[Agosto de 2006]Público

Amnistía Internacional

Guatemala

Defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro

Guatemala

Defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro

Amnistía Internacional siente honda preocupación al constatar que se han reanudado los ataques contra defensores de los derechos humanos y activistas sociales en Guatemala con el fin de intimidarlos y obstaculizar su labor. Entre otros abusos se han cometido homicidios, intentos de homicidio y asaltos cuyos autores han registrado o destruido ordenadores que contenían información sobre cuestiones de derechos humanos. Aunque los atentados contra defensores y defensoras de los derechos humanos rara vez se investigan exhaustivamente, las investigaciones realizadas muestran que en el pasado los autores de los ataques han sido miembros de grupos clandestinos y bandas del crimen organizado.(1) Se sospecha que estos grupos son responsables de algunos de los atentados recientes. Amnistía Internacional considera que la falta de voluntad política a la hora de abordar una serie de cuestiones pendientes desde hace largo tiempo como la impunidad, la debilidad del sistema judicial, la hostilidad hacia los defensores de los derechos humanos y la existencia de grupos clandestinos en Guatemala ha permitido que esta nueva oleada de ataques no haya encontrado oposición.

A pesar de que en reiteradas ocasiones el gobierno de Óscar Berger se ha comprometido públicamente a acabar con la impunidad en el contexto del sistema de justicia penal y a combatir los grupos clandestinos, hasta el momento poco se ha logrado en la práctica y no se ha avanzado en la implantación de un mecanismo eficaz encargado de investigar y procesar a miembros de dichos grupos. Una propuesta inicial presentada en 2004 fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad.(2) Según los informes recibidos, el presidente se propone presentar a la brevedad a la Corte de Constitucionalidad un nuevo proyecto de ley que refrendaría el nuevo acuerdo firmado con la ONU para el establecimiento de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Para entrar en vigor, el proyecto de ley deberá ser aprobado por la mayoría del Congreso.

El 10 de enero de 2005, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco firmaron un nuevo acuerdo para la creación de una oficina del ACNUDH en Guatemala. Ésta dio comienzo a sus actividades en septiembre de 2005. En febrero de 2006 la alta comisionada publicó su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, en el que afirma: "La situación [de los defensores de los derechos humanos] se ve agravada porque no ha habido avances notorios en la prevención, investigación y sanción de los responsables".(3)

Las organizaciones locales de derechos humanos han documentado decenas de casos de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Según el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, entre enero y abril de 2006 se produjeron 65 amenazas o agresiones contra defensores.

Los casos siguientes ilustran sólo algunas de las modalidades de agresión e intimidación que enfrentan los defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios de Guatemala. Como puede observarse en estos casos, se utilizan amenazas, actos de intimidación y agresiones con el fin de hacer desistir a los activistas de trabajar en favor de los derechos humanos o para impedir que lo hagan. El presente documento de acción forma parte de una serie de documentos en los que Amnistía Internacional ilustra las diversas modalidades de represión a las que se enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos en todas las regiones del mundo.

Homicidios e intentos de homicidio de defensores de los derechos humanos y activistas sociales

· El 2 de abril de 2006, en la comunidad de Tuticopote Abajo, municipalidad de Olopa, departamento de Chiquimula, Meregilda Súchitefue víctima de homicidio. Según los informes recibidos, Meregilda Súchite se dirigía a la iglesia con su esposo, Longino Díaz, cuando le dispararon seis tiros y a continuación le asestaron cuatro golpes de machete (uno en los ojos, uno en la cara y dos en el pecho). De acuerdo con los informes, su victimario amenazó con matar a otros miembros de su familia.

Meregilda Súchite había participado en diversas actividades de promoción de los derechos humanos, entre ellas una red de mujeres organizada por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). También había tomado parte en visitas de observación en las que se habían recogido testimonios de las personas envueltas en conflictos de tierras en Olopa.

Longino Díaz presentó sendas denuncias a la policía y al juzgado de paz de Olopa. De acuerdo con los informes, los expedientes fueron remitidos a la fiscalía de Esquipulas. En el momento de redactarse este documento continuaban las investigaciones sobre el homicidio y, según los informes recibidos, se había detenido a un sospechoso.

· El 20 de marzo de 2006 tuvo lugar un atentado contra la vida de Claudia Jeannette Rivas Rosil, maestra y secretaria departamental del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala(STEG), en el departamento de Jutiapa, cerca de la frontera con El Salvador. Hacia las cinco de la tarde del 20 de marzo, tras abandonar Claudia Rivas una reunión en la localidad de Jutiapa (capital del departamento del mismo nombre), un hombre se le acercó empuñando una pistola, con la aparente intención de disparar contra ella. Claudia Rivas consiguió entrar en el automóvil de un colega, que logró alejarse de allí rápidamente.

Claudia Rivas ha recibido numerosas amenazas de muerte relacionadas, según se cree, con su trabajo como secretaria departamental del STEG –que incluye denuncias sobre la presunta corrupción en el seno del Ministerio de Educación, oposición a los despidos injustos y participación en conflictos sindicales–, así como con sus esfuerzos por conseguir que se haga justicia por la muerte de su hermano, Germán Adolfo Rivas Rosil, ex representante departamental del STEG que "desapareció" el 23 de agosto de 2005 y cuyo cadáver se encontró el 23 de enero de 2006. En su trabajo para el STEG, Claudia Rivas ha denunciado la presunta corrupción en el seno del departamento regional del Ministerio de Educación en Jutiapa y ha presentado varias quejas al respecto ante las autoridades centrales de educación de la capital, Ciudad de Guatemala.

Desde que se encontró el cadáver de Germán Rivas, en enero de 2006, la campaña emprendida por su familia para llevar ante la justicia a los responsables de su muerte se ha intensificado, y Claudia Rivas ha sido amenazada e intimidada en varias ocasiones. Se ha visto varias veces delante de su casa a autos patrulla de la policía y a automóviles sin señales distintivas ni placas de matrícula y con vidrios polarizados. Además, desde que apareció el cadáver de su hermano, Claudia Rivas ha recibido numerosas llamadas telefónicas anónimas, cuyo autor la amenaza diciéndole que, si no deja de ir a Jalapa y preguntar sobre el caso de su hermano, correrá la misma suerte que él. El individuo en cuestión le ha dicho además que la están vigilando y que sabe dónde vive.

Claudia Rivas ha denunciado a la fiscalía de Jutiapa todas las amenazas e intimidaciones que ha sufrido, así como el atentado reciente contra su vida. Sin embargo, que ella sepa, no se ha tomado ninguna medida para investigar las amenazas. El 23 de marzo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno guatemalteco que adoptara medidas cautelares para garantizar la seguridad de Claudia Rivas. La Comisión Presidencial de Derechos Humanos(COPREDH) ha organizado las medidas de protección. En el momento de redactarse este documento, Claudia Rivas, según informes, era custodiada las 24 horas del día por dos guardias de seguridad. Los informes indican también que desde el atentado contra su vida Claudia Rivas ha recibido más amenazas de muerte y siente preocupación por la falta de avances en las investigaciones.

· El 31 de enero de 2006, un grupo de hombres armados mataron a tiros a una persona durante un aparente atentado contra la vida de Mario Corado Solórzano Puac, defensor de los derechos humanos y fundador de la Fundación Richard Solórzano, y de su hijo, Abner Alexander Solórzano(testigo del homicidio de Richard, su hermano) en Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. Mario Solórzano Puac creó la Fundación Richard Solórzano para pedir justicia y aclarar los hechos que rodearon la muerte a puñaladas de su hijo Richard, ocurrida el 10 de marzo de 2003 frente a un bar de Coatepeque, Quetzaltenango. Hacia las ocho de la noche, Mario Corado Solórzano Puac se hallaba frente a su domicilio, que es también sede de la Fundación, con su hijo Abner Alexander Solórzano y un amigo y vecino, Jonathan Valente Barrios Mérida (que es muy parecido a Abner) cuando una furgoneta de color rojo se detuvo frente a la casa. Según informes, los ocupantes del vehículo eran varios hombres que iban armados con fusiles AK-47 y pistolas de 9 mm y vestidos con uniformes que llevaban insignias de la unidad de reserva y de las fuerzas especiales de la policía. De acuerdo con los informes, un hombre bajó de la furgoneta y comenzó a disparar contra el grupo, hiriendo al vecino, Jonathan Valente Barrios Mérida, cuando éste escapaba corriendo, y otro hombre disparó contra Abner Solórzano desde la parte trasera del vehículo. Abner y Mario huyeron corriendo y resultaron ilesos. Según los informes, los hombres abandonaron el lugar tras vaciar los cartuchos de sus armas. El vecino, Jonathan, murió poco después en un hospital como consecuencia de las heridas sufridas.

Mario Solórzano ha presentado una petición contra el Estado de Guatemala por el homicidio de su hijo Richard ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta ha dado trámite al caso y las autoridades guatemaltecas han presentado un informe en el que responden a las acusaciones de omisión e incumplimiento de sus deberes formuladas contra la policía y la fiscalía regional de Coatepeque. El atentado contra Mario y Abner Solórzano se produjo cuando Mario estaba preparando su respuesta al informe del gobierno, como había solicitado la Comisión Interamericana. Según informes, además de su labor en la Fundación Richard Solórzano, Mario Solórzano Puac ha trabajado en otros casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en la municipalidad de Coatepeque, ofreciendo asesoramiento y apoyo a quienes desean aprovechar su experiencia en materia de contactos con las autoridades locales.

Se ha presentado una denuncia a la oficina local de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Coatepeque en la que se pide a las autoridades que inicien una investigación sobre el atentado contra Mario Solórzano y su familia y que el juzgado de paz ordene medidas de seguridad urgentes para proteger a la familia Solórzano. Amnistía Internacional tiene entendido que se ha ordenado la adopción de medidas de seguridad destinadas a proteger a la familia las 24 horas del día. En el momento de redactarse este documento, Amnistía Internacional no había podido obtener más información sobre las investigaciones.

· El 23 de enero de 2006, el cadáver de Darinel Domingo Montejo, hermano del abogado y defensor de los derechos humanos Mario Domingo Montejo, fue encontrado en un barranco de la Zona 12 de Ciudad de Guatemala. El cuerpo presentaba señales de tortura. Mario Domingo trabaja como abogado en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y formaba parte del equipo letrado que trabajó en el caso del homicidio del obispo Juan José Gerardi, del que fueron declarados culpables tres soldados y un sacerdote.(4) Darinel murió una semana después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara en sentencia de casación el fallo del tribunal inferior que había condenado a los soldados y al sacerdote. Los condenados han interpuesto recurso ante la Corte de Constitucionalidad. Darinel Domingo Montejo era un estudiante de derecho que no tenía vinculación alguna con la ODHAG ni con ninguna otra organización de derechos humanos. Amnistía Internacional teme que lo hayan escogido como blanco debido a la labor que realiza su hermano. En el pasado los atentados y homicidios de que se ha hecho víctimas a activistas y opositores políticos han constituido una práctica generalizada.

Medidas judiciales restrictivas

· El 20 de enero de 2005, Carlos Chen Osorio, dirigente y negociador de la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH), fue detenido por cargos de amenazas y coerción en la persona de dos operarios de la presa de Chixoy, entrada con falsos pretextos en dependencias del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), actividades contra los servicios públicos y actividades contra la seguridad interna de la nación. Carlos fue puesto en libertad provisional ese mismo día, pero no se han retirado los cargos formulados contra él. Según los informes, Antonio Vásquez Xitumul, otro líder de la citada Coordinadora, fue detenido a principios de febrero de 2005 y retenido durante aproximadamente 30 horas. El 16 de febrero, otros siete dirigentes de la Coordinadora acusados se presentaron ante un juez de Cobán. Los nueve se encuentran sometidos a "medidas sustitutivas", en virtud de las cuales están obligados a presentarse en un juzgado de paz cada 15 días durante el tiempo que dure la investigación. Ésta debería haberse realizado dentro de un plazo de seis meses, pero el Ministerio Público no formalizó los cargos contra los nueve acusados hasta diciembre de 2005. El 18 de enero de 2006, los nueve interpusieron un recurso de "excepción de falta de acción" en el que afirmaban que no debían ser procesados debido a la ausencia de avances en la investigación de los delitos que se les imputaban. No obstante, el 23 de enero de 2006 se inició el juicio. El 7 de febrero los nueve acusados interpusieron, ante la Corte de Apelaciones de Cobán, una "acción de amparo" pidiendo protección judicial por violación de su derecho a la defensa y al debido proceso. El 8 de marzo, el tribunal dio curso a la apelación y remitió la causa a la Corte de Constitucionalidad, cuya decisión todavía está pendiente. Mientras tanto, los nueve hombres deben seguir presentándose cada 15 días en sus respectivos juzgados de paz locales, lo que para algunos supone dos días de camino de ida y otros dos de vuelta. Amnistía Internacional considera que las "medidas sustitutivas" dictadas contra estos hombres son innecesariamente restrictivas y no han sido impuestas para garantizar su comparecencia en juicio ni en ninguna otra fase de las actuaciones sino que tienen el objeto de causarles inconvenientes que dificulten aún más su labor en nombre de las comunidades afectadas.

Secuestros

· Según testigos presenciales, el 24 de mayo de 2006, cuando Óscar Humberto Duarte Paiz, miembro de la junta de la Asociación Integral para el Desarrollo de Ciudad Quetzal(ASIDECQ), salía del edificio de la municipalidad de Ciudad Quetzal, seis hombres armados con ametralladoras y pertrechados con chalecos antibalas lo aprehendieron y lo metieron en un automóvil. El hermano de Óscar Duarte, que lo acompañaba, los siguió en su propio auto, y llamó a la policía, pero cuando pasaban junto a la comisaría local los secuestradores le apuntaron con sus armas y tuvo que abandonar la persecución. Se desconoce el paradero de Óscar Humberto Duarte Paiz.

Desde el secuestro de Óscar Duarte, su familia ha presentado ante el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, la unidad de secuestros del Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala una serie de peticiones formales para que se lleve a cabo una investigación. La estación de bomberos local ha recibido tres llamadas telefónicas diciendo saber dónde está el cadáver de Óscar Duarte, pero todas ellas han sido falsas alarmas (en Guatemala suele llamarse a los bomberos para retirar cadáveres de lugares públicos). La comunidad de Ciudad Quetzal recientemente llevó a cabo una marcha y vigilia con velas para pedir el regreso, sano y salvo, de Óscar Duarte. A principios de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Guatemala que adoptara medidas cautelares para proteger a la esposa y los hijos de Óscar Duarte y a los miembros de la ASIDECQ debido a las múltiples amenazas de muerte que habían recibido tras intentar averiguar el paradero de Óscar Duarte. Según informes, las autoridades han proporcionado la protección de patrullas de seguridad a la familia de Óscar Humberto Duarte Paiz y a la ASIDECQ.

Amenazas de muerte

· Miembros de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UPDDH) y del Movimiento Nacional de los Derechos Humanos (MNDH) han sufrido recientemente intimidaciones y han recibido amenazas de muerte en lo que parece ser un esfuerzo por disuadirlos de seguir con su trabajo. Ambas organizaciones se dedican a la defensa de los derechos humanos y a la protección de las personas que defienden estos derechos. El 15 de mayo de 2006, hacia las 8.45 de la mañana, un miembro del MNDH recibió una llamada telefónica en la que una voz de hombre le dijo: "Si siguen buscando los vamos a matar". Tres días antes, el 12 de mayo, ese mismo hombre había dicho: "No se metan en mierda".

La UPDDH está documentando una serie de atentados contra defensores de los derechos humanos y captando apoyos ante el gobierno de Guatemala para que investigue los hechos y lleve ante la justicia a los responsables. También está prestando su apoyo en una serie de casos relacionados con defensores y defensoras individuales y con organizaciones de derechos humanos en la capital y en las regiones de Petén, Zacapa, Escuintla y Jutiapa. La UPDDH y el MNDH también se dedican activamente a informar a gobiernos y organizaciones internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. El MNDH trabaja en el Frente Contra la Minería y en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, de la ONU, que investigó los abusos cometidos durante el conflicto armado interno.

· La mañana del 6 de junio de 2006, según informes, René Guzmán, miembro de la junta directiva de la Asociación Integral para el Desarrollo de Ciudad Quetzal(ASIDECQ), vio que rondaba su casa un automóvil sin placas de matrícula. Esa tarde, un auto con vidrios polarizados se puso junto a David Alarcón, también directivo de la ASIDECQ, cuando éste viajaba en motocicleta, y trató de sacarlo de la calle. David Alarcón tomó una ruta alternativa, pero el auto lo alcanzó y empezó a seguirlo discretamente a cierta distancia. Se ha presentado una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.

ASIDECQ se ha dedicado activamente al desarrollo de Ciudad Quetzal, un barrio pequeño y empobrecido a las afueras de la capital, Ciudad de Guatemala, impulsando la construcción de una guardería y de instalaciones para el almacenamiento de agua. También ha ayudado a mediar entre la comunidad y la policía en el caso del homicidio por disparos de un residente local a manos de la policía, y desde entonces ha protestado contra el presunto uso por parte de la policía de fuerza excesiva contra los miembros de la comunidad que se han manifestado para protestar por la acción policial en dicho incidente.

A principios de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Guatemala que adoptara medidas cautelares para garantizar la seguridad de René Guzmán, David Alarcón y otros directivos de la ASIDECQ. No se dispone de ninguna información sobre la respuesta de las autoridades.

· Fredy Peccerelli, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), con sede en Ciudad de Guatemala, su hermano Gianni Peccerelli, su hermana Bianka Peccerelli Monterroso, su cuñado Omar Girón de León y su ex esposa Jeannette Peccerelli han recibido, según los informes, una serie de amenazas de muerte desde principios de enero de 2006. De acuerdo con los informes, el 15 de enero Fredy Peccerelli recibió un mensaje de texto SMS en su teléfono móvil que decía: "los tenemos bien controlados antropólogo hijo de puta vamos a matar a tus hermanos primero". Fredy Peccerelli ha dicho a Amnistía Internacional que el Ministerio Público no ha hecho avances en la investigación de las amenazas de muerte formuladas a principios de enero de 2006. El 9 de enero, según los informes, Fredy Peccerelli recibió un mensaje de texto SMS en el que se amenazaba de muerte a su hermano. Al día siguiente, de acuerdo con los informes, alguien depositó una carta en el buzón de la casa de Bianka Peccerelli Monterroso y su esposo Omar Girón de León, coordinador de laboratorio de la FAFG. El 5 de enero, Jeannette Peccerelli, ex esposa de Fredy Peccerelli, estaba haciendo compras con sus dos hijos, acompañada del policía que la protegía, cuando un desconocido comenzó a seguirlos. Temiendo por su seguridad, se vieron obligados a abandonar sus planes. Según los informes, el 26 de agosto de 2005 Jeannette Peccerelli fue interceptada por un desconocido cuando regresaba en automóvil a su casa desde su lugar de trabajo en Ciudad de Guatemala. Según se afirmó, el hombre, que la había seguido en un vehículo, le apuntó una pistola a la cabeza y le dijo: "Estamos controlando al licenciado Fredy Peccerelli".

Fredy Peccerelli y otros miembros de la FAFG han recibido numerosas amenazas de muerte como consecuencia de su trabajo para exhumar los restos, enterrados en fosas comunes, de quienes murieron a manos de las fuerzas armadas guatemaltecas y sus auxiliares civiles a principios de la década de 1980. En 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que se tomaran medidas cautelares para proteger a Bianka Peccerelli Monterroso, Omar Girón de León, Fredy Peccerelli y otros miembros de la FAFG. Sin embargo, sigue existiendo preocupación por el nivel y la eficacia de la protección que reciben. Esa protección disminuyó justo antes de las amenazas de enero de 2006. Desde entonces, se les ha proporcionado la protección personal requerida en cuanto a presencia policial, pero ellos afirman que esta presencia ha resultado poco fiable.

Entrada ilegal y robo en oficinas de organizaciones indígenas y sociales

Las oficinas de las organizaciones indígenas y de mujeres, así como otras organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, siguen siendo objeto de entrada ilegal y robo. Durante los últimos meses se han producido numerosos asaltos en organizaciones de mujeres y otras agrupaciones de la sociedad civil. De acuerdo con los informes recibidos, desde principios de 2006 se han cometido al menos diez asaltos contra oficinas de organizaciones de la sociedad civil. En 2005, según el Movimiento Nacional de los Derechos Humanos, 25 organizaciones han sido objeto de entrada ilegal. Por lo general, los asaltantes se han llevado información en la forma de ordenadores, discos duros o archivos de papel que contenían datos sobre planes de trabajo e información individual sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

· El 5 de junio de 2006 se produjo una entrada ilegal en la oficina departamental de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) en Chimaltenango, a más o menos una hora de Ciudad de Guatemala. Los asaltantes forzaron escritorios y archivadores y registraron documentos que luego dejaron esparcidos por la oficina. También robaron el nuevo ordenador que albergaba un proyecto concebido para las mujeres que sobrevivieron a los años de conflicto armado interno (1960-1996). La UNAMG se ha dedicado muy activamente a captar apoyos a favor de una controvertida ley de planificación familiar aprobada finalmente en el Congreso en marzo de 2006, y ha condenado los homicidios de mujeres en Guatemala.(5) En el momento de redactarse este documento, Amnistía Internacional no había podido obtener más información sobre la investigación del asalto.

· También el 5 de junio fue asaltada la oficina en Ciudad de Guatemala del Sector de Mujeres, una agrupación de organizaciones no gubernamentales de mujeres. Los asaltantes forzaron escritorios y registraron archivadores que contenían información sobre la labor de derechos humanos de la organización en favor de las mujeres. También registraron algunos ordenadores y archivos que contenían información sobre homicidios de mujeres y sobre planificación familiar. Unos días antes, durante la noche del 29 de mayo, esa misma oficina había sido objeto de otra entrada ilegal. En aquella ocasión los asaltantes habían robado teléfonos móviles y un aparato de fax. No es la primera vez que las oficinas del Sector de Mujeres son asaltadas. En 2004 se pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicitara medidas cautelares en favor de esta organización, después de una entrada ilegal en sus oficinas en junio de 2004 (véase Ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres en Guatemala, AMR 34/017/2005, de junio de 2005). El Sector de Mujeres ha desempeñado un papel destacado a la hora de pedir que se ponga fin a la violencia contra las mujeres en Guatemala y ha proporcionado asesoramiento legal y apoyo en muchos casos de violencia contra las mujeres en todas las regiones del país. En el momento de redactarse este documento, Amnistía Internacional no había podido obtener más información sobre el progreso de la investigación del asalto.

· Según los informes recibidos, durante la noche del domingo 7 de mayo y las primeras horas de la mañana del lunes 8 de mayo de 2006 se produjo una entrada ilegal en la oficina de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC). Los asaltantes forzaron puertas, abrieron cajones, destruyeron escritorios, movieron grabadoras y televisores, se llevaron dinero, tiraron al piso papelería y documentos y registraron archivos y ordenadores. La CONIC ha declarado que durante las dos semanas anteriores habían recibido llamadas telefónicas sospechosas y visitas de desconocidos que trataban de hacer averiguaciones sobre personas que no trabajan en la organización. En abril de 2006, la CONIC hizo un llamamiento a las comunidades indígenas de todo el país para que organizaran manifestaciones en apoyo a las negociaciones que está manteniendo con el gobierno en relación con la reforma agraria. La CONIC también trabaja en casos concretos de conflictos de tierras a nivel de las comunidades de base. De acuerdo con los informes recibidos, el Ministerio Público no ha realizado ninguna investigación, pese a que la Policía Nacional Civil recogió pruebas en el lugar del crimen. Amnistía Internacional tiene entendido que no se ha hecho ningún avance en la investigación del asalto.

· El 22 de abril de 2006 se produjo una entrada ilegal en la oficina de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas-Indígenas de Petén (COCIP) en Santa Elena, Flores, departamento de Petén. La COCIP dice que los asaltantes registraron sus archivos electrónicos, pisotearon sus materiales didácticos y dejaron excrementos humanos en la sala de reuniones. Según los informes recibidos, los asaltantes se llevaron cinco cajas de disquetes y CD que contenían información sobre planes operativos y estratégicos y bases de datos, así como dinero en caja chica y archivos de papel que contenían información sobre la labor de la COCIP. Esta organización trabaja en favor del acceso de los indigentes a la tierra y hace campaña contra la falta de consulta con la sociedad civil en relación con los proyectos de explotación minera, así como contra el impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el momento de redactarse este documento, Amnistía Internacional no había podido obtener más información sobre la investigación del asalto.

¡ACTÚEN!

Amnistía Internacional insta a las autoridades guatemaltecas a investigar todas las amenazas y los atentados contra defensores y defensoras de los derechos humanos, hacer comparecer ante la justicia a los responsables y garantizar que quienes defienden los derechos humanos puedan desempeñar su legítima tarea sin temor a amenazas, agresiones, robo del fruto de su labor sobre derechos humanos o medidas judiciales restrictivas.

Envíen llamamientos a las autoridades guatemaltecas:

Ø expresando preocupación por la reciente oleada de amenazas y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y robo de información de las oficinas de organizaciones sociales y de derechos humanos en todas las regiones de Guatemala y pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales de los hechos y se procese a los responsables;

Ø instando a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos;

Ø exhortando a las autoridades guatemaltecas a garantizar el establecimiento y puesta en marcha de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) y asegurar su independencia tanto en lo referente a iniciar investigaciones y procesamientos como a contribuir a ellos, como un paso importante para garantizar la protección de la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos;

Ø solicitando al gobierno de Guatemala que desarrolle un plan nacional de acción destinado a poner en práctica la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos con miras a garantizar que quienes defienden estos derechos puedan desempeñar su legítima labor.

Envíen sus llamamientos, en español o en su propio idioma, a:

Lic. Óscar Berger Perdomo

Presidente de la República de Guatemala

Casa Presidencial, 6a. Avenida 4-18, Zona 1

Ciudad de Guatemala

GUATEMALA

Fax: + 502 221 4423

Tratamiento: Señor Presidente

Sr. Juan Luis Florido

Fiscal General de la República

Fiscalía General del Ministerio Público

8a. Avenida 10-67, Zona 1

Ciudad de Guatemala

GUATEMALA

Fax: + 502 2251 2218

Tratamiento: Señor Fiscal General

Sr. Carlos Vielman

Ministro de Gobernación

6a. Avenida 4-64, Zona 4, nivel 3

Ciudad de Guatemala

GUATEMALA

Fax: + 502 2362 0237

Tratamiento: Señor Ministro

Sr. Gert Rosenthal Koenigsberger

Ministro de Relaciones Exteriores

Avenida "La Reforma" 4-47, Zona 10

Ciudad de Guatemala

Código Postal 01010

GUATEMALA

Fax: + 502 2348 0110 / 2331 8410

Tratamiento: Señor Ministro

Lic. Frank La Rue

Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH)

2a. Avenida 10-50, Zona 9

Ciudad de Guatemala

Código Postal 01009

GUATEMALA

Telefax: + 502 2334 1615

Tratamiento: Estimado Señor********

(1) La expresión "grupos clandestinos" se utiliza para referirse a redes criminales que incluyen al sector empresarial, empresas privadas de seguridad, delincuentes comunes y miembros de bandas. Las investigaciones preliminares han implicado también a agentes de policía y miembros (activos y retirados) de las fuerzas armadas. Estos grupos clandestinos están estrechamente vinculados al crimen organizado y a lo que se conoce como los "poderes paralelos" o "poderes ocultos", un grupo no oficial de individuos poderosos, tanto civiles como militares, que se han infiltrado en las estructuras del Estado. Estos poderes paralelos utilizan sus puestos y contactos para controlar actividades ilegales lucrativas, garantizarse inmunidad procesal y, mediante los grupos clandestinos, intimidar a quienes consideran una amenaza para sus intereses. Se cree que muchos de los ataques, cada vez más abundantes, contra defensores de los derechos humanos, aunque a menudo calificados de delincuencia común, son obra de estos grupos clandestinos.

(2) El 7 de enero de 2004, el gobierno de Guatemala firmó un acuerdo con la ONU para la creación de La Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). El 6 de agosto de 2004, la Corte de Constitucionalidad dio su opinión consultiva que resultó contraria a algunos aspectos clave del acuerdo (véase el Servicio de Noticias 199, AMR 34/015/2004, del 7 de agosto de 2004), lo cual supuso de hecho el archivo de la iniciativa.

(3) Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, doc. ONU: E/CN.4/2006/10 Add.1, párr. 41, febrero de 2006.

(4) El obispo Juan José Gerardi, coordinador de la ODHAG, fue asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de presidir la presentación del informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, de la ODHAG. Durante los días siguientes a su muerte, varios miembros de la ODHAG y defensores de los derechos humanos –entre ellos varios que participaban en el Proyecto Interdiocesano– fueron amenazados de muerte. Al menos siete personas, entre ellas jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales y testigos vinculados al caso Gerardi, abandonaron el país afirmando haber sido objeto de amenazas, vigilancia y escuchas telefónicas. Varios testigos del asesinato murieron en circunstancias sospechosas, entre ellos uno que falleció en prisión el 29 de enero de 2001, y también murieron al menos seis de las personas sin hogar que solían dormir a la intemperie cerca de la residencia del obispo y que estaban presentes la noche del asesinato. Durante los años siguientes a la muerte del obispo Gerardi, el personal de la ODHAG ha recibido una serie de amenazas de muerte por teléfono y ha sufrido otras formas de hostigamiento.

(5) El elevado número de mujeres que han sido víctimas de homicidio en circunstancias excepcionalmente brutales y con indicios, en muchos casos, de que además fueron objeto de alguna forma de violencia sexual antes de su muerte, es motivo de preocupación tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Las organizaciones de mujeres piden con cada vez más insistencia que el gobierno de Guatemala ponga fin a la impunidad de que disfrutan los homicidios de mujeres en Guatemala y han criticado la inacción del gobierno frente al número creciente de homicidios. Durante el año 2004 la policía informó de que se habían cometido 527 homicidios de mujeres. En 2005 el número llegó a 665. Entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2006, la policía informó de 243 homicidios. Para más información sobre el tema, véase Ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres en Guatemala (Índice AI: AMR 34/017/2005), de junio de 2005.