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3 de abril del 2000

Guyana: Es hora de poner en práctica el compromiso con los derechos humanos

El gobierno de Guyana debe cumplir íntegramente las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU para demostrar su compromiso declarado con la promoción y el respeto de los derechos humanos tanto en la legislación como en la práctica, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Las 22 recomendaciones se hicieron públicas el 31 de marzo del 2000, al término del 68 periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de velar por que los Estados Partes cumplan y se atengan al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El Comité celebró dos sesiones públicas con una delegación del gobierno de Guyana para debatir el segundo informe periódico del país, presentado con doce años de retraso. Una delegación de Amnistía Internacional asistió a las sesiones en calidad de observadora.

La organización de derechos humanos vio con satisfacción que la delegación de Guyana manifestara su compromiso con el cumplimiento de los preceptos del PIDCP y su voluntad de aprovechar constructivamente las sesiones.

«Puesto que Guyana está iniciando el proceso de redacción de una nueva Constitución, tiene ante sí la oportunidad inmediata de hacer realidad su compromiso y garantizar que los derechos humanos fundamentales proclamados en el PIDCP se incorporan a la nueva constitución, como recomienda el Comité de Derechos Humanos» ha afirmado la organización.

Amnistía Internacional instó al gobierno a prestar especial atención a las recomendaciones relativas a: el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley; la imposición de la pena de muerte; la obligación de dispensar un trato humano a las personas privadas de libertad; la reclusión de niños junto a adultos; y la detención de menores en general.

La organización ha expresado preocupación en reiteradas ocasiones por el aparente uso excesivo de la fuerza que han hecho en muchos casos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Guyana, y ha acogido con satisfacción la recomendación del Comité para que todas las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre uso excesivo de la fuerza sean investigadas sin demora por un organismo imparcial y se tomen medidas encaminadas a garantizar el procesamiento de los infractores, así como a proporcionar reparaciones efectivas a las víctimas. Todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley debe ser escrupulosamente formado en las normas internacionales de derechos humanos.

Además, Amnistía Internacional volvió a hacer un llamamiento al gobierno de Guyana para que retirase la reserva formulada al Protocolo Facultativo del PIDCP. Dicho protocolo permite al Comité de Derechos Humanos recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el PIDCP.

Otras recomendaciones del Comité fueron: la supresión de la práctica del castigo corporal; la estricta observancia de las garantías procesales en todas las causas penales; la revisión del funcionamiento y la independencia de la Oficina de Quejas contra la Policía; el reclutamiento de una fuerza policial étnicamente diversa; la inclusión de los amerindios en los procesos para tomar decisiones que afecten a sus derechos en virtud del PIDCP; la incorporación de los principios de igualdad y no discriminación para todos en la nueva Constitución.

«Es el momento de que el gobierno de Guyana demuestre con hechos y no con palabras su compromiso con los derechos humanos» ha afirmado Amnistía Internacional.

Información general

Guyana ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) el 15 de febrero de 1977. Con el gobierno de Cheddi Jagan ratificó el Protocolo Facultativo el 10 de mayo de 1993, pero se retiró y volvió a adherirse el 16 de diciembre de 1998 con una reserva, según la cual el Comité no podría examinar las peticiones de personas condenadas a muerte.

En cuanto a la reserva al Protocolo Optativo, el Comité instó a Guyana a tomar en cuenta sus opiniones contenidas en la disposición por la que había rechazado una reserva idéntica planteada por Trinidad y Tobago en noviembre de 1999. En aquella ocasión el Comité afirmó que se trataba de una reserva por la cual cierto grupo de individuos no tendría derecho a recibir la misma protección procesal que el resto de la población, lo cual constituía una discriminación contraria a algunos de los principios básicos contenidos en el PIDCP y sus Protocolos.

En marzo del 2000, 144 países habían ratificado el PIDCP, vigente desde el 23 de marzo de 1976. Para velar por el cumplimiento de sus disposiciones, el PIDCP exige a sus Estados Partes que presenten informes periódicos ante el Comité de Derechos Humanos, formado por 18 expertos independientes.

Otros países cuyos informes periódicos fueron examinados en el 68 periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos fueron: República del Congo, Reino Unido (Jersey, Guernsey y la isla de Man) y Mongolia.

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos pone a disposición del público el texto íntegro de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en el sitio web de la ONU: www.un.org.

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