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11 de enero del 2000

El Salvador: Con impunidad no hay Estado de derecho

Amnistía Internacional expresó el día de hoy su beneplácito ante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que demuestra claramente la ilegalidad de la Ley de Amnistía de 1993.

«Una paz duradera y un auténtico Estado de derecho no se fundamentan nunca en la injusticia ni la impunidad», señala Amnistía Internacional.

El informe de la CIDH le recuerda claramente al Estado salvadoreño su obligación de anular («dejar sin efecto») la Ley de Amnistía, tomar todas las medidas necesarias para esclarecer los casos de violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la época del conflicto armado, y asegurarse de que los responsables son llevados ante la justicia.

En virtud del derecho internacional, El Salvador tiene la obligación de investigar toda violación de los derechos humanos —pasada o presente— y de enjuiciar y sentenciar a los responsables.

«La Ley de Amnistía es incompatible con esas obligaciones internacionales. El gobierno de El Salvador debe adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para ajustarse al derecho internacional», enfatiza Amnistía Internacional.

La organización expresó, sin embargo, una profunda decepción por la negativa reacción del gobierno salvadoreño ante las recomendaciones del informe de la CIDH relativas al asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.

«Esa reacción negativa puede contribuir al debilitamiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos,» señala Amnistía Internacional.

La Ley de Amnistía, promulgada en 1993 durante el proceso de paz, les niega a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos —al igual que a sus familiares— el derecho fundamental a la justicia y a la reparación integral.

Información adicional

El informe de la CIDH coincide con las observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1994, en las que expresaba «grave preocupación por la aprobación de la Ley de Amnistía, que impide las investigaciones pertinentes de las violaciones de los derechos humanos [...] y el castigo de quienes las hayan perpetrado, impidiendo a la vez la indemnización de las víctimas. Esa ley también menoscaba seriamente los esfuerzos tendentes a restablecer el respeto de los derechos humanos en El Salvador».

En 1993, en la Declaración y Programa de Acción de Viena, la ONU subrayó la obligación de todos los gobiernos de «derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley».

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Sitio web: http://www.amnesty.org