No más violencia contra las mujeres: texto folleto Colombia

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No más violencia contra las mujeres

Asesinada por reivindicar derechos: persecución de defensoras de los derechos humanos en Colombia

Amnistía Internacional

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Las mujeres

arriesgan la vida

por defender

los derechos humanos

en Colombia

Esperanza Amaris Miranda fue secuestrada el 16 de octubre del 2003. Tres hombres armados que, al parecer, eran miembros de grupos paramilitares apoyados por el ejército, la metieron a la fuerza en un taxi para llevársela. Su hija, de 21 años, se agarró a la puerta del vehículo cuando éste arrancó; los hombres se apearon y la arrojaron al suelo a patadas. Minutos después, el cadáver de Esperanza yacía abandonado en la carretera. Le habían pegado un tiro.

Esperanza tenía 40 años y vendía lotería en la localidad colombiana de Barrancabermeja para mantener a sus dos hijos. Era miembro de la Organización Femenina Popular (OFP), que lleva más de 30 años luchando por los derechos de las mujeres.

En Colombia, las mujeres que reivindican sus derechos están expuestas a sufrir intimidaciones y violencia, e incluso a morir, a manos de grupos armados de los dos bandos enfrentados en el largo conflicto interno del país. Las fuerzas de seguridad del gobierno y sus aliados paramilitares tachan de colaboradoras de la guerrilla a las mujeres que son líderes de comunidades, activistas o defensoras de los derechos humanos, y las consideran objetivos legítimos de la guerra contra la insurgencia. Por su parte, los grupos armados de oposición matan a muchas mujeres a las que acusan de estar de parte de sus enemigos. La violación, la mutilación y los abusos contra mujeres y niñas se utilizan como arma de guerra para infundir temor y silenciar las reivindicaciones de derechos sociales, económicos y políticos.

Según los informes, los secuestradores de Esperanza Amaris Miranda dijeron ser del Bloque Central Bolívar, grupo paramilitar que ya la había amenazado. Ella había informado de las amenazas al procurador regional. Sin embargo, la policía no tomó medidas efectivas para protegerla, y tras el secuestro, no respondió a las llamadas telefónicas de la OFP. Más de 90 asesinatos y más de 50 «desapariciones» ocurridos en Barrancabermeja en el año 2003 dan prueba de la impunidad de que disfrutan los paramilitares y la guerrilla.

El caso de Esperanza Amaris Miranda es sólo uno de muchos. Leonora Castaño, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), grupo que promueve los derechos humanos de las mujeres y su derecho a la tierra, ha recibido numerosas amenazas de muerte. Blanca Nubia Díaz, simpatizante de ANMUCIC, se vio obligada a huir de su casa cuando los paramilitares mataron a su hija, de 16 años, en mayo del 2001. En septiembre del 2003 le dijeron en una carta anónima dirigida a ANMUCIC que habían capturado a su hijo.

El gobierno colombiano no sólo no ha garantizado la seguridad de los defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales son mujeres, sino que tampoco ha combatido ni disuelto a los grupos paramilitares. Haciendo caso omiso de reiteradas recomendaciones de la comunidad internacional, el gobierno ha presentado una legislación que, si se aprueba, permitirá que los autores de abusos contra los derechos humanos eludan la acción de la justicia.

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Uno de los centros de mujeres de la Organización Femenina Popular (OFP) en Barrancabermeja, 2003. ©AI

Foto de portada: Una mujer, miembro del movimiento pacifista feminista Ruta Pacífica, guarda un minuto de silencio en memoria de las personas muertas durante las cuatro décadas de conflicto interno de Colombia, 2000. © Paul Smith/Panos Pictures

Amnistía Internacional

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· Demuestre su interés:

Averigüe y monitorice la respuesta que está dando su comunidad y el gobierno, la policía, las fuerzas de seguridad y los tribunales de su país a la violencia contra las mujeres y las niñas.

§ Tome partido:

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§ Actúe:

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En el hogar y en la comunidad, haya guerra o haya paz, son millones las mujeres y niñas a las que se golpea, se viola, se mutila y se da muerte con impunidad.Súmese a la campaña que ha emprendido Amnistía Internacional para pedir a gobiernos, comunidades y particulares que actúen para poner fin a la violencia contra las mujeres en todo el mundo.

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Acción en apoyo de los defensores de los derechos humanos de Colombia

Escriba al presidente Uribe, instándolo a:

· poner a disposición judicial a los responsables del asesinato de Esperanza Amaris Miranda y de otros abusos graves contra activistas de los derechos de la mujer.

· tomar medidas para disolver a los grupos paramilitares respaldados por el ejército e impedir que las fuerzas de seguridad incumplan la obligación, contraída por el gobierno en virtud de las normas internacionales y regionales de derechos humanos, de proteger a las personas que defienden los derechos de las mujeres.

En su carta, haga hincapié en que, aunque cabe reconocer que la guerrilla es responsable de graves infracciones del derecho internacional humanitario, el gobierno no puede utilizar este hecho como excusa para no adoptar medidas con que hacer frente a la crisis de derechos humanos del país.

Envíe su carta a: Lic. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26, Santafé de Bogotá, Colombia

Envíe también mensajes de solidaridad y apoyo a las organizaciones de mujeres OFP y ANMUCIC. Diríjalos a: Mesa de Trabajo «Mujer y Conflicto Armado», Calle 38, No. 16-45, Bogotá, Colombia.

Más formas de ayudar

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o a Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido

Puede también visitar el sitio web de Amnistía Internacional www.amnesty.org/actforwomen

Índice AI: AMR 23/001/2004********