[Fecha de embargo: 11 de febrero de 2004]

Público

Amnistía Internacional

EL SALVADOR

Carta abierta a los candidatos presidenciales

EL SALVADOR

Carta abierta a los candidatos presidenciales

El próximo 21 de marzo la ciudadanía de El Salvador elegirá al próximo Presidente de la República. Amnistía Internacional se dirige a los candidatos presidenciales para exponer sus motivos de preocupación e instar a los candidatos a que incluyan explícitamente en sus programas de gobierno el tema de los derechos humanos. También pide a los candidatos que se comprometan públicamente a proteger los derechos humanos de salvadoreñas y salvadoreños ya que el respeto de éstos afecta todos los aspectos de la vida pública y son un requisito fundamental para alcanzar la dignidad humana.

Amnistía Internacional es un movimiento internacional de derechos humanos con más de un millón y medio de miembros en más de 100 países del mundo, que trabaja en favor de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Amnistía Internacional es una organización independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso. Su único interés es la protección imparcial de los derechos humanos, tanto políticos y civiles como económicos, sociales y culturales.

Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones a los candidatos sobre los temas de impunidad, la seguridad ciudadana, la independencia del poder judicial y el funcionamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la violencia contra la mujer.

 Alentar y apoyar la formación de una Comisión Nacional de Búsqueda para continuar con la tarea de encontrar a los menores desaparecidos

Las desapariciones ocurridas durante el periodo del conflicto armado continúan sin ser esclarecidas. Dentro de éstas Amnistía Internacional destaca los casos de los miles de niñas y niños que desaparecieron en ese periodo y los esfuerzos de padres, madres y familiares que se empeñan en ubicarlos, ante evidencia de que muchos están vivos.¹ Hasta ahora no se han escuchado las peticiones de los familiares de los menores desaparecidos para la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda. El Estado tampoco ha asumido su responsabilidad de investigar y sancionar en estos casos a pesar que las desapariciones constituyen un delito permanente, el cual no prescribe hasta que se haya encontrado a la víctima.

 Derogar la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han exhortado al gobierno de El Salvador a derogar la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz aprobada el 22 de marzo de 1993 porque impide investigar y sancionar a los responsables de violar derechos humanos durante la guerra. Esta ley vulnera también los instrumentos internacionales de los que El Salvador es Estado. Sin embargo, la ley sigue vigente impidiendo que se haga justicia para las víctimas.

 Implementar las recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ha concluido, en resoluciones sobre los casos que se enumeran más abajo, que el Estado vulneró, entre otros, el derecho a la vida, a las garantías judiciales de los familiares y que no cumplió con la obligación de identificar y sancionar a los responsables. Resoluciones similares han sido emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, incluso casos tan emblemáticos como el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez; de los seis sacerdotes Jesuitas, Ignacio Ellacuría, Amando López Quintana, Joaquín López y López, Segundo Montes Mozo, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno Pardo, y de Elba Julia Ramos y Celina Maricet Ramos asesinadas al mismo tiempo, se mantienen en la impunidad.

 Fortalecer el sistema de justicia asegurando el fin de la impunidad de casos pasados como también casos actuales.

Se deben tomar las medidas necesarias para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial para asegurar la resolución de los casos de violaciones de derechos humanos del pasado así como también del presente y se alcance la meta de convertirlo en un sistema eficiente que sirva apropiadamente a la población salvadoreña.

 Derogar la Ley Anti Maras

Esta ley contraviene la Constitución²salvadoreña y los tratados internacionales³de derechos humanos de los cuales El Salvador es Estado parte.La Constitución de la República de El Salvador garantiza derechos, entre otros, a la libertad, la igualdad ante la ley, libertad de asociación y reunión pacífica. La Ley Anti Maras afecta el respeto a esos derechos. La ley parte de premisas erradas e insostenibles, como por ejemplo, la necesidad de penalizar la apariencia de las personas y su ámbito social.⁴ Un tema de especial preocupación es el tratamiento de los menores ya que esta ley contempla la posibilidad de aplicarles leyes que corresponden a los adultos pero dicha determinación la realizan funcionarios en forma subjetiva.

 Respetar la independencia del Poder Judicial

Miembros del poder judicial han sido blanco de ataques verbales por parte de miembros del poder ejecutivo cuando jueces y juezas han rehusado implementar la Ley Anti Maras, legislación que viola leyes nacionales e internacionales. Jueces y juezas deben gozar de las condiciones necesarias para llevar adelante sus responsabilidades.

• Respetar y apoyar la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Esta institución ha desempeñado un rol fundamental en la protección de los derechos humanos en El Salvador. Los candidatos presidenciales se deben comprometer a tomar las medidas necesarias para que la institución cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento. Igualmente, deben asegurar que el proceso al momento de elegir al nuevo Procurador o Procuradora sea transparente, expedito y no se vea alterado por intereses político partidista prevaleciendo en todo momento el interés por la protección de los derechos humanos.

 Combatir la violencia contra la mujer

Considerando los cientos de denuncias de violencia física, sexual y psicológica en perjuicio de mujeres y niñas que se presentan a instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional insta a los candidatos a:

• Tomar las medidas necesarias para que la Ley contra la Violencia Intrafamiliar se convierta en una herramienta efectiva para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar en conformidad con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

• Llevar adelante una sistematización de las denuncias sobre casos de violencia recibidas por diferentes instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales y asegurar su gestión y resolución.

• Asegurar que los miembros de la policía, del poder judicial y todo funcionario involucrado en el proceso de recibir denuncias de violencia contra la mujer, han recibido la capacitación necesaria para atender a las víctimas en forma apropiada y asegurar que se investigue las denuncias en forma expedita y satisfactoria.

• Mantener una comunicación abierta y frecuente con las organizaciones no gubernamentales de mujeres en El Salvador, considerar y responder a sus propuestas y críticas sobre los temas de género, legislativos pertinentes y otros.

• Impulsar - a la brevedad - la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas. De esta manera se reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer y se abre la posibilidad de que las víctimas o sus representantes puedan someter sus denuncias al Comité una vez que los recursos legales internos se han agotado, o si su tramitación se ha prolongado sin razón justificada o se considere que no se obtendrá un remedio efectivo.

Confiamos en que todos los candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencia, así como el futuro gobierno de El Salvador, estarán abiertos a entablar un diálogo con Amnistía Internacional sobre la protección de los derechos humanos en el país.

Atentamente

Irene Khan

Secretaria General