Acción Solidaria por Derechos Universales

COLOMBIA

Que se ponga fin a los asesinatos

y a la violencia contra los activistas

Líderes sindicales asesinados

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Colombiaes un lugar sumamente peligroso en el que defender los derechos de los trabajadores. En 1998 se dio muerte a por lo menos noventa líderes y activistas sindicales, y centenares más tuvieron que abandonar sus hogares al recibir amenazas. Los grupos paramilitares vinculados con las fuerzas armadas cometen gravísimas y numerosas violaciones de los derechos humanos con una impunidad casi total, aterrorizando a la población civil. Los organizadores sindicales y los miembros de los sindicatos de educadores, de empleados municipales y del sector público y de los trabajadores del petróleo, minas y energía eléctrica son los principales objetivos de la violencia, aunque el peligro alcanza a todos los sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Dada la frecuencia con la que se intimida y hace víctimas a los activistas, y visto que el gobierno demuestra constantemente que es incapaz de asegurar una protección efectiva para los activistas amenazados, no es de extrañar que ni los dirigentes más destacados estén a salvo.

Conflicto interno, ejércitos privados y paramilitares

Según estimaciones oficiales, existen más de ciento cuarenta grupos paramilitares en Colombia, financiados por los ganaderos, los terratenientes y las mafias narcotraficantes, entre otros. En 1997 estos grupos se organizaron a nivel nacional bajo el nombre de AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Muchos sindicalistas han sido asesinados por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares. La guerrilla también ha dado muerte a sindicalistas acusados de tener vínculos con las fuerzas paramilitares. En aquellos lugares del país donde las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares se disputan el control con las organizaciones guerrilleras, los agricultores y los dirigentes comunitarios han sido víctimas frecuentes de amenazas, golpes, disparos, asesinatos, «desapariciones», desplazamientos forzados, y otras violaciones de los derechos humanos.

Asesinatos y las fuerzas de seguridad

En los últimos cinco años, varios centenares de civiles, entre ellos educadores y dirigentes comunitarios, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y agricultores, han perecido a manos de los grupos paramilitares a lo largo y ancho del país. Éstos continúan operando con el apoyo y la conformidad, y a veces hasta la coordinación, de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas armadas no hacen ningún esfuerzo por desbandar a los grupos paramilitares y se abstienen sistemáticamente de ejecutar las órdenes judiciales de detención que se expiden contra miembros de estos grupos. Hacia finales de 1998, había 374 órdenes de este tipo pendientes, por violaciones de los derechos humanos, órdenes de las que las fuerzas de seguridad habían hecho caso omiso.

Dirigente del sindicato de educadores

Tarcisio Mora, presidente de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, sobrevivió al ataque de que fue objeto en enero de 1999 cuando salía de una reunión en las oficinas del sindicato, ubicadas en el centro de Bogotá. Dos guardaespaldas que lo acompañaban fueron alcanzados por los disparos que los dos atacantes efectuaron desde una motocicleta. El sindicato estaba planeando celebrar nuevas protestas el mes siguiente. Tarcisio Mora y otros seis líderes sindicales habían recibido amenazas de muerte en el curso de una huelga nacional de los trabajadores del sector público celebrada el pasado octubre.

Asesinado, el líder de la Central Unitaria de Trabajadores

Jorge Ortega García, destacada figura del movimiento sindical nacional y vicepresidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, fue asesinado de un tiro en la cabeza y otro en el pecho a la puerta de su casa, en Bogotá, el 20 de octubre de 1998. La policía no acudió al lugar de los hechos hasta pasadas veinticuatro horas. El asesinato se produjo después de numerosas amenazas y hostigamiento, y después de que su nombre apareciera en una lista negra usada por los grupos paramilitares. El asesinato se llevó a cabo cuando la CUT estaba coordinando una huelga nacional de quince días. Un testigo clave del homicidio fue asesinado a su vez en noviembre.

El flagelo de las amenazas de muerte

Justo un mes antes, el 22 de septiembre, durante una huelga de dos días, Jorge Ortega y otro sindicalista fueron amenazados por el pasajero de una motocicleta: «Tienes el tiempo cumplido, y te vamos a matar»; también se profirieron amenazas veladas contra los hijos de Jorge Ortega. Horas después, una banda de malhechores no identificados saquearon su casa, golpearon brutalmente a su esposa, la drogaron y maniataron y registraron el domicilio. Las organizaciones sindicales y de derechos humanos del mundo protestaron enérgicamente y exigieron al nuevo gobierno de Colombia que garantizase la seguridad de los líderes sindicales, iniciara investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas de muerte, procesara a los responsables y protegiera el derecho «a la vida, a la libertad y a la seguridad» de las personas, según proclama el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Dos mil trescientos sindicalistas asesinados

Desde su fundación en 1986, la CUT ha enterrado ya a más de dos mil trescientos miembros asesinados. Más de cuatrocientos educadores han perdido también la vida en los últimos cinco años. Las autoridades gubernamentales no han hecho nada, pese a los numerosos llamamientos de los organismos nacionales e internacionales que piden se investiguen los homicidios, los ataques violentos, los registros, las detenciones y las amenazas, intimidaciones y hostigamiento sistemáticos que, en número sin precedente, sufren los sindicalistas y los activistas de derechos humanos en general.

Durante una huelga en Cartago, cuando, a fin de obtener protección, los sindicalistas comunicaron a la policía las amenazas de que eran objeto, el comandante respondió: «...cualquier cosa que suceda en la ciudad, si se roban una bicicleta, si hay un incendio, cualquier delito que se cometa, será responsabilidad de ustedes».

Se acusa a los activistas de 'colaboración' con la guerrilla

A las personas que luchan para lograr un cambio en la política social y económica se las acusa con frecuencia de pertenecer, simpatizar o colaborar con la guerrilla. Las mismas acusaciones se formulan contra los defensores de los derechos humanos, los abogados, los miembros de grupos políticos legales de la oposición y los activistas comunitarios. El resultado es que con frecuencia acaban siendo víctimas de las graves violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares. También es frecuente que el asesinato de los que propugnan políticas socioeconómicas alternativas favorezca los intereses de grupos económicos o políticos poderosos.

Un 'sistema especial de justicia' sumamente deficiente

Desde 1992, muchos activistas sindicales, comunitarios y sociales han sido detenidos, acusados de delitos de terrorismo y procesados por tribunales de orden público de un sistema especial de justicia, la Justicia Regional. Este sistema socava gravemente el derecho al debido proceso: restringe en gran medida el acceso de los abogados defensores a las pruebas fiscales y los derechos del encausado a recusarlas; los jueces, fiscales y testigos pueden mantener el anonimato –incluso se ha informado en numerosas ocasiones de que los testigos de cargo, escudándose en tal anonimato, se hacían pasar por distintas personas para confirmar sus propios testimonios–. Las leyes promulgadas para hacer frente a los delitos de terrorismo se usan cada vez más para calificar de delito la protesta social, ya fuera violenta o pacífica. Se estima que centenares de personas han sido detenidas arbitrariamente y acusadas falsamente de delitos terroristas, por ejemplo y particularmente, los miembros de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de trabajadores del petróleo. El gobierno de Colombia ha declarado que cumplirá su compromiso de desmantelar el sistema de Justicia Regional en 1999.

Asesinan a un abogado por representar a los sindicalistas

El 18 de abril de 1998, el Dr. Eduardo Umaña Mendoza, destacado abogado de derechos humanos que durante más de veinte años ayudó al establecimiento de varias de las organizaciones de derechos humanos de Colombia, fue abatido a tiros en el bufete de su domicilio por dos hombres y una mujer que se hicieron pasar por periodistas para procurarse la entrada en su casa. El Dr. Umaña había condenado con energía la participación de las fuerzas de seguridad en las violaciones de derechos humanos y había asumido la defensa de numerosos presos políticos en causas muy publicitadas, entre las que se contaron las de miembros destacados de la USO y otros activistas sindicales detenidos en virtud del sistema de Justicia Regional. El Dr. Umaña había recibido numerosas amenazas de muerte por su labor en el campo de los derechos humanos, muchas de ellas específicamente por su defensa de sindicalistas. Poco antes de que lo asesinaran, había condenado el sistema de Justicia Regional como una parodia de la justicia y acusado a las autoridades de perseguir judicialmente a los dirigentes de la USO por motivos políticos.

El nuevo gobierno de 1998

En agosto de 1998, con la investidura de Andrés Pastrana como presidente, llegó al poder en Colombia un nuevo gobierno. Amnistía Internacional hizo un llamamiento al nuevo presidente para que anunciara sin dilación un programa de acción que hiciera frente con decisión a la intensificación de la crisis de derechos humanos que vivía el país. Sin embargo, no ha habido señal alguna de que se esté poniendo freno a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Sí se han producido algunas iniciativas para tratar de resolver pacíficamente el conflicto que consume desde hace décadas al país. Amnistía Internacional considera que el respeto de los derechos humanos no puede depender de un acuerdo entre el Estado y las organizaciones guerrilleras: los derechos humanos fundamentales no son «negociables».

Impunidad

En 1994 y 1995, Amnistía Internacional denunció el asesinato de los sindicalistas Guillermo Marín, Luis Efrén Correa y Jairo de León Agudelo perpetrado por el grupo paramilitar que se autodenomina COLSINGUE, Colombia sin guerrilla, en el Departamento de Antioquia. Desde entonces, este grupo paramilitar ha proferido numerosas amenazas de muerte y cometido varios asesinatos de sindicalistas y activistas sociales.

No se abren investigaciones

A pesar de los llamamientos internacionales para que se investigaran exhaustiva, imparcial e independientemente los asesinatos de estos tres sindicalistas y de muchos otros más, no se conoce apenas ningún avance para llevar a los responsables ante la justicia. La actitud de las autoridades de no investigar estos delitos ni procesar a los culpables no hace sino alentar a que se cometan más violaciones de derechos humanos y a que los grupos paramilitares crean que pueden asesinar con impunidad. Sólo cuando se lleven a cabo las debidas investigaciones y las autoridades den los pasos necesarios para detener y enjuiciar a los implicados en tales violaciones será posible que los sindicalistas y los demás activistas sociales lleven a cabo su legítima labor sin peligro. Es por tanto imperativo que no se olviden los asesinatos de Guillermo Marín, Luis Efrén Correa y Jairo de León Agudelo, y que se mantenga la presión sobre las autoridades para que investiguen a fondo estos casos y procesen a los responsables.

Convenios Internacionales sobre Derechos Sindicales

Colombia ha ratificado el Convenio Nº 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación así como el Convenio Nº 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, el gobierno colombiano no está cumpliendo las normas que está obligado a seguir en virtud de estos compromisos internacionales.

Situación económica

Los recortes del gasto público empezaron en la década de 1980 y se acompañaron de congelación de salarios, subidas de los precios del petróleo y del transporte, aumento de los impuestos y devaluación de la moneda. Los efectos de estas medidas se tradujeron en protestas públicas. Exceptuando el petróleo, el principal producto de exportación de Colombia desde 1996, el crecimiento económico ha aflojado el paso recientemente, debido principalmente a las altas tasas de interés, y el índice de pobreza del país se ha mantenido alto a pesar de periodos de expansión económica. El índice de desempleo superó el 15 por ciento en 1998.

La presencia de las multinacionales

En Colombia operan varias corporaciones multinacionales de renombre. Pero los miembros sindicados de éstas comparten el mismo riesgo de hostigamiento y de que se violen sus derechos humanos. Algunos han sido víctimas de redadas por fuerzas especiales, registros, interrogatorios, acusaciones falsas, intervenciones telefónicas, torturas y asesinatos.

Colombia en la economía mundial

Las razones para la situación social y económica que padece Colombia no son de orden exclusivamente interno. Las violaciones de los derechos humanos y de los derechos sindicales se producen en un contexto en el que intervienen numerosos y poderosos factores de orden internacional, que influyen en la situación. La situación financiera depende en gran medida de políticas determinadas por la estrategia económica global de los países más ricos del mundo, de las compañías multinacionales y de los bancos e instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.

Sobre Colombia pesa el pago de la deuda exterior, que equivale a más del 30 por ciento de las exportaciones. El peso colombiano se devaluó en un 9 por ciento en septiembre de 1998 y la enorme devaluación brasileña de enero de 1999 pondrá aún más presión sobre las economías de la región. La imposición de nuevas medidas de austeridad probablemente exacerbará la situación para los derechos humanos.

Una agenda más amplia para la solidaridad

Por todas estas razones se hace necesario que los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de trabajadores, los sindicatos y los activistas sociales amplíen su agenda para hacer frente a los nuevos retos de esta era. Habrá que responsabilizar a las compañías multinacionales y a las instituciones financieras internacionales por sus actividades y hacer uso de los organismos internacionales y de la solidaridad internacional para ejercer la presión necesaria a fin de que se haga justicia y se observen los derechos humanos en todo el mundo. Esto no significa que los factores políticos y económicos de orden internacional puedan usarse como excusa para las violaciones de derechos humanos. En Colombia, los factores que producen los abusos son numerosos, y los responsables, en todos los niveles de autoridad, deben rendir cuentas: ya se trate de los autores materiales como de los autores intelectuales, remotos, de los delitos.

El gobierno de Andrés Pastrana debe:

C abponer fin a la represión sistemática de los derechos sindicales y a la persecución de los sindicalistas; investigar todas las amenazas y violaciones de derechos humanos que se profieren o perpetran contra sindicalistas, y procesar a los responsables

C abseparar del servicio militar activo a todo el personal armado y de las fuerzas de seguridad que sea acusado formalmente o declarado culpable de violar los derechos humanos

C abdesbandar a las organizaciones paramilitares y a los grupos de «vigilantes» civiles conocidos como ''Convivir''

C abexcluir las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar de la jurisdicción militar

C abprocesar en tribunales civiles al personal de las fuerzas de seguridad acusado de violar los derechos humanos

C abno aceptar ninguna medida de orden legal o político que permita que escapen al enjuiciamiento criminal o impida que sean condenados

C abpromulgar la legislación necesaria para tipificar como delito penal la desaparición forzada de personas

Acción

Escriban a las autoridades de Colombia abordando los puntos arriba mencionados.

Dr. Néstor Humberto Martínez

Ministro del Interior (Señor Ministro)

Ministerio del Interior

Palacio Echeverry

Carrera 8ª, No.8-09, piso 2º.

Santafé de Bogotá

COLOMBIA

Fax: /286 0405/286 0214/281 5884/ 286 0053 /

341 9739/ 281 58 84

Hernando Yepes Arcila

Ministro de Trabajo y (Señor Ministro)

Seguridad Social

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Calle 19, No. 6-68, piso 9

Santafé de Bogotá

COLOMBIA

Fax: 285 70 91

Dr. Alfonso Gómez Méndez

Fiscal General de la Nación (Señor Fiscal General)

Fiscalía General de la Nación

Apartado Aéreo 29855

Diagonal 22B 5201

Santafé de Bogotá

COLOMBIA

Fax: 570 2017/2022

Aborden los temas de preocupación de AI con:

- el representante del gobierno de su país en la Conferencia Internacional del Trabajo

- el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país

Difundan el mensajeen su lugar de trabajo y su sindicato, diseminen la información, inviten a oradores, aprueben mociones de solidaridad.

Den a conocer la situaciónlogrando que se discutan los temas en la prensa o en los medios de difusión de su país.

Manifiesten su preocupacióna la Embajada de Colombia en su país.

Extra

La violencia continúa, con el asesinato, el 20 de enero de 1999, de MOISÉS CAICEDO ESTRADA, líder del sindicato SINTRA PORCE II de la ciudad de Medellín, en el Departamento de Antioquia. Caicedo y los otros dirigentes del sindicato recibían amenazas de muerte constantemente, y tuvieron que huir de sus hogares en 1998.

El 23 de enero, OSWALDO ROJAS SALAZAR, presidente de la Unión de Trabajadores del Departamento de Cali, también fue víctima de un ataque que lo dejó herido de muerte. Ha recibido toda una serie de amenazas de muerte, tanto en su casa como en la sede sindical.

Julio Alfonso Poveda, dirigente sindical de 72 años de edad, fue asesinado la mañana del miércoles 17 de febrero en el sur de Bogotá. Dos hombres en una motocicleta se aproximaron al vehículo en el que viajaba Poveda con su esposa y su chofer, y uno de los hombres disparó contra él repetidamente. La CUT ha condenado el asesinato y pedido al gobierno de Andrés Pastrana que tome medidas efectivas contra los enemigos de quienes, como Poveda, defienden la construcción de un país sobre la base de la paz y la justicia social.

C abÚnanse a Amnistía Internacional para proteger a los activistas sindicales y a todos los defensores de los derechos humanos del mundo.

Pónganse en contacto con la Sección de su país para obtener más información.

Índice AI: AMR 23/22/99/s

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA