AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice de AI: AMR 29/001/2005 (Público)

Numero del Servicio de Noticias: 027

4 de febrero de 2005

El Salvador: ¿De vuelta al pasado?

Published

El 29 de enero Manuel Martínez, vigilante en la Universidad Luterana en El Salvador, fue encontrado colgando de un árbol, atado de pies y manos, con un pañuelo cubriendo sus ojos y señales de tortura. Aunque gran cantidad de material y equipo fue robado, las características del asesinato han llevado incluso a policías y fiscales a opinar que éste no fue un crimen ‘normal’.

"El asesinato de Manuel tiene las características de los ataques que los escuadrones de la muerte utilizaban durante el conflicto armado en El Salvador con el propósito de amedrentar a los opositores del gobierno," dijo Amnistía Internacional. "Más de 10 años han pasado y el mensaje contra los defensores de derechos humanos en el país y sus asociados parece ser el mismo."

El caso de Manuel se suma a los constantes ataques que la Iglesia Luterana ha venido recibiendo a lo largo del año -- principalmente por sus críticas a las medidas del gobierno para combatir el delito, incluyendo el Plan Mano Dura y Plan Súper Mano Dura implantados en los últimos dos años. Estas iniciativas no han logrado disminuir los homicidios en el país los que, por el contrario, aumentaron en 2004.

En diciembre de 2004 Ricardo Cornejo y Roberto Pineda, pastores de la Iglesia Luterana, fueron golpeados brutalmente por policía antimotines durante protestas pacíficas contra la aprobación de CAFTA, el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Pero hay otros incidentes que se suman a éstos y que causan gran preocupación.

Durante el mes de enero de 2005 cinco activistas de la Asociación de Comunidades Rurales para el desarrollo de El Salvador (CRIPDES) fueron asesinados. Mercedes Gómez, Isidro Fernández y Manuel Hernández, en la comunidad de El Porvenir, Cantón Anonas, de Tecoluca, San Vicente y los esposos Serrano, en el cantón las Hojas, de San Pedro Masahuat, en el departamento de La Paz, fueron sacados de sus casas y ajusticiados por individuos desconocidos.

Beatrice de Carrillo, Procuradora de Derechos Humanos, ha declarado haber recibido amenazas de muerte por teléfono. Ella denunció recientemente, entre otras cosas, irregularidades en la investigación del asesinato del sindicalista estadounidense de origen salvadoreño, José Gilberto Soto en noviembre pasado.

"Las autoridades deben actuar en forma rápida y efectiva para investigar los asesinatos y amenazas, y llevar a los responsables ante la justicia. No se debe permitir que sistemas del pasado -- como los escuadrones de la muerte - vuelvan a imperar en El Salvador para amedrentar a quienes hacen uso de sus derechos constitucionales de libertad de expresión y asociación entre otras," dijo Amnistía Internacional

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