionales de derechos humanos es la realidad de que son los gobiernos los responsables de la protección de los derechos humanos.

En ocasiones las personas tienen la impresión de que son las organizaciones de solidaridad, o los abogados o comités de familiares de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos las que tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos... y que los gobiernos son sólo responsables de violarlos. ¡Pero no es así como las cosas deberían ser!

En el derecho internacional, los gobiernos son los responsables de la protección de sus ciudadanos, de proteger sus derechos. Son los gobiernos los responsables de redactar y aplicar las leyes sobre derechos humanos. Son ellos los responsables de promover los derechos humanos en sus países. Ellos son los encargados de vigilar que se cumplan esos derechos dentro de sus fronteras. Responsables son de investigar los presuntos abusos que contra tales derechos se puedan cometer en sus territorios. Como son también los encargados de poner en manos de la justicia a los responsables de los abusos.

Y quiero subrayar ahora el carácter internacional de estas responsabilidades.

En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos que se celebró en Viena en 1993, por primera vez a tal escala, se abordó la cuestión de la impunidad. La Conferencia alentó a la Comisión de Derecho Internacional a proseguir con sus trabajos sobre un tribunal penal internacional. Apoyó también los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por analizar todos los aspectos de la cuestión de la impunidad. Y en el caso de la tortura y de las «desapariciones» forzadas, pidió específicamente que se procesase a todo el que se encontrase que era responsable de tales abusos.

Acabar con la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, declaró la Conferencia, aportaría una base firme para el imperio de la ley.

En opinión de Amnistía Internacional, existe un vínculo obvio entre las violaciones continuadas de los derechos humanos y el fenómeno de la impunidad. De hecho, la impunidad es el elemento determinante que permite que violaciones esporádicas lleguen a convertirse en una pauta sistemática de abuso. La batalla contra las violaciones graves de los derechos humanos sólo podrá ganarse si se ataja eficazmente este problema.

La impunidad, que literalmente significa quedar exento de castigo, tiene muy graves repercusiones en la propia administración de justicia. La adecuada investigación de los abusos de derechos humanos es esencial si la estructura de la justicia ha de respetarse y mantenerse. Poner a los autores de tales hechos en manos de la justicia no sólo es importante cuando afecta a un caso concreto, sino que además transmite un claro mensaje de que las violaciones de los derechos humanos no se tolerarán y que a quienes cometan tales actos se los hará rendir cuentas plenamente.

Pero en este asunto hay una dimensión que va más allá del aspecto teórico. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general tienen todos un interés vital en conocer la verdad sobre los abusos que se cometieron en el pasado y en la clarificación de los crímenes que se perpetraron contra los derechos humanos y que están sin resolver.

Pienso ahora en los familiares de los centenares de chilenos «desaparecidos». Aún desconocen el paradero y la suerte que corrieron sus seres queridos.

Pienso también en los familiares de la multitud de personas que han «desaparecido» bajo custodia militar o policial en el norte de Sumatra. Al igual que sus semejantes de Timor Oriental, tampoco ellos tienen ni idea de lo que les ha ocurrido a sus seres queridos, y el gobierno indonesio parece que, no sólo permite a sus fuerzas de seguridad que actúen de este modo con impunidad, sino que además parece gozar él mismo de impunidad en el contexto de la comunidad de naciones.

Podría seguir citando familiares en estas circunstancias en países de todo el mundo, desde Perú a El Salvador, pasando por Mauritania, hasta China, todos los cuales podrían venir aquí, si ello fuera posible, para contarles a ustedes las consecuencias de las penalidades que sufren y que temen que sus hijos, hijas, esposos y esposas hayan padecido... mientras que los responsables siguen gozando de impunidad.

No importa cuánto tiempo hace que se cometieron estos crímenes o adónde huyeron sus autores. Según el derecho internacional, los Estados que encuentren a esas personas en sus territorios tienen la obligación de procesarlos o de lo contrario extraditarlos a un país que pueda hacerlo.

En los áridos años transcurridos desde los juicios por crímenes de guerra ante los tribunales de Nuremberg y Tokio, los gobiernos rara vez pusieron en práctica estos nobles principios. En estos momentos en que la opinión pública presiona a los gobiernos se vislumbra una luz de esperanza para la creación de un mejor sistema de justicia internacional.

Una ola de indignación inunda el planeta. En todo el mundo los ciudadanos están diciendo a sus gobiernos que hay que poner fin a la impunidad. Les dicen que los Estados, trabajando codo a codo en las Naciones Unidas, deben materializar finalmente estos elevados principios de la justicia internacional. En el movimiento pro derechos humanos sabemos que aún nos quedan por ganar varias batallas para acabar con la impunidad y para salvar la distancia que separa a esos principios de la realidad.

Me gustaría sugerirles que, para acortar esa separación, el movimiento pro derechos humanos se empeñe en ganar tres batallas fundamentales.

La primera es la batalla por la identidad.

Se trata de una batalla por la preservación de la identidad individual o la identificación de las víctimas. Y ello porque sabemos que una víctima es mucho más que un mero dato estadístico o una categoría sociológica. Una víctima es un ser humano. Y a muchas de las víctimas, la muerte ni siquiera les confiere la dignidad humana elemental de ser llamadas por su nombre o de recibir un entierro digno.

En Chile, por ejemplo, se tiene constancia de la existencia de más de un millar de víctimas de «desaparición». En la mayoría de los casos se desconoce su paradero y muchos de los autores siguen en la sombra. Y aun cuando se los saca a la luz, todavía pueden seguir disfrutando de impunidad. Hubo cientos de muertos por ejecuciones y como resultado de torturas, millares de víctimas de tortura de cuyos nombres ni siquiera quedó constancia en el Informe Rettig, sólo porque tuvieron la suerte de sobrevivir a su martirio y a quienes numerosos casos aun carecen de reconocimiento de sus derechos ciudadanos, del derecho al trabajo y del derecho a la salud.

Éste es el motivo por el que, para Amnistía Internacional, la batalla contra la impunidad no es una guerra de cifras, por mucha importancia que ello pudiera tener. La batalla contra la impunidad comienza nombrando a las víctimas... Víctimas como Nalvia Rosa Alvarado, que, estando embarazada, «desapareció» en abril de 1976; Guillermo Beausire, que también despareció en noviembre de 1974; víctimas como Pablo Arturo Fuenzalida, torturado en 1981; Germán De Jesús Cortés Rodríguez, torturado y muerto en 1981, Bernarda Santelices Díaz, torturada en 1978; José Emiliano Balboa, de 78 años, «desaparecido» en 1973; Cecilia Bottai, torturada en 1975; víctimas como la pareja Carmen Cecilia Bueno y Jorge Hernán Muller, ambos «desaparecidos» en 1974; y tantos y tantos más...

La segunda es la batalla contra el olvido.

«Olvidemos el pasado», exigen los perpetradores de los crímenes cometidos contra los derechos humanos. Pero, ¿Cómo vamos a olvidar a los «desaparecidos» durante los años en que gobernó el régimen militar en Haití? ¿Es que tenemos que olvidar que los torturadores y violadores haitianos aún siguen libres?

El olvido de los crímenes no es de lo que trata la justicia.

La tercera es la batalla por que se rindan cuentas.

No cabe duda de que, si queremos acabar con la impunidad, a los responsables de crímenes contra los derechos humanos se los debe hacer rendir cuentas plenamente por sus delitos ante los tribunales de justicia. En todas partes.

Ganar estas batallas es la mejor contribución que el movimiento en favor de los derechos humanos puede hacer al avance de la democracia. Tomemos, por ejemplo, el caso de Chile. A estas alturas todo el mundo debería tener claro ya que la impunidad de que gozaba Augusto Pinochet no era sino el mayor obstáculo para la democracia en este país: hacía que la justicia fuera imposible o que la posible justicia que se hiciera fuera patéticamente exigua. Hacía de las Fuerzas Armadas el árbitro intocable, irresponsable, de la vida política. Sofocaba el debate político e imponía la autocensura. Y, lo más importante, cohibía a Chile como país en el ámbito internacional.

El arresto y detención de Augusto Pinochet en Londres, lejos de constituir una amenaza para la transición chilena, supuso de hecho la supresión de este importante obstáculo para la democracia plena. Las elecciones presidenciales que se habían previsto se celebraron con total normalidad. Las víctimas comenzaron a recobrar su dignidad y autoestima. De víctimas olvidadas pasaron a ser activos agentes de pleno derecho en la transición, empleando el espacio judicial para ejercer su derecho a la justicia. La Mesa de Diálogo estableció claramente que el asunto Pinochet era una cuestión de derechos humanos más que un tema político, que para su resolución se requería el diálogo con las víctimas y con las organizaciones de derechos humanos, y que los militares disponían de acceso a información sobre la suerte de los «desaparecidos». Que nadie se engañe, sin la detención de Pinochet, no se habría constituido nunca una Mesa de Diálogo. En la actualidad, las cortes de justicia de Chile han reafirmado su independencia y el país está recuperando su prestigio internacional, incluyendo el ganar premios en campeonatos de fútbol. Sin embargo, la positiva actitud que impera hoy en el país, su renovada energía, siguen aún chocando contra los muros de otros muchos obstáculos para la democracia. Pero no nos confundamos, el procesamiento de Augusto Pinochet no cerrará un capítulo de la historia de Chile. No es más que el principio de un nuevo capítulo en el que todos juntos habremos de salvar los restantes obstáculos hacia la democracia. Tenemos que abrir y destruir la tenaza que todavía los militares ejercen sobre la administración de justicia y pasar el sistema de justicia por el tamiz de la democracia. Deben abolirse las leyes de amnistía. Hay que erradicar de la vida institucional del país la desacreditada Doctrina de Seguridad Nacional, de la que tanto se ha abusado. Esto es responsabilidad del gobierno, de todos los partidos políticos, de la judicatura, de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil, incluyendo al pueblo mapuche, así cómo la clase empresarial, y de la comunidad internacional. Además, permítanme hoy asegurarles que Amnistía Internacional seguirá trabajando junto a las víctimas. Éste es el motivo de que hoy estemos aquí: para renovar nuestro compromiso con la verdad y la justicia para todos en Chile.

Quisiera también enfatizar sobre la responsabilidad de las empresas. En todo el mundo, la comunidad empresarial se asegura a si misma de contar con todas las libertades necesarias para operar libremente. Las empresas son un muy poderoso componente de la sociedad actual. Con un poder que proviene de sus responsabilidades. Responsabilidad de respectar los derechos de los trabajadores, de proteger los derechos de las comunidades donde ellos operan y la responsabilidad de promover todos los derechos humanos junto a los Gobiernos. Esto no es política. Es una obligación legal y moral.

Como dijo Mary Robinson, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU: "resolver con éxito el reto que para las empresas suponen los derechos humanos será un factor crucial para el éxito empresarial tanto en el nivel nacional como en el internacional en años venideros.

La verdadera democracia ha de fundarse sobre el consenso de que es deber de todos el respetar, proteger y cumplir todos los derechos fundamentales y necesidades existenciales. Un consenso que sitúa los derechos humanos por encima de la política y más allá de las divisiones de clase. Un consenso que, en última instancia, debe incluir a las Fuerzas Armadas, siempre que reconozcan los errores del pasado y se disculpen ante la nación. Lo que deben decir es esto: «Nos equivocamos. Pedimos perdón, sí, PER-DÓN. Siempre que acepten, como en las demás democracias, una función de verdadera responsabilidad ante la ciudadanía. Siempre que acepten que la jurisdicción militar sólo habrá de aplicarse a los delitos de carácter militar, como la indisciplina o la deserción. Siempre que acepten que las personas están dotadas de conciencia y que, consecuentemente, tienen derecho a negarse a realizar el servicio militar. Siempre que sean capaces de desarrollar unos valores militares que no se basen nunca más en la desacreditada Doctrina de Seguridad Nacional, de la que tanto se ha abusado, valores que además asuman los principios de derechos humanos y del derecho humanitario. Todo ello para que los 30.000 jóvenes que cada año realizan el servicio militar puedan desarrollarse como ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.

Ese consenso debe construirse en torno a una visión universal de los derechos humanos y articularse en un Plan Nacional de Acción que abra el camino hacia el futuro. Entonces, y sólo entonces, podrá el «Esmeralda» surcar orgullosamente los mares y ser recibido en todo el mundo con vítores en su condición de buque insignia de un país verdaderamente democrático y de una sociedad justa.

Al igual que Salvador Allende dijo el 11 de septiembre de 1973: «tengo fe en Chile y su destino».

Muchas gracias.