PÚBLICO Índice AI: AMR 23/044/2006

8 de noviembre de 2006

AU 297/06 Temor por la seguridad

COLOMBIA Arnold Gómez ]

Carmelo Agamez ]

Juan David Díaz ] defensores de los derechos humanos y miembros del

Adolfo Berbel ] Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Jackeline Moguea ]

Roberto Serpa ]

Amauri Vidual ]

Otros miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en el departamento de Sucre y sus alrededores

Las personas citadas en el encabezamiento, todas ellas miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en el departamento de Sucre, norte de Colombia, corren grave peligro. Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que sus nombres aparecen en una lista negra elaborada por paramilitares respaldados por el ejército. También la vida de otros miembros de este Movimiento en el departamento de Sucre puede correr peligro.

Los miembros del Movimiento Nacional de Víctimas tuvieron conocimiento de la existencia de la lista negra en agosto de 2006. Amnistía Internacional cree que las personas citadas en ella pueden ser personas de las que los paramilitares temen que puedan proporcionar pruebas en su contra en procedimientos penales, así como personas que hacen campaña por su derecho a la verdad, la justicia y la reparación en casos de violaciones de derechos humanos. Un miembro del Movimiento de Víctimas, Luis Guevara, murió, según los informes, a manos de paramilitares el 22 de agosto de 2006 en la zona de Coveñas, en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre. En el pasado, las personas que defienden los derechos humanos y las que hacen campaña para pedir justicia en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares se han convertido a su vez en blanco repetido de violaciones de derechos humanos. Según la información recibida, ya se ha dado muerte a nueve personas presuntamente vinculadas con las estructuras paramilitares que actúan en el norte de Colombia, cuyos nombres aparecían en la lista negra.

Las autoridades que llevan a cabo investigaciones criminales descubrieron recientemente una computadora, propiedad de un dirigente paramilitar, que contenía documentos que destacan los estrechos vínculos entre los paramilitares y los dirigentes políticos locales. Estos documentos podrían incriminar tanto a los paramilitares como a los dirigentes políticos en casos de violaciones de derechos humanos y otros crímenes. Amnistía Internacional teme que los paramilitares y sus aliados tomen todas las acciones posibles para impedir una investigación seria de las pruebas halladas en la computadora. En este contexto, los esfuerzos del Movimiento Nacional de Víctimas por denunciar tanto los vínculos entre las estructuras paramilitares y los políticos locales como la reaparición de estructuras paramilitares en la región y por pedir que se lleven a cabo investigaciones criminales exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares y por quienes los apoyan puedan poner a los miembros del Movimiento en una situación de mayor riesgo.

El Movimiento Nacional de Víctimas es una organización no gubernamental que hace campaña en favor de los familiares supervivientes de quienes murieron a manos del ejército o sus aliados paramilitares en las cuatro décadas de conflicto armado de Colombia. Se ha informado de que la lista negra apareció poco después de que el Movimiento celebrara una manifestación para oponerse al rearme de paramilitares en Sucre, el 26 de agosto de 2006. La posterior decisión del Movimiento de presentar en octubre de 2006 un informe al Senado en el que citaba los nombres de políticos locales y nacionales con claros vínculos con los grupos paramilitares reestructurados ha acrecentado aún más la preocupación por la seguridad de sus miembros. El informe condena la aparición de estos grupos paramilitares reestructurados en Sucre, que utilizan los nombres de Águilas Negras y La Nueva Generación. También llama la atención hacia la presencia de casi 200 paramilitares desmovilizados de La Nueva Generación que operan en las zonas rurales entre el municipio de San Onofre, departamento de Sucre, y las zonas vecinas, y que han afirmado estar planeando volver a hacerse con el control de San Onofre en el plazo de un mes y con el de todo Sucre para diciembre de 2006. A la luz de esta información, el Movimiento de Víctimas ha pedido a la Comisión de los Derechos Humanos y Audiencias del Senado de Colombia que visite San Onofre el 27 de noviembre.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Aunque se supone que los grupos paramilitares respaldados por el ejército han estado desmovilizándose en un proceso promovido por el gobierno, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo informes de violaciones de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares que actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad. Parece ser que muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado en absoluto, sino que siguen actuando, a menudo bajo nuevos nombres. El utilizar nuevos nombres para estos grupos parece formar parte de una estrategia para encubrir el hecho de que las estructuras paramilitares en realidad no se han desmovilizado. Declaraciones públicas realizadas recientemente por organizaciones paramilitares reconocen que las estructuras militares de éstas permanecen intactas.

Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que el marco legal general para la desmovilización de grupos armados ilegales, incluida la Ley de Justicia y Paz, sigue sin cumplir las normas internacionales de derechos humanos relativas al derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y agrava el problema endémico de la impunidad en Colombia. La impunidad sigue siendo un importante obstáculo en el país. Los autores de violaciones de derechos humanos saben que no comparecerán ante la justicia, ni siquiera aunque existan pruebas sólidas contra ellos. Las personas que defienden los derechos humanos y otras que amenazan esta impunidad se convierten con frecuencia en blanco de violaciones de derechos humanos destinadas a silenciarlas. La presencia constante de los paramilitares en las comunidades transmite un claro mensaje de que la búsqueda de justicia y respeto por los derechos humanos será una lucha difícil y, a menudo, peligrosa.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que tomen medidas efectivas –las que las propias personas amenazadas consideren adecuadas– para proteger a las personas citadas en el encabezamiento y a otros miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, para que así puedan continuar sin peligro su importante y legítima labor de defensa de los derechos humanos;

- pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los vínculos entre las fuerzas de seguridad, los políticos locales y los grupos paramilitares, que se hagan públicos sus resultados y que se lleve ante la justicia a los responsables de respaldar estos grupos y participar en sus actividades;

- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por la ONU y por otras organizaciones intergubernamentales

- pidiendo a las autoridades que establezcan políticas y planes, junto con el colectivo de defensores de los derechos humanos, para aplicar los principios de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, y que hagan públicos dichos planes.

LLAMAMIENTOS A:

Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 337 5890 / 342 0592

Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe

Dra. María Consuelo Araújo

Ministra de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores, Calle 10 No 5-51, Palacio de San Carlos, Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 562 7822

Tratamiento: Sra. Ministra

Dr. Mario Germán Iguarán Arana

Fiscal General de la Nación

Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01), Bloque C, Piso 4, Bogotá, Colombia

Fax: + 57 1 570 2000 (escucharán un mensaje diciendo que marquen la extensión 2017)

Tratamiento: Estimado Sr. Iguarán

COPIA A:

Sr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Defensoría del Pueblo

Calle 55, No. 10-32/46 oficina 301, Bogotá, Colombia

y a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de diciembre de 2006.