Documento - ATAQUES CONTRA SINDICALISTAS EN COLOMBIA. Defender los derechos de quienes trabajan en el sector de la minería, el petróleo, el gas y la energía

ATAQUES CONTRA SINDICALISTAS EN COLOMBIADefender los derechos de quienes trabajan en el sector de la minería, el petróleo, el gas y la energía

Adán Alberto Pacheco Rodríguez, miembro y ex dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), según informes, fue asesinado a tiros por dos hombres el 2 de mayo de 2005, mientras se encontraba en el balcón de su casa, en Barranquilla.

Dos días más tarde se recibió en las oficinas de ANTHOC, sindicato de trabajadores de la salud, en esta localidad una nota del grupo paramilitar MAS (Muerte a Sindicalistas) con amenazas de muerte contra varios sindicalistas, entre ellos los miembros de SINTRAELECOL.

En un artículo publicado por el semanario Semana el 4 de septiembre de 2006 se informaba de que la Fiscalía General de la Nación había encontrado en un ordenador que obraba en poder de un jefe del grupo paramilitar Bloque Norte información relativa al homicidio de unas 60 personas a manos de dicho grupo. Uno de los documentos, con fecha de 2 de mayo de 2005, trataba del homicidio de Adán Alberto Pacheco, a quien se describía como miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los sectores de la minería, el petróleo, el gas y la energía figuran entre las industrias más lucrativas de Colombia. La enorme riqueza de Colombia en recursos hídricos proporciona al país una importante capacidad de producción de energía hidroeléctrica. Gran parte de la electricidad producida se exporta a los países vecinos, lo que constituye para Colombia una importante fuente de ingresos.

La riqueza del país en agua, minas, petróleo y gas, sumada a la creciente privatización de importantes partes de estas industrias, ha atraído a grandes empresas transnacionales. Los sindicalistas de estos sectores han sufrido reiteradas violaciones de derechos humanos, a menudo por su oposición a la privatización, en el curso de conflictos laborales y haciendo campaña en contra del desarrollo de proyectos mineros o energéticos en gran escala que amenazan el sustento de comunidades locales.

Las fuerzas de seguridad y los paramilitares suelen tachar de "subversivas" a las personas con actividades sindicales. Tales acusaciones van a menudo seguidas de violaciones de derechos humanos, que con frecuencia, coinciden también con periodos de conflicto laboral o negociaciones de condiciones de trabajo.
El 25 de noviembre de 2006, unos hombres armados que circulaban en dos motocicletas dispararon contra el automóvil blindado de Rodolfo Vecino Acevedo, dirigente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). Rodolfo Vecino no estaba en el vehículo en ese momento y las tres personas que viajaban en el automóvil, entre ellas su esposa, consiguieron escapar ilesos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha pedido a las autoridades colombianas que tomen medidas para garantizar la seguridad de Rodolfo Vecino Acevedo y su familia.

Rodolfo Vecino había sido amenazado en julio de 2005 por el Frente Urbano, grupo integrado en la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según información de los medios de comunicación, en mayo de 2006, un desconocido se acercó a Rodolfo Vecino durante una reunión a la que asistía en Barranquilla y le comunicó que había un plan, coordinado por los paramilitares, las fuerzas de seguridad e intereses empresariales, para matarlo a él y a otros dos miembros de la USO. Según informes, el 27 de noviembre de 2006, un miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Paz de la USO, Fernando Ramírez,  fue amenazado de muerte por teléfono. De acuerdo con los informes, en una amenaza de muerte enviada por correo electrónico a la USO el 28 de noviembre de 2006, el Bloque Norte de las AUC se atribuyó la responsabilidad del atentado contra la vida de Rodolfo Vecino y anunció su intención de matar a activistas estudiantiles y de la USO en el norte del país.

Los sindicalistas de SINTRAMIENERGETICA, sindicato de trabajadores mineros y energéticos, sufrieron a lo largo de 2006 una situación especialmente peligrosa. Según informes, el 25 de marzo de 2006, unos hombres armados no identificados mataron a Harvey Jovanny Morales Guevara, trabajador de la Drummond Company y activista de SINTRAMIENERGETICA, en el centro de Santa Marta, departamento de Atlántico.

El 29 de abril de 2006 se amenazó, según informes, a miembros de SINTRAMIENERGETICA durante una manifestación sindical en el municipio de Paso, departamento de Cesar. Los informes indican que un jefe de la policía local acusó a los sindicalistas de ser guerrilleros. Al parecer, un agente de policía apuntó con su fusil al dirigente sindical Luis Antonio Garzón. La manifestación se celebraba el mismo día que una reunión entre representantes de la Drummond Company y dirigentes de SINTRAMIENERGETICA. En esta reunión el sindicato pretendía negociar una mejora de las condiciones de trabajo y contratación de los empleados de la empresa minera.

Las personas que desarrollan actividades sindicales en Colombia corren gran riesgo de sufrir abusos de derechos humanos. Los sucesivos gobiernos del país han puesto en práctica una serie de políticas para mejorar su protección, pero ninguna de ellas ha logrado garantizar de manera efectiva la seguridad de estas personas y sus familias. La seguridad a largo plazo de quienes desarrollan actividades sindicales en Colombia depende de que las autoridades colombianas tomen medidas decisivas para poner fin a la impunidad que protege a la gran mayoría de los autores de los abusos de derechos humanos que sufren.

¿Quiénes son los responsables de estas violaciones de derechos humanos?

Muchos de los abusos contra los derechos cometidos contra sindicalistas no pueden atribuirse a ningún grupo en particular. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos en que hay indicios claros de la responsabilidad, los autores de los abusos son las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares respaldados por el ejército. Varios casos se han atribuido a la guerrilla.
En los últimos 40 años, Colombia se ha visto asolada por un conflicto armado que ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares con las fuerzas de la guerrilla, la mayor de las cuales son las FARC. Aunque se ha producido una disminución de ciertos tipos de violencia asociados al conflicto armado, la situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo grave. Todas las partes en el conflicto continúan cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional.
El conflicto sirve muy bien para enmascarar a quienes pretenden ampliar y proteger sus intereses económicos. Más del 60 por ciento de los más de tres millones de personas desplazadas internamente en Colombia por haberse visto obligadas abandonar sus hogares y tierras proceden de zonas de gran importancia desde el punto de vista de la minería, la agricultura y otros sectores económicos.
Aunque, según informes, en los últimos tres años se han "desmovilizado" más de 30.000 paramilitares mediante un controvertido proceso de desmovilización auspiciado por el gobierno, hay indicios claros de persistencia de las actividades paramilitares y de las violaciones de derechos humanos, incluidas amenazas, homicidios y desapariciones forzadas. A veces, estos delitos se cometen con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad o en colusión con ellas.



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Encontrarás más información sobre este asunto en el informe de Amnistía Internacional Colombia - Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia (Índice AI: AMR 23/001/2007), disponible en www.amnesty.org.
Amnistía Internacional, Secretariado, Internacional, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido

[texto inferior]Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña en favor de los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

Índice AI: AMR 23/031/2007 Octubre de 2007
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Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.