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ÍNDICE AI: AMR 29/02/98s

31 de Julio de 1998

El Salvador: Amnistía Internacional insta al Presidente a desistir de su intento de restaurar la pena de muerte

Amnistía Internacional ha escrito hoy al Presidente de El Salvador, Dr Armando Calderón Sol, expresando su profunda preocupación ante el llamado del mandatario a la Asamblea Legislativa para que ratifique la enmienda constitucional destinada a restaurar la pena de muerte.

La organización, que se opone incondicionalmente a esta pena que considera la violación máxima del derecho a la vida, cree que la pena capital no cumple ningún objetivo penal que no pueda lograrse mediante otras sentencias.

Amnistía Internacional hace notar que la ratificación violaría las obligaciones internacionales e incluso infringe la Constitución de El Salvador que protege el derecho a la vida, y le recuerda al Presidente el compromiso adquirido cuando en 1969, con ocasión de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, El Salvador declaró “solemnemente” junto con otros países, su “firme aspiración de ver desde ahora erradicada del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte y [su] indeclinable propósito de realizar todos los esfuerzos posibles ... que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte ...”

Amnistía Internacional también cita la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte y resoluciones recientes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortando a los Estados a limitar el número de delitos por los que se puede imponer la pena de muerte y a considerar la posibilidad de abolición total.

La organización recuerda también que la Corte Penal Internacional establecida el 17 de julio en Roma, y que tendrá competencia sobre delitos tan graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, excluye la posibilidad de imponer la pena de muerte para crímenes tan graves que ofenden la conciencia de la comunidad internacional.

En su carta, Amnistía Internacional insta al Presidente a desistir de su intento de restaurar la pena de muerte, y expresa confianza en que “aquellos miembros de la Asamblea Legislativa que se han opuesto a esta medida en el pasado mantendrán su posición”.

La organización expresa además la esperanza de que otros parlamentarios lleguen a la conclusión de que la ratificación constituiría un retroceso en el sistema judicial de El Salvador, no es la forma de controlar la delincuencia y perjudicaría la imagen del país ante la comunidad internacional.

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