Documento - República Dominicana: Deben proseguir los esfuerzos para acabar con la impunidad
ÍNDICE AI: AMR 27/004/00/s Servicio de Noticias 164/00
Fecha de embargo: 31 de agosto del 2000, 00.01 GMT Documento público
República Dominicana: Deben proseguir los esfuerzos para acabar con la impunidad
Al hacer hoy público un nuevo informe titulado República Dominicana: Homicidios a manos de las fuerzas de seguridad (Índice AI: AMR 27/01/00/s), Amnistía Internacional ha manifestado que, mientras el número de homicidios ilegítimos que cometen las fuerzas de seguridad de ese país sigue siendo preocupantemente elevado, los esfuerzos por investigarlos y poner a los responsables a disposición de la justicia parecen limitarse a un reducidísimo número de casos de gran notoriedad.
Según los informes disponibles, al menos 200 personas murieron en 1999 a manos de las fuerzas de seguridad dominicanas, mayoritariamente de miembros de la Policía Nacional, y durante los primeros meses del año 2000 han seguido registrándose incidentes en los que se han producido disparos con resultado de muerte. Pese a que muchas de esas muertes se han explicado como el resultado del intercambio de disparos con presuntos delincuentes, esta versión de los hechos ha sido cuestionada en numerosos casos por las declaraciones de testigos u otras pruebas.
En junio de este año, una patrulla del ejército mató a seis ciudadanos haitianos y a uno dominicano que habían entrado en el país cruzando en camión la frontera procedentes de Haití. Posteriormente se constituyó una comisión de oficiales militares para investigar el suceso. Sin embargo, Amnistía Internacional insta a que tales investigaciones y demás diligencias que se emprendan con posterioridad en estos casos se realicen bajo la jurisdicción del sistema ordinario de justicia civil, y no del militar.
Amnistía Internacional reconoce que «los juicios que se han celebrado recientemente demuestran que se están realizando esfuerzos para hacer que los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas de sus actos», en referencia a las sentencias condenatorias dictadas a principios del mes de agosto contra diversos miembros de las fuerzas de seguridad procesados en relación con el asesinato del periodista Orlando Martínez Howley en 1975 y del homicidio del sacerdote José Antonio Tineo en 1998.
La organización ha declarado que «casos como estos, que son ahora la excepción, deben convertirse en lo normal, y que todas y cada una de las muertes que se producen a manos de las fuerzas de seguridad deben ser investigadas plenamente y con imparcialidad, y procesarse a los responsables de homicidios ilegítimos.»
Amnistía Internacional ha instado asimismo a las autoridades dominicanas a que revisen las normas y directivas vigentes sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley con objeto de garantizar que cumplen las normas internacionales; les recomienda asimismo que adopten todas las medidas que sean precisas para garantizar su cumplimiento, y que formulen una variedad de alternativas para el uso de fuerza no letal.
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