Documento - EL LEGADO MORTAL DE GUATEMALA: EL PASADO IMPUNE Y LAS NUEVAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
EL LEGADO MORTAL DE GUATEMALA:
EL PASADO IMPUNE Y LAS NUEVAS VIOLACIONES
DE DERECHOS HUMANOS
Índice AI: AMR 34/001/2002/s
Glosario
adivima Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de Violencia en las Verapaces, Maya Achí
ajr Asociación para la Justicia y Reconciliación
aeu Asociación de Estudiantes Universitarios [de la Universidad de San Carlos]
caldh Centro de Acción Legal en Derechos Humanos
ceh Comisión para el Esclarecimiento Histórico
ceibas Centro de Estudios, Información y Bases para la Acción Social
cerigua Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala
conap Consejo Nacional de Áreas Protegidas
conavigua Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
confregua Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala
copredeh Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
cuc Comité de Unidad Campesina
emp Estado Mayor Presidencial
fafg Fundación de Antropología Forense de Guatemala
famdegua Asociación de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos de Guatemala
frepogua Frente de Pobladores de Guatemala
frg Frente Republicano Guatemalteco
gam Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Familiares
hijos Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
inde Instituto Nacional de Electrificación
minugua Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos
odhag Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
oea Organización de los Estados Americanos
ong Organización no gubernamental
pac Patrullas de Auto Defensa Civil
remhi Recuperación de la Memoria Histórica [proyecto de la Iglesia Católica de Guatemala]
EL LEGADO MORTAL DE GUATEMALA:
EL PASADO IMPUNE Y LAS NUEVAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Introducción
Este informe examina el sistema judicial de Guatemala y señala el abismo que existe entre lo que dicta la ley y lo que ocurre en la práctica. Examina el indebido funcionamiento del sistema judicial guatemalteco —y la manera en que esto se traduce en un empeoramiento de la situación de los derechos humanos—, y la injerencia de diversos sectores de la sociedad guatemalteca en el proceso judicial, entre ellos esos a los que a veces se alude como al «Estado de Mafia Corporativa». El informe se apoya en casos para ilustrar la aparente incapacidad de las instituciones guatemaltecas, especialmente el poder judicial, de cumplir las promesas y aspiraciones de los acuerdos de paz del país que se firmaron en 1996 bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Al no abordar los tribunales guatemaltecos los abusos cometidos en el pasado, las víctimas, los familiares y los grupos de derechos humanos han buscado otros remedios, tanto en Guatemala como en el extranjero.
El hecho de que Guatemala no haya puesto en práctica los acuerdos de paz y las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (ceh), establecida en virtud de los acuerdos, ha contribuido a que se cometan nuevos y alarmantes abusos, dirigidos especialmente contra quienes tratan de combatir la impunidad. Amnistía Internacional confía en que una mayor comprensión internacional de esta cuestión pueda ayudar a centrar de nuevo la atención en el país y a renovar la participación de la comunidad internacional en los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos en Guatemala.
Este informe concluye con una serie de sugerencias para poner fin al largo historial guatemalteco de impunidad, corrupción e injusticia. Amnistía Internacional cree que estos pasos son esenciales para crear el Estado de derecho que establecían los acuerdos de paz y que tanto desea y necesita el pueblo guatemalteco.
El prolongado conflicto civil de Guatemala: un legado devastador
Se calcula que durante el conflicto civil de Guatemala, que arrasó el país durante más de tres décadas hasta que el ejército y la oposición armada firmaron en 1996 los acuerdos de paz auspiciados por la onu, «desaparecieron» o fueron ejecutadas extrajudicialmente en el país unas 200.000 personas.
Dos minuciosas investigaciones llevadas a cabo después del conflicto atribuyeron sin lugar a dudas la culpa de la gran mayoría de los abusos cometidos durante el conflicto a la campaña de contrainsurgencia que el ejército guatemalteco y sus auxiliares civiles —las Patrullas de Autodefensa Civil(1) y los comisionados militares(2)— llevaron a cabo a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Una de las investigaciones fue llevada a cabo por el Proyecto Diocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Proyecto Diocesano remhi) y la otra por la ceh,(3) establecida por los acuerdos. Las atrocidades que documentaron eran tan generalizadas e iban dirigidas tan sistemáticamente contra los pueblos indígenas de Guatemala que la cehconcluyó que el ejército guatemalteco había cometido genocidio en cuatro zonas específicas. Tanto el proyecto remhicomo la cehformularon recomendaciones destinadas a identificar a los responsables y a sacar a la luz y desmantelar las instituciones y estructuras que habían organizado o permitido las atrocidades.
Los acuerdos de paz de 1996 pretendían restablecer el Estado de derecho y abordar las causas subyacentes del conflicto mediante acuerdos sobre los derechos y la identidad de los pueblos indígenas, sobre los derechos socioeconómicos, sobre el fortalecimiento del poder civil y sobre el papel del ejército en una sociedad democrática. Sin embargo, llegado febrero del 2002, y transcurridos más de cinco años, no se han puesto aún en práctica ni los elementos de los acuerdos de paz relacionados con los derechos humanos ni las recomendaciones de la ceh, y prácticamente ninguno de los responsables de las atrocidades masivas ha comparecido ante la justicia. Lejos de construir la «paz firme y duradera» que se pedía en los acuerdos de paz, Guatemala sigue por la senda de la anarquía y el terror.
En este clima de impunidad reinante, se ha producido un resurgir de las violaciones de derechos humanos, un resurgir tan grave, especialmente desde mayo del 2000, que los observadores han descrito la situación de Guatemala como una de «desmoronamiento de los derechos humanos». Destacan entre las víctimas las personas que presionan para que se pongan en práctica los acuerdos de paz o quienes piden justicia por las atrocidades cometidas en el pasado. Las amenazas de muerte, las agresiones y otros actos de intimidación contra quienes piden un cambio social o combaten la impunidad son una práctica cotidiana. Unas oficinas han sido asaltadas para robarles importantes datos. Otras han sido sometidas a vigilancia electrónica para interceptar su correo electrónico. Por medios electrónicos, se ha entrado en computadoras y se ha alterado o destruido información importante que contenían. La comunidad de derechos humanos de Guatemala vive en un estado de sitio permanente.
Habiendo cometido impunemente asesinatos en masa durante los años del conflicto, los responsables no ven motivo para frenar sus actividades ahora. Además, se han enzarzado en toda una nueva gama de delitos de motivación económica, inducidos y encubiertos por organismos estatales, en lo que se ha dado en llamar el «Estado de Mafia Corporativa» de Guatemala.
Mientras tanto, los índices de delincuencia y la violencia parapolicial aumentan implacablemente, a medida que los ciudadanos pierden el respeto por la ley.
Nuevo gobierno y nuevas decepciones en materia de derechos humanos
Los acuerdos de paz se establecieron durante el gobierno del presidente Álvaro Arzú (1996-2000), pero éste dejó el cargo sin haber realizado grandes progresos respecto a la impunidad y a la protección de los derechos humanos.
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Las esperanzas renacieron cuando Alfonso Portillo llegó al poder en enero del 2000 prometiendo que los acuerdos serían política de Estado, que se pondrían en práctica las recomendaciones del proyecto remhiy de la ceh, y que se desmantelarían las estructuras paralelas que interferían en la administración de justicia y el tristemente famoso Estado Mayor Presidencial (emp).(4)
El nuevo presidente también prometió que el asesinato del obispo Juan José Gerardi, cometido en 1998, se resolvería en los primeros seis meses de su gobierno. En la práctica, hubieron de transcurrir 17 meses desde la llegada al poder del presidente Portillo, y fueron necesarias amplias presiones internacionales, para que tres oficiales del ejército fueran finalmente condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por la ejecución extrajudicial del obispo Gerardi. Se mantuvieron abiertos los procedimientos contra otros oficiales por su presunta implicación en este delito.
Hoy, unos cinco años después de los acuerdos y más de dos años después de la llegada al poder del presidente Portillo, la aplicación de los acuerdos parece haberse estancado una vez más, y las recomendaciones de la cehrespecto a los derechos humanos siguen sin ponerse en práctica. El presidente Portillo ahora dice que el empno se desmantelará hasta el 2003.
Los observadores consideran que el hecho de que el presidente Portillo no haya cumplido sus promesas es consecuencia de haber perdido la lucha inicial con el general Efraín Ríos Montt por el poder de su propio partido. El general Ríos Montt presidió una de las peores fases de la campaña de contrainsurgencia, conocida como «tierra arrasada», que se puso en práctica a principios de los ochenta y en la que decenas de miles de hombres, mujeres y niños indígenas no combatientes murieron en centenares de masacres perpetradas por el ejército; muchas de las víctimas fueron sometidas a torturas tales como la violación antes de ser asesinadas. Esta táctica tomaba como blanco a los civiles para aniquilar la base social de las guerrillas en las comunidades rurales mayas del oeste y el noroeste del país.
Efraín Ríos Montt fue quien ideó y puso en práctica esa táctica. Hoy día, como presidente del Congreso, se dice que continúa en el poder para asegurarse de que él y los oficiales militares de la línea dura siguen controlando los acontecimientos. Mediante una turbia «estructura paralela de poder» y mediante el nombramiento de personas como el ex oficial de Inteligencia Militar Byron Barrientos para el cargo de ministro de Gobernación pueden obstaculizar los esfuerzos por llevar a los responsables de violaciones de derechos humanos ante la justicia.
Capítulo 1: El sistema judicial guatemalteco, incumplimiento de cometido
No cabe duda de que el hecho de que el sistema legal guatemalteco no haya cumplido las promesas de los acuerdos de paz de 1996 es uno de los factores que más contribuyen a la crisis de derechos humanos de Guatemala.
La ley guatemalteca: la teoría
El sistema judicial de Guatemala debe actuar de acuerdo con las normas internacionales para la protección de los derechos humanos. En virtud de tratados y pactos internacionales en los que Guatemala es Estado Parte, y en virtud también de las propias leyes guatemaltecas, el poder judicial debe ser independiente.
Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia (artículo 203 de la Constitución).
La Ley del Organismo Judicial (Decreto Ley 2-89) y el Código Procesal Penal tienen artículos similares que establecen la total independencia del poder judicial (artículos 57 y 7, respectivamente). Estas disposiciones son conformes con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (al que Guatemala se adhirió en 1992) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por Guatemala en 1978). Guatemala aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1987.
Tanto la Constitución (artículo 46) como la Ley del Organismo Judicial (artículo 9) establecen que el derecho internacional tiene precedencia sobre la legislación guatemalteca.
La realidad: la justicia obstaculizada
En realidad, la situación sigue siendo muy similar a la que describió en el año 2000 una organización no gubernamental guatemalteca:
En nuestra sociedad, agentes o ex agentes del Estado han tejido una red secreta, detrás del telón, dedicada a obstruir la justicia. Han creado prácticamente un gobierno alternativo que funciona clandestinamente y que tiene su propio modus operandiy su propia coherencia. En semejante contexto, ni se esclarecen los delitos ni se identifica a los responsables. La sociedad, finalmente, olvida los casos y se resigna.
Si los autores materiales dejaron pruebas en el lugar del delito, luego deciden a quién implicar como chivo expiatorio. Si llega a realizarse una investigación, y si dicha investigación termina conduciendo a alguna detención, siempre se puede culpar a soldados de baja graduación o, como mucho, a oficiales que ya no están en el servicio activo.
Cuando no pueden atribuir el crimen a ningún chivo expiatorio, el lugar del delito se contamina y los procedimientos judiciales se obstaculizan y avanzan a paso de tortuga. Si, pese a ello, las investigaciones continúan, esas poderosas fuerzas ocultas tras el telón destruyen las pruebas. Y, por supuesto, no podemos olvidar que las presiones, las amenazas, los ataques y la corrupción forman parte de los esfuerzos para minar y desmoralizar al poder judicial, quien, sabiendo que no puede contar con unas fuerzas de seguridad que garanticen el cumplimiento de la ley, se ve obligado a ceder ante este poder paralelo.(5)
Así, el sistema judicial guatemalteco es incapaz de actuar o de garantizar sus derechos a los ciudadanos. Y también es incapaz de combatir la impunidad. Se producen interminables demoras en el nombramiento de funcionarios y juzgados que se encarguen de los casos, especialmente cuando se trata de procesar a miembros de las fuerzas de seguridad oficiales por atrocidades cometidas en el pasado. Las querellas se alargan durante años, privando tanto a los demandantes como a los acusados de una justicia oportuna y de remedios rápidos cuando sus derechos han sido violados, tal como garantizan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8, 7.5 y 25) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9.3).
Los casos clave de derechos humanos se asignan habitualmente a jueces que parecen estar a favor de los acusados, según los informes porque han sido sobornados o porque temen tomar decisiones que puedan dar lugar a represalias. Con frecuencia, las pruebas se pierden de forma inexplicable, y a los testigos indígenas no se les suele prestar un servicio de traducción adecuado (a veces ese servicio ni siquiera existe).
En muchos casos, quienes se esfuerzan por conseguir que los responsables de abusos cometidos en el pasado sean condenados deben volver una y otra vez a los tribunales, ya que los acusados van apelando las resoluciones judiciales hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad. Eso significa que los testigos deben recordar y describir repetidamente sucesos traumáticos y terribles, bajo una presión constante provocada por la intimidación, las amenazas y las agresiones. A causa de esa presión, algunos testigos y sobrevivientes han retirado sus querellas. Otros han huido al extranjero ante el temor por su vida y, según los informes, otros testigos clave de procesos relacionados con los derechos humanos han aceptado sobornos a cambio de retirar su testimonio. Y hay algunos que incluso han sido asesinados. Por lo general, las pocas sentencias dictadas han sido irrisorias o se han anulado en la apelación.
A consecuencia de esta situación de constante impunidad en Guatemala, los responsables de abusos tienen la sensación de que jamás tendrán que responder de sus delitos pasados y que pueden seguir asesinando impunemente. En opinión de Amnistía Internacional, esta impunidad es un factor esencial de las nuevas y crecientes violaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, la lentitud y la complejidad del proceso, ya que los acusados de violaciones de derechos humanos utilizan todas las tácticas a su alcance para eludir la justicia, dificultan que la opinión pública internacional mantenga el interés o comprenda siquiera lo que está sucediendo. Sin embargo, el interés y la presión constantes desde el extranjero sobre estos casos es uno de los factores que ha contribuido a llevar a un puñado de responsables ante la justicia. Esas pocas condenas, a su vez, han hecho surgir la esperanza de que unos nuevos esfuerzos más coordinados y tenaces puedan terminar dando fruto.
Injerencia en la función judicial
La injerencia directa del gobierno, y de otras personas y entidades, en la función judicial lleva años marcando la historia de Guatemala.
Esta tendencia se agravó durante el conflicto civil. Tal como dijo la ceh:
La debilidad del sistema de justicia, ausente en extensas regiones del país antes del enfrentamiento armado, se acentuó cuando el poder judicial se plegó a los requerimientos impuestos por el modelo de seguridad nacional imperante. La CEH concluye que, al tolerar o participar directamente en la impunidad que daba cobertura material a las violaciones más elementales de derechos humanos, los órganos de justicia se volvieron inoperantes en una de sus funciones fundamentales de protección del individuo frente al Estado y perdieron toda credibilidad como garantes de la legalidad vigente. Permitieron que la impunidad se convirtiera en uno de los más importantes mecanismos para generar y mantener el clima de terror.(6)
Ya en 1993, se dijo que el ministro de Defensa llamaba a los jueces a su despacho, donde él y otras autoridades manifestaban su descontento por los intentos de acusar de delitos a miembros del ejército y amenazaban a los jueces con graves consecuencias si persistían.
x2880 Hoy día existen pocas dudas de que la injerencia política en casos judiciales sigue siendo la norma, especialmente en aquellos casos en los que se han presentado cargos contra altos funcionarios. Tras una visita a Guatemala en 1999, Param Coomaraswamy, relator especial de la onusobre la independencia de jueces y abogados, concluyó que la corrupción, el tráfico de influencias y los males a ellos asociados seguían siendo generalizados, y estaban alimentados por los factores políticos que seguían influyendo en el ejercicio, el nombramiento y la destitución de los jueces. También subrayó que el Congreso, ahora dominado por el partido del presidente Portillo, el Frente Republicano Guatemalteco (frg), sigue desempeñando un importante papel en el nombramiento de los jueces tanto de los tribunales de apelación como de la Corte Suprema. Una reforma introducida en 1994 redujo ligeramente este control político al establecer que los jueces de la Corte Suprema ocuparían su cargo durante un mandato de cinco años y que sus nombres serían propuestos al Congreso por una comisión de postulación. No obstante, el proceso sigue estando sumamente politizado, y cada partido político designa a jueces en función del número de escaños que tiene en el Congreso.
Los analistas jurídicos también sugieren que el papel dual de la Corte Suprema como tribunal de más alta instancia del país y como entidad administrativa judicial suprema socava la independencia de los funcionarios judiciales. Por ejemplo, la Corte Suprema nombra a los jueces de los tribunales de apelación y de instancia inferior, supervisa los estudios judiciales y determina las sanciones disciplinarias, los traslados, las candidaturas y las destituciones. Según los informes, algunas destituciones recientes han sido de jueces que habían intentado procesar a los responsables de pasados abusos.
Otros factores que interfieren en la administración imparcial de justicia son: la falta de regulación de la carrera judicial, la inestabilidad de los nombramientos, la designación arbitraria, la ausencia de procedimientos disciplinarios adecuados, la falta de recursos y estructuras adecuados y la corrupción judicial generalizada.
El efecto más inquietante que estos factores han tenido en los tribunales es probablemente el de la impunidad, descrita por el relator especial de la onuParam Coomaraswamy como un «cáncer» que, si no se ataja y extirpa, desestabilizará, lenta pero inexorablemente, la sociedad. El relator especial señaló particularmente las presiones que sobre el poder judicial ejercen los militares para impedir que su personal sea procesado por pasados abusos. Además, manifestó su pesar por la falta de voluntad política del gobierno respecto a abordar ésta y otras graves cuestiones judiciales. A consecuencia de todo ello, el relator especial temía que el ciudadano medio apenas confiara en el poder judicial y señaló una encuesta realizada en 1997 según la cual el 88 por ciento de los guatemaltecos encuestados consideraban que el sistema judicial era inadecuado.(7)
Esfuerzos reformistas
Ya antes de los acuerdos de 1996 se había intentado periódicamente fortalecer el Estado de derecho. Por ejemplo, en 1994 se reformó el Código Procesal Penal, aboliendo el sistema acusatorio en favor del sistema de contrincantes del derecho consuetudinario, que incluía la presunción de inocencia, el derecho del acusado a estar presente en el juicio, el derecho a asistencia letrada y la posibilidad de quedar en libertad bajo fianza. También se introdujeron disposiciones para ofrecer servicios de interpretación, cuando fueran necesarios, y se puso a los fiscales a cargo de la investigación y el procesamiento.
Los propios acuerdos de paz abordaron la cuestión del poder judicial. El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, de 1996, reconocía que «una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia» (artículo 8, sección III). También manifestaba que «una prioridada este respecto es la reforma de la administración de justicia, de manera que se reviertala ineficacia, se erradique la corrupción, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización» (artículo 10, sección III).
Para poner en práctica lo establecido en este acuerdo, se creó una Comisión de Fortalecimiento de la Justicia encargada de formular recomendaciones detalladas sobre la rápida aplicación del acuerdo. En su informe final, de abril de 1998, esta comisión concluyó que el sistema judicial guatemalteco ha estado al servicio de la élite de poder político, económico y militar y no ha satisfecho las necesidades de todos los guatemaltecos, la mayoría de los cuales carecen de recursos económicos. Las amplias recomendaciones de reforma pedían una modernización, la elaboración de normas profesionales, el acceso a la justicia, la aceleración de los procesos, más justicia y seguridad, y reformas constitucionales.
Conclusiones similares alcanzaron el proyecto remhiy la ceh, según los cuales la debilidad del poder judicial guatemalteco había permitido que la impunidad se convirtiera en uno de los mecanismos más importantes para generar y mantener un clima de terror.
El fracaso del proceso de reforma
En mayo de 1999 la protección de los derechos humanos sufrió un fuerte revés cuando un referéndum público rechazó unas 50 propuestas del Congreso para reformar la Constitución y otras leyes con el fin de poner en práctica los acuerdos. Sólo el 18 por ciento de la población con derecho a voto participó en el sufragio.
La derrota se atribuyó a una diversidad de factores. Algunas de las reformas propuestas habrían requerido enmiendas sustanciales de la Constitución o habrían creado conflictos de poder entre diversos órganos estatales. Las decisiones que tenían que tomar los votantes eran muchas y complicadas. Además, sectores poderosos se opusieron a las reformas, y el gobierno no dio así a éstas demasiada publicidad. Las decisiones que debían tomar los votantes y el proceso de votación no se habían explicado debidamente, y se hicieron muy pocos esfuerzos para facilitar la votación en las zonas rurales, donde se creía que el apoyo era fuerte a causa de los elementos relativos a los derechos de los indígenas. También se citaron temores racistas y se denunció que se había dado un peso desproporcionado a los resultados de la capital. Cuales fueran los motivos de la derrota, ahora es preciso que se aprueben individualmente medidas legales para avanzar hacia los objetivos de los acuerdos de paz.
El fracaso del referéndum sobre la reforma constitucional refleja una falta de voluntad política. El poder judicial guatemalteco necesita algo más que meros ajustes. No cabe duda de que, para conseguir que algún día se haga justicia en Guatemala, es necesario un compromiso auténtico por parte de las autoridades para crear y respaldar un poder judicial operativo y combatir la impunidad.
La necesidad de un programa eficaz de protección de testigos quedó claramente expuesta en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil, que pedía «un eficiente plan de protección de testigos, fiscales y colaboradores de la justicia». El texto de esa disposición, en el que se encargaba a la Fiscalía General de la República que proporcionara seguridad a las personas en relación con la administración de justicia, se publicó poco después. Fue aprobado por el Congreso y debía entrar en vigor 20 días después de su publicación en el diario de sesiones del Congreso en enero de 1997.
Sin embargo, según todos los informes, el programa nunca llegó a constituirse realmente. La falta de confianza de la población en las fuerzas de seguridad y del orden público puede haber contribuido al fracaso del programa. No obstante, la falta de voluntad de la Fiscalía General y del Ministerio de Gobernación ha sido un factor muy importante. El Consejo Directivo propuesto nunca se constituyó, y tampoco se nombró un director para la Oficina de Protección prevista, mientras las disputas jurisdiccionales entre diversas instituciones guatemaltecas y las contradicciones entre varios artículos de la legislación contribuyeron a que el Ministerio de Finanzas Públicas no asignara fondos adecuados ni garantizara su desembolso. Algún programa de formación sí se ha llevado a cabo, pero quienes lo recibieron han sido asignados en su mayoría a la protección de las figuras públicas. Otras personas a las que teóricamente se había proporcionado protección han sufrido nuevos abusos.
El elevado precio de la justicia
Los sobrevivientes, los familiares y las organizaciones no gubernamentales locales han identificado una serie de posibles vías para lograr justicia en los tribunales guatemaltecos y en el extranjero. Estas iniciativas se tratan más adelante en este informe. Algunas han conseguido resultados limitados, pero a un elevado precio. Los responsables de los abusos han arremetido con creciente vehemencia contra sus acusadores, especialmente cuando los demandantes no se han conformado con que miembros de bajo nivel de las pacy soldados cargaran con toda la responsabilidad de los abusos ordenados por oficiales de alta graduación o por altos cargos políticos. El temor de los militares guatemaltecos a tener que responder finalmente de sus delitos se intensificó con los esfuerzos para procesar al general Augusto Pinochet de Chile ante los tribunales españoles, las condenas dictadas en el 2001 en el caso del obispo Gerardi y la presentación en Guatemala, en el 2000 y el 2001, de dos querellas contra ex oficiales por genocidio.
El poder judicial ha sido claramente uno de los sectores identificados por quienes temen ser procesados. Tras su visita de 1999, el relator especial de la onuParam Coomaraswamy instó al gobierno de Guatemala a resolver la cuestión de la impunidad y a tomar medidas para poner fin al acoso y las amenazas contra jueces y abogados. Pero los ataques continuaron. Únicamente de enero a agosto del 2000 se denunciaron 81 amenazas contra funcionarios judiciales, aunque no todas ellas estaban necesariamente relacionadas con cuestiones de derechos humanos. Ocho personas fueron asesinadas, y de ellas siete eran testigos en casos importantes. En febrero del 2001, el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala transmitió a la Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (minugua) seis casos de asesinato de jueces o abogados ocurridos durante los 100 días siguientes al 31 de octubre del 2000.
En mayo del 2001, el relator especial regresó a Guatemala a petición de las organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones citaron otros 22 casos de intimidación, ataques o amenazas contra jueces, magistrados y abogados, entre ellos el asesinato de otro abogado y el linchamiento de un juez. El relator especial concluyó que la situación de los derechos humanos no había mejorado desde su visita de agosto de 1999 y lamentó que Guatemala hubiera ignorado en buena parte las recomendaciones que había formulado tras aquella visita.
Capítulo 2: La comunidad de derechos humanos, bajo estado de sitio
Todos los que participan de alguna manera en los esfuerzos por combatir la impunidad (sobrevivientes, testigos, ong, periodistas y políticos) se han enfrentado desde mediados del 2000 a una espectacular escalada de las violaciones de derechos humanos. La reciente oleada de abusos contra quienes buscan justicia ha sido tan fuerte que la comunidad de derechos humanos de Guatemala está viviendo bajo estado de sitio.
Por lo general, en lugar de investigar, las autoridades han alegado que los informes de abusos contra los derechos humanos eran invenciones de los defensores, que trataban de «desestabilizar» el país. Con frecuencia, han declarado que las amenazas, las agresiones y los asaltos eran obra de delincuentes comunes que robaban las computadoras y otro equipo de oficina para venderlos, no por la información que contenían. Portavoces gubernamentales han sugerido también que las organizaciones de derechos humanos corren el riesgo de ser atacadas por fuerzas desconocidas, con lo que, en la práctica, han declarado abierta la veda contra los defensores. Amnistía Internacional considera que esas declaraciones públicas poco meditadas fomentan, o al menos apoyan tácitamente, los ataques contra quienes tratan de llevar ante la justicia a los responsables de los abusos.
El predecesor del presidente Portillo, Álvaro Arzú, realizó declaraciones similares contra los activistas de derechos humanos de Guatemala. Por ejemplo, en septiembre de 1998 dijo que quienes criticaban los supuestos progresos que su gobierno había realizado en materia de protección de los derechos humanos y aplicación de los acuerdos de 1996, eran «traidores a la patria». Ante el asombro de los delegados, aprovechó su discurso de bienvenida a Guatemala a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (oea) en 1999 para afirmar que los grupos de derechos humanos estaban siendo utilizados como herramientas por gobiernos extranjeros. No es de extrañar que los defensores de los derechos humanos sufrieran repetidas amenazas y acoso durante su gobierno.
Las invectivas del gobierno contra las ongguatemaltecas alcanzaron una nueva virulencia con el nombramiento de Byron Barrientos como ministro de Gobernación en julio del 2000. Los ataques contra quienes participaban en casos importantes de derechos humanos o presionaban para que se pusieran en práctica los acuerdos se intensificaron tanto en volumen como en ferocidad.
El gobierno intensifica su guerra dialéctica
A pesar de las repetidas protestas de las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos por el nombramiento de Byron Barrientos como ministro de Gobernación y por la postura general «anti derechos humanos» adoptada por el gobierno del presidente Portillo, las provocadoras declaraciones de Barrientos continuaron. En septiembre del 2000, Byron Barrientos declaró: «Tenemos conocimiento de que hay grupos interesados en desestabilizar, provocar caos y anarquía». También sugirió que las ongpodían ser atacadas por grupos que «van a explotar bombas panfleteras y quemar sedes, principalmente de organizaciones no gubernamentales», en lo que parece ser una señal de apoyo gubernamental a los ataques contra las ongde derechos humanos. Dos días después, los periódicos locales citaron palabras del vicepresidente del Congreso diciendo: «El ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil nos han informado que la gente que pretende desestabilizar el país por medio de la confrontación pertenece a grupos que dicen defender los Derechos Humanos».
El ministro Barrientos tuvo que dimitir en noviembre del 2001 a causa de cargos de corrupción, pero grupos de derechos humanos guatemaltecos informaron de que el hombre designado para sucederlo, el ex general Eduardo Arévalo Lacs, hizo casi inmediatamente comentarios similares sobre las organizaciones de derechos humanos.(8) Amnistía Internacional cree que este tipo de declaraciones fomentan la campaña de intimidación destinada a socavar y silenciar el trabajo de quienes trabajan para defender los derechos humanos y combatir la corrupción. Amnistía Internacional ve además con preocupación que el gobierno guatemalteco no esté respetando su obligación en virtud tanto del derecho internacional como de la legislación nacional de proteger a los miembros de la sociedad civil que se esfuerzan por llevar ante la justicia a los responsables de pasados abusos.
Agresiones recientes contra defensores de los derechos humanos
El recrudecimiento de los abusos contra los activistas que luchan contra la impunidad se hizo evidente a partir, aproximadamente, de mayo del 2000, y fue acelerándose a medida que avanzaba el año. En julio, por ejemplo, dos empleados de una organización que defiende los derechos de los indígenas fueron asesinados en el departamento de Sololá; se trató, al parecer, de ejecuciones extrajudiciales cometidas para intimidar a quienes se esfuerzan por hacer realidad el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
En agosto, el personal de la Fundación Rigoberta Menchú recibió amenazas de muerte tras presentar en España una querella por genocidio y otros crímenes contra la humanidad (véase infra) contra varios miembros de anteriores gobiernos guatemaltecos. Otras ongguatemaltecas, como el grupo de defensa de los derechos indígenas Comité de Unidad Campesina (cuc), que se unieron a la querella de Menchú, también denunciaron amenazas y hostigamiento.
Ese mismo mes recibieron amenazas Miguel Ángel Albizures, colaborador del diario El Periódicoy destacado miembro de la agrupación de organizaciones no gubernamentales Alianza contra la Impunidad, y otros dos periodistas. Estos hombres habían publicado un documento sobre un servicio de inteligencia clandestino cuya existencia negaba el gobierno.
Agresión contra un activista del caldh
También en agosto del 2000, Celso Balán, representante del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (caldh) en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, fue secuestrado por dos hombres vestidos de civil que se hicieron pasar por periodistas pero, según se cree, eran miembros de una organización paramilitar. Sus captores lo interrogaron, lo golpearon, le robaron, lo drogaron y lo abandonaron inconsciente.
Celso Balán trabajaba con el caldh, ayudando a los familiares a exhumar cadáveres de las fosas comunes de campesinos masacrados por el ejército guatemalteco y las pacdurante el gobierno del general Ríos Montt (marzo de 1982-agosto de 1983). El caldhya había alarmado a los círculos militares al presentar su primera querella colectiva por genocidio en mayo del 2000, acusando a varios miembros del gobierno del general Romeo Lucas García (1978-1982) de responsabilidad en 10 masacres perpetradas en nueve pueblos. Los miembros del gobierno del general Lucas García ya no son poderosos ni mantienen actividad política, pero cuando el caldhempezó a reunir pruebas para una segunda querella contra miembros del gobierno del general Ríos Montt (presentada finalmente en junio del 2001), quienes ayudaban a los familiares de las víctimas a conseguir pruebas mediante exhumaciones se convirtieron rápidamente en blanco de ataques.
Los captores de Celso Balán lo interrogaron en relación con una fosa común específica, ubicada en Mixco Viejo, departamento de Chimaltenango. Recientemente se habían exhumado allí los restos de los masacrados por el ejército en 1982 en el poblado de Chipastor, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, y se habían devuelto a sus familias para que celebraran una ceremonia tradicional de enterramiento maya. A Celso Balán le preguntaron cómo era posible determinar que las muertes se debían a balas del ejército. Luego, sus agresores lo obligaron a acompañarlos a la oficina local del caldh, donde lo golpearon con la culata de un arma mientras saqueaban y registraban la oficina en busca de información.
Después, obligaron a Celso Balán a beber un fuerte sedante que, según dijeron los médicos, podría haberle producido parálisis o incluso la muerte si la dosis hubiera sido tan sólo ligeramente mayor. Celso Balán recobró el conocimiento dos días después en el cementerio local. Tras su terrible experiencia, tuvo que recibir tratamiento por trastornos neurológicos, físicos, psicológicos y emocionales. Aunque sus captores le advirtieron de que no hablara de lo sucedido, Celso Balán hizo pública la agresión sufrida y anunció que tenía intención de continuar con su trabajo con otras comunidades locales que aún tratan de realizar exhumaciones. Analistas locales creen que sus agresores podían estar vinculados a los responsables de la masacre de Chipastor, y que obedecían órdenes de personal del ejército de la base militar de Chimaltenango.
Ataques contra famdegua
En septiembre del 2000 fueron asaltadas las oficinas de la Asociación de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (famdegua). Varios miembros de su personal y de hijos, otra organización con la que comparte sus oficinas, fueron agredidos por cuatro hombres, tres de ellos fuertemente armados. Los asaltantes, al marcharse, se llevaron consigo la mayoría de las computadoras de la organización, que contenían información sobre casos importantes de derechos humanos que famdeguaestá investigando, como la masacre de Dos Erres (El Petén), en la que murieron unos 350 hombres, mujeres y niños en 1982 (véase infra). También se llevaron equipo de oficina de otro tipo, dinero y uno de los vehículos de la organización.
hijoses una organización relativamente nueva, compuesta por hombres y mujeres cuyos padres «desaparecieron» cuando ellos eran niños y que recientemente se han agrupado para tratar de determinar la suerte que corrieron sus padres y educar a la nueva generación sobre los años de represión.
famdeguaes una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y respetadas de Guatemala. Ha desempeñado un papel esencial en la promoción de exhumaciones y el inicio de procedimientos para llevar ante la justicia a los responsables de masacres. Está especialmente asociada con las investigaciones de la masacre de Dos Erres.
Otros incidentes
Álvaro Colom Caballero, candidato presidencial del grupo izquierdista Alianza Nueva Nación en las últimas elecciones, perdió computadoras y documentación de su partido en un asalto contra su oficina en agosto del 2000. Los asaltantes dejaron mensajes vulgares.
En septiembre del 2000, unos individuos no identificados dispararon desde un camión contra Ricardo Lobo, empleado del Centro de Estudios, Información y Bases para la Acción Social (ceibas), al tiempo que gritaban insultos. El ceibasha hecho campaña para que se pongan en práctica los derechos sociales, económicos y culturales establecidos en los acuerdos de 1996. Ricardo Lobo también pertenecía al Movimiento Ciudadano por la Justicia y la Democracia, una coalición de la sociedad civil que pide que el general Ríos Montt y otros 19 congresistas del frgsean expulsados del Congreso, perdiendo así la inmunidad que éste les confiere, y puedan ser procesados por el llamado caso «Guategate»: se los acusa de actuar a instancias de poderosos intereses de la industria de bebidas alcohólicas para alterar una ley relativa a los impuestos sobre dichas bebidas ya aprobada por el Congreso. Los reiterados ataques contra el ceibasterminaron por obligar a esta organización a dejar de trabajar en Guatemala y reorganizarse en el extranjero.
Varios empleados de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (fafg) fueron agredidos en octubre del 2000 por dos hombres fuertemente armados que luego les robaron su vehículo. La fafgha estado excavando algunas de las fosas comunes clandestinas de Guatemala.
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Unos empleados del Frente de Pobladores de Guatemala (frepogua) iniciaron en octubre una huelga de hambre ante la residencia oficial del presidente para pedir programas gubernamentales de alojamiento para personas sin hogar. Primero les dispararon desde un automóvil, y más tarde, ese mismo día, fueron agredidos por ex miembros de las pac. Desde entonces, las oficinas del frepoguahan sido vigiladas por la policía, y sus dirigentes han recibido amenazas de muerte en sus teléfonos móviles y en la oficina, lo que indica que sus conversaciones y sus movimientos son objeto de una vigilancia constante. En mayo del 2001, durante una reunión en las oficinas del frepogua, alguien llamó por teléfono y lanzó la siguiente advertencia: «Al finalizar la reunión, terminaremos con todos». En otra ocasión, un hombre se acercó a un director de la organización y le dijo: «Yo también estuve en el ejército. Yo maté gente». Ese mismo mes, el automóvil en el que viajaba un director de frepoguafue embestido cuando éste regresaba a la capital con unos periodistas tras visitar un barrio marginal.
La oficina de la Asociación de Estudiantes Universitarios (aeu) de la Universidad de San Carlos, la universidad estatal, fue asaltada también en octubre del 2000. La aeusiempre se ha pronunciado abiertamente sobre cuestiones políticas y de derechos humanos, y sus dirigentes han sido objeto de frecuentes ataques.
Las oficinas de la Asociación de Mujeres «Vamos Adelante» en Ciudad de Guatemala fueron asaltadas en octubre del 2000 por cuatro hombres armados que robaron computadoras que contenían la información de esta organización sobre los programas de ayuda a la mujer. Según los informes, los asaltantes violaron a una empleada.
Urías Bautista Orozco, director de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el departamento de Sololá, y Luz Margoth Tuy Jiatz estaban investigando el homicidio del campesino indígena Teodoro Saloj, cometido en octubre del 2000 durante una manifestación en el departamento de El Quiché que reclamaba derechos sobre las tierras. Ambos denunciaron que la policía los estaba intimidando y que un individuo no identificado estaba vigilando sus movimientos. Tras concluir en noviembre que la policía había sido la responsable del homicidio de Teodoro Saloj, la intimidación y las amenazas se intensificaron. En abril del 2001, Luz Margoth Tuy Jiatz fue detenida y acusada de incitación, participación en una manifestación ilegal y conducta amenazante después de que intentó mediar en favor de los campesinos locales que protestaban contra su alcalde. Al parecer, los cargos se le imputaron como represalia por su participación en el caso Saloj, y se temió por su seguridad mientras permaneció detenida. También recibió amenazas de muerte posteriormente.
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Los miembros de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (conavigua) recibieron amenazas de muerte debido a sus esfuerzos por llevar a un ex comisionado militar ante la justicia por violar repetidas veces en 1999 a una niña indígena de 12 años de edad. Al parecer, durante el conflicto ese hombre había violado a varias mujeres indígenas en el pueblo donde vivía la pequeña, utilizando su puesto de comisionado militar para garantizarse una inmunidad procesal casi total. Amnistía Internacional cree que la pequeña fue agredida sexualmente porque sus padres trabajaban con un grupo de defensa de los derechos indígenas. Su padre y Rosa Tuis Guarcax, que se encarga del caso en nombre de conavigua, denunciaron nuevas amenazas en diciembre del 2000. En febrero del 2001, una hermana de la niña violada fue secuestrada brevemente.
Miembros del Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Familiares (gam) tanto en zonas rurales como en la capital denunciaron haber recibido amenazas de muerte y haber sido sometidos a vigilancia en noviembre y diciembre del 2000. Además, en diciembre les robaron un vehículo, y un miembro del departamento de El Quiché fue amenazado y agredido por un colaborador del ejército. El games uno de los grupos de derechos humanos más antiguos de Guatemala, y fue creado en los años ochenta por familiares de «desaparecidos» para tratar de determinar la suerte corrida por sus seres queridos.
Los empleados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (odhag) suelen ser blanco de ataques a causa de los esfuerzos de la odhagpor llevar ante la justicia a los asesinos del obispo Gerardi (véase infra). En diciembre del 2000, por ejemplo, dos hombres armados entraron por la fuerza en casa de Mynor Melgar, un destacado abogado que trabajaba para la odhagen este caso, y los ataron a él, a su esposa y a sus dos hijos para después amenazarlo diciendo: «Éste es un aviso, y la próxima...».
Los periodistas de Radio NovedadJuan Carlos Aquino y Marvin Alfredo Herwin González denunciaron haber recibido amenazas de muerte, las más recientes en enero del 2001, aparentemente como represalia por sus críticas a las actividades de las autoridades locales de Zacapa.
Los empleados de la Fundación Myrna Mack y los miembros de un equipo del proyecto remhique difundía las conclusiones del informe remhien Chimaltenango denunciaron haber recibido amenazas en febrero del 2001. Los empleados de la Fundación Myrna Mack también han sufrido repetidos ataques a causa de sus incansables esfuerzos por llevar ante la justicia a quienes ordenaron y perpetraron la ejecución extrajudicial de la antropóloga Myrna Mack en 1990 (véase infra).
Sylvia Gerea, reportera de El Periódico,fue agredida en marzo del 2001: la agarraron por el cuello y le advirtieron de que los matarían a ella y a sus asociados si seguían escribiendo sobre las irregularidades de unos préstamos concedidos por un banco de crédito a personas poderosas. Más tarde, ese mismo mes, dos hombres armados profirieron nuevas amenazas contra varios periodistas y contra el director del periódico, José Rubén Zamora, por informar sobre esos préstamos. Por esa misma época, varios periodistas de Prensa Librerecibieron amenazas a causa de un trabajo similar de periodismo de investigación. Las oficinas de El Periódicoya habían sido asaltadas anteriormente por simpatizantes del frgque protestaban contra unos artículos en los que se cuestionaban las políticas del entonces ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé.
En mayo del 2001, dos hombres armados secuestraron brevemente, interrogaron y amenazaron a la directora de famdegua, Aura Elena Farfán, y a su chófer, Otto Villanueva, a pesar de la presencia de personal de seguridad asignado para proteger a famdeguaa raíz de ataques anteriores.
0 En abril del 2001, los empleados del caldhparecían haberse convertido en blanco específico de los simpatizantes del frg. Éstos, según los informes, habían sido trasladados en autobús hasta la capital para enfrentarse a quienes se manifestaban pidiendo que se retirara la inmunidad parlamentaria al general Ríos Montt para que pudiera ser juzgado por el asunto «Guategate». Anteriormente, en febrero del 2001, el caldhhabía informado de que grupos de soldados estaban visitando diversas comunidades incluidas en la segunda querella colectiva, en la que participaba el caldh, presentada por genocidio contra miembros del gobierno de Ríos Montt. Al parecer, los soldados intimidaban a miembros de las comunidades para disuadirlos de testificar ante el caldhsobre las masacres que habían presenciado. Ex miembros de las pacadvertían a los posibles testigos: «Olvidar los huesos... Si quieren reclamar sobre lo que pasó en la aldea, van a vivir lo mismo otra vez».
En junio del 2001, la propia Amnistía Internacional se convirtió en blanco de los ataques cuando una delegada suya fue secuestrada a la puerta de la habitación de su hotel en Ciudad de Guatemala. Sus colegas la encontraron atada y amordazada en la escalera de incendios del hotel unas dos horas después. La agresión se denunció formalmente ante el Ministerio Público pero, en lugar de iniciar una investigación seria, el entonces ministro de Gobernación Byron Barrientos acusó públicamente a Amnistía Internacional de inventar el ataque.
Los periodistas que trabajan para el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (cerigua) recibieron amenazas de muerte en julio del 2001, las más recientes de una larga serie. ceriguaha estado informando sobre asuntos políticos y de derechos humanos en Guatemala desde su fundación en 1983, y ha sido blanco de constantes ataques. En 1994, sus oficinas fueron asaltadas y robadas y sus archivos destruidos.
Asimismo, en julio se lanzaron varios ataques contra miembros de la Asociación Justicia y Reconciliación (ajr), el grupo de sobrevivientes de masacres en cuyo nombre el caldhha presentado sus dos querellas. Una persona resultó muerta y otra, el presidente de la Asociación, herida con un cuchillo.
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En octubre del 2001, Matilde Leonor González, historiadora de avansco(el instituto de investigación sobre ciencias sociales en el que trabajaba Myrna Mack cuando la asesinaron), fue sometida a vigilancia e intimidación repetidamente, al parecer a causa de sus averiguaciones sobre la función que había desempeñado el ejército en la manipulación de las estructuras de poder locales para incitar a la violencia callejera y los linchamientos en todo el país.
Ese mismo mes, los empleados de un centro eclesiástico de la capital denunciaron haber recibido amenazas por permitir que los representantes de las comunidades rurales implicadas en las dos querellas del caldhse alojaran en el centro mientras estaban en Ciudad de Guatemala para asistir a un acto relacionado con sus querellas.
En noviembre, los empleados de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Quetzaltenango denunciaron haber sufrido amenazas de muerte y un asalto a su oficina, al parecer como represalia por investigar la corrupción en las instituciones estatales del departamento de Quetzaltenango. También se denunciaron amenazas similares contra los empleados de la Procuraduría de los Derechos Humanos en los departamentos de Huehuetenango, Izabal y Retalhuleu.
Capítulo 3: La impunidad, un estudio de tres casos
Muchos de los ataques contra defensores de los derechos humanos que se han expuesto brevemente en el capítulo anterior están claramente relacionados con iniciativas para combatir la impunidad. Los casos que incluimos a continuación ilustran con más detalle el coste de incluso el más mínimo progreso hacia la justicia y los vínculos indivisibles entre la falta de castigo a los responsables de pasados abusos y las nuevas violaciones de derechos humanos.
Una exposición exhaustiva de los obstáculos y demoras que han sufrido estos casos exigiría varios volúmenes, por lo que hemos optado por describir los casos con cierto detalle para dar una idea de cuánto ha costado, en tiempo y frustración, conseguir que incluso los casos más destacados pasaran por los tribunales guatemaltecos.(9)
Silenciar el pasado: El asesinato del obispo Gerardi
Los esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables del asesinato del obispo Juan José Gerardi, cometido en 1998, ilustran de forma sumamente instructiva las dificultades y el coste de la lucha contra la impunidad.
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El obispo Gerardi dirigía la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (odhag). Él fue el motor que impulsó el proyecto diocesano remhi. El 26 de abril de 1998, presidió la presentación del informe remhial pueblo guatemalteco y a la opinión pública internacional, en un acto celebrado en la catedral metropolitana de Ciudad de Guatemala. Dos días después fue asesinado a golpes cerca de su domicilio, en el centro de la ciudad. Es el religioso guatemalteco de más alto rango ejecutado extrajudicialmente en el país. La comunidad internacional consideró que con este caso se demostraría si el sistema judicial de Guatemala era capaz de funcionar, y se preguntó cómo podía el ciudadano medio contar con que la ley protegiera a los inocentes y castigara a los culpables si no lograba hacerse justicia en el caso de un obispo de renombre internacional.
Desde el principio, quienes presionaban para que se llevara a cabo una verdadera investigación fueron sometidos a amenazas y hostigamiento constantes, mientras las investigaciones oficiales parecían destinadas a obstaculizar más que a descubrir las causas de la muerte del obispo Gerardi. El lugar del crimen ni siquiera se acordonó, y muchas pruebas se destruyeron, desaparecieron o se contaminaron. En los vídeos se observa a los investigadores examinando pruebas sin ponerse guantes de goma y pisoteando la sangre del obispo. Otras manchas de sangre se limpiaron.
Los grupos de derechos humanos creían que detrás del asesinato del obispo podían ocultarse sectores e individuos opuestos a que se investigaran las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. De hecho, los testigos insistieron en que, incluso antes de la llegada de la policía, en el lugar del crimen había presentes miembros del emp.
Transcurrió un año antes de que las autoridades admitieran que habían estado presentes miembros del emp, y cuando lo hicieron alegaron que habían estado allí porque una destacada activista de derechos humanos guatemalteca les había pedido que fueran; la activista en cuestión negó esas afirmaciones. Las autoridades también se negaron a seguir ninguna línea de investigación que supusiera que el obispo Gerardi podía haber sido ejecutado extrajudicialmente a causa de su participación en actividades de derechos humanos, especialmente el proyecto remhi.
En lugar de eso, la primera teoría propuesta fue que lo habían matado unos indigentes que solían dormir cerca de la casa del obispo y que habían sido vistos en las cercanías la noche del asesinato, y que posiblemente se había tratado de un robo, cometido quizá bajo la influencia del alcohol y las drogas. Algunos de ellos fueron detenidos y permanecieron recluidos brevemente. Tras su puesta en libertad, un «escuadrón de la muerte» anónimo se atribuyó la responsabilidad del asesinato del obispo. Mientras tanto, los empleados de la odhagdijeron que ya habían proporcionado a la comisión especial nombrada por el gobierno para investigar el caso información que implicaba a personal del ejército pero que, en lugar de investigar dicha información, las autoridades estaban tratando de encubrirla.
La siguiente teoría difundida por los servicios de inteligencia del ejército fue que el asesinato del obispo Gerardi había sido motivado por una pelea homosexual. Otra variante de esta teoría era que el obispo había sido asesinado por Mario Orantes Nájera, el sacerdote con quien compartía su residencia, cuando el obispo Gerardi descubrió a Mario Orantes con un amante. Mario Orantes y el ama de llaves del sacerdote fueron detenidos y permanecieron recluidos un tiempo mientras se investigaban estas teorías. Al ama de llaves la acusaron además de ocultar pruebas por lavar la sangre del obispo después del asesinato, aparentemente por orden de Mario Orantes.
Otra teoría que se hizo circular decía que el obispo Gerardi había sido asesinado porque había descubierto que miembros de la iglesia estaban implicados en el robo de tesoros de la iglesia para el comercio internacional. Esta teoría la propuso un familiar de uno de los oficiales del ejército implicados, aparentemente para desviar la atención de los investigadores.
Llegó incluso a sugerirse que el perro de Mario Orantes había atacado y matado al obispo obedeciendo las órdenes de Orantes. Esta teoría se basaba en las conclusiones de un experto forense español a quien la Fiscalía General había pedido que participara en la investigación, que afirmaba que las fotografías tomadas al rostro del obispo durante la autopsia mostraban mordeduras de perro. El animal fue puesto bajo custodia, donde finalmente murió de viejo.
Frustrada porque las autoridades se centraban en la teoría del perro, la odhagpidió, y finalmente consiguió, que se la reconociera como «querellante adhesivo».(10) Una vez logrado ese reconocimiento, pidió una segunda autopsia para eliminar la teoría de la mordedura de perro. Finalmente, en septiembre de 1998 el cadáver del obispo fue exhumado para una segunda autopsia, en la que estuvieron presentes expertos estadounidenses, dos forenses designados por la odhagy el forense español que había aportado la teoría de la mordedura. Las autoridades no permitieron que los expertos estadounidenses participaran en la autopsia, aunque sí les permitieron observarla. Estos expertos declararon que las heridas y señales del cadáver del obispo Gerardi no concordaban con la teoría de la mordedura de perro, y no coincidían con el molde de la dentadura del animal. El forense español siguió insistiendo en que el obispo Gerardi había sido atacado y mordido por el perro.
En noviembre de 1998, un ex fiscal general contratado por la Iglesia para evaluar las investigaciones oficiales sobre el asesinato concluyó que el crimen tenía todas las características de una ejecución extrajudicial y que Mario Orantes había sido acusado indebidamente.
La odhagy otras ongsiguieron presionando para que se investigara a tres oficiales del ejército concretos. Desde el extranjero pidió reiteradamente que los responsables comparecieran ante la justicia; así lo hicieron, por ejemplo, el Parlamento Europeo y el gobierno estadounidense. Finalmente, el fiscal inicial, a quien la odhagacusaba de incompetencia, parcialidad y conflicto de intereses a causa de sus vínculos con el ejército, fue apartado de la investigación. Su sucesor se exilió tras recibir amenazas de muerte y, en diciembre de 1998, fue sustituido por un tercer fiscal, Celvin Galindo. Poco después, el juez inicial también se retiró del caso.
En febrero de 1999, el presidente de CONFREGUA declaró que el gobierno se había puesto en contacto con las autoridades eclesiásticas para ofrecerles la libertad de Mario Orantes a cambio de que la Iglesia guardara silencio sobre la posible implicación militar o gubernamental. El gobierno negó esas denuncias.
En marzo de 1999, el fiscal Galindo anunció que iba a investigar la posible motivación política del asesinato. Al día siguiente, el nuevo juez del caso se retiró tras recibir amenazas contra él y contra su familia. En octubre de 1999, tras recibir repetidas amenazas, Celvin Galindo también abandonó el país.
Durante un tiempo apenas se realizaron progresos, pero quienes seguían presionando para que se hiciera justicia sufrieron nuevas amenazas y agresiones. Por ejemplo, en abril del 2000 tres hombres fuertemente armados entraron por la fuerza en la casa de Ronalth Ochaeta, a la sazón director de la odhag. Registraron la casa y amenazaron a la empleada doméstica de Ochaeta y al hijo de éste, de cuatro años de edad. Dejaron tras de sí un bloque de cemento, en aparente referencia al encontrado cerca del cadáver del obispo Gerardi y que, según se suponía, había sido el arma del crimen. Por esa misma época, el arzobispo Próspero Penados y el obispo auxiliar Mario Ríos Mont, que sustituyó al obispo Gerardi en la odhag, recibieron amenazas de muerte.
En mayo del 2000, dos miembros del equipo de la odhagque investigaba el caso del obispo Gerardi recibieron amenazas de muerte después de que la juez encargada del caso resolvió que tres oficiales de alta graduación del ejército —el ex director de un servicio de inteligencia militar, un hijo de éste, y un ex miembro del emp—, debían ser juzgados por el asesinato; los tres militares habían sido nombrados desde el principio como sospechosos por los grupos de derechos humanos. La propia juez recibió amenazas y fue seguida por individuos no identificados.
Poco después de la resolución judicial, el empleado de la odhagRodrigo Salvado recibió la primera de numerosas amenazas telefónicas; en ella le advertían de que estaba en una «lista negra» de personas investigadas por el gobierno. Este hombre recibió unas 20 llamadas de este tipo en un solo día; el autor de las llamadas los insultó a él y a su familia y dijo que un grupo iba de camino para matarlo. Mario Domingo, asesor legal de la odhagsobre el caso Gerardi, recibió llamadas en su lugar de trabajo; en una de ellas le hicieron escuchar una canción titulada El Desaparecido.
Uno de los militares acusados alegó que no podía haber estado implicado porque, en el momento del asesinato, estaba bajo custodia por otro homicidio. Sin embargo, se descubrió que los registros de la prisión habían sido alterados, aparentemente para respaldar esa alegación. Su compañero de celda, que testificó que el militar estaba ausente de la prisión cuando se cometió el asesinato, recibió amenazas en prisión, y llegó a temer por su vida. Otro testigo fue asesinado en prisión, y también hubo un atentado contra uno de los oficiales detenidos; los analistas locales sugieren que pudo ser un intento de eliminarlo para impedir que implicara a más oficiales de alta graduación.
El caso fue dando vueltas hasta que los tres militares y Mario Orantes fueron puestos bajo custodia, y el ama de llaves quedó en libertad provisional. Los abogados de todos ellos siguieron utilizando tácticas para demorar los procedimientos, y llegaron a sugerir que el juicio debía celebrarse ante un tribunal militar.
Tal como se ha dicho anteriormente, para cuando se reanudaron los procedimientos en la primavera del 2001, un juez y dos fiscales habían huido del país tras recibir amenazas. Uno de los fiscales también había encontrado a cinco oficiales del ejército vigilando su casa. Decenas de personas que participaban en el caso denunciaron graves actos de intimidación, y otra decena más, entre las que se encontraba un miembro del empque había implicado a colegas suyos en el asesinato, también habían huido del país. A tres testigos que se quedaron los mataron, al igual que a seis de los indigentes que dormían a la intemperie cerca de la casa del obispo Gerardi la noche del asesinato.
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Se produjeron más incidentes: alguien arrojó una granada contra la casa de la juez Yasmín Barrios, que presidía el tribunal, el día antes de que el juicio se reiniciara en marzo del 2001. En abril, Mynor Melgar, destacado abogado de la odhag, recibió otra amenaza más dos días después de anunciar que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado estaba ayudando a preparar una querella por genocidio contra el general Ríos Montt.
Cinco empleados de la Fundación Myrna Mack también denunciaron en abril del 2001 haber recibido amenazas relacionadas con el caso. Uno de ellos era el general peruano retirado Rodolfo Robes, que testificó tanto en el caso de Myrna Mack como en el del obispo Gerardi sobre los métodos de trabajo de los servicios de inteligencia militares en Latinoamérica y el probable efecto del proyecto remhien el ejército guatemalteco.
En abril del 2001, las amenazas contra el personal de la odhagy otras personas provocaron una furiosa denuncia del obispo auxiliar Mario Ríos Mont, quien, a continuación, dos días después de prestar testimonio, recibió amenazas a su vez. Ese mismo mes, una mujer miembro de Amnistía Internacional publicó en Estados Unidos un artículo en el que subrayaba los abusos contra quienes intentan que se haga justicia por este asesinato, y también ella empezó a recibir amenazas.
En junio del 2001, los tres militares fueron declarados culpables de ejecución extrajudicial y condenados a 30 años de prisión. Mario Orantes fue condenado a 20 años por complicidad en el asesinato, y el ama de llaves fue absuelta. Permaneció abierto el caso contra otros militares presuntamente implicados.
Los condenados apelaron inmediatamente contra la decisión, y se informó de nuevas amenazas contra la juez Barrios y otro de los jueces. La juez Barrios también observó cómo un helicóptero sobrevolaba su casa. En el pasado, ese tipo de vuelos habían sido presagio de atentados mortales contra las personas vigiladas. A un testigo le dijeron que, si no retiraba su testimonio, secuestrarían y matarían a su esposa. A otro lo atacaron en prisión y un tercero tuvo que ocultarse en el extranjero. Leopoldo Mario Zeissig, que era fiscal del caso en el momento de dictarse sentencia, siguió a sus predecesores al exilio tras recibir amenazas contra él y su familia.
Mientras tanto, los observadores ponen en duda que los autores materiales e intelectuales del crimen hayan sido identificados. Hacen constar que el militar de más alto rango de los tres condenados había sido un importante partidario del general Óscar Mejía Víctores, que derrocó al general Ríos Montt como jefe del Estado en 1983 y desde entonces, ha estado implicado en maniobras internas del ejército contra los partidarios del general Ríos Montt.
El largo camino de la justicia: El caso de Myrna Mack
En 1989, la antropóloga Myrna Mack, miembro fundador del instituto de investigación sobre ciencias sociales avansco, publicó un innovador estudio que concluía que la política de contrainsurgencia del gobierno había causado el desplazamiento interno de pueblos indígenas de Guatemala, con el consiguiente sufrimiento de estos pueblos. El estudio se publicó cuando daban comienzo las conversaciones de paz, y fue muy perjudicial para el gobierno.
El 11 de septiembre de 1990, Myrna Mack fue asesinada con arma blanca cuando salía de la oficina de avanscoen la capital. Su hermana, Helen Mack, inmediatamente se hizo cargo del caso como querellante adhesiva y luchó incansablemente por llevar ante la justicia a quienes habían ordenado y ejecutado el asesinato de Myrna. Pronto se hicieron evidentes las irregularidades, la incompetencia y los ataques contra testigos y profesionales implicados en la investigación. A pesar de la presencia casi inmediata del jefe de policía en el lugar del crimen, dicho lugar no se protegió adecuadamente, y se destruyeron huellas de pisadas. Un plástico que posiblemente se utilizó como ligadura y que se ve en las fotografías fue descartado por considerarlo irrelevante. A la víctima le limpiaron las manos, con lo que se destruyó cualquier prueba que hubiera dejado una aparente lucha con su atacante.
Finalmente, basándose en el testimonio presencial de dos ex miembros de la unidad de investigaciones criminales de la policía, los investigadores policiales concluyeron que Myrna Mack había estado siendo vigilada por miembros de los servicios de inteligencia del ejército. Entre quienes la seguían se encontraba Noel de Jesús Beteta Álvarez, agente antinarcóticos y sargento mayor especialista en la Sección de Seguridad del EMP, identificado en los archivos fotográficos. Los investigadores de la policía también concluyeron que Myrna Mack había sido asesinada a causa de su informe.
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El empse negó a entregar a Noel Beteta para que fuera interrogado, y el informe policial no se presentó a la fiscalía hasta meses después. Una versión abreviada de ese informe que se incluyó en el expediente judicial no hacía ninguna referencia a la implicación del ejército. Cuando finalmente se hizo público el informe original, el entonces fiscal general admitió que el homicidio era de motivación política. Poco después, el inspector de policía responsable del informe fue asesinado a tiros cuando se disponía a viajar para testificar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual también se había sometido el caso. El ayudante del inspector en la investigación huyó del país.
Noel Beteta fue detenido en Estados Unidos en noviembre de 1991 por entrada ilegal en el país y fue devuelto a Guatemala para ser juzgado por el asesinato de Myrna Mack. Cuando, en 1993, fue finalmente condenado a 25 años de prisión por el asesinato, había habido en el caso 13 jueces, muchos de los cuales se habían retirado ante el temor por su seguridad. Varios testigos retiraron sus declaraciones originales a la policía tras recibir amenazas. Los periodistas que se ocupaban del caso fueron amenazados para que dejaran de informar sobre él. El propio Noel Beteta trató presuntamente de suicidarse en prisión en 1994, pero fuentes guatemaltecas afirman que, en realidad, se trató de un intento de asesinarlo para impedir que prestara un testimonio que pudiera implicar a más altos cargos.
Tras la condena de Noel Beteta, Helen Mack presentó de inmediato una querella en la que pedía que se procesara a sus superiores. La Corte Suprema la admitió, pero seguidamente se presentó un recurso contra esta decisión en la Corte de Constitucionalidad. El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González Dubón, iba a anunciar la resolución sobre este recurso cuando fue ejecutado extrajudicialmente en abril de 1994 (véase infra). En noviembre, varios internos de la prisión en la que estaba recluido Noel Beteta fueron asesinados, al parecer para intimidar a éste y a otros presos que estaban dispuestos a prestar testimonio sobre casos concretos de homicidio ordenados por oficiales del ejército de alta graduación.
Desde entonces, los acusados han utilizado todos los procedimientos legales imaginables para paralizar el proceso judicial; entre otras cosas, han alegado que tienen derecho a beneficiarse de las leyes de amnistía y que los procedimientos deberían celebrarse ante tribunales militares. Cada recurso se ha ido abriendo paso trabajosamente hasta la misma Corte de Constitucionalidad. Mientras tanto, jueces y funcionarios del Ministerio Público han «perdido» repetidamente pruebas, han negado tener competencia para juzgar el caso y han intentado iniciar los procedimientos desde el principio, en virtud de un código penal obsoleto.
El inicio de las vistas orales contra los presuntos autores intelectuales del crimen se fijó por fin para octubre del 2001, ocho años después de la primera petición, pero se retrasó una vez más por un nuevo recurso de la defensa.
Helen Mack también recurrió al sistema interamericano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió su petición a pesar de que aún no se habían agotado las vías legales nacionales, alegando que se habían obstaculizado los esfuerzos de la denunciante por lograr una solución en los tribunales nacionales y que en los procedimientos nacionales se habían producido demoras injustificadas. Mientras tanto, los procedimientos iniciados ante la Comisión en una serie de casos se resolvieron mediante «soluciones amistosas» entre los querellantes y el Estado guatemalteco en marzo y abril del 2000, de acuerdo con los procedimientos establecidos en virtud de los artículos 48 y 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este contexto (teniendo en cuenta que, normalmente, si se alcanzan esos acuerdos se excluye que la Corte Interamericana tome una decisión al respecto), Guatemala aceptó la responsabilidad institucional del asesinato de Myrna Mack y accedió a pagar una indemnización. A consecuencia de esa admisión de responsabilidad, Helen Mack llegó a un acuerdo preliminar con Guatemala para explorar la posibilidad de alcanzar una «solución amistosa», que dependería de que se juzgara a los responsables del delito y que se concluyeran los procedimientos legales pertinentes en un periodo de tiempo razonable.
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Los informes de los encargados de vigilar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados indican claramente que Guatemala no había cumplido lo acordado. Ante esa situación, Helen Mack decidió que no era posible llegar a una «solución amistosa» y pidió que continuaran los procedimientos en el sistema interamericano. El caso fue debidamente remitido por la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya decisión se espera en el 2002.
Ataque contra la judicatura: El caso del juez Epaminondas González Dubón
El juez Epaminondas González Dubón, presidente de la Corte de Constitucionalidad, fue asesinado en abril de 1994 por unos hombres no identificados que abrieron fuego contra su automóvil cuando el juez regresaba a su casa en Ciudad de Guatemala. Los grupos de derechos humanos guatemaltecos declararon desde el principio que había sido víctima de una ejecución extrajudicial y que sus atacantes habían actuado en nombre de los oficiales militares de la línea dura guatemalteca. Su caso ilustra que incluso las máximas figuras del poder judicial corren peligro cuando tratan de cumplir sus obligaciones profesionales. Al igual que el caso del obispo Gerardi, este caso también hace dudar de si se ha condenado a los verdaderos culpables y a quienes ordenaron el asesinato del juez.
Las autoridades mantenían que el juez González había sido víctima de un delito común, pero ni su familia ni los grupos locales de derechos humanos estaban de acuerdo con esa teoría. El juez había recibido amenazas de muerte anónimas por teléfono antes de su muerte, alguien había arrojado repetidamente en su jardín una corona funeraria y se había visto a cinco hombres en una camioneta con vidrios polarizados vigilando su casa y el vecindario la semana anterior.
También existían posibles motivos políticos para su asesinato. Por ejemplo, el año anterior el juez González había declarado ilegal el esfuerzo, finalmente infructuoso, del presidente Jorge Serrano de hacerse con poderes anticonstitucionales en un «auto-golpe». También había resuelto que el vicepresidente de Serrano, Gustavo Espina, no podía asumir el poder tras abandonar Jorge Serrano el país, ya que, al haber estado implicado en el «auto-golpe», constitucionalmente estaba inhabilitado para el cargo. A consecuencia de sus resoluciones, dos poderosos generales tuvieron que abandonar el ejército.
En otra decisión tomada poco antes de su muerte y que probablemente también irritara a sectores poderosos, el juez González resolvió que los intentos de prolongar el mandato de los diputados del Congreso era inconstitucional. Además, su voto fue decisivo para aceptar una petición de extradición por narcotráfico presentada por Estados Unidos contra un teniente coronel del ejército. Este oficial era el primer miembro de las fuerzas armadas guatemaltecas cuya extradición pedía Estados Unidos. Nueve días después, el juez González fue asesinado. Dos días después de su muerte, el mismo tribunal votó en contra de la extradición: los documentos relativos a la decisión original sobre la extradición se habían «perdido».
En el momento de su asesinato, el juez González estaba además a punto de pronunciar resoluciones importantes sobre el caso de Myrna Mack. Por ejemplo, estaba pendiente ante la Corte de Constitucionalidad una apelación de los militares acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Myrna Mack. La Corte Suprema había anulado la decisión de la Corte de Apelaciones de cerrar el caso sin procesar a los autores intelectuales, y el juez González iba a emitir su fallo sobre el recurso presentado por los militares contra la decisión de la Corte Suprema.
Desde el principio las autoridades obstaculizaron la investigación sobre la muerte del juez. Según los informes, figuras muy destacadas llamaron a los investigadores de la policía horas después del asesinato y les dijeron que lo trataran como un delito común. La policía y el Ministerio de Gobernación atribuyeron el crimen a un intento de robo de automóvil que había salido mal. Sin embargo, no pudieron explicar por qué el automóvil del juez no había sido robado.
Las irregularidades y los retrasos estancaron los procedimientos durante varios años, hasta que en 1996 un miembro de una banda de ladrones de automóviles llamada «Criss Cross» testificó sobre la implicación de un agente del emp. Según su testimonio, el agente en cuestión se había identificado como subteniente, utilizaba un automóvil perteneciente a un agente determinado del emp, proporcionó a los miembros de la banda credenciales falsas del emp, les entregó 325.000 quetzales(11) como primer pago por la ejecución extrajudicial del juez González y les hizo otro pago después del asesinato.
Mientras la familia seguía presionando para que se llegara hasta el fondo del asunto, se descubrió que habían desaparecido documentos de los expedientes judiciales. La abogada que representaba a dos hermanos acusados del homicidio se retiró en 1996 tras recibir amenazas de muerte. Las amenazas comenzaron cuando la abogada declaró que tenía una grabación magnetofónica en la que un tercer individuo, que era menor de edad en el momento del crimen, declaraba ser el autor del asesinato. Este individuo fue detenido por otro delito, pero finalmente fue relacionado con el asesinato del juez González. Al parecer, se había sobornado a un agente de policía para que alterara su expediente: la información relativa a una serie de detenciones anteriores no se había incluido o se había eliminado, como había ocurrido con una orden de detención anterior que no se había ejecutado.
Según los informes, el jefe de la banda «Criss Cross» dijo que haría que a ese tercer individuo lo mataran en prisión, pero finalmente él y otro miembro de la banda fueron asesinados en crímenes separados aún sin resolver. Un testigo presencial y uno de los acusados recibieron amenazas de muerte mientras estaban en prisión.
Finalmente, en 1996 fueron declaradas culpables seis personas, pero recibieron penas relativamente leves de entre 2 y 12 años de prisión. El Ministerio Público apeló contra las condenas por considerarlas demasiado leves, pero la Corte de Apelaciones anuló las sentencias y dejó en libertad a los acusados. Uno de ellos ya había escapado, al parecer con la connivencia de la policía. Posteriormente, los jueces que anularon las condenas denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Finalmente, la Corte Suprema anuló las decisiones de los dos tribunales de instancia inferior, multó a los jueces implicados por no haber identificado y corregido las violaciones del proceso debido y ordenó que el caso se devolviera al tribunal de primera instancia para ser juzgado de nuevo.
La fiscalía entonces intentó retirar las acciones contra los jueces, por lo que el hijo del juez González acusó al Ministerio Público de «violar todos los mecanismos de imparcialidad», diciendo que su acción reflejaba «una decisión fundamentada en el hecho de permitir que en el país impere la impunidad». La Supervisión General de Tribunales estuvo de acuerdo en que la justicia no había sido ni rápida ni adecuada. Mientras tanto, minuguahizo constar que otros dos sospechosos citados en los expedientes policiales no habían sido investigados.
El hijo de la víctima trató de revitalizar el caso en 1997 convirtiéndose en querellante adhesivo, y la Corte de Constitucionalidad ordenó que se reactivara el caso. Entonces, el sobrino del juez González fue atacado en circunstancias similares a las que causaron la muerte de su tío. El hijo del juez sugirió que este ataque era una represalia porque la familia había seguido con el caso. También en 1997 se modificó el cargo de homicidio por el de asesinato en primer grado, posiblemente para respaldar la teoría del robo de automóvil.
Finalmente, en 1998 dos hombres fueron condenados a 27 años de prisión por robo y asesinato y un tercero a 2 años por robo con agravantes. Diversas maniobras legales emprendidas a raíz de ese fallo concluyeron en octubre del 2001, cuando el tribunal de sentencia anunció que los dos condenados cumplirían penas de 25 años por asesinato. El sospechoso que escapó continúa en libertad. Los autores intelectuales tampoco han sido castigados, a pesar de que en 1997 la Fiscalía General dio los nombres de cuatro ex miembros de la unidad anti narcóticos del ejército y dijo que se creía que eran quienes habían contratado a la banda «Criss Cross» para que asesinara al juez González por orden del ahora desarticulado Cartel de Cali, con base en Colombia. Según los informes, el Cartel había actuado para impedir la extradición del teniente coronel del ejército guatemalteco (miembro del Cartel) a Estados Unidos.
Tras la decisión de octubre del 2001, la familia de la víctima culpó al empde haber ordenado el asesinato del juez González y expresó consternación por el hecho de que no se hubiera realizado ningún esfuerzo para llevar a los autores intelectuales del crimen ante la justicia.
Capítulo 4: El genocidio olvidado: masacres sin resolver
Se calcula que más de 600 poblados indígenas fueron prácticamente eliminados en masacres a gran escala perpetradas en zonas rurales por el ejército guatemalteco y las pacdurante el conflicto. También los niños y los bebés fueron víctimas directas de las prácticas de contrainsurgencia del ejército: de las 6.159 «desapariciones» registradas por la ceh, el 11 por ciento era de niños, al igual que lo era el 33 por ciento de los restos exhumados por la odhagentre 1997 y el 2000.
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A continuación describimos tres de los pocos casos en los que se ha realizado algún progreso en la identificación de los culpables. El camino de la justicia ha sido largo y difícil, y los que han participado en él han pagado un elevado precio.
Desenterrar la verdad: La masacre de Dos Erres
El 5 de diciembre de 1982, un comando de kaibiles, las fuerzas especiales del ejército guatemalteco análogas a los Boinas Verdes estadounidenses, irrumpieron en Dos Erres, La Libertad, departamento de Petén, acompañadas de tropas paramilitares. Cuando se marcharon, tres días después, habían masacrado a más de 350 hombres, mujeres y niños; a las mujeres antes las habían violado en masa. Muchos de los cadáveres fueron arrojados al pozo del poblado, y otros fueron abandonados en los bosques cercanos. A continuación, el poblado fue arrasado. Al parecer, a uno de sus habitantes lo habían torturado para hacerle decir que quienes vivían allí eran guerrilleros y para que guiara al ejército hasta el pueblo. Según un testigo presencial, una vez allí al guía lo mutilaron a hachazos antes de ejecutarlo con garrote.
Durante los años siguientes, los sacerdotes locales reunieron testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas y los hicieron llegar a la odhagy luego a famdeguapara que emprendieran acciones en nombre de los sobrevivientes.
El asunto permaneció estancado durante casi 12 años, hasta julio de 1994, cuando famdeguay la odhaginvitaron al Equipo Argentino de Antropología Forense a que excavara el emplazamiento donde se había alzado Dos Erres. En julio de 1995, el equipo había descubierto los restos de 171 personas, la mayoría en el pozo, y algunos en los bosques. De los restos encontrados, 67 pertenecían a menores de 12 años, muchos de ellos aún con dientes de leche. El equipo estableció la identidad de tres víctimas; los familiares y sobrevivientes identificaron a otras 16, de entre 6 y 65 años.
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Durante las exhumaciones, los familiares de las víctimas identificadas denunciaron repetidas amenazas de muerte de un ex comisionado militar. A famdeguay al equipo hubo que asignarles protección policial después de que alguien arrojó piedras contra su alojamiento temporal y disparó ráfagas de metralleta al aire.
El Ministerio Público siguió mostrando poco interés en el caso: no citó a declarar a testigos y sobrevivientes, a pesar de haber recibido sus testimonios a través de famdegua. No se hizo ningún esfuerzo oficial por investigar la información proporcionada por famdeguarespecto a quienes ocupaban el mando en El Petén durante la masacre. A pesar de las reiteradas peticiones el Ministerio Público para que nombrara a un fiscal especial encargado de investigar el caso, este nombramiento no se produjo hasta 1996. Las pruebas reunidas por famdeguase trasladaron entonces a la capital sin una protección adecuada, lo que hizo temer que se contaminaran o se perdieran.
Hubo pocos avances hasta julio de 1997, cuando Mynor Melgar, del departamento jurídico de la odhag, sustituyó al primer fiscal especial designado y citó a declarar a varios altos mandos del ejército. Entre los citados se encontraban el general Ríos Montt y el general Mejía Víctores, que era ministro de Defensa cuando se cometió la masacre. Todos los citados a declarar negaron tener conocimiento de ésta u otras masacres y dijeron que habían sido obra de fuerzas de guerrilla.
En octubre de 1997, Mynor Melgar anunció que iba a acusar de la masacre a 14 soldados y que estaba considerando la posibilidad de presentar cargos contra los generales Mejía Víctores y Ríos Montt por encubrir aquella atrocidad: un oficial de grado inferior había declarado que había informado de las acciones del ejército en Dos Erres a quienes en aquel entonces eran sus superiores. Más tarde se recibieron informes sobre nuevas amenazas e intimidación contra el personal de famdeguay minuguaque trabajaba en Petén.
Tras permanecer paralizadas durante varios meses, las investigaciones se reanudaron a principios de 1998, pero volvieron a estancarse ante la incomparecencia de dos ex soldados presentes en la masacre que habían prestado testimonio antes del juicio. No querían arriesgarse a prestar testimonio formal hasta que les garantizaran la seguridad de ellos mismos y de sus familias.
Amnistía Internacional entrevistó a uno de los testigos, que se encontraba oculto, en 1997, y obtuvo una copia de la declaración realizada por el otro antes del juicio. Los dos declararon que un comandante de los servicios de inteligencia del ejército (G-2) de la base militar de Santa Elena había ordenado la masacre, al parecer para encubrir la violación, cometida ese mismo día por otro oficial, de una mujer del poblado. Ambos describieron también cómo los miembros de la unidad de kaibilesy paramilitares se disfrazaron de guerrilleros y utilizaron armas de la guerrilla para confundir a los habitantes del poblado y evitar que el ejército tuviera que rendir cuentas de aquello.
Según sus testimonios, después de darse la orden, los hechos se desarrollaron del siguiente modo:
En cuanto a los hechos de la masacre, después de la reunión que sostuvieron los oficiales y en la cual se decidió dar muerte a todos los habitantes del caserío, a eso de las catorce horas se inició la ejecución. Se principió con un niño de tres o cuatro meses, se tiró vivo dentro del pozo, así se continuó con todos los niños. Los adultos todavía se encontraban encerrados en la iglesia evangélica, gente que se encomendaba a Dios. Dentro de las mujeres, había niñas de catorce y trece años, los subinstructores procedieron a violarlas. Las paraban en la orilla del pozo y les daban un garrotazo y se iban al mismo, así se procedió con hombres y ancianos.
Las exhumaciones realizadas por el equipo argentino confirmaron que los restos de los niños estaban al fondo del todo, lo que indicaba que, efectivamente, los habían matado y arrojado al pozo los primeros. Los cuerpos de las mujeres estaban en el medio, y los de los hombres arriba. Los restos de ropas encontrados y la forma en la que estaban colocados respaldaban los informes sobre las violaciones en masa.
Uno de los ex soldados habló de otros homicidios, precedidos por la violación de mujeres y muchachas jóvenes, ordenados y perpetrados en la zona por comandantes y soldados específicos después de que su unidad abandonó Dos Erres.
A principios de 1999, se notificó que el contrato del fiscal especial Mynor Melgar no se renovaría por «razones administrativas». Se nombró un nuevo fiscal especial, ya sobrecargado de otros destacados casos de derechos humanos. Los observadores consideraron que la destitución de Mynor Melgar había estado motivada por las peticiones de éste de que testificaran altos mandos del ejército. Posteriormente, Mynor Melgar recibió nuevas amenazas de muerte. Abandonó Guatemala temporalmente, convirtiéndose en otro exiliado más que se sumaba a la lista de cuatro testigos (tres ex kaibilesy un sobreviviente, que en el momento de la masacre tenía seis años) que ya habían huido al extranjero. Este sobreviviente exiliado supo, mientras testificaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre, que había sido criado por alguien directamente implicado en ella.
En marzo del 2000 se había dispuesto todo para que los testigos que eran ex soldados abandonaran Guatemala después de testificar, y se fijó la fecha para la celebración en Petén de una vista en la que el fiscal les tomaría declaración. A cuatro observadores internacionales, uno de los cuales había sido enviado por el Proyecto de Observadores Judiciales en Guatemala de Amnistía Internacional, les negaron la asistencia a la vista porque la oficina del fiscal era «demasiado pequeña». famdeguainformó de que, a consecuencia de las presiones del fiscal, en las declaraciones de los testigos se había omitido gran parte de la información dada anteriormente. No obstante, el nuevo fiscal anunció que se iban a dictar órdenes de detención contra 15 soldados.
Cuando el caso parecía estar cobrando al fin impulso, el gobierno anunció que se habían alcanzado «soluciones amistosas» con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a varios casos, entre ellos el de Dos Erres. El caso había sido presentado por primera vez ante la Comisión Interamericana por famdeguaen 1996. En una respuesta a la Comisión en 1997, el gobierno del presidente Arzú reconoció que era imposible negar lo que había sucedido en Dos Erres, que un sistema legal no podía tolerar ni encubrir actos contrarios a la justicia y que la ley debía imponerse sin distinción alguna a los responsables de tales actos. El gobierno pidió, no obstante, que la Comisión tuviera en cuenta la inseguridad que reinaba en aquella época. En octubre de 1998, famdeguaamplió su querella para pedir que se concediera una compensación a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas y pidió a la Comisión que ayudara a negociar los pagos del gobierno.
Entonces, el 1 de abril del 2000 se alcanzó la «solución amistosa», que incluiría la verdad, la justicia y la reparación. La «verdad» exigía una disculpa del Estado, y el Estado estaba obligado a garantizar la «justicia» según los términos del acuerdo y en un plazo de tiempo determinado. La «reparación» significaba la compensación económica y moral: en el caso de Dos Erres, un monumento a los muertos, un vídeo sobre la masacre que se difundiría a toda la nación, y ayuda psiquiátrica para los testigos y sobrevivientes.
Al aceptar la «solución amistosa», el gobierno se aseguraba de que, casi con toda probabilidad, el caso no concluiría con una resolución de la Corte Interamericana en contra de Guatemala. Sin embargo, famdeguaconsideró que el acuerdo únicamente significaba que el Estado reconocía su responsabilidad en la masacre, por lo que los familiares continuaron con su querella ante los tribunales guatemaltecos.
También en abril, el Ministerio Público anunció que la policía había sido incapaz de hallar a ninguno de los acusados contra los que se había dictado orden de detención, y que nueve de ellos habían huido del país. famdeguaafirmó que el motivo real por el que estos hombres no habían sido detenidos era porque se trataba de oficiales de alta graduación. La organización presentó un infructuoso recurso de hábeas corpus respecto a uno de los soldados acusados que había sido ingresado en un centro médico militar junto con aproximadamente otros seis de los citados en las órdenes de detención. famdeguatambién pidió que se retirara al general Ríos Montt la inmunidad parlamentaria para que pudiera ser procesado por la masacre.
El ejército alegó que al aceptar el testimonio de los ex kaibilesantes del juicio se habían violado la presunción de inocencia y el debido proceso, y que su testimonio no era válido porque habían participado en la operación militar de Dos Erres. Los acusados también alegaron que gozaban de inmunidad en virtud de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, que concedía inmunidad de procesamiento a los miembros de las fuerzas armadas y a quienes actuaran a sus órdenes por delitos no especificados cometidos en el contexto del conflicto armado y destinados a prevenir, reprimir o castigar delitos cometidos por grupos armados de oposición. Sin embargo, esa ley no eximía a los responsables de actos de desaparición forzada, tortura y genocidio. La Corte de Apelaciones rechazó los argumentos de los militares y denegó su recurso de amparo (petición para que se ejerzan los derechos constitucionales), en el que solicitaban que se suspendiera la ejecución de las órdenes de detención en su contra. No obstante, en la apelación contra esa decisión, la Corte de Constitucionalidad concedió provisionalmente el amparo y revocó las órdenes de detención. Los acusados continúan en libertad.
Mientras tanto, en agosto del 2000 el presidente Portillo asumió públicamente la responsabilidad de algunos abusos, como las muertes de Dos Erres, y aseguró a los familiares de las víctimas que recibirían una compensación. En septiembre tuvo lugar el asalto armado a las oficinas de famdeguadescrito anteriormente, en el que, entre otros, se robó el archivo informático de Dos Erres.
En abril del 2001 fue destituido el director de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (copredeh), que había asumido oficialmente la responsabilidad en nombre del Estado en las «soluciones amistosas». Al parecer, esta destitución fue consecuencia de las presiones de las facciones del ejército que temían que esa admisión generalizada de la responsabilidad estatal respecto a éste y otros abusos aumentara las probabilidades de que miembros del ejército fueran procesados. El director adjunto fue destituido también poco después por los mismos motivos.
Pese a ello, en mayo del 2001 se anunció un acuerdo de compensación, que no llegó a ponerse en práctica. En noviembre del mismo año, en un nuevo acuerdo alcanzado entre las partes bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno prometió poner rápidamente en práctica el acuerdo de abril del 2000, incluidos el pago, en un plazo de dos semanas, de la compensación propuesta y la supervisión de los procedimientos legales para superar los obstáculos que habían estado impidiendo que esos procedimientos llegaran a su fin.
par Por último, en diciembre del 2001, 19 años después de la masacre, el gobierno pagó 14 millones de quetzales a las familias de las personas masacradas por el ejército en Dos Erres. Los familiares recibieron con satisfacción esta indemnización, pero siguieron insistiendo en que los responsables debían comparecer ante la justicia. Señalaron que al menos cuatro oficiales que participaron en la masacre continúan en el servicio activo, y que se creía que el nuevo ministro de Gobernación, Eduardo Arévalo Lacs, nombrado en noviembre del 2001, había adiestrado a la patrulla militar responsable de la masacre. Finalmente, en diciembre del 2001 se puso en práctica el acuerdo de mayo del 2001.
«Confrontar el pasado»: Las masacres de Río Negro
En el poblado achí de Río Negro, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, se perpetraron cinco masacres entre 1980 y 1982, en el transcurso de la campaña de contrainsurgencia que tuvo lugar allí. Los grupos locales de derechos humanos afirman que entre 4.000 y 5.000 personas murieron de forma violenta durante ese periodo en toda la zona de Rabinal, y que 444 de los 791 habitantes de Río Negro fueron ejecutados extrajudicialmente. Es posible que Río Negro se convirtiera en blanco especial de ataques porque el Instituto Nacional de Electrificación (inde) de Guatemala quería esas tierras para construir en ellas la presa de energía hidroeléctrica de Chixoy. Esa presa era parte del plan de desarrollo económico del gobierno para la zona Transversal del Norte, donde tenían propiedades muchos generales, incluido el general Lucas García, entonces dirigente del país, y su hermano, el general Manuel Benedicto Lucas García. La financiación inicial procedió del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial pero, según los informes, gran parte de esos fondos terminaron en los bolsillos de militares corruptos.
La comunidad local asegura que no les consultaron en ningún momento durante las fases de planificación y desarrollo del proyecto, en los años setenta. La mayoría de los habitantes se negaban a reasentarse en otro lugar, aunque inicialmente algunos accedieron a trasladarse a Pacux, fuera de Rabinal. Las localidades como Pacux eran «polos de desarrollo», aldeas modelo o «aldeas estratégicas» establecidos en diversas zonas de conflicto para permitir que el ejército vigilara a la población de las zonas consideradas simpatizantes de la guerrilla. Sin embargo, los que se trasladaron descubrieron que las condiciones de Pacux eran inferiores a lo prometido y regresaron a Río Negro, ante la irritación del ejército y del inde. Los habitantes de la zona también se negaron a cumplir las órdenes del ejército de formar patrullas de autodefensa civil. Al parecer, su actitud hizo que el indeconsiderara a la comunidad como «subversiva».
En la atmósfera reinante por aquel entonces, el señalar como «subversiva» a una comunidad equivalía a declararla blanco legítimo de ataques. En 1980 comenzaron los homicidios. Primero se dio muerte a siete personas durante una reunión. Más tarde el indepidió a los representantes de la comunidad que acudieran a sus oficinas para hablar sobre los títulos de propiedad de las tierras. Al parecer, los representantes fueron víctimas de una emboscada cuando se dirigían a aquella cita. Sus cadáveres mutilados fueron encontrados más tarde, pero la documentación relativa a los derechos de la comunidad sobre las tierras jamás se recuperó.
En 1981 se formó una Patrulla de Autodefensa Civil en la cercana comunidad de Xocóc, que llevaba mucho tiempo en conflicto con Río Negro por la propiedad de algunas tierras y otras cuestiones. Los habitantes de Xococ consideraron que el contar con una pacles otorgaba autoridad para ajustar cuentas pendientes con Río Negro y, en febrero de 1982, los habitantes de Río Negro recibieron la orden de presentar sus documentos de identidad en Xocóc. Setenta y cuatro personas fueron a presentarlos; sólo una regresó. Dijo que los demás habían sido masacrados por la pacy los soldados. A las mujeres jóvenes las habían violado antes de matarlas.
La pacde Xocóc regresó repetidas veces a Río Negro en busca de «guerrilleros». Ante el temor por su vida, los hombres que quedaban en Río Negro huyeron a las montañas, creyendo que a sus familias no las atacarían. Pero se equivocaban. En marzo de 1982, el ejército y los miembros de la pacde Xocóc regresaron una vez más a Río Negro. Se llevaron a 70 mujeres y 107 niños a las montañas, donde los mataron. Tres mujeres escaparon y 18 niños fueron tomados prácticamente como esclavos por los miembros de las pac. Tras años de palizas y otros malos tratos, finalmente permitieron a esos niños regresar con los pocos miembros de su familia que aún vivían. Varios de esos niños, ahora adultos, han sido testigos clave en los esfuerzos por llevar a los responsables de masacres ante la justicia y por obtener una compensación por la pérdida de tierras y bienes de la comunidad.
Ni siquiera quienes huyeron de la zona inmediatamente adyacente al pueblo estuvieron seguros: en mayo de 1982, 84 personas murieron a manos del ejército en su refugio del valle del Río Negro. A 15 mujeres se las llevaron en un helicóptero y no se las volvió a ver. En septiembre de 1982, 30 niños y jóvenes capturados en la cercana comunidad de Agua Fría fueron masacrados, según los informes, junto con 62 habitantes de la localidad.
Las masacres dejaron prácticamente sin habitantes el pueblo de Río Negro y sus alrededores y, en 1983, comenzó la construcción de la presa de Chixoy. El lugar fue inundado y los sobrevivientes perdieron sus tierras y sus bienes; también sus lugares sagrados desaparecieron bajo el agua. A algunos sobrevivientes los reasentaron. Otros se fueron a las montañas, donde se ocultaron durante varios años, y sólo bajaron a Pacux tras la amnistía anunciada en 1985 por el general Mejía Víctores. Según los informes, incluso después de reasentarse en Pacux los habitantes de Río Negro siguieron sufriendo malos tratos a manos del ejército, que los sometía a detenciones, interrogatorios y tortura. Algunos sobrevivientes murieron allí de desnutrición y deshidratación.
Durante muchos años, los sobrevivientes, al igual que el resto de Guatemala, guardaron silencio sobre su suplicio, temiendo una nueva represión. Tal como decía un sobreviviente que, siendo niño, perdió a sus padres, a sus hermanos, a su hermana mayor y a los dos hijos de ésta: «¿Qué podíamos hacer? ¿Ir a la policía? ¿A las pac? ¿Al ejército? Habían matado a nuestros padres. Nos matarían a nosotros si denunciábamos las masacres, así que seguimos trabajando y viviendo como siempre habíamos hecho. Ni siquiera enterramos a los muertos. Y el ejército y las pacvenían periódicamente. Nos decían que nuestros familiares, los mismos a los que ellos mismos habían asesinado, no estaban muertos, que se ''habían ido con la guerrilla'' o ''vivían en Estados Unidos''».(12)
Gradualmente, a lo largo de los años, la historia salió a la luz y, a principios de los años noventa, comenzó lo que los sobrevivientes llaman «confrontar el pasado». En 1993 se formó la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA) que empezó a contar y a documentar los hechos, como primer paso hacia la justicia.
Uno de los primeros dirigentes de esta asociación fue Carlos Chen Osorio, que había perdido a su esposa y a dos hijos de corta edad. Su esposa fue una de las tres víctimas identificadas sin lugar a dudas tras las exhumaciones, ya que estaba en el final de su embarazo cuando fue asesinada. Carlos Chen ha relatado cómo él y otros 23 hombres huyeron del pueblo ante el temor de un ataque y se ocultaron en la selva. Al amanecer del 13 de marzo de 1982, desde su escondite, oyeron el ataque y los gritos de sus esposas e hijos. Luego oyeron disparos. Y luego silencio. Temiendo lo peor, se aventuraron a regresar al pueblo. Todo estaba en silencio, pero el olor a café recién hecho aún impregnaba el aire. Había ropa desgarrada esparcida por el suelo, y los hombres siguieron su rastro hasta dos barrancos cercanos; al llegar allí vieron que habían arrojado los cadáveres al fondo.
Jesús Tecú Osorio, otro sobreviviente, tenía 10 años en 1982. Ha relatado a Amnistía Internacional que él y sus tres hermanos menores fueron a vivir con sus hermanas mayores, ya casadas, después de que sus padres fueron a Xocóc en febrero y no regresaron. A los cuatro hermanos se los llevaron a las montañas junto con el resto de las mujeres y los niños el 13 de marzo. Allí, los miembros de las pacy los soldados violaron a muchas de las mujeres antes de matarlas con machetes o garrote. A muchos de los niños, incluido el hermano menor al que Jesús Tecú estaba cuidando, los mataron arrojándolos contra piedras y árboles. Jesús Tecú fue uno de los 18 niños tomados prácticamente como esclavos por miembros de las pacque, años después, serían condenados por las masacres.
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Otra dramática historia fue rescatada del olvido en el 2000, cuando Denese Becker, antes llamada Dominga Sic Ruiz, declaró que ella también era una sobreviviente de la masacre de Río Negro. En su testimonio a Amnistía Internacional explicó cómo su padre fue asesinado en la masacre de febrero de 1982 y cómo ella, con nueve años y medio, presenció el ataque del 13 de marzo. A su madre la agarraron los soldados, pero consiguió atar a la hermana de Denese, de tan sólo nueve días, a la espalda de la propia Denese y decirle que corriera para salvar la vida. Denese huyó y se escondió. Vio al comando compuesto por la pacy los soldados conducir a los 177 mujeres y niños a las montañas. Una hora después oyó centenares de disparos. No volvió a ver a su madre. Su hermanita murió de frío cuando Denese tuvo que ocultarse en las montañas, alimentándose de raíces y bayas. Finalmente encontró a otros sobrevivientes del pueblo que la introdujeron a escondidas en un orfanato de Ciudad de Guatemala. Desde allí fue adoptada por una familia estadounidense. Unos 17 años después, supo de la visita de Carlos Chen a Estados Unidos para conseguir apoyo para los sobrevivientes de Río Negro, y se puso en contacto con él. Después regresó a Guatemala para encontrar a los miembros de su familia que aún vivían y hacer frente a sus recuerdos.
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Junto con los testimonios de sobrevivientes como Carlos Chen, Jesús Tecú y Denese Becker, los muertos también han ayudado a revelar cómo murieron y quiénes fueron los responsables de su muerte. Entre 1994 y 1995, ADIVIMA presentó al Ministerio Público 27 solicitudes para excavar fosas comunes cercanas. Grupos independientes de antropología forense empezaron a trabajar en 1993, pero sólo se han excavado unos pocos de los 60 enterramientos que se cree que hay en el municipio de Rabinal. En 1994 se habían excavado tres enterramientos en los que se habían encontrado los restos de unas 143 personas. Se creía que al menos 85 eran niños, 3 de ellos de tan sólo seis meses. Uno de los bebés había muerto de un disparo en la cabeza, y los otros dos de graves fracturas de costillas. Otros niños de corta edad habían muerto a consecuencia de golpes en la cabeza con un objeto contundente. Entre sus restos se encontraron juguetes. Al menos cuatro de las mujeres se encontraban en avanzado estado de gestación en el momento de su muerte. Muchas parecían haber sido arrojadas a las fosas desnudas o semidesnudas, y después quemadas.
Tras las exhumaciones, en 1994, de las víctimas de la masacre de marzo de 1982, el comandante, el subcomandante y un miembro de la pacde Xocóc fueron detenidos cuando intentaban trasladar los restos de otro enterramiento clandestino de Río Negro. Detenidos inicialmente por alterar el lugar de un delito, más tarde fueron acusados de asesinato, robo con agravantes y posesión ilegal de armas. Los sobrevivientes y sus familias empezaron inmediatamente a recibir amenazas en las que les advertían de que no testificaran. Un monumento fue derribado, según los informes, por los miembros de la pacque habían matado a las víctimas en cuya memoria se había erigido.
A medida que se aproximaba la fecha inicial del juicio, en agosto de 1996, los acusados alegaron que tenían derecho a beneficiarse de una amnistía en virtud de una ley de amnistía de 1986, promulgada cuatro días antes de que el país regresara a un gobierno civil nominal tras más de dos décadas de gobierno militar. La ley eximía de procesamiento a los responsables de «delitos políticos o comunes conexos durante el periodo comprendido del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986», a sus cómplices y a quienes hubieran encubierto esos actos o hubieran intervenido para reprimir o perseguir a quienes los cometían. El procurador de los Derechos Humanos respondió con una resolución histórica en la que clasificaba tres masacres del municipio de Rabinal, incluida la de Río Negro, como crímenes contra la humanidad e instaba a que no se concedieran amnistías o indultos a los responsables. Los argumentos de los miembros de la pacfueron finalmente rechazados por la Corte de Constitucionalidad en 1997.
Según se acercaba la nueva fecha del juicio en 1998, en Rabinal se observó una presencia cada vez mayor de ex miembros de la pacy soldados, y los testigos y las familias informaron de nuevas intimidaciones. A Carlos Chen Osorio le dispararon cuando acompañaba a su hijo de vuelta a casa desde la escuela. Los acusados amenazaron con linchar a los testigos y a sus familiares si declaraban. No se investigó ninguno de los actos de intimidación contra miembros de la ADIVIMA. El fiscal asignado al caso ni siquiera respondió a las solicitudes, algunas de ellas de senadores estadounidenses, de que se proporcionara protección a los testigos. En una interpretación extraordinariamente restrictiva del derecho procesal, los fiscales pidieron que los testimonios no procedieran de todos los testigos de los hechos, sino únicamente de los sobrevivientes que habían visto a individuos concretos cometer homicidios concretos.
Finalmente, el tribunal citó a declarar a los testigos y éstos pudieron describir cómo las mujeres y los niños habían sido conducidos mediante golpes con palos y varas de espino hasta su lugar de ejecución. Un niño que sobrevivió declaró que, primero, los soldados y los miembros de la pachabían obligado a las mujeres a bailar con ellos con la música de cintas magnetofónicas robadas en la comunidad. Luego violaron a las más jóvenes, y a continuación las ejecutaron extrajudicialmente a todas, a algunas con machetes, a otras con garrote y a otras con disparos en la cabeza o ráfagas de ametralladora. Un niño que sobrevivió relató: «Los patrulleros agarraban a las mujeres una por una y las arrastraban hasta el borde del barranco, a unos 15 metros de distancia. Allí las mataban y las arrojaban al fondo. Recuerdo ver las sandalias de los patrulleros cubiertas de sangre».(13)
También declaró: «Vi cómo mataban a una mujer llamada Tomasa López Chen. La tenían boca abajo, tumbada en el suelo, y le ataron una cuerda alrededor del cuello. Luego giraron el garrote, ahogándola, pero no murió. Cuando le quitaron la cuerda del cuello aún se movía. Un patrullero agarró un palo enorme y la golpeó con él, como si matara a una serpiente».(14) Dio el nombre del hombre que lo había hecho y dijo que aún vivía en Xocóc. Respecto a la muerte de Petronila Chen, relató: «La mataron a un metro de mí. Recuerdo que ya no podía hablar porque la estaban ahogando, y luego oí cómo se le rompía el cuello».(15)
También los bebés y los niños fueron brutalmente asesinados. El testigo vio cómo a un bebé lo partían por la mitad con un machete mientras estaba en la espalda de su madre, dentro de la manta que las mujeres indígenas utilizan para llevar a los niños de muy corta edad. A continuación, a la madre la mataron a hachazos.
En diciembre de 1998, 16 años después de las masacres de Río Negro y Agua Fría, tres miembros de la pacfueron declarados culpables de la muerte de tres víctimas: tres mujeres a las que se había podido identificar gracias a su avanzado estado de gestación. Fueron absueltos de los demás cargos. Aquélla fue la primera vez que se dictó una condena por las masacres de finales de los setenta y principios de los ochenta. Se iniciaron procedimientos contra algunos testigos de la defensa por falso testimonio, y se mantuvo abierto el caso contra otros 45 ex miembros de la pac.
Días después de la resolución judicial, el hijo de un dirigente de la ADIVIMA, de tan sólo siete años, fue herido por disparos cuando jugaba delante de su casa en Rabinal.
Inicialmente, los ex miembros de la pacfueron condenados a muerte, pero apelaron tanto contra su declaración de culpabilidad como contra su condena. En febrero de 1999, la declaración de culpabilidad y la condena fueron anuladas por «insuficientes pruebas». La Corte de Apelaciones también admitió el argumento de que la pacni siquiera había existido hasta 1986, fecha en que se hizo oficial su existencia. Y ello a pesar de que los ex miembros de la pacya habían solicitado una amnistía por esos mismos hechos, que reconocían haber cometido mientras formaban parte de la Patrulla de Autodefensa Civil.
La acusación recurrió ante la Corte Suprema la resolución de la Corte de Apelaciones. Se ordenó que se iniciaran nuevos procedimientos y los ex miembros de la pacfueron declarados culpables de nuevo, esta vez de dos muertes, y condenados a 50 años de prisión. Sus familiares, en protesta, tomaron como rehén a un juez local, pero no fueron procesados. Un observador que asistió al juicio en nombre de Amnistía Internacional vio a ex miembros de la pacobligar a que se suspendiera una sesión del tribunal al irrumpir en la sala gritando consignas intimidatorias y amenazando a los funcionarios y a los testigos a través de megáfonos. Al parecer, aquellos hombres intentaban liberar a los acusados, tal como había ocurrido en abril de 1999, cuando 100 ex miembros de las pacentraron por la fuerza en una prisión de Huehuetenango y liberaron a 14 compañeros suyos que cumplían penas de 25 años de cárcel por el asesinato, en 1993, de un activista agrario.
Aún no se han dictado órdenes de detención contra los demás miembros de la pacimplicados, y no se ha citado a ninguno de los militares que planearon, ordenaron y dirigieron la masacre. Los sobrevivientes temen nuevos ataques de las familias y los ex compañeros de los acusados, pero continúan con su lucha para conseguir que se conceda una compensación por los familiares, las casas, los bienes, los lugares sagrados y la herencia cultural que se perdieron en las masacres de Río Negro.
La justicia, limitada: La masacre de Tululché(16)
Tululché es otro de los pocos casos de Guatemala que han concluido con una declaración de culpabilidad tras años de esfuerzos locales e internacionales. Aun así, sólo Cándido Noriega, hombre fuerte local y comandante de una pacresponsable de atrocidades, compareció ante la justicia por este caso. Los oficiales del ejército que ordenaron, dirigieron y permitieron las actividades de su patrulla no llegaron a ser acusados.
A Cándido Noriega lo acusaron de más de 150 abusos, entre los que había 35 asesinatos, 44 secuestros, 14 violaciones y 53 agresiones de otro tipo, incluidas torturas, contra individuos. Al parecer, esos abusos fueron cometidos por él o por hombres bajo sus órdenes a principios de los años ochenta contra campesinos indígenas de la finca de Tululché, en el departamento de El Quiché. Cándido Noriega denunció a sus víctimas como «subversivas» para que se aprobara oficialmente su eliminación; al parecer, de esa manera él podría quedarse con sus tierras.
En 1992 se iniciaron procedimientos contra Cándido Noriega y otros cinco individuos, uno de los cuales era un ex comisionado militar que había colaborado con él. Sin embargo, no fue posible encontrar a los otros cuatro, y el quinto se refugió en un hospital militar cuando se ordenó su detención. Parece ser que, a continuación, el ejército lo trasladó en avión a Estados Unidos, donde permanece hoy día. La orden de detención contra él continúa vigente.
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El primer juicio
Según los informes, Cándido Noriega aterrorizó durante años a los sobrevivientes y los testigos de la masacre. Los testigos eran en gran parte viudas de los hombres a los que había ejecutado extrajudicialmente y que, a su vez, habían sido violadas por los miembros de las pac. Por ello, no es de extrañar que hasta 1992 no reunieran el valor para iniciar procedimientos contra Noriega, respaldadas por confregua, que se sumó a la querella.
Sin embargo, el proceso concluyó en 1997 con una absolución tras un juicio enturbiado por lo que minuguacalificó de «serias irregularidades». Entre otras cosas, el tribunal no proporcionó intérpretes a los testigos indígenas, se rechazaron pruebas injustificadamente y tanto los abogados que representaban a confreguacomo otras personas que participaban en el proceso, incluidos algunos testigos, sufrieron repetidas amenazas de muerte e intimidaciones. En algunos casos, familiares y partidarios de los acusados insultaron a gritos a los testigos incluso mientras estaban declarando. Los jueces tampoco prestaron la atención debida a los testigos. Un juez, conocido por haber manipulado los cargos en otras causas contra militares, se quedó dormido varias veces durante el juicio.
En respuesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en las que pedía al gobierno que proporcionara protección a testigos y abogados; por su parte, copredehy la Policía Nacional dijeron que investigarían los casos de intimidación. No se tuvo noticia de que se iniciaran tales investigaciones, y los abogados informaron de nuevas amenazas.
El caso vuelve a los tribunales
Tras la absolución, la acusación solicitó que se iniciaran de nuevo los procedimientos alegando que en el primer juicio se habían producido irregularidades técnicas. El tribunal resolvió que el segundo juicio se referiría únicamente a los delitos que aún no habían prescrito. En el segundo juicio, los fiscales decidieron concentrarse en los casos mejor documentados: seis ejecuciones extrajudiciales, cinco «desapariciones» y una violación.
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Cándido Noriega fue absuelto de nuevo de todos los cargos en abril de 1999. El tribunal consideró que 30 testigos indígenas habían mentido, que se habían basado en la información aparecida en la prensa para acordar una versión común y conspirar entre ellos para prestar testimonios coherentes. Según el tribunal, lo hicieron para perjudicar a Cándido Noriega y obstaculizar así los esfuerzos de éste por comprar sus tierras. Sin embargo, al mismo tiempo, el tribunal concluyó que las declaraciones de los testigos eran contradictorias. Por último, declaró que el acusado era una «persona honorable, honrada y trabajadora».
Puesto que la mayoría de los testigos eran analfabetos y no hablaban español, el observador de Amnistía Internacional que asistía al juicio puso en duda que pudieran haberse basado en la información publicada por la prensa para prestar testimonios coherentes. Este observador consideraba que la sugerencia de que sus historias eran «producto de una invención» era algo «ridículo», ya que se habían exhumado cuerpos de los lugares exactos que los sobrevivientes habían señalado como enterramientos clandestinos, y las masacres descritas coincidían con el tipo de actos habituales en aquella zona en aquella época.
Los abogados de los campesinos habían formulado una moción para presentar como prueba el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (ceh), con el fin de situar los actos de los que se acusaba a Cándido Noriega en su contexto histórico-social y demostrar que las denuncias contra él coincidían con los actos del ejército y las pacen El Quiché durante ese periodo. La moción fue desestimada por considerarse «no pertinente», ya que al acusado se le imputaban cargos de homicidio, no de «masacre». (Este cargo no habría podido presentarse, ya que no estaba tipificado como delito en el Código Penal guatemalteco.) En opinión de Amnistía Internacional, el informe de la cehera sumamente pertinente, especialmente porque su detallado estudio de las «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales masivas cometidas durante el conflicto había concluido que una de las zonas en las que el ejército y las pachabían cometido genocidio era Chiché, Joyabaj, Zacualpa, El Quiché, precisamente donde se encuentra situada Tululché.
El observador de Amnistía Internacional que asistió al juicio consideraba que los testigos habían sido sometidos a interrogatorios confusos y capciosos con unos servicios de interpretación inadecuados o inexistentes que en ocasiones habían provocado que el testigo no comprendiera la pregunta. También consideraba que las pequeñas contradicciones en las declaraciones de diversos testigos respecto a una masacre en particular se debían a que el edificio donde ésta se cometió ahora estaba en ruinas, lo que dificultaba la reconstrucción exacta. En general, consideraba que las reconstrucciones de lo sucedido habían sido meras formalidades, más que intentos reales de conocer la verdad. Durante una de esas reconstrucciones, un juez se había marchado sin escuchar la declaración del testigo.
El observador también consideraba que había habido una parcialidad constante en favor del acusado y que había existido un elemento racista en el rechazo de las declaraciones de testigos presenciales. Un ejemplo de falta de imparcialidad fue la decisión que adoptó el Ministerio Público al rechazar, por considerarla «inoportuna» e «innecesaria», la petición de que se exhumara a una presunta víctima para verificar si había sido mutilada antes de ser ejecutada extrajudicialmente, como aseguraban los testigos.
Asimismo, el observador opinaba que el acusado y sus partidarios podían haber intimidado o sobornado a los jueces, claramente inexpertos, que se encargaban del caso. Además, aunque los testigos declararon que el acusado había cometido los abusos acompañado por soldados, no se realizó ningún esfuerzo por determinar la identidad de esos soldados ni acusar a ningún militar como autor material o cómplice de la masacre.
minuguamanifestó una vez más su preocupación por las serias irregularidades, y concluyó: «El desarrollo del proceso y la sentencia de primera instancia constituyen un ejemplo de los fallos y deficiencias que describe el Acuerdo sobre el Fortalecimiento de Poder Civil y que el proceso de paz de Guatemala se ha propuesto superar».
La acusación apeló contra la nueva absolución, manifestando su preocupación por la posibilidad de que, si se dejaba al acusado en libertad en espera del resultado de la apelación, pudieran perpetrarse nuevos ataques y amenazas contra quienes participaban en el proceso.
Un trabajador de confregua secuestrado
Sin embargo, no se tomó ninguna medida para proteger a quienes participaban en el proceso. Unos días después de que el tribunal admitiera el recurso a trámite en mayo de 1999, el trabajador lego Juan Jeremías Tecú fue secuestrado al llegar a la oficina de confreguaen Ciudad de Guatemala. Estuvo retenido durante dos horas por hombres armados con metralletas que lo golpearon y lo interrogaron sobre su trabajo en confregua, especialmente sobre el caso de Tululché. Jeremías Tecú había actuado como intérprete para los testigos y los había acompañado a los juicios para protegerlos. También había actuado como guía e intérprete para la delegación de Amnistía Internacional que visitó el país en marzo de 1999 y para el observador de Amnistía Internacional que había asistido al juicio de abril.
Juan Jeremías Tecú y su familia se vieron muy afectados por aquella terrible experiencia, que hizo surgir recuerdos reprimidos de la persecución que sufrió su padre durante el conflicto y de las masacres que Juan Jeremías Tecú presenció en su comunidad siendo niño.
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El tercer juicio
La Corte de Apelaciones finalmente resolvió que el segundo juicio también había estado viciado por errores técnicos y ordenó que Cándido Noriega permaneciera detenido en espera de un tercer juicio. A los abogados de confreguales preocupaba el hecho de que la decisión se hubiera tomado por motivos legales limitados, pasando por alto sus argumentos y los de la fiscalía sobre los fundamentos de la causa contra Cándido Noriega. Para entonces, muchos de los testigos indígenas no estaban seguros de poder soportar la tensión de pasar una vez más por los tribunales, y los abogados se preguntaban si la orden de que se juzgara el caso por tercera vez no podía ser una maniobra para agotar económica y emocionalmente a la acusación, tal como había sucedido en otros casos destacados de derechos humanos. Al final, el hecho de que el caso continuara suscitando el interés de la comunidad internacional convenció a los testigos y a confreguade volver a los tribunales.
En septiembre de 1999 se reiniciaron los procedimientos y, a mediados de noviembre, unos 17 años después de cometerse los abusos, el acusado fue declarado culpable de seis asesinatos y dos homicidios y fue condenado a 220 años de prisión. Según la ley guatemalteca, el máximo que puede cumplir son 30 años. Fue absuelto de los cargos de secuestro, robo con agravantes, prender fuego a una persona, causar lesiones corporales, allanamiento de morada y hurto. Inmediatamente, los familiares de Cándido Noriega profirieron nuevas amenazas contra el fiscal y los testigos. La comunidad guatemalteca de derechos humanos atribuyó la condena a la valentía de las viudas indígenas que testificaron, a la persistencia de quienes las apoyaban en confreguay al interés de la comunidad internacional.
La siguiente apelación
En diciembre de 1999, el abogado de Cándido Noriega apeló contra la declaración de culpabilidad alegando los siguientes argumentos: que la condena no se había dictado adecuadamente, que los jueces no habían considerado adecuadamente las pruebas, que los cargos habían establecido incorrectamente las fechas en las que se cometieron los delitos y que en los dos juicios anteriores Noriega había sido absuelto basándose en las mismas pruebas. Esta apelación fue rechazada en febrero del 2000, en una vista en la que volvió a estar presente un observador de Amnistía Internacional.
Entonces el caso fue remitido a la Corte Suprema para que se confirmara la condena, lo cual sucedió en agosto del 2000. Desde entonces, según los informes, los hijos de Cándido Noriega siguen intimidando a quienes testificaron en contra de su padre: han realizado disparos de advertencia al aire y han proferido amenazas verbales. Mientras tanto, la odhagha manifestado su especial reconocimiento a 26 mujeres mayas por su valor al testificar.
Según los informes, los abogados de Cándido Noriega siguen considerando nuevas maniobras legales. Los grupos locales de derechos humanos insisten en que también debe procesarse a oficiales del ejército de la base de Quiché bajo cuya autoridad actuaba Cándido Noriega y al otro ex comisionado militar y comandante de la pacque aparentemente huyó a Estados Unidos.
Capítulo 5: La impunidad y el «Estado de Mafia Corporativa»
El hecho de que, salvo en unos pocos casos en los que ha habido que luchar con tesón, no se hayan emprendido acciones contra los responsables de las atrocidades cometidas en el pasado ha animado a los perpetradores y a otras personas a abusar de su autoridad para cometer delitos impunemente.
Hay una categoría de abusos, que son los delitos cometidos por el llamado «Estado de Mafia Corporativa» o en su nombre. Este término engloba la abnefasta alianza» entre sectores tradicionales de la oligarquía, algunos «nuevos empresarios», elementos de la policía y el ejército y delincuentes comunes. Miembros de todos estos sectores se unen para controlar lucrativos negocios «negros», «sucios» o ilegales como el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de dinero, el robo de automóviles, las redes de adopción, los secuestros a cambio de rescate, la explotación maderera ilegal y otros usos prohibidos de tierras protegidas por el Estado. También conspiran para monopolizar sectores legales como la industria del petróleo.
Estos delitos han existido siempre, pero se han hecho más visibles y frecuentes en la Guatemala posterior al conflicto. Los implicados en ellos utilizan sus contactos (tanto políticos como con el ejército y la policía) para obtener beneficios e intimidar o incluso eliminar a quienes se ponen en su camino, saben demasiado, les hacen la competencia o intentan investigar sus actividades. Las víctimas no se convierten en tales por motivos «clásicos» de derechos humanos, como los motivos de conciencia o la oposición al gobierno. Se convierten en víctimas porque amenazan los intereses económicos de la poderosa élite económica de Guatemala y de los miembros de las fuerzas de seguridad que la protegen o que se reparten con ella el botín. Eso, unido al hecho de que agentes del Estado son cómplices de los delitos o ayudan a encubrirlos, significa que, en opinión de Amnistía Internacional, tales actos no son motivo de preocupación solamente para los guatemaltecos sino también para la comunidad internacional de derechos humanos.
Las investigaciones sobre estos abusos, algunos de los cuales se describen en este informe, revelan también los insidiosos vínculos que pueden existir entre las corporaciones multinacionales y los poderosos grupos económicos guatemaltecos, los políticos tradicionales y los servicios de seguridad. Con demasiada frecuencia, estos sectores se ponen de acuerdo para cometer o ignorar abusos contra los miembros más débiles de la sociedad guatemalteca que se ponen en su camino, y luego colaboran entre ellos para garantizar que los responsables gozan de total impunidad.
No hay justicia para los pobres
La situación de El Estor, departamento de Izabal, ilustra lo poco que el ciudadano medio puede esperar del sistema de justicia guatemalteco, especialmente cuando se trata de indígenas sin recursos económicos que viven en zonas apartadas donde poderosos intereses se unen para proteger lucrativas actividades ilegales. Un estudio en profundidad de dos casos recientes muestra maneras en las que, según los informes, las grandes empresas, incluidas algunas corporaciones multinacionales, están actuando en colusión con empresarios locales a costa de los más pobres de entre los pobres de Guatemala, y muestra también cómo los poderes locales utilizan su influencia y sus contactos con las autoridades judiciales y militares para distorsionar, manipular y finalmente evitar los procesos legales.
Durante más de dos décadas, los campesinos de El Estor, departamento de Izabal, que animaban a sus vecinos a conocer y defender sus derechos se convirtieron en víctimas de abusos contra los derechos humanos. En los años ochenta, varios catequistas que predicaban los discursos más básicos de derechos humanos «desaparecieron» o fueron asesinados. Al parecer, los terratenientes locales aprovecharon el conflicto civil para denunciar como «subversivas» y eliminar a aquellas personas cuyas tierras querían.
En los noventa, varios campesinos más murieron en incidentes que nunca se investigaron. Daniel Vogt, ciudadano estadounidense que trabajó como sacerdote con los campesinos locales durante muchos años, también fue durante largo tiempo blanco de amenazas e intimidación. Este sacerdote se implicó por primera vez en los problemas de los campesinos de El Sauce, El Estor, cuando 21 miembros de la comunidad fueron detenidos y acusados de deforestación ilegal porque uno de ellos había recogido ramas de pino para decorar la iglesia parroquial. Tradicionalmente, en la Guatemala indígena se utilizan agujas de pino para alfombrar el suelo y adornar de otras maneras las iglesias y otros lugares de celebración.
Las ramas se habían recogido en una zona en la que la comunidad solía recoger leña, pero que ahora forma parte de una concesión otorgada a una empresa minera canadiense. Las tierras no se han utilizado desde que la empresa minera cesó la extracción de níquel en 1982, y se dice que es la mayor área de tierra improductiva de Guatemala. Parece ser que un terrateniente local paga a representantes de la empresa contratados localmente y al ejército local a cambio de que le permitan extraer y transportar ilegalmente madera de las tierras. Mientras tanto, según los informes, el terrateniente informa sistemáticamente a las autoridades cuando los campesinos recogen allí madera caída, de acuerdo con sus prácticas tradicionales, y las autoridades los detienen.
Se dictaron órdenes de detención por sedición e incitación a la violencia contra centenares de personas que se manifestaron para pedir al alcalde que interviniera o para pedir que dimitiera por corrupción. Daniel Vogt fue puesto bajo vigilancia por los servicios de inteligencia militar, recibió amenazas de muerte y fue acusado de ser simpatizante de la guerrilla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó en dos ocasiones medidas cautelares para protegerlo, pero las amenazas contra él y contra otros miembros de su parroquia continuaron. Daniel Vogt ya no trabaja en la zona.
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Rosa Pec Chub
Rosa Pec Chub fue ejecutada extrajudicialmente en 1997. Las 15 familias indígenas que vivían en su comunidad, El Sauce, estaban enzarzadas desde hacía tiempo en una disputa con el terrateniente local citado en el caso anterior, quien, al parecer, quería las tierras de estas familias para dedicarlas a sus negocios de ganado y madera.
Tras años de fuerte tensión, la violencia estalló el 24 de enero de 1997. Encabezados por el terrateniente, entre 70 y 100 individuos fuertemente armados (guardias de seguridad privados y otros empleados del terrateniente) asaltaron El Sauce a las cinco de la madrugada, disparando contra los habitantes. Los asaltantes declararon estar ejecutando una orden de desalojo, pero las tierras de El Sauce habían sido compradas para las familias indígenas por una orden religiosa y no existía ninguna orden de desalojo. Las armas de los asaltantes también eran ilegales.
Algunos testigos presenciales declararon que, tras la ráfaga inicial de disparos, el terrateniente empezó a gritar e insultar a varias mujeres que preparaban el desayuno. Acto seguido disparó contra ellas, matando a Rosa Pec Chub, de 57 años. Según los informes, cuando el hijo de Rosa se le enfrentó, el terrateniente gritó: «Calla, hijo de puta, fuera de aquí que éstas son mis tierras», y le disparó en un costado. A continuación, los asaltantes empezaron a destruir las casas, las cosechas y la capilla de la comunidad. Un juez que más tarde vio aquella devastación dijo que los asaltantes habían actuado «con perversidad brutal, crueldad, premeditación, en las primeras horas de la mañana, como una pandilla y lejos de cualquier fuente de ayuda».
Fuentes locales dijeron a Amnistía Internacional que el terrateniente estaba acostumbrado a actuar con impunidad porque su sobrino era diputado del Congreso por Izabal. Estas fuentes creían que las autoridades locales habían sido cómplices del asalto, haciendo constar que no habían tomado medidas adecuadas para impedir lo sucedido y garantizar la seguridad de los campesinos, a pesar de que en el pasado había habido varios estallidos de violencia. Las autoridades tampoco habían ejercido ningún control sobre los guardias de seguridad privados(17) contratados por el terrateniente para el asalto. Muchas veces, esos guardias privados son ex miembros de las fuerzas de seguridad, y con frecuencia parecen actuar con la colaboración y la aquiescencia de las fuerzas de seguridad locales.
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La comunidad de El Sauce recibió muy poco apoyo de las autoridades en sus esfuerzos por identificar y procesar a los responsables del asesinato de Rosa Pec Chub. Al día siguiente de los sucesos, los campesinos hicieron un viaje de siete horas hasta El Estor con el cadáver de Rosa para denunciar el asalto y para que se realizara la autopsia, sin la cual el cuerpo no podía ser enterrado legalmente. Incapaces de encontrar a una sola autoridad municipal, los campesinos pensaron que las autoridades ya sabían lo que había sucedido y se habían ausentado intencionadamente.
Varios días después, el tío del terrateniente informó, sin que fuera cierto, a las autoridades del departamento de que unos campesinos habían invadido su finca, encabezados por Daniel Vogt. El hecho de que los periódicos más importantes publicaran información falsa sobre presuntos enfrentamientos masivos entre los campesinos y los trabajadores de las plantaciones vecinas puso de manifiesto los recursos de que disponen los poderosos intereses locales. Los analistas locales sugirieron que ambas iniciativas podían estar destinadas a ocultar un ataque contra Daniel Vogt.
Por fin, en febrero de 1997 se dictaron órdenes de detención por asesinato, lesiones corporales graves e incendio provocado contra el terrateniente y algunos de sus secuaces. A continuación, el juez recibió amenazas de muerte, y pidió ser trasladado. El terrateniente desapareció de la zona, pero no se hizo ningún esfuerzo por registrar la finca donde, según se rumoreaba ampliamente, estaba escondido. Mientras tanto, algunos de sus empleados regresaron a El Sauce para advertir a sus habitantes de que «querían terminar el trabajo». También amenazaron a los habitantes de otra comunidad vecina cuyas tierras habían sido usurpadas gradualmente por el hermano del terrateniente, diciendo que harían allí lo mismo que habían hecho en El Sauce. Tampoco este incidente se investigó ni se castigó.
Finalmente, el terrateniente regresó a su casa y vivió abiertamente en El Estor durante muchos meses; incluso visitó la comisaría local a pesar de que había pendiente una orden de detención contra él. Al preguntárseles a este respecto, los policías respondieron de forma muy diversa: que no disponían de recursos humanos o económicos para detenerlo, que el automóvil de la policía no podía cruzar el río para llegar a la casa del terrateniente, que ese mismo automóvil tenía dos neumáticos desinflados y no podía salir de la comisaría y que su bicicleta también estaba desinflada y tampoco podía utilizarse.
Los abogados del terrateniente apelaron contra su orden de detención, y un tribunal de segunda instancia la suspendió. A los denunciantes no se les informó en ningún momento de que se había presentado esa apelación, tal como establece la ley guatemalteca. Después de que testificaron una vez más que el terrateniente había estado sin lugar a dudas presente durante el asalto, la orden de detención se puso de nuevo en vigor en enero de 1998. Sin embargo, el terrateniente no fue detenido hasta agosto de 1998, después de una presión local e internacional constante sobre el caso, procedente incluso de la embajada estadounidense en Guatemala.
En diciembre de 1998 volvieron a retirarse los cargos alegando que el terrateniente era demasiado viejo y estaba demasiado enfermo como para haber viajado hasta El Sauce y haber participado en el asalto. Sin embargo, los habitantes de la zona lo vieron montando a caballo y conduciendo automóviles. También se alegó que era imposible saber quién había matado a Rosa Pec Chub, ya que los campesinos habían estado enzarzados en un enfrentamiento armado con otra comunidad cuando ella murió. Por último, se alegó que las declaraciones de los testigos eran poco fiables porque a las cinco de la madrugada, hora a la que tuvo lugar el asalto, estaba demasiado oscuro para identificar al terrateniente. Sin embargo, los testigos recordaban que ese día había luna llena y el cielo estaba despejado. Además, al acusado, de más de un metro ochenta y con el cabello gris canoso, se le habría reconocido al instante entre una multitud de quekchís de pequeña estatura y pelo oscuro. El Ministerio Público y el tribunal organizaron una reconstrucción en vídeo de los hechos en un día en el que las condiciones fueran similares. Sin embargo, se dijo que el fiscal a cargo del caso era claramente parcial, y que el vídeo realizado siguiendo sus instrucciones se había filmado con una calidad deliberadamente mala para «demostrar» que el 27 de enero de 1997 había demasiada oscuridad como para identificar al terrateniente. Éste quedó en libertad una vez más.
El terrateniente volvió a ser detenido en marzo de 1999, y el caso fue juzgado de nuevo en septiembre de ese año. Esta vez, los intérpretes contratados ordenados por el tribunal no llegaron, y se trajo a un preso para que tradujera las declaraciones de los testigos. Una vez más, a pesar de que los testigos presenciales identificaron al acusado como el asesino de Rosa Pec Chub, éste fue absuelto por «insuficiencia de pruebas». Los grupos de derechos humanos guatemaltecos que trabajaban en el caso consideraron que la redacción de la resolución judicial impedía la apelación.
Respetados grupos de derechos humanos guatemaltecos siguieron de cerca el caso. Consideraron que el fiscal había actuado con parcialidad, favoreciendo al acusado y sin servir al interés público. También consideraron que los progresos realizados no eran atribuibles a las autoridades encargadas de investigar el asesinato y procesar a los responsables, sino a la presión de testigos y familiares.
Ante la aparente escasez de vías judiciales disponibles en Guatemala, y temerosos de las represalias ahora que el terrateniente estaba en libertad, los familiares de Rosa Pec Chub presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición para que se dictaran medidas cautelares en las que se reconociera que se habían violado sus derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluidos el derecho a un juicio justo (artículo 8) y el derecho a gozar de protección judicial (artículo 25).
Carlos Coc Rax
Carlos Coc Rax «desapareció» en 1999. Era un dirigente comunitario quekchí de Santa Rosa Balandra, El Estor, que encabezó los esfuerzos para proteger las tierras de los campesinos frente a la invasión de los terratenientes, incluidos los dedicados a la explotación maderera ilegal. Desapareció el 21 de abril de 1999. En los meses anteriores había recibido repetidas amenazas de un terrateniente en disputa con la comunidad.
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El día de su «desaparición», Carlos Coc Rax regresaba de Ciudad de Guatemala, donde había estado negociando en nombre de 10 comunidades locales. Las autoridades locales no hicieron ningún esfuerzo por encontrarle o por investigar el caso. Cuando el mayor de sus nueve hijos presionó para que se llevaran a cabo investigaciones, los trabajadores de la finca del terrateniente lo amenazaron, «recomendándole» que no insistiera.
En octubre de 1999, el terrateniente presuntamente responsable de la «desaparición» fue detenido, pero sus hijos presionaron a la familia de Carlos Coc Rax para que retirara los cargos, y el terrateniente quedó en libertad bajo fianza. Según los informes, los jueces asignados al caso sucumbieron a las presiones de los terratenientes locales y permitieron que el caso se estancara; Amnistía Internacional no ha tenido noticia de nuevos progresos. Mientras tanto, según los informes, en la zona continúa la explotación maderera ilegal en gran escala.
Eliminar a la competencia: El caso del empresario Edgar Ordóñez Porta
Otro caso que indica la interrelación de los intereses económicos, la delincuencia común y las violaciones de derechos humanos es la aparente ejecución extrajudicial del empresario Edgar Ordóñez Porta. Este hombre «desapareció» el 3 de mayo de 1999 cerca del puerto de San José, departamento de Escuintla, tras ser secuestrado por unos individuos en un vehículo con los vidrios polarizados. Su cadáver mutilado fue recuperado varios días después de un pozo cercano.
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Edgar Ordóñez Porta y su hermano Hugo Ordóñez Porta eran socios en orpor, una pequeña empresa de refinería de petróleo. Tras llevar a cabo exhaustivas investigaciones, Hugo Ordóñez Porta concluyó que los responsables más probables del asesinato de su hermano eran miembros del ejército. Había dos posibles motivos para el crimen. Uno de ellos era la preocupación por las nuevas tecnologías que Edgar Ordóñez había estado desarrollando para orpor,así como por el reciente cambio de orpor, que había pasado de reciclar productos de desecho del petróleo a procesar petróleo en crudo, lo cual supondría una competencia para la filial guatemalteca de Basic Resources, tradicionalmente controlada por el ejército de Guatemala.(18) El segundo era el temor a que la presencia de la planta de procesamiento afectara al valor de las propiedades de oficiales militares que vivían cerca de ella. Hugo Ordóñez Porta creía que, debido a esos intereses militares, se había tratado de hacer que el asesinato pareciera obra de ecologistas, con lo que se empañaba la labor de los grupos ecologistas y al mismo tiempo se eliminaba a un competidor empresarial.
Justo antes de «desaparecer», Edgar Ordóñez había recibido amenazas y había pedido protección en vano. Aparentemente, las amenazas procedían de personas que vivían cerca de la planta y se quejaban de que ésta contaminaba el medio ambiente. Sin embargo, los hermanos Ordóñez insistían en que las pruebas realizadas demostraban que esas acusaciones carecían de fundamento; ellos creían que las denuncias estaban orquestadas por autoridades, incluidos militares que vivían en las cercanías.
Hugo Ordóñez era también director de un importante periódico guatemalteco. Empezó a buscar a su hermano el mismo día de su «desaparición», y diversos cargos militares le ofrecieron ayuda especial. A cambio, sugirieron que debía utilizar su influencia para acallar las frecuentes críticas de su periódico al gobierno, entonces encabezado por el presidente Arzú.
El 6 de mayo de 1999, a Hugo Ordóñez le informaron de que el cuerpo de su hermano se había recuperado de un pozo y se encontraba en la morgue de Escuintla. A Edgar Ordóñez le habían cortado las yemas de todos los dedos y tenía terribles heridas en la cabeza que lo hacían prácticamente irreconocible. La policía había determinado su identidad gracias a un recibo que llevaba en el bolsillo.
Los militares que habían ofrecido ayuda para encontrar a Edgar Ordóñez ahora dijeron que iban a llevar a cabo su propia investigación especial sobre el asesinato. Hugo Ordóñez se fue convenciendo gradualmente de que aquella investigación «paralela» tenía en realidad como objetivo desviar las demás investigaciones y proteger a los responsables reales, por lo que emprendió sus propias investigaciones como querellante adhesivo.
Descubrió que dos adolescentes que vivían cerca del pozo habían visto allí a unas personas que actuaban de forma sospechosa el día del secuestro de Edgar Ordóñez. Estos adolescentes anotaron el número de matrícula del vehículo de aquellas personas, que resultó pertenecer al Ministerio de Gobernación pero estaba asignado al servicio de inteligencia militar, y dieron esta información a un policía local. Los agentes del servicio de inteligencia militar que llevaban a cabo la investigación «especial» entrevistaron otra vez a los adolescentes para «corroborar» su testimonio, y entonces éstos lo «corrigieron» para decir que habían visto el vehículo y a los miembros del servicio de inteligencia cerca del pozo una semana despuésde la «desaparición» de Edgar Ordóñez.
También se estableció que a varios policías que participaron en las investigaciones iniciales les habían ordenado modificar su informe o los habían retirado del caso. Además, el juez que ordenó la autopsia no había ordenado que a la víctima le cortaran las yemas de los dedos como parte del proceso, según se había afirmado. Lo había hecho la policía. El forense de Escuintla declaró que la autopsia había demostrado que la muerte había sido causada por heridas de bala en la cabeza. Sin embargo, cuando se exhumó el cadáver para una «nueva» autopsia se descubrió que no se había realizado ninguna autopsia anterior y que, de hecho, la víctima había muerto a consecuencia de golpes propinados con un objeto contundente.
La investigación militar «paralela» también despertó sospechas a causa de los posibles motivos, muchos de ellos difamatorios, propuestos para el asesinato. Entre otros, incluían una deuda no pagada a uno de los que finalmente fueron acusados, los supuestos vínculos de Edgar Ordóñez con el narcotráfico u otras actividades delictivas; la venganza de uno de los finalmente acusados, ex empleado de orpor, despedido por un intento de estafa con un cheque; o un presunto romance entre la víctima y la esposa de ese mismo individuo.
Dos miembros de una banda delictiva poco importante que fueron acusados formalmente del asesinato tenían coartadas creíbles, pero aun así fueron procesados. Fueron absueltos en agosto del 2000, pero el caso continuó abierto contra los militares de quienes Hugo Ordóñez creía que estaban implicados en el asesinato de su hermano y en el intento de encubrir el crimen. El tribunal resolvió que el Ministerio Público había sido negligente al permitir que otros organismos llevaran a cabo una investigación ilegal, e informó al fiscal general, que dirige el Ministerio Público, de que con ello se había violado el principio de objetividad. También resolvió que el forense que había testificado en falso respecto a la supuesta primera autopsia y quienes habían prestado testimonios falsos para implicar a la banda de delincuentes podían ser procesados por perjurio. Además, ordenó que se confiscara el registro de vehículos que entraban y salían de la jefatura de los servicios de inteligencia militar.
El caso contra los militares citados por el tribunal quedó pendiente, pero no progresó, y Hugo Ordóñez y su familia se sintieron obligados, por su propia seguridad, a exiliarse.
Enfrentarse al «Estado de Mafia Corporativa»: Abusos contra los trabajadores de conap
Erwin Haroldo Ochoa López, asesor legal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (conap) de Guatemala, y su auxiliar administrativo, Julio Armando Vásquez Ramírez, fueron abatidos a tiros en febrero del 2000 en Puerto Barrios, Izabal, por un hombre que huyó en una motocicleta. conapes un organismo que depende directamente de la Presidencia.
Erwin Ochoa había recibido repetidas amenazas de muerte, presuntamente instigadas por las autoridades militares relacionadas con la Basic Resources Oil Company. Erwin Ochoa había trabajado anteriormente en la zona de Petén investigando las actividades ilegales presuntamente llevadas a cabo por Basic Resources en la reserva protegida del Parque Nacional y Biotopo Laguna del Tigre. Un informe de conapconcluyó que esas actividades tenían efectos nocivos para el medio ambiente que incluían daños a la flora y la fauna, y consideró que era responsabilidad de la empresa petrolífera reparar los daños. El procurador de los Derechos Humanos declaró que las operaciones de Basic Resources en la zona eran ilegales y constituían una violación de derechos humanos, y culpó a las autoridades gubernamentales de otorgar permiso a la compañía para trabajar en una zona protegida. También se ha dicho que algunos empleados de conapson corruptos y aceptan pagos a cambio de concesiones ilegales o de hacer caso omiso de actividades ilegales en zonas protegidas.
Erwin Ochoa recibió amenazas de muerte a consecuencia de su trabajo en Petén, y por ello fue trasladado a Izabal. Allí protestó contra la deforestación ilegal. Izabal cuenta con una gran actividad de narcotráfico; allí Ochoa descubrió una zona que había sido deforestada ilegalmente y tenía forma de pista de aterrizaje.
Seis semanas antes de su muerte, Erwin Ochoa había denunciado el hecho de que, después de una reunión con el gobernador del departamento y su asesor (un ex coronel del ejército) para hablar sobre la deforestación ilegal, el ex coronel había realizado declaraciones amenazadoras contra quienes investigaban sus operaciones madereras ilegales. Por ejemplo, refiriéndose al fiscal local dijo que «no querían gente conflictiva» y que esta gente estaba «en la lista».
Erwin Ochoa también había presentado una denuncia contra la autoridad portuaria de Santo Tomás, Puerto Barrios, Izabal, por ordenar que se dragara un puerto sin considerar su impacto medioambiental; esta denuncia también pudo ser un factor que contribuyó a su muerte.
Las investigaciones sobre el doble homicidio progresaron con lentitud, y los colegas de las víctimas sugirieron que la policía local estaba encubriendo el hecho. Los miembros del equipo de primeros auxilios que llegaron después de producirse los disparos declararon que la policía les impidió acercarse a ver si aún podía hacerse algo por las víctimas. A los policías les dieron el número de matrícula de la motocicleta en la que huyó el autor de los disparos, pero los agentes no informaron de ello ni intentaron perseguirla. Cuando la fiscalía local los interrogó, los ocho policías dijeron haber «perdido sus notas».
En mayo del 2000, el director y funcionarios de conapdijeron a Amnistía Internacional que la investigación iba bien. Sin embargo, los familiares de los fallecidos manifestaron a los delegados de Amnistía Internacional su insatisfacción por la lentitud con que se llevaba a cabo la investigación.
En los meses siguientes, el caso pasó de un tribunal a otro, y una serie de investigadores del Ministerio Público denunciaron constantes amenazas e intimidaciones. En marzo del 2001 se informó de que el fiscal encargado del caso había podido identificar a los autores intelectuales y materiales de los homicidios; sin embargo, este fiscal fue retirado del caso cuando pidió que se dictaran órdenes de detención contra ellos. No se ha informado de ningún nuevo progreso.
Mientras tanto, los empleados de los organismos oficiales de protección del medio ambiente y de los recursos naturales siguen siendo blanco de ataques. En diciembre del 2000, el director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación de Izabal resultó herido por los disparos de unos hombres armados, a uno de los cuales el director había denunciado poco antes por extraer madera de bosques protegidos. En febrero del 2001, un empleado del Instituto Nacional de Bosques murió por disparos en el departamento de Alta Verapaz. Se creía que su muerte estaba relacionada con sus esfuerzos por controlar la tala ilegal de madera y el contrabando de maderas nobles.
Sacar a la luz las redes de adopción ilegal: La «desaparición» de Mayra Gutiérrez
Según un informe sin precedentes publicado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (odhag) en agosto del 2000, las redes de adopción ilegal guatemaltecas surgieron del conflicto civil, cuando se puso «de moda» que oficiales, soldados y miembros de las pac«adoptaran» niños de corta edad a los que encontraban abandonados después de que sus familias fueran asesinadas o secuestradas. A muchos de estos niños los trataban como a sirvientes no remunerados. A otros niños que quedaron huérfanos o se vieron separados de sus familias durante el conflicto los trataron como «botín de guerra» y los vendieron en adopción.
Cuando se hizo evidente lo lucrativo que podía ser el comercio de niños para adopción, el número de niños ofrecido, especialmente en el extranjero, aumentó de forma espectacular. Hoy día se adoptan más niños de Guatemala que de cualquier otro país latinoamericano, y este diminuto país ocupa el cuarto lugar entre los países que más niños ofrecen en adopción al extranjero. Hasta un 98 por ciento de los niños son adoptados fuera de Guatemala, un 80 por ciento de ellos ilegalmente.(19) A algunos de los niños los ofrecen en venta sus familias, que viven en la miseria; a otros, tras robarlos de brazos de sus madres, les expiden documentos falsos y los venden ilegalmente en el extranjero. Se dice que los aproximadamente 200 abogados que se dedican al comercio de bebés cobran una media de 25.000 dólares estadounidenses a parejas extranjeras que desean adoptar un niño; además, según los informes, en las redes de adopción están implicados funcionarios del Estado y familiares suyos decididos a proteger sus abundantes beneficios.
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Una víctima de este lucrativo negocio pudo ser la catedrática de universidad y activista social Mayra Angelina Gutiérrez Hernández, que «desapareció» en abril del 2000; la suya es la primera «desaparición» de que Amnistía Internacional ha tenido noticia desde mediados de 1999, y la tercera desde 1994.
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Mayra Gutiérrez salió, como de costumbre, el 7 de abril para tomar el autobús al departamento de Huehuetenango, donde impartía una clase semanal en la universidad. No se la ha vuelto a ver desde entonces. A los observadores locales les preocupa que su «desaparición» indique un retorno a una de las tácticas de represión más censurables del pasado.
Al igual que sus predecesores militares, las autoridades al principio negaron que Mayra Gutiérrez hubiera «desaparecido» por motivos políticos, e insistieron en que había huido o había sido asesinada por un amante casado. Su familia, incluida su hija de 17 años, negó tajantemente estas afirmaciones.
Entonces se supo que el nombre de Mayra Gutiérrez figuraba en una base de datos aparentemente elaborada por los servicios de inteligencia militar en los años ochenta y hecha pública en mayo del 2000 por Edgar Gutiérrez (no guarda ninguna relación con Mayra Gutiérrez), secretario de Asuntos Estratégicos del presidente. Según los informes, Edgar Gutiérrez encontró la lista en una computadora del gobierno y la publicó para desviar las críticas tras los homicidios de manifestantes ocurridos en la capital en abril del 2000. Más del 6 por ciento de la población aparecía en esta lista de «presuntos subversivos», un total de 650.428 nombres, cada uno de ellos acompañado de un código numérico que, al parecer, hacía referencia a su situación: por ejemplo, bajo vigilancia, detenido y liberado o «desaparecido».
Al principio, amigos y colegas sugirieron que la «desaparición» de Mayra Gutiérrez podía estar motivada por su pertenencia a la Universidad de San Carlos (un centro objeto desde hace tiempo de represión política) o ser una represalia contra su familia, políticamente activa, que ya había sufrido dos «desapariciones» en los ochenta. También pensaron que el activismo de Mayra Gutiérrez sobre cuestiones relacionadas con las mujeres, incluidas sus investigaciones sobre las redes ilegales de adopción, podía explicar su «desaparición». Mayra Gutiérrez había reunido sus conclusiones sobre estas investigaciones en un informe en el que daba los nombres de los presuntos implicados y que entregó a la relatora especial de la onusobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía durante la visita que ésta realizó a Guatemala en 1999. El informe posterior de la relatora especial hablaba de las redes de adopción. Este informe se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y recibió una publicidad considerable en Guatemala tan sólo unos días antes de la desaparición de Mayra Gutiérrez.
Por aquel entonces se profirieron también amenazas contra empleados de una agencia que ayuda a personas que desean emigrar a Estados Unidos y cuyo trabajo a lo largo de las fronteras los pone en contacto con información sobre las redes de adopción; estas amenazas concordaban con la teoría de que tras la «desaparición» de Mayra Gutiérrez podía haber personas implicadas en esas redes.
En diciembre del 2000, aparentemente en respuesta a la presión constante sobre el caso, el Congreso nombró investigador especial al procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Éste ha respaldado la teoría de que Mayra Gutiérrez fue secuestrada por un ex amante frustrado, pese a que el individuo en cuestión (que no es guatemalteco) ha mostrado billetes de avión, recibos y facturas telefónicas que demuestran que no estaba en Guatemala en aquel momento. Este hombre ha huido del país con su familia.
«Limpieza social»
La aparente inmunidad procesal por actos ilegales ha permitido también que se declare abierta la veda para la «limpieza social», especialmente para los ataques contra niños de la calle y contra trabajadores del sexo, incluidas las travestis. Estos ataques pueden ser instigados o perpetrados por la policía, y lo que está claro es que ésta no los investiga seriamente.
Entre los casos recientes que aún no se han esclarecido se encuentran los homicidios, cometidos en julio del 2000, de dos travestis que se dedicaban a la prostitución —Astrid la Fontaine (Roberto Martínez Castillo) y Beverly Lineth(20)— y la muerte de la travesti Mario Leonel Rodríguez Monzón («Tutis»), abatida a tiros desde un automóvil en agosto del 2001 en Ciudad de Guatemala.
En abril del 2001, Casa Alianza, una organización que ayuda a los niños de la calle, informó de que se habían asaltado las oficinas donde trabajan sus educadores y su programa legal, tras una serie de llamadas telefónicas extrañas y unas visitas cada vez más frecuentes de la policía. Es posible que esos incidentes estuvieran motivados por los esfuerzos de Casa Alianza de llevar ante la justicia a dos agentes uniformados de la Policía Civil Nacional presuntamente responsables de la violación de dos niñas de la calle en enero.
Capítulo 6: La impunidad, la delincuencia común y los linchamientos
La impunidad no sólo fomenta nuevos abusos, sino que también reduce la fe de los ciudadanos en el Estado de derecho y contribuye a que aumenten los índices de delincuencia y a que se produzcan linchamientos en Guatemala. Los linchamientos, que ya durante el gobierno de su predecesor habían alcanzado niveles alarmantes, han aumentado todavía más durante el gobierno del presidente Portillo. minuguainformó de unos 347 incidentes entre 1996 y mediados del 2001. En un 97,7 por ciento de los casos, nadie ha comparecido ante la justicia para responder de estos hechos.
La justificación oficial es que los linchamientos son un fenómeno espontáneo que se produce cuando los ciudadanos agraviados, preocupados por los crecientes índices de delincuencia, se toman la justicia por su mano y eliminan a presuntos malhechores. No cabe duda de que la población está muy preocupada por la incapacidad del gobierno de controlar la delincuencia y que los linchamientos son en ocasiones actos impulsivos, llevados a cabo por ciudadanos indignados. Sin embargo, existen indicios de que algunos «linchamientos» aparentemente espontáneos fueron en realidad planeados e instigados por grupos ajenos por sus propios intereses.
Por ejemplo, los habitantes de una aldea cercana a la localidad turística de Chichicastenango, El Quiché, dijeron que un «linchamiento» ocurrido en julio del 2000 fue en realidad una útil fachada para que ex miembros de una paceliminaran a ocho habitantes de la localidad que habían presentado una querella contra ellos por la masacre de sus familiares, cometida en 1993. Al parecer, los miembros de la pacactuaron con el respaldo de autoridades locales poderosas vinculadas al partido en el gobierno. La policía anunció que iba a pedir que se dictaran tres órdenes de detención pero, según los informes, los cabecillas del ataque ya habían huido de la zona.
Igualmente, el linchamiento de un juez en Senahú, Alta Verapaz, en marzo del 2001 fue descrito como una expresión espontánea del descontento local por la presunta falta de respeto de la víctima hacia las prácticas indígenas. Sin embargo, a una delegación de Amnistía Internacional que visitó Guatemala en junio del 2001 le dijeron que, en realidad, aquel mortal ataque había sido motivado por los esfuerzos del juez de terminar con una banda de ladrones de automóviles controlada por poderosas figuras locales y nacionales, y también por las investigaciones del juez sobre la presunta corrupción de autoridades locales. Se iniciaron procedimientos legales contra tres campesinos indígenas, acusados de la muerte del juez.
La respuesta del gobierno: totalmente inadecuada
En lugar de abordar los arraigados factores políticos, económicos y sociales que contribuyen a los elevados índices de delincuencia y al consiguiente aumento del número de linchamientos, el Estado ha respondido a la preocupación de los ciudadanos con medidas periódicas de emergencia, como una mayor presencia militar tanto en la capital como en las zonas rurales, para «mantener el orden». Estas medidas son contrarias a la intención de los acuerdos de paz, que pretendían desmilitarizar la sociedad guatemalteca.
Las autoridades también han defendido la ampliación de la aplicación, imposición y ejecución de la pena de muerte como respuesta adecuada a la preocupación pública ante los crecientes índices de delincuencia y a la pérdida de confianza en el sistema judicial. Esta respuesta también es totalmente inadecuada, especialmente cuando la pena de muerte es impuesta por un sistema judicial tan corrupto e injusto como el guatemalteco. Incluso en los casos de pena de muerte es frecuente que a los acusados indígenas no se les proporcionen intérpretes (los procedimientos se llevan a cabo en español), y los abogados defensores han sufrido amenazas y abusos.
Capítulo 7: Vías de justicia
Los esfuerzos para conseguir que los tribunales guatemaltecos dicten condenas por ejecuciones extrajudiciales o masacres han exigido un elevado coste, tanto económico como de tiempo y riesgo para quienes participan en ellos. En muchos casos, los acusados han tratado de conseguir inmunidad procesal amparándose en la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, que no incluye explícitamente los homicidios individuales o las masacres únicas entre los delitos que nocontempla. (La ley cita como delitos cuyos autores no pueden beneficiarse de la amnistía la desaparición forzosa, la tortura y el genocidio.)
En este contexto, resulta comprensible que las víctimas, sus familias y los grupos de derechos humanos estén explorando otras posibles vías de justicia, como los mecanismos interamericanos de protección de los derechos humanos, las querellas presentadas en el extranjero por genocidio y otros crímenes contra la humanidad basándose en la creciente conciencia del concepto de jurisdicción universal, y las querellas colectivas presentadas por sobrevivientes de masacres ante los tribunales guatemaltecos contra autoridades de gobiernos anteriores a quienes acusan de genocidio y otros crímenes contra la humanidad.
Recursos a través del sistema interamericano
Algunas organizaciones e individuos han utilizado el sistema interamericano de derechos humanos para tratar de conseguir una reparación y que el gobierno reconozca los abusos cometidos, unas veces al mismo tiempo que buscan justicia en los tribunales guatemaltecos y otras veces tras años de frustración y querellas infructuosas en su país.
En el 2000, estos esfuerzos parecieron empezar a dar fruto cuando el gobierno guatemalteco alcanzó en varios casos «soluciones amistosas» bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según este procedimiento, el gobierno reconoció la responsabilidad generalizada de agentes del Estado en una serie de abusos específicos cometidos en el pasado y accedió a pagar una indemnización no especificada. En ciertos aspectos, estos acuerdos fueron innovadores. Por ejemplo, respecto a la masacre de Plan de Sánchez, Baja Verapaz, en 1982, el gobierno reconoció por primera vez la responsabilidad del Estado en la violación en masa de mujeres indígenas y su ejecución extrajudicial por agentes del Estado y por sus auxiliares civiles.
No obstante, la indemnización acordada en un principio en estos casos sólo se ha establecido y se ha pagado en uno de los casos, ya que algunas familias y sobrevivientes no aceptaron los acuerdos iniciales o consideraron que la reparación que ofrecían no era suficiente. Algunos familiares, como Helen Mack en el caso de Myrna Mack o famdeguaen el caso de Dos Erres, han seguido buscando justicia a través de los tribunales guatemaltecos o del sistema interamericano.
En general, esas «soluciones amistosas» o el hecho de no haber agotado las vías legales nacionales impiden que el caso se presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hay ciertas excepciones que pueden ser esgrimidas por quienes desean seguir buscando justicia, mediante la Corte Interamericana, en los casos en los que se han pactado «soluciones amistosas». Es decir, la Corte aún puede pronunciarse sobre casos en los que se demuestre que a los demandantes no se les ha permitido el acceso a vías legales nacionales o se les ha impedido completar tales procedimientos, cuando el país en cuestión no disponga de procedimientos de recurso o cuando, como se ha alegado en el caso de Myrna Mack, se considere que se ha producido una «demora injustificada» en los procedimientos legales nacionales.
Querellas en el extranjero basadas en la jurisdicción universal
Algunas ongguatemaltecas han llegado a creer que en su país es imposible conseguir justicia y una reparación. Por ello, han recurrido a la jurisdicción universal y han presentado o están considerando presentar querellas en el extranjero por delitos cometidos en Guatemala, según el precedente establecido en la querella presentada en España contra el general chileno Augusto Pinochet.(21)
Según el principio internacionalmente reconocido de la jurisdicción universal, todos los Estados tienen la obligación de cooperar para identificar, detener, extraditar o juzgar a las personas responsables de determinados delitos, independientemente de la nacionalidad de la víctima, del lugar donde se haya cometido el delito o de la nacionalidad o el cargo de los responsables. En sus Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra, o de Crímenes de Lesa Humanidad, la Asamblea General de la onuestablece claramente que no puede haber amnistías para los crímenes contra la humanidad ni los crímenes de guerra: «Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad».(22)
Aunque al general Pinochet finalmente le permitieron regresar a Chile en marzo del 2000 por motivos de salud y, por lo tanto, no compareció ante los tribunales españoles, su detención de 14 meses en Reino Unido cambió el clima de la opinión internacional respecto a los crímenes contra la humanidad y la jurisdicción universal. En noviembre de 1999, la Audiencia Nacional española reiteró que aceptaba el principio de la jurisdicción universal, postura establecida respecto al caso Pinochet, y que aceptaba también una querella que le había sido presentada por violaciones de derechos humanos sistemáticas y en gran escala cometidas durante el gobierno militar de Argentina.
Hasta ahora se han presentado en el extranjero, basándose en el concepto de jurisdicción universal, dos querellas por abusos cometidos en Guatemala. La primera es la presentada por la Fundación Rigoberta Menchú (véase infra). La segunda, según los informes, está en la fase de investigación, y ha sido presentada en Bélgica en nombre de ciudadanos belgas que sufrieron abusos durante el conflicto guatemalteco.
La querella de Rigoberta Menchú y otros presentada en España
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En diciembre de 1999, la Fundación Rigoberta Menchú presentó ante la Audiencia Nacional española una querella contra ocho miembros de anteriores gobiernos guatemaltecos, entre los que se encontraba el general Ríos Montt, por genocidio, tortura, asesinato, terrorismo y detención ilegal. La querella se centraba en tres casos «paradigmáticos e ilustrativos»:
- el ataque, en enero de 1980, de las fuerzas de seguridad guatemaltecas a la embajada de España en Guatemala, en el que murieron 37 personas, incluidos empleados de la embajada y el padre de Rigoberta Menchú;
- la persecución sufrida por la familia Menchú, como ejemplo de la selección de los pueblos indígenas como blanco de ataques de las fuerzas de seguridad guatemaltecas;
- la «desaparición» o la ejecución extrajudicial de varios sacerdotes españoles durante los años de conflicto en Guatemala.(23)
Alegando que no podía confiarse en las vías legales nacionales guatemaltecas para investigar los abusos citados y llevar a los responsables ante la justicia, la Fundación subrayó que, desde que se había presentado por primera vez ante los tribunales guatemaltecos, en enero de 1981, la querella por el ataque a la embajada española, al parecer, la única medida emprendida por los tribunales había sido sustituir «genocidio» por «asesinato» en la cubierta de los documentos sobre el caso. La experiencia de la Fundación y de su presidenta respecto a la masacre de Xamán también influía en su opinión de que la justicia no era posible en Guatemala.(24)
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Otras víctimas, familiares y ongse unieron a la querella de Menchú en España después de presentada. En respuesta, los abogados de los militares citados consiguieron que en Guatemala se presentaran cargos contra Rigoberta Menchú por traición, violación de la Constitución y omisión de denuncia. Afirmaban que la querella atacaba la soberanía nacional y la unidad del país al sugerir que los tribunales nacionales no podían juzgar los delitos cometidos por guatemaltecos; el delito del que la acusaban se castigaba con una pena de entre 10 y 20 años de prisión.
Amnistía Internacional declaró públicamente que los cargos contra Rigoberta Menchú eran totalmente inaceptables y que, si esta mujer era declarada culpable, la organización la declararía presa de conciencia.
Después de que, en marzo del 2000, un juez español resolvió que el caso podía ser juzgado en España, Rigoberta Menchú y sus colegas empezaron a sufrir acoso y persecución, incluso amenazas de muerte.
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La Fiscalía General española apeló contra la decisión del juez, alegando que lo que había sucedido en Guatemala había ocurrido en el contexto de un conflicto civil.(25) En diciembre del 2000, la Audiencia Nacional española resolvió que carecía de jurisdicción para juzgar esos delitos. La Fundación Rigoberta Menchú ha apelado contra esta resolución.
Si la Fundación gana esta apelación, el paso siguiente será pedir que se dicten órdenes de detención contra los citados en la querella. Está por ver cómo reaccionarían a eso las autoridades guatemaltecas. En el caso del general Ríos Montt, parece ser que, para ejecutar una posible orden de detención, habría que retirarle primero su inmunidad como presidente del Congreso.
Poner a prueba las vías legales nacionales: las querellas por genocidio de ajr y el caldh
El informe de la cehde 1999 concluía explícitamente que se había cometido genocidio contra los pueblos indígenas de Guatemala en cuatro zonas específicas. La Ley de Reconciliación Nacional de 1996, aunque en la práctica concedía la amnistía para una gama de delitos políticos y comunes, excluía explícitamente de la amnistía a los responsables del delito de genocidio. Así, quedaba abierta la puerta para que los tribunales guatemaltecos iniciaran procesamientos por genocidio. La cehapoyó específicamente el inicio de esos procesamientos diciendo: «Que los poderes del Estado cumplan y hagan cumplir en todos sus términos y en relación con el resto del ordenamiento jurídico guatemalteco la Ley de Reconciliación Nacional, persiguiendo, enjuiciando y castigando los delitos cuya responsabilidad penal no se extingue en virtud de dicha ley».
En mayo del 2000 tuvo lugar un primer intento de probar esta vía de justicia. La causa se centraba en diez masacres cometidas por el ejército en nueve comunidades del altiplano guatemalteco a lo largo de un periodo de cuatro meses durante el gobierno del general Lucas García. Respaldados por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (caldh), los indígenas sobrevivientes presentaron ante los tribunales guatemaltecos una querella colectiva bajo el nombre de Asociación Justicia y Reconciliación (ajr) por genocidio contra la población civil maya, crímenes contra la humanidad y violación del derecho internacional humanitario. Además de a las masacres, la querella hacía referencia a graves daños físicos y mentales, torturas (incluida la violación a mujeres por grupos de hombres), destrucción gratuita de cosechas y casas y desplazamiento y destrucción de comunidades.
Los citados eran miembros del alto mando militar del general Lucas García, y entre ellos se encontraban el propio general, su hermano (el general Manuel Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del ejército guatemalteco desde agosto de 1981 hasta marzo de 1982) y Luis René Mendoza Palomo (ministro de Defensa desde agosto de 1981 hasta marzo de 1982). Las pruebas de su responsabilidad en los ataques en los que murieron más de 800 indígenas habían sido cuidadosamente recogidas a partir de declaraciones de testigos y exhumaciones durante un periodo de tres años antes de que se anunciara la querella en un acto público celebrado en mayo del 2000 y se iniciaran oficialmente los procedimientos en el Ministerio Público. Según los informes, el fiscal inició investigaciones exhaustivas, pero fue sustituido en el 2001.
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En el 2001, los sobrevivientes presentaron una segunda querella, esta vez contra miembros del gobierno del general Ríos Montt (marzo de 1982 - agosto de 1983), por algunas de las masacres perpetradas durante su presidencia. A medida que se preparaba la querella, y cuando se presentó, la persecución contra trabajadores del caldhse intensificó. La querella fue asignada al mismo fiscal que ahora se encargaba de la presentada contra el gobierno del general Lucas García. Según los informes, este fiscal ha tomado algunas declaraciones en relación con esta segunda querella.
Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones
Se ha dicho que quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. El hecho de que Guatemala no aborde su historia reciente ni lleve ante la justicia a los responsables de abusos está contribuyendo incuestionablemente a los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo actualmente en el país. No sólo está claro que la impunidad transmite a los perpetradores el mensaje de que pueden actuar impunemente, sino que la nueva oleada de abusos está dirigida principalmente contra las mismas organizaciones y personas que intentan valerosamente combatir dicha impunidad y buscar justicia. Los objetivos principales de los abusos son las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, los periodistas, los miembros de la judicatura, los testigos y otras personas que participan en las investigaciones sobre cuestiones de derechos humanos. Los abusos contra los derechos humanos protegen los intereses de la élite de poder de Guatemala, mientras los ciudadanos comunes observan los crecientes índices de delincuencia, pierden la confianza en la ley y, en ocasiones, optan por tomarse la justicia por su mano.
Los análisis del sistema judicial guatemalteco han identificado una y otra vez los problemas que lo asolan y las medidas que podrían hacerlo funcionar. Sin embargo, más de cinco años después de plasmarse esos objetivos en los acuerdos de paz, las numerosas promesas realizadas respecto a restablecer el Estado de derecho continúan sin cumplirse.
Mientras los guatemaltecos luchan, tanto en su país como en el extranjero, para que se haga justicia, ¿qué más puede hacerse para combatir la impunidad, garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y cumplir las promesas de los acuerdos de paz?
Amnistía Internacional comparte la opinión de que la verdadera solución a largo plazo reside en las reformas del sistema judicial guatemalteco y en la voluntad política de las autoridades de restablecer la fe de los ciudadanos en el gobierno y en el Estado de derecho.
Amnistía Internacional recomienda que se tomen las siguientes medidas con carácter de urgencia.
Recomendaciones al gobierno y las instituciones estatales de Guatemala
1. Poner en práctica las normas internacionales, los acuerdos de paz y las recomendaciones de la ceh
Amnistía Internacional pide a las autoridades guatemaltecas que tomen medidas inmediatas y concretas para poner en práctica los elementos relativos a los derechos humanos y al Estado de derecho expuestos en normas internacionales y en acuerdos como el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 1994, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de 1995 y el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática de 1996.
Amnistía Internacional también insta enérgicamente a que se pongan en práctica las recomendaciones de la cehen materia de derechos humanos, especialmente:
_establecer comisiones especiales encargadas de investigar la conducta de miembros del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado que estuvieron en el servicio activo durante el conflicto armado y tomar medidas adecuadas respecto a las violaciones de las normas internacionalmente aceptadas de derechos humanos;
_determinar la suerte que corrieron quienes «desaparecieron» durante el conflicto, incluidos numerosos niños, algunos de los cuales pudieron ser adoptados ilegalmente;
_iniciar un programa gubernamental de exhumaciones para excavar las fosas comunes donde fueron enterradas víctimas de las campañas de contrainsurgencia;
_otorgar reparaciones (algo reconocido como deber en virtud de los acuerdos de paz) a las víctimas de abusos contra los derechos humanos y a sus familias, incluidas las mujeres que sufrieron agresiones sexuales en el contexto del conflicto;
_promover, tras consultas con organizaciones de derechos humanos, medidas legislativas orientadas específicamente a la protección de los defensores de los derechos humanos;
_abolir el Estado Mayor Presidencial (emp).
2. Fomentar las visitas de expertos en derechos humanos regionales y de la onu y poner en práctica sus recomendaciones
Amnistía Internacional insta enérgicamente a que se pongan en práctica las importantes recomendaciones sobre la reforma judicial formuladas por el relator especial de la onusobre la independencia de jueces y abogados tras sus visitas de investigación a Guatemala en el 1999 y el 2001.
Amnistía Internacional insta también a las autoridades a cursar invitaciones abiertas a los representantes de mecanismos regionales e internacionales de vigilancia de los derechos humanos y a facilitar y cooperar plenamente con las investigaciones llevadas a cabo por éstos y otros expertos internacionales, incluidos los pertenecientes al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
3. Establecer un programa efectivo de protección de personal judicial y testigos
Debe establecerse un programa real de protección de personal judicial y testigos para garantizar que el sistema de justicia guatemalteco actúa con eficacia y equidad. Amnistía Internacional insta a que los gobiernos y los organismos multilaterales estudien la mejor manera de respaldar un programa de este tipo. Un programa de este tipo no puede funcionar adecuadamente sin la participación activa de la Fiscalía General, el Ministerio de Gobernación y las autoridades judiciales de Guatemala.
Puesto que es evidente que las medidas de seguridad tomadas hasta el momento para proteger a quienes luchan contra la impunidad son inadecuadas, debe llevarse a cabo una revisión independiente de las medidas existentes de protección para los activistas de derechos humanos, los sobrevivientes, los testigos, los miembros de la judicatura y los periodistas que informan sobre ese tipo de iniciativas. Esta revisión debe dar lugar a recomendaciones concretas y específicas y a la legislación necesaria para ponerlas en práctica.
4. Garantizar la seguridad y el trabajo de los defensores de los derechos humanos
Amnistía Internacional insta enérgicamente a que las instituciones y los organismos oficiales cooperen plenamente con todos los esfuerzos por esclarecer las violaciones de derechos humanos, incluidas las perpetradas contra defensores de los derechos humanos, y a que los resultados de las investigaciones se hagan públicos. Los responsables de abusos deben comparecer ante la justicia, sean quienes sean, de acuerdo con los principios internacionales de justicia procesal.
Guatemala debe respetar y poner en práctica los principios establecidos en su propio Acuerdo Global sobre Derechos Humanos respecto a los defensores de los derechos humanos y en instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de 1998,(26) la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas adoptada por la oeaen su reunión de 1999 en Guatemala y respaldada por la propia Guatemala, y las dos resoluciones sobre defensores de los derechos humanos adoptadas por la oeaen el 2000 y el 2001, instrumentos que reconocen todos ellos la importante contribución de los defensores de los derechos humanos a la mejora de la situación de los derechos humanos en la región y la necesidad de garantizar que pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a ataques ni represalias.
Las autoridades deben manifestar públicamente su apoyo a quienes trabajan para poner fin a la impunidad y proteger los derechos humanos. Deben dejar claro en las más altas instancias que no se tolerarán nuevas declaraciones de autoridades destinadas a incitar a los ataques contra esas personas.
Amnistía Internacional insta también a las autoridades guatemaltecas a que nombren un fiscal especial encargado específicamente de investigar los casos de hostigamiento, amenazas y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra los defensores de los derechos humanos.
5. Los órganos encargados de hacer cumplir la ley deben cumplir las normas internacionales de derechos humanos
Deben prohibirse y desmantelarse todos los «escuadrones de la muerte», ejércitos privados, bandas criminales y fuerzas paramilitares.
Debe adoptarse un código de conducta basado en los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley que sea legalmente vinculante para los guardias de seguridad privados que actúen con el permiso de la Policía Nacional.
El gobierno debe declarar públicamente que no se tolerarán los delitos basados en la identidad de la víctima, como los dirigidos contra niños de la calle, homosexuales y travestis y a los que se suele denominar «limpieza social». El gobierno debe garantizar que todos esos delitos son investigados con rigurosidad y que los responsables comparecen ante la justicia, sean quienes sean.
Debe enmendarse la Ley de Reconciliación Nacional para excluir de sus disposiciones a los responsables de masacres y ejecuciones extrajudiciales individuales.
Deben tomarse medidas para abordar los graves factores sociales y económicos que contribuyen al fenómeno de los linchamientos. Todos los incidentes de ese tipo deben ser investigados a fondo y sus autores intelectuales y materiales deben ser procesados.
La pena de muerte, que viola el derecho fundamental a la vida, debe abolirse. Mientras tanto, para no contravenir las normas internacionales de derechos humanos, no debe ampliarse su aplicación y deben tomarse medidas para garantizar un juicio justo a todos los acusados de delitos punibles con la pena capital. Todas las personas condenadas a muerte deben gozar de todas las garantías conforme a las normas internacionales pertinentes, incluido el derecho de apelación.
6. Mejorar la función del procurador de los Derechos Humanos
x5760 Debe mejorarse la importante función de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala respecto a la defensa de los derechos humanos y la investigación de abusos.
La Procuraduría de Derechos Humanos debe contar con recursos económicos adecuados. Sus prioridades deben establecerse a partir de instrumentos de derechos humanos, manteniendo como prioridad general la protección del derecho a la vida y a la integridad física y mental.
La Procuraduría de Derechos Humanos debe estar dotada de facultades para investigar la conducta de la policía y las fuerzas de seguridad, para entablar acciones legales encaminadas a proteger los derechos de los individuos, para presentar informes de amicus curiae, para ofrecer asesoramiento experto sobre cuestiones de derechos humanos y para promover cambios en la ley y en la práctica. Debe tener acceso a información gubernamental, debe supervisar la aplicación de sus recomendaciones y no debe ser cómplice de la impunidad.
La Procuraduría de Derechos Humanos debe tener facultades efectivas para proteger a su personal y a todos los testigos y otras personas que contribuyan a sus investigaciones, incluso frente a acciones legales infundadas, ya sean penales o civiles.
7. Ratificación y aplicación de las normas internacionales de derechos humanos
Deben ratificarse y ponerse en práctica las normas y procedimientos pertinentes relativos a la protección de los derechos humanos y a la independencia del poder judicial. Entre otros, se encuentran los Principios Básicos de la onuRelativos a la Independencia de la Judicatura y los protocolos primero y segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debe reconocerse la competencia del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir denuncias individuales, así como la competencia del Comité contra la Tortura de la onupara recibir denuncias individuales de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. También deben ratificarse y aplicarse el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Amnistía Internacional también insta a las autoridades guatemaltecas a que apliquen de forma efectiva los elementos de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Guatemala es Estado Parte desde 1990, relativos a las medidas para prestar asistencia y protección a los niños para que restablezcan su identidad cuando hayan sido ilegalmente privados de ella; para velar por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, tal como ocurrió en Guatemala mediante la «desaparición» de padres o niños y las adopciones ilegales; para luchar contra los traslados ilícitos y la retención ilícita de niños en el extranjero o las adopciones ilegales en el país de origen; para proteger a los niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación; para ayudar a los niños separados de sus padres por verse obligados a huir a otro país a localizar y ponerse en contacto con los familiares que aún queden vivos; para asegurar el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado; y para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de conflictos armados, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Recomendaciones a otros gobiernos
Se insta a los representantes de otros gobiernos y a la comunidad internacional a que presionen a sus homólogos guatemaltecos para que pongan en práctica los elementos de derechos humanos de los acuerdos de paz y de las recomendaciones de la ceh.
Se insta a los representantes de otros gobiernos y a la comunidad internacional a que exploren vías para respaldar iniciativas pertinentes, como un programa nacional de exhumaciones y una comisión especial encargada de determinar la suerte corrida por los niños que «desaparecieron» en Guatemala.
Se insta a los representantes de otros gobiernos y a la comunidad internacional a transmitir a las autoridades guatemaltecas la preocupación de la comunidad internacional por los ataques contra quienes participan en iniciativas de protección de los derechos humanos y lucha contra la impunidad. Se les insta también a estudiar posibles maneras de ayudar a proteger a quienes participan en iniciativas contra la impunidad, por ejemplo, mediante declaraciones públicas de apoyo a la comunidad de derechos humanos de Guatemala y mediante la presión para que se lleve a cabo una revisión independiente de las medidas de protección existentes con el fin de formular recomendaciones concretas y lograr que se ponga en práctica la legislación pertinente.
Se insta a los representantes de otros gobiernos y a la comunidad internacional a presionar a las autoridades guatemaltecas para que lleven a cabo investigaciones reales sobre todos los presuntos abusos, incluidos los documentados en este informe, hagan públicos sus resultados y lleven a los responsables ante la justicia.
Se insta a los representantes de otros gobiernos y a la comunidad internacional a que manifiesten su preocupación porque agentes del Estado pueden estar interfiriendo los datos y las comunicaciones de onglocales, y a que respalden las iniciativas destinadas a combatir esta nueva amenaza a la labor de los defensores de los derechos humanos.
Los gobiernos deben manifestar su apoyo a la constante observación de la situación de los derechos humanos llevada a cabo por minugua, y deben presionar a otras agencias y órganos pertinentes de la onu, como el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, unicefo unesco, para que examinen la situación de los derechos humanos en Guatemala y tomen medidas adecuadas dentro de sus competencias.
Los representantes de otros gobiernos y la comunidad internacional deben respaldar los esfuerzos realizados actualmente por las ongde Guatemala para crear una agrupación de organizaciones que coordine y armonice el trabajo de los grupos locales de derechos humanos.
Otros gobiernos deben seguir manifestando su oposición a la pena de muerte y deben instar al gobierno de Guatemala a que aborde los problemas sociales y económicos profundamente arraigados, como la discriminación y la desigualdad racial, que contribuyen al elevado índice de delincuencia que sufre el país.
Los gobiernos deben asegurarse de que ninguna transferencia militar, policial o de seguridad procedente de sus países está contribuyendo a los graves problemas de derechos humanos y de seguridad que sufren los ciudadanos de Guatemala.
Recomendaciones a las organizaciones intergubernamentales
Amnistía Internacional insta a las organizaciones intergubernamentales pertinentes a seguir apoyando el proceso de paz; para ello, deben pedir que se respeten las normas de derechos humanos expuestas y protegidas por las leyes nacionales guatemaltecas y las normas internacionales ratificadas por Guatemala.
Amnistía Internacional pide a los órganos intergubernamentales de derechos humanos que colaboren con las ongguatemaltecas en la elaboración de normas claras mediante las cuales medir el cumplimiento de los acuerdos y de las recomendaciones de la cehy dar respuestas nacionales e internacionales al incumplimiento.
Amnistía Internacional insta a la onuy a otras organizaciones intergubernamentales a seguir apoyando política y económicamente a minuguay otros esfuerzos internacionales por vigilar y garantizar el respeto de los derechos humanos en Guatemala.
Amnistía Internacional pide a los órganos intergubernamentales de derechos humanos que ayuden a desarrollar mecanismos para garantizar una observación constante de la situación de los derechos humanos una vez que minuguaabandone el país.
Amnistía Internacional insta a los órganos interamericanos respectivos a que pidan a Guatemala que rinda cuentas de su incumplimiento de las decisiones y resoluciones en materia de derechos humanos emitidas por la Comisión y la Corte Interamericana, y de su falta de adopción de medidas adecuadas de acuerdo con las normas y principios del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Recomendaciones a las instituciones financieras internacionales y a las corporaciones multinacionales con operaciones en Guatemala
Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre las inversiones internacionales realizadas en Guatemala por empresas extranjeras o financiadas por instituciones financieras internacionales, ni tampoco sobre la ayuda económica de organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo a proyectos en Guatemala. Sin embargo, Amnistía Internacional pide a las corporaciones multinacionales y al Banco Mundial y el Banco Interamericano que consulten a la sociedad civil, incluidos los grupos nacionales de derechos humanos, y tengan en cuenta sus preocupaciones. Amnistía Internacional confía en que una consulta con la sociedad civil y las comunidades locales garantizará una mayor rendición de cuentas y ayudará a prevenir futuros abusos contra los derechos humanos. El Banco Mundial, el Banco Interamericano y las corporaciones multinacionales deben tener en cuenta que, para ser plenamente significativas, esas consultas exigen que se garantice la libertad de expresión.
Amnistía Internacional pide al Banco Interamericano, al Banco Mundial y a las corporaciones multinacionales que animen al gobierno de Guatemala a garantizar que se protege la libertad de expresión y que no se obstaculiza la labor de los defensores de los derechos humanos. Los Bancos deben plantear al gobierno de Guatemala los casos de ataques contra defensores de los derechos humanos o contra la libertad de expresión que lleguen a su conocimiento.
Amnistía Internacional pide al Banco Interamericano y al Banco Mundial que no sólo inviertan en la economía de Guatemala, sino también en su poder judicial. Las reformas judiciales propuestas deben incluir el respeto por los derechos humanos, no sólo el respeto por los acuerdos y contratos comerciales.
Amnistía Internacional pide al Banco Interamericano y al Banco Mundial que, con sus palabras y sus actos, transmitan un mensaje que indique claramente que reconocen que no se logrará un desarrollo sostenible que beneficie a todos a menos que se ponga fin a las políticas y prácticas que dan lugar a los abusos contra los derechos humanos.
Amnistía Internacional pide al Banco Mundial que estudie posibles formas de respaldar los proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de incluir explícitamente en ellos una evaluación exhaustiva de la situación de los derechos humanos en Guatemala.
Amnistía Internacional insta al Banco Interamericano, al Banco Mundial y a las corporaciones multinacionales a poner en marcha sistemas eficaces de supervisión para garantizar que sus políticas y prácticas no son discriminatorias ni dan lugar o contribuyen a violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional insta asimismo a estas entidades a que se comprometan a abordar cualquier injusticia que se haya cometido a causa de sus políticas y prácticas pasadas.
Amnistía Internacional insta al Banco Interamericano, al Banco Mundial y a las corporaciones multinacionales a prestar mucha atención a la situación de los derechos humanos en Guatemala; entre otras cosas, deben tener en cuenta los informes de la onuy otros órganos pertinentes de derechos humanos y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y deben comprometerse a hacer frente al gobierno cuando se cometan abusos.
Pies de foto para Guate SLA doc: El legado mortal de Guatemala: El pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos
Portada: Indígenas sobrevivientes de las masacres con velas encendidas en memoria de las víctimas, durante el acto celebrado en mayo del 2000 con motivo de la querella por genocidio interpuesta contra ex oficiales. © AI
1. Una muchedumbre esperanzada se agolpa en la plaza central de Ciudad de Guatemala para celebrar la firma de los acuerdos de paz, 29 de diciembre de 1996. © Copyright Roger Plant
2. William Mazariegos ha sufrido constantes amenazas e intimidación por su trabajo en FREPOGUA, asociación de pobladores que promueve la vivienda y el desarrollo. © AI
3. Luz Margoth Tuy Jiatz (izquierda) y Urías Bautista Orozco (segundo por la derecha), de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Sololá, durante su testimonio a una delegación de Amnistía Internacional en 2001. A raíz de que se descubriera la responsabilidad de la policía en el homicidio de un campesino indígena, cuya viuda aparece a la derecha de la imagen, durante una manifestación en favor del derecho a la tierra en octubre del 2000, ambos investigadores han sido objeto de vigilancia, intimidación y amenazas constantes. © AI
4. Anselmo Roldán Aguilar, sobreviviente y presidente de la Asociación de Justicia y Reconciliación (cuarto por la izquierda) con miembros del CALDH y de AI, en un encuentro celebrado en junio del 2001 en el que los sobrevivientes de masacres presentaron una querella por genocidio contra miembros del gobierno del general Ríos Montt. Un mes después, Anselmo Roldán fue atacado con arma blanca. La pancarta reza: «El cumplimiento de la justicia nos lleva hacia la reconciliación. Justicia por genocidio. 6 de junio del 2001». © AI
6. El obispo Juan José Gerardi dirigió la investigación de la iglesia guatemalteca sobre los abusos cometidos durante los años del conflicto. En abril de 1998 fue asesinado a golpes, dos días después de presentar el informe del proyecto. La pancarta colocada fuera de la sala del tribunal donde en junio del 2001 se declaró culpables de su muerte a tres militares reza: ''Justicia para un hombre justo. Mons. Gerardi: mártir de la verdad». © AI
7. La antropóloga Myrna Mack vinculó el sufrimiento de decenas de miles de indígenas desplazados durante el conflicto civil a la política contrainsurgente del ejército. Fue asesinada con arma blanca en 1990. El Estado guatemalteco aceptó la responsabilidad institucional de su muerte y su autor material está en la cárcel, pero los que ordenaron su ejecución extrajudicial aún no han sido llevados ante la justicia. © Rony Ivan Veliz
8. El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González Dubón con una delegación de AI en 1993. Fue asesinado en abril de 1994, poco después de que emitiera el voto que decidió la extradición por narcotráfico a Estados Unidos de un oficial del ejército. © AI
9. Niños víctimas de la masacre de Los Josefinos, El Petén, marzo de 1982. © AI
10. Una unidad encabezada por el ejército masacró a más de 350 indígenas en Dos Erres, El Petén, en diciembre de 1982. La ropa y los restos encontrados pusieron de manifiesto que muchas de las víctimas eran niños, entre los que había 67 menores de 12 años; y numerosos esqueletos mostraban dientes de leche. © Equipo Argentino de Antropología Forense
11. Jesús Tecú Osorio y otros miembros de ADIVIMA, asociación de sobrevivientes de la masacre de las Verapaces, están luchando para conseguir una reparación. Tecú fue testigo del asesinato en masa de 177 mujeres y niños, entre los que se encontraba un hermano menor, cometido por el ejército en marzo de 1982 en Río Negro, Baja Verapaz. Logró salvar su vida al ser tomado como esclavo por uno de los autores de la masacre, miembro de la PAC. © AI
12. Con nueve años, Denese Becker (Dominga Sic) sobrevivió a la masacre de Río Negro ocurrida en 1982, en la que su madre y otros muchos familiares perdieron la vida. Tras ser adoptada por una familia de Estados Unidos volvió a Guatemala en 2000 para ayudar a otros sobrevivientes a pedir justicia y compensaciones. En las imágenes, Denese se reencuentra con su tío; contempla el emplazamiento inundado donde una vez estuvo Río Negro; en el consultorio donde se hizo las pruebas de ADN para confirmar su identidad; y otros sobrevivientes que acudieron a saludarla. © AI
13. Acta de exhumación de una de las víctimas de la masacre de Tululché. Como en el caso de otras víctimas de esta masacre, el cadáver presentaba numerosas lesiones, como fractura de cráneo. © AI
14. Estas mujeres se quedaron viudas en el curso de los más de 150 abusos, entre ellos, 35 asesinatos, 44 secuestros y 14 violaciones, cometidos durante los años del conflicto por la Patrulla local de Autodefensa Civil contra los indígenas de Tululché, El Quiché. Según informes, el comandante de la patrulla intentaba obtener las tierras de estos campesinos. En la imagen, muestran a una delegación de AI en 1999 el lugar donde sus esposos fueron enterrados clandestinamente. © AI
15. El ex comandante de la Patrulla de Autodefensa Civil, Cándido Noriega (con sombrero de paja), durante la reconstrucción de los hechos de las masacres de Tululché, 1999. Fue sentenciado a 220 años por seis asesinatos y dos homicidios, pero no fue condenado por las muchas violaciones que presuntamente cometió durante los años del conflicto. © AI
16. Juan Jeremías Tecú acompañó a los testigos indígenas que prestaban declaración en el caso de la masacre de Tululché, actuando también como intérprete. Poco después de hacer de guía local para una delegación de AI en 1999, fue secuestrado, golpeado e interrogado sobre su relación con el caso. © AI
17. La comunidad de El Sauce, El Estor, Izabal, poco después de ser atacada en enero de 1997 por guardias de seguridad privados encabezados por un terrateniente local, enzarzado desde hacía tiempo en una disputa con los campesinos a causa de sus tierras. La imagen reproduce ropa femenina perforada por la ráfaga de balas que acabó con la vida de Rosa Pec Chub. © AI
18. Rosa Pec Chub (arriba, la segunda por la izquierda), fue asesinada en 1997 por guardias de seguridad privados en El Sauce, Izabal. Los responsables de su muerte nunca han sido puestos a disposición de la justicia. © Particular
19. Carlos Coc Rax, dirigente comunitario quekchí de El Estor, encabezó los esfuerzos de los campesinos por proteger sus tierras de la invasión de los terratenientes locales, incluidos los relacionados con la explotación maderera ilegal. En la imagen, ofrece su testimonio a una delegación de AI en 1999. Poco después, «desapareció» al volver a casa de la capital, donde había estado negociando asuntos sobre las tierras en nombre de varias comunidades. © AI
20. Hugo Ordóñez Porta (centro), hermano del empresario asesinado Edgar Ordóñez Porta, durante su testimonio a la delegación de AI en 2000. Al parecer, la causa del homicidio residió en la competencia que el nuevo negocio de refinería de petróleo que ambos compartían suponía para el ejército guatemalteco, que tradicionalmente ha controlado el sector. © AI
21. Alma Argentina, Glenda Corina y Rosaura Margarita Portillo, de 18 meses, 9 y 10 años, «desaparecieron» durante una redada en la casa de su abuelo ocurrida en Ciudad de Guatemala en 1981. Sus familiares tienen la esperanza de que formen parte del numeroso grupo de niños guatemaltecos adoptados ilegalmente. © AI
22. La activista social Mayra Gutiérrez había investigado las redes de adopción ilegal en Guatemala. «Desapareció» en abril del 2000. © AI
23. El general Efraín Ríos Montt fue jefe del Estado guatemalteco de marzo de 1982 a agosto de 1983, período de mayor recrudecimiento de las masacres. Tanto en la querella de Menchú en España como en la segunda formulada por la AJR y el CALDH en Guatemala se le ha acusado de genocidio y otros crímenes contra la humanidad a él y a otros miembros de su gobierno. Actualmente es presidente del Congreso de Guatemala y constituye una destacada personalidad política en el FRG, partido que llevó al poder al presidente Portillo. ©
24. José María Gran Cirera, misionero cuyo caso se incluye, junto con el de otros tres sacerdotes españoles, en la querella por genocidio y otros crímenes contra la humanidad presentada por la Fundación Rigoberta Menchú en diciembre de 1999 ante la Audiencia Nacional española. Murió asesinado a tiros en febrero de 1981. Los responsables de este homicidio no han sido puestos a disposición de la justicia. © AI
25. Alaide Foppa era poeta, escritora, profesora universitaria y activista de los derechos de la mujer. «Desapareció» en diciembre de 1980 cuando regresaba de su exilio en México para visitar a su familia en Guatemala. Sus familiares se han unido a la querella de Menchú. © AI
26. Indígenas sobrevivientes de las masacres haciendo declaraciones y encendiendo velas (abajo) en memoria de las víctimas, durante el acto celebrado en 2000 para presentar la querella por genocidio interpuesta por el CALDH contra miembros del gobierno del general Lucas García. En 2001 se presentó una segunda querella contra miembros del gobierno del general Ríos Montt (en una imagen anterior), actual presidente del Congreso guatemalteco. © AI
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(1) Aunque teóricamente era voluntario, las comunidades de las zonas de conflicto estaban obligadas a formar patrullas (conocidas como Patrullas de Autodefensa Civil — pac) para proporcionar servicios de información y de otro tipo al ejército. Quienes se negaban solían convertirse en víctimas de abusos. El sistema se desmanteló oficialmente tras los acuerdos de paz, pero los ex dirigentes de las pacsiguen ejerciendo un gran poder en numerosas comunidades, y algunos abusos cometidos después de la guerra se han atribuido a patrullas que están volviendo a surgir.
(2) Pese a ser civiles, los comisionados militares servían a las órdenes del ejército. Durante el conflicto desempeñaban funciones de orden público y de información, actuaban como los «ojos y oídos» del ejército en las comunidades rurales, y muchas veces de intermediarios entre el ejército y las comunidades. Con frecuencia dirigían las pac. También ellos siguen ejerciendo el poder en las comunidades locales, e intimidando a quienes tratan de hacerles rendir cuentas de los abusos cometidos en el pasado.
(3) El Proyecto Diocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (remhi) llevó a cabo un estudio de tres años de duración sobre los años de conflicto en Guatemala. Su informe de 1998, Nunca Jamás, documentaba 55.000 casos de violación de los derechos humanos, y atribuía 50.000 de esos casos a las fuerzas armadas guatemaltecas y a sus auxiliares civiles: los comisionados militares y las pac. La cehestudió una muestra de 42.000 abusos, entre los que había 29.000 ejecuciones extrajudiciales o «desapariciones». En su informe de 1999, Memoria del Silencio, concluyó que, en total, más de 200.000 personas habían sufrido abusos de ese tipo en el transcurso del conflicto, y el 93 por ciento de esos abusos habían sido cometidos por las fuerzas de seguridad oficiales y los grupos paramilitares que actuaban junto con ellas.
(4) El empes teóricamente responsable de ofrecer seguridad al presidente y a su familia, pero a lo largo de los años ha funcionado como un centro de inteligencia militar, implicado habitualmente en algunos de los abusos más destacados de Guatemala, como la ejecución extrajudicial del obispo Juan José Gerardi, cometida en 1998 y de la que se habla más adelante.
(5) Declaración del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales de Guatemala, IEPES, 2000.
La traducción de la cita es de EDAI.
(6) Guatemala: Memoria del Silencio. Conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, artículo 56, 1999.
(7) Véase el Informe sobre la misión cumplida en Guatemala, adición del Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Sr. Param Coomaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 1999/31 de la Comisión, E/CN.4/2000/61/Add.1, de enero del 2000.
(8) Los grupos locales de derechos humanos informaron también de que el ex general Arévalo Lacs pudo haber sido el responsable de adiestrar a la patrulla militar que perpetró la masacre de Dos Erres en 1982 (véase infra).
(9) Los datos de los casos aquí expuestos proceden en parte de la observación directa de los abogados enviados a observar diversas fases de los juicios correspondientes, dentro del marco del Proyecto de Observadores Judiciales en Guatemala de Amnistía Internacional.
(10) La ley guatemalteca autoriza a la víctima (o a las personas perjudicadas) a iniciar procedimientos judiciales o unirse a los ya iniciados por el Ministerio Público como «querellante adhesivo». Cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos puede ejercer este papel cuando se acusa a funcionarios públicos o empleados del Estado de violaciones de derechos humanos o cuando hayan cometido delitos abusando de su cargo. Los grupos de derechos humanos suelen utilizar esta técnica para conseguir que los procesamientos sigan adelante cuando las autoridades estatales son incompetentes o no son imparciales; de hecho, la mayoría de los casos de derechos humanos que han conseguido progresar lo han hecho gracias a la participación activa de los querellantes adhesivos.
(11) Unos 40.323 dólares estadounidenses, según el cambio vigente a finales del 2001.
(12) No ha sido posible encontrar la versión original española de estos testimonios, por lo que se han traducido al español a partir de la versión inglesa.
(13) Ibíd. nota 12.
(14) Ibíd. nota 12.
(15) Ibíd. nota 12.
(16) En marzo de 1999, justo antes del segundo juicio, una delegación de Amnistía Internacional visitó la zona de Tululché para entrevistar a testigos, sobrevivientes, abogados y empleados de la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala (confregua) relacionados con el procesamiento. También visitó el lugar donde fueron masacrados los hombres de Tululché en 1982 y varios lugares donde otras víctimas fueron enterradas clandestinamente y finalmente exhumadas y enterradas de nuevo a principios de los noventa. Gran parte de la información aquí incluida se basa en las conclusiones de la delegación de Amnistía Internacional y las observaciones de los abogados enviados posteriormente por el Proyecto de Observadores Judiciales en Guatemala de Amnistía Internacional para asistir a diversas fases de los procedimientos de Tululché.
(17)
Los guardias de seguridad privados quedan «bajo el control del Ministerio de Gobernación, por conducto de la Dirección General de la Policía Nacional», de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Policías Particulares, Decreto 73-70 de octubre de 1970. Según el artículo 14 de dicha Ley, «en los casos de aplicación de la Ley de Orden Público, los policías particulares cooperarán directamente con la Dirección General de la Policía Nacional».
(18) Se ha informado de numerosos vínculos entre la Basic Resources Oil Company y las autoridades gubernamentales guatemaltecas tanto actuales como pasadas. Por ejemplo, se cree que el ex ministro de Defensa, Marco Tulio Espinoza, es accionista de la empresa. Miembros del ejército y el gobierno estadounidenses han ejercido influencia respecto a las normas que regulan las operaciones de la compañía y los beneficios del ejército. Por ejemplo, el ex subdirector de la ciaVernon Walters viajó como enviado especial a Guatemala durante el gobierno del presidente estadounidense Ronald Reagan para negociar concesiones de petróleo y reducir los derechos de explotación, con el fin de aumentar la producción y la exportación de petróleo crudo a Estados Unidos. La empresa ha cambiado de manos varias veces en los últimos años, y a finales del 2001 era propiedad de Perenco, S.A., una empresa petrolera europea.
(19) Esa cifra de 80 por ciento la dio en agosto del 2000 el presidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, del Congreso. Si desean información general sobre los niños «desaparecidos» en Guatemala y las redes de adopción ilegal, consulten Hasta Encontrarte: Niñez Desaparecida por el Conflicto Armado Interno en Guatemala, odhag, Guatemala, 2000.
(20) Véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional AU 216/00, AMR 34/31/00/s.
(21) El general Augusto Pinochet fue detenido en Londres en octubre de 1998 a petición de un juez español. Fue acusado, en virtud de la Convención de la onucontra la Tortura, de graves violaciones de derechos humanos que incluían crímenes contra la humanidad como el genocidio, la tortura generalizada y sistemática y las «desapariciones»; todas esas violaciones se habían cometido mientras el general Pinochet encabezaba el gobierno militar de Chile (1973-1990). Finalmente, el comité judicial de la Cámara de los Lores británica resolvió que el general carecía de inmunidad diplomática y podía ser extraditado a España por cargos reducidos de tortura y conspiración para torturar por actos presuntamente cometidos después de 1988, fecha en la que la Convención contra la Tortura entró en vigor en Reino Unido, España y Chile. Tal como dijo Amnistía Internacional entonces: «Los tribunales británicos han confirmado que las personas acusadas de delitos como la tortura pueden ser procesadas en cualquier lugar del mundo. También han establecido firmemente que los ex jefes de Estado no gozan de inmunidad procesal por esos delitos». En España se presentó otra querella similar contra militares argentinos.
(22) Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de la onu, 1973, principio 8. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció claramente en la causa de Barrios Altos que las leyes que otorguen la amnistía para abusos contra los derechos humanos son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por ello, carecen de efecto legal. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, causa de Barrios Altos, sentencia (14 de marzo de 2001), y causa de Barrios Altos, interpretación de la sentencia (3 de septiembre de 2001).
(23) f0 Si desean consultar acciones y publicaciones de Amnistía Internacional de las fechas en las que ocurrieron los hechos, consulten AMR 34/39/80, AMR 34/12/81, AMR 34/36/81 y AMR 34/34/83.
(24) En octubre de 1995, 11 campesinos, 2 de ellos niños de corta edad, murieron y otros 27 resultaron heridos a manos del ejército en un pequeño asentamiento de refugiados que habían regresado a Alta Verapaz. Al lugar del suceso habían llegado rápidamente testigos, incluida minugua, y los hechos parecían incontrovertibles. Rigoberta Menchú actuó durante varios años como querellante adhesivo, pero se retiró en 1999, declarando que el caso se había convertido en una «farsa legal». Finalmente, en agosto de 1999 el oficial al mando y 10 de sus hombres fueron declarados culpables de homicidio con agravantes, y otros 14 soldados fueron declarados culpables de complicidad. El cargo más grave, ejecución extrajudicial, se retiró. Los dos grupos fueron condenados a cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, conmutables por una multa de 5 quetzales (50 centavos estadounidenses) por día. Otros 15 soldados fueron absueltos. Amnistía Internacional quedó profundamente preocupada por lo leve de las penas y por los informes que indicaban que personal del ejército había modificado las pruebas, intimidado a testigos y sobornado a funcionarios judiciales. Tras la apelación, 10 soldados fueron condenados a 12 años de prisión por homicidio y otros 3 fueron condenados por causar lesiones corporales. La decisión de la Corte de Apelaciones fue anulada más tarde, pero de las 15 órdenes de detención dictadas sólo se ejecutaron 4. El caso debía haberse reabierto en julio del 2001, pero una serie de recursos presentados por la defensa demoraron una vez más los procedimientos.
(25) La Fiscalía General española ha mantenido esa postura desde 1995, pero un tribunal de instancia superior, la sección penal del Tribunal Supremo de Justicia, falló a favor de la jurisdicción española sobre este tipo de delitos, dando pie a la detención del general Pinochet.
(26) Nombre completo: Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
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