AMR 34/035/2006

17 de noviembre de 2006

CASO DE LLAMAMIENTO SOBRE GUATEMALA

Crímenes de lesa humanidad continúan sin castigo en Guatemala

El 6 de mayo de 2001, 21 comunidades indígenas afiliadas a la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), legalmente representadas por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), presentaron una querella ante el Ministerio Público contra el general José Efraín Ríos Montt y otras personas por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años y concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996.(1)

Largas demoras en una investigación de cinco años

Tras presentarse la querella ante el Ministerio Público, un fiscal especial tomó declaración a los aproximadamente 114 testigos presenciales de las matanzas (incluidos testimonios de una causa aparte contra Lucas García(2) y otros).Sin embargo, en diciembre de 2004 se trasladó al fiscal especial y en julio de 2005 se nombró a otro en su lugar, que también fue trasladado en junio de 2006. Dos meses después se nombró a un tercer fiscal especial.(3)

Por desgracia, el Ministerio Público no ha hecho progresos en los últimos cinco años para investigar enérgicamente unas acusaciones tan graves. Además de los repetidos cambios de fiscal especial y las demoras en su sustitución que han interrumpido la continuidad de la investigación, varias razones explican la lentitud de la investigación criminal:

§ Aparte del testimonio de testigos presenciales, apenas se han explorado otras líneas de investigación. Amnistía Internacional tiene entendido que no se ha citado a declarar a ningún oficial del ejército de baja o en servicio activo para que aporten su testimonio;

§ El Ministerio de Defensa rechazó las solicitudes del Ministerio Público para que entregara documentos del ejército por motivos de "seguridad del Estado", y los fiscales especiales no han tratado de obtener órdenes judiciales que obliguen al citado ministerio a presentar los documentos en vistas a puerta cerrada con garantías sobre cualquier preocupación legítima en materia de seguridad;

§ Hay numerosos recursos dilatorios sobre cuestiones procesales interpuestos por el general Efraín Ríos Montt y los demás imputados;

§ Algunos tribunales carecen de independencia respecto a la rama ejecutiva del gobierno y pueden ser objeto de presiones políticas. No existe un sistema eficaz para reforzar su independencia y proteger a los jueces y abogados que han sido amenazados.(4)

La investigación criminal en España y la solicitud de extradición

Dado el estancamiento de la causa en el sistema judicial guatemalteco y la falta de voluntad política por parte del gobierno para apoyar medidas destinadas a acabar con la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en 1999 Rigoberta Menchú, galardonada con el premio Nobel de la Paz, entabló acciones legales ante tribunales españoles por genocidio, tortura y asesinato.

La Audiencia Nacional española asumió la competencia de la causa en 2006, una vez que el Tribunal Constitucional español resolvió en 2005 que los tribunales españoles podían ejercer la jurisdicción universal sobre los delitos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala que están tipificados en el derecho internacional.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz realizó una visita de investigación a Guatemala en junio de 2006, pero tuvo que regresar con las manos vacías debido al "obstruccionismo" y la falta de cooperación de los acusados de las atrocidades y del sistema judicial guatemalteco.

Con todo, y a pesar de estas obstrucciones, el 7 de julio de 2006, el juez Santiago Pedraz acusó de genocidio, tortura y otros crímenes de lesa humanidad a varios ex oficiales del ejército guatemalteco, entre ellos Ríos Montt, y dictó órdenes internacionales de detención por su participación en las atrocidades cometidas bajo su responsabilidad de mando.

De acuerdo con el derecho internacional, ningún Estado tiene más derecho que otro a emprender una investigación –y, si existen pruebas admisibles suficientes, procesar a personas– por delitos cometidos contra la comunidad internacional en su conjunto. En efecto, cualquier Estado puede ejercer dicha jurisdicción en determinados casos, aunque el Estado del territorio donde se cometieron los delitos haya comenzado una investigación, o incluso haya entablado un procesamiento o llegado a una resolución final. Es imprescindible que la investigación de violaciones de derechos humanos y el procesamiento de los responsables no se vean obstaculizados por consideraciones políticas. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades guatemaltecas que cumplan con las obligaciones contraídas por Guatemala en virtud del derecho internacional, garantizando que el proceso judicial emprendido el 6 de mayo de 2001 en Guatemala contra el general Efraín Ríos Montt y otras personas por crímenes de lesa humanidad se realiza sin demora y con imparcialidad y eficacia, y apoyando también el proceso judicial abierto por el juez Santiago Pedraz ante tribunales españoles. Si no van a llevar a cabo una investigación con arreglo a las normas internacionales, deberían extraditar sin demora a los acusados a España.

Información complementaria

En 1998, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (una "comisión de la verdad"), auspiciada por la ONU, concluyó que más de 200.000 personas habían sido víctimas de homicidio o "desaparecido" durante el conflicto armado interno que terminó en 1996. De las víctimas que la Comisión pudo documentar e identificar, el 83 por ciento eran de origen maya. Alrededor del 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos se atribuía a las fuerzas gubernamentales.(5) El general José Efraín Ríos Montt presidió el gobierno de Guatemala desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, periodo en el que los índices de violaciones de derechos humanos alcanzaron una de las cotas más altas de los 36 años de conflicto interno armado. Entre las violaciones de derechos humanos cometidas hubo homicidios, violaciones, torturas, desapariciones forzadas y genocidio contra la población indígena.

¡ACTÚA!

→ Escribe al fiscal general de la República de Guatemala:

expresando su preocupación por la falta de progresos en el proceso judicial seguido en Guatemala contra el general Efraín Ríos Montt y otras personas pese a los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales guatemaltecas, abogados de derechos humanos y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos;

recordando a las autoridades guatemaltecas la obligación contraída en virtud del derecho internacional de juzgar sin demora y con imparcialidad y eficacia a las personas acusadas de violaciones de derechos humanos o extraditarlas a otro Estado.

Llamamientos a:

Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público

Lic. Juan Luis Florido

Edificio Ministerio Público

Tercer Nivel, 8a. Avenida 10-67, Zona 1

Ciudad de Guatemala, 01001

Guatemala

Fax: +502 2251 2218

Con copia a:

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

6ª Avenida 1-71, zona 1

Ciudad de Guatemala

Guatemala

Fax: +502 2230 3470

Correo-e: caldh@caldh.org

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(1) En la querella también se nombraba a Horacio Egberto Maldonado Schaad, Luis Gordillo, Mario López Fuentes y Oscar Mejía Victores.

(2) El general Fernando Romeo Lucas García fue presidente de Guatemala desde el 1 de julio de 1978 hasta el 23 de marzo de 1982. Durante el régimen de Lucas García, los índices de represión política y de homicidios de personalidades de la oposición fueron elevados. También fue el responsable del asalto a la Embajada de España en enero de 1980, en el que perdieron la vida 35 personas. Hay causas penales abiertas en su contra en Guatemala y España por acusaciones de genocidio, tortura y otros crímenes de lesa humanidad. El general Lucas García murió el 27 de mayo de 2006.

(3) (Véase E/CN.4/2002/72/Add.2) En su informe sobre su misión a Guatemala en mayo de 2001, el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados asegura que se le informó "de que los fiscales también recibían amenazas cuando se ocupaban de casos delicados. Por ejemplo, el fiscal que retiró las acusaciones contra el general Montt en el caso Guategate, dijo que había recibido desde entonces amenazas de muerte […]".

(4) (Véase E/CN.4/2002/72/Add.2, p.9) En su misión a Guatemala, el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados concluyó que existían amenazas generalizadas así como hostigamiento e intimidación contra los jueces, y que el gobierno y el Tribunal Supremo no habían ofrecido la protección debida.

(5) Guatemala. Memoria del Silencio. Tomo V, Conclusiones y Recomendaciones. Comisión para el Esclarecimiento Histórico. UNOPS, 1999. pág. 21, párrs. 1 & 2; pág. 25, párr. 15.