17 enero 2002

Índice de AI : AMR 28/002/2002

Público

Numero del Servicio de Noticias : 10

Ecuador: Las autoridades deben respetar los derechos de los manifestantes

Horas antes de que se reanuden las clases en las universidades ecuatorianas y las manifestaciones estudiantiles programadas, Amnistía Internacional instó a las autoridades a que se aseguren de que las fuerzas de seguridad actúen en el marco de la ley y que no cometan abusos contra los manifestantes.

En los últimos días se han realizado manifestaciones en varias partes del país, algunas de las cuales fueron caracterizadas por violentos enfrentamientos entre estudiantes y la policía en las ciudades de Cuenca y Quito.

"Es imperativo que no se repitan los hechos ocurridos el 11 de enero, cuando un estudiante perdió la vida en Cuenca por un impacto de bala en el transcurso de una manifestación," declaró Amnistía Internacional. La organización solicitó una investigación exhaustiva, independiente e imparcial para esclarecer las circunstancias en que falleció el estudiante Damián Patricio Peña Bonilla, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador en Cuenca (FESE-C).

Asimismo, Amnistía Internacional expresó preocupación ante informes según los cuales más de doscientos estudiantes universitarios y de secundaria habrían sido detenidos en Quito y Cuenca durante las manifestaciones que se desarrollaron en estas dos ciudades la pasada semana, algunos de los cuales aparentemente permanecieron en regimen de incomunicación durante varias horas.

"La detención en estado de incomunicación pone a los detenidos en una situación de suma vulnerabilidad la cual conlleva un alto riesgo de que sufran tortura o malos tratos," agregó la organización.

Según informes recibidos por Amnistía Internacional, al menos diez estudiantes continúan detenidos en Quito desde el 11 de enero. Estudiantes detenidos en Cuenca han denunciado haber sufrido maltratos y torturas. Entre ellos se encontraría César Guamán, presidente de la FESE en la provincia de Azuay. La organización exhortó a las autoridades a que investigaran estas acusaciones de tortura y que, en caso de comprobarse, se lleve ante la justicia a los responsables.

"El Estado ecuatoriano tiene tanto el derecho como la obligación de mantener el orden público y el respeto por la ley," dijo Amnistía Internacional. "Sin embargo las autoridades tienen también la obligación ineludible de respetar y proteger en toda coyuntura el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad de expresión de los ciudadanos, tal como lo prescribe el derecho internacional."

Antecedentes

Las medidas económicas tomadas por el gobierno ecuatoriano el pasado mes de diciembre provocaron una serie de protestas, entre ellas las manifestaciones de estudiantes que se realizaron en Quito y en Cuenca la semana pasada. Las protestas contra la política económica del gobierno y en particular contra la subida del combustible de un 10%, culminarán con una movilización nacional convocada para el 21 de enero en la capital.

Manifestaciones en contra de la política económica han tenido lugar en Ecuador durante los dos últimos años. En febrero del 2001, tres personas resultaron muertas y al menos una docena heridas cuando las fuerzas armadas procedieron a desalojar violentamente a un grupo de indígenas que se encontraban en la parroquia de Puerto de Napo, ciudad de Tena. Este incidente se produjo después de que el Presidente de la República del Ecuador decretara el Estado de Emergencia nacional en respuesta al número creciente de protestas en el país. Otros grupos indigenas, estudiantes y líderes comunitarios denunciaron haber sido objeto de acoso y hostigamiento por parte de las fuerzas del orden tras haber participado en dichas movilizaciones.

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