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PÚBLICOÍndice AI: AMR 23/27/99/s
EXTRA 39/9912 de marzo de 1999
Temor de ejecución sumaria
COLOMBIAComandante «Gildardo» (alias) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Amnistía Internacional siente honda preocupación porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo armado de oposición más importante del país, tiene intención de someter a juicio sumario y posiblemente ejecutar a un comandante local de las propias FARC responsable, según los informes, del secuestro y homicidio de tres estadounidenses que defendían los derechos de los indígenas.
Aunque inicialmente las FARC negaron cualquier implicación en el crimen, una investigación interna llevada a cabo por la organización guerrillera dio lugar al anuncio público de que un grupo de combatientes del grupo armado, bajo las órdenes del comandante «Gildardo» y actuando presuntamente de forma ajena a los dirigentes del grupo, era responsable del homicidio deliberado, cometido el 5 de marzo de 1999, de los tres ciudadanos estadounidenses.
Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por el paso sin precedentes dado por los dirigentes de las FARC al reconocer la responsabilidad del grupo armado en un crimen que constituye una grave violación de las leyes humanitarias internacionales; no obstante, a la organización le preocupa la declaración ofrecida por las FARC a los medios de comunicación, en la que manifiestan su intención de juzgar a «Gildardo» según el código disciplinario interno del grupo guerrillero, cuya pena máxima es la ejecución por fusilamiento. El portavoz de las FARC reconoció que «es posible, dado la gravedad», que «Gildardo» sea ejecutado.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derechos ambos proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Además, la culpabilidad o inocencia de un acusado sólo puede determinarse mediante unos procedimientos judiciales que se ajusten a las normas internacionalmente reconocidas relativas a la celebración de juicios con las debidas garantías, tal como dispone el artículo 3 de los Convenios de Ginebra. El código interno de las FARC y los procedimientos judiciales según los cuales va a ser juzgado «Gildardo» no cumplen esas normas. También existe especial preocupación porque es posible que las FARC tengan intención de completar los procedimientos judiciales y llevar a cabo una ejecución sumaria muy pronto.
INFORMACIÓN GENERAL
Terence Freitas, Laheenae Gay e Ingrid Washinawatok habían viajado a Colombia en febrero de 1999 como parte de una campaña internacional llevada a cabo por grupos de defensa del medio ambiente para respaldar a la comunidad indígena uwa, en el nordeste del país. El 25 de febrero, cuando se dirigían al aeropuerto de Saravena, en el departamento de Arauca, su automóvil fue interceptado por dos hombres armados vestidos de civil. Sus cuerpos, atados y con los ojos vendados, fueron hallados el 4 de marzo; los habían arrojado al otro lado de la frontera con Venezuela. Los tres habían sido muertos a tiros. El 10 de marzo, tras una semana de especulaciones, las FARC admitieron su responsabilidad en estos homicidios.
Laheenae Gay dirigía la organización Pacific Cultural Conservancy International, con sede en Hawai, Ingrid Washinawatok era una indígena estadounidense y Terence Freitas era un científico especializado en medio ambiente que llevaba coordinando la campaña internacional en favor del grupo indígena uwa desde 1997 y ya había visitado Colombia en varias ocasiones anteriores.
Los uwa, con la ayuda de defensores del medio ambiente estadounidenses, llevan varios años luchando contra los planes de una compañía petrolífera afiliada a la US Occidental Petroleum Corporation (OPC) de explotar yacimientos petrolíferos situados en sus tierras ancestrales.
Los secuestros y la toma de rehenes son una práctica generalizada entre los grupos armados de oposición de Colombia. En 1998, al menos seiscientas personas, incluidos varios extranjeros, fueron secuestradas por estos grupos. Aunque a la mayoría las liberaron tras varias semanas o meses de cautiverio, a algunas las mataron durante las operaciones de rescate o al no satisfacerse las exigencias económicas de los secuestradores.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen mensajes de correo electrónico en español o en su propio idioma:
-condenando el secuestro y el posterior homicidio deliberado y arbitrario de Terence Freitas, Laheenae Gay e Ingrid Washinawatok a manos de miembros de las FARC;
-manifestando que el hecho de que las FARC hayan reconocido su responsabilidad en el crimen constituye un primer paso muy importante;
-instando a que los presuntos responsables del crimen sean entregados para que se los pueda someter a un proceso judicial imparcial e independiente encaminado a determinar su inocencia o su culpabilidad;
-expresando preocupación porque los procedimientos judiciales según los cuales «Gildardo» va a ser juzgado por las FARC no cumplen las normas internacionales y, por lo tanto, no garantizan un juicio justo;
-pidiendo a los dirigentes de las FARC que no ejecuten sumariamente al comandante «Gildardo», presunto responsable del secuestro y homicidio de los tres ciudadanos estadounidenses;
-manifestando su oposición incondicional a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derechos ambos proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Secretariado Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Correo electrónico: elbarcino@laneta.apc.org
Tratamiento: Estimados Srs.
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Dr. José Fernando Castro Caicedo
Defensor del Pueblo
Correo electrónico: Dpueblo@colnodo.apc.org
Tratamiento: Estimado Sr.
y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.