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ÍNDICE AI: AMR 35/05/96/s

12 DE FEBRERO DE 1996

GUYANA: AMNISTÍA INTERNACIONAL CONDENA LA REANUDACIÓN DE LOS AHORCAMIENTOS

Amnistía Internacional ha recibido con consternación la noticia de que hoy en Guayana se ha llevado a cabo el primer ahorcamiento desde 1990, tras el anuncio del gobierno en junio de que iba a reanudar los ahorcamientos.

Ayube Kahn, que fue detenido por el asesinato de un escolar en 1990 cuando trataba de robarle la bicicleta, fue ejecutado el lunes 12 de febrero de 1996, tras la emisión de la orden de ejecución uno días antes. La orden de ejecución de Rockliffe Ross, condenado por asesinato en 1989, fue emitida el mismo día que la de Ayube Kahn, pero se le concedió un aplazamiento de siete días.

«Expresamos nuestro más profundo dolor por las víctimas de los crímenes violentos, pero la aplicación de la pena de muerte nunca tiene ningún efecto positivo, sino que sólo sirve para embrutecer a la sociedad que la utiliza», afirmó Amnistía Internacional.

El 1 de febrero se emitieron las órdenes de ejecución para otros dos condenados a muerte, Abdool Saleem Yasseen y Noel Thomas. A ambos se les concedió la suspensión de la ejecución hasta que se resolviera un recurso de inconstitucionalidad en el que se alegaba que el tiempo de espera desde la imposición de la condena y las condiciones a las que han estado sometidos suponían un «trato inhumano y degradante». Amnistía Internacional también está preocupada por un posible error judicial en este caso. El recurso de ambos se seguirá examinando esta semana.

En la actualidad hay un total de 18 personas condenadas a muerte en Guyana. Amnistía Internacional teme que se emitan nuevas órdenes de ejecución y que las ejecuciones de los tres hombres que ya las han recibido puedan seguir adelante. La organización pide al gobierno guyanés que conmute todas las sentencias de muerte inmediatamente.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, por considerarla una violación del derecho a la vida y el derecho a que nadie sea sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La organización cree que la conclusión abrumadora de gran cantidad de estudios sobre esta cuestión es que no se ha demostrado que la pena de muerte tenga mayores efectos disuasorios que otras penas. También existe el riesgo espeluznante, como en este caso, de que se ejecute a alguien que puede ser inocente.