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12 de marzo de 1999

Colombia: La justicia sumaria no es la respuesta adecuada a los abusos contra los derechos humanos

El homicidio de tres activistas estadounidenses de derechos indígenas por las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, debe ser investigado con imparcialidad y sus autores deben ser llevados ante la justicia, ha dicho hoy Amnistía Internacional al condenar con firmeza este crimen.

«Sólo se puede lograr justicia para los tres activistas asesinados a principios de esta semana mediante un juicio llevado a cabo según las normas internacionales de justicia procesal», ha dicho la organización.

Amnistía Internacional acogió como positivo el paso dado por la directiva de las FARC al admitir responsabilidad por el delito. El grupo guerrillero anunció su intención de juzgar al comandante local que se cree responsable del secuestro y subsiguiente asesinato de los tres ciudadanos estadounidenses.

Un portavoz de las FARC informó a los medios de comunicación de la intención de llevar a cabo el juicio según el código disciplinario interno del grupo guerrillero, cuya pena máxima es la ejecución por fusilamiento.

«Existen temores graves de que el juicio sea sumario y produzca una sentencia de muerte», ha dicho Amnistía Internacional.

«El código disciplinario interno de las FARC y los procedimientos judiciales que seguirá el juicio no se adecúan a las normas internacionales de justicia procesal.»

También existe el temor de que las FARC intenten terminar las actuaciones con rapidez y procedan a ejecutar la posible sentencia de muerte sin dilación.

«La pena de muerte no es la respuesta adecuada a los abusos contra los derechos humanos: es de por sí una violación del derecho fundamental a la vida», ha dicho Amnistía Internacional, organización que se opone sin excepciones a esta pena, la forma más cruel de castigo.

Información general

Aunque las FARC negaron inicialmente su participación en el asesinato, una investigación interna identificó a un grupo de sus combatientes como responsables del homicidio deliberado y arbitrario de los tres ciudadanos estadounidenses. Este grupo, bajo el mando de «Gildardo», actuó al parecer sin autorización de los dirigentes de la organización.

Terence Freitas, Lahe’na’e Gay e Ingrid Washinawatok habían viajado a Colombia en febrero para participar en una campaña internacional de grupos ambientalistas en apoyo de la comunidad indígena u’wa del noreste del país. El 25 de febrero, el vehículo en el que se desplazaban hacia el aeropuerto fue interceptado en Saravena, Departamento de Arauca, por dos hombres armados vestidos de civil. Los cuerpos, atados y con los ojos vendados, fueron descubiertos el 4 de marzo, arrojados al otro lado de la frontera con Venezuela. Los habían matado a tiros. El 10 de marzo, tras una semana de especulación, las FARC admitieron su responsabilidad por los asesinatos.

Lahe’na’e Gay era el director Pacific Cultural Conservancy, con sede en Hawai; Ingrid Washinawatok era una indígena americana y Terence Freitas un científico del medio ambiente que había estado coordinando la campaña internacional de apoyo al grupo indígena u’wa desde 1997, y había visitado Colombia en varias ocasiones.

Desde hace varios años los u’wa, con la ayuda de ambientalistas de Estados Unidos, han estado combatiendo los planes de una compañía petrolera afiliada a la empresa estadounidense Occidental Petroleum Corporation que quiere explotar los depósitos petrolíferos en las tierras ancestrales de este grupo indígena.

El secuestro y la toma de rehenes es una práctica generalizada entre los grupos armados de oposición en Colombia. Durante 1998, por lo menos seiscientas mil personas, entre ellas varios extranjeros, fueron secuestradas por grupos armados de oposición. La mayoría fueron puestas en libertad tras varias semanas o meses de cautiverio. Sin embargo, otras perdieron la vida durante intentos de liberarlas o cuando no se pagó el rescate exigido.