Público

Amnistía Internacional

Honduras

Asesinatos de activistas medioambientales en el departamento de Olancho

28 de febrero de 2007

Índice AI: AMR 37/001/2007

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Honduras

Asesinatos de activistas medioambientales en el departamento de Olancho

El 20 de diciembre de 2006, los activistas medioambientales Heraldo Zúñiga (49 años) y Roger Iván Cartagena (29 años) viajaban en un automóvil de Gualaco a Silca, departamento de Olancho, cuando, según los informes, miembros de la policía les dieron el alto en Guarizama. Al parecer, la policía los obligó a salir del automóvil y luego les ordenó que se colocaran contra la pared del edificio situado junto a la municipalidad de Guarizama. Según los informes, la policía realizó unos 40 disparos contra los dos hombres.

Se cree que los agentes de policía presuntamente responsables de los homicidios actuaron a instancias y en defensa de los intereses de las compañías madereras y mineras de la región. Amnistía Internacional cree que estos homicidios constituyen un nuevo intento de disuadir al Movimiento Ambientalista de Olancho de continuar su labor contra la tala ilegal de bosques en el departamento.

En mayo de 2006, Heraldo Zúñiga había expresado temor por su seguridad después de recibir amenazas de muerte tras manifestar públicamente su oposición a la tala ilegal en la zona de Salamá, en la parte occidental del departamento de Olancho. En mayo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al gobierno de Honduras que facilitase información sobre el caso, después de haber recibido una solicitud de protección a miembros del Movimiento Ambientalista de Olancho. El 16 de junio, al parecer, las autoridades hondureñas informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se habían adoptado medidas para proteger al sacerdote Andrés Tamayo, dirigente y miembro fundador del MAO. Sin embargo, según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se adoptaron medidas para proteger a ningún otro miembro de la organización.

Después de los asesinatos de Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena, el 22 de diciembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno hondureño la adopción de medidas cautelares con carácter de urgencia para proteger a los miembros del MAO, entre ellos el sacerdote Andrés Tamayo, Santos Efraín Paguada, Víctor Manuel Ochoa, René Wilfredo Grádiz, Macario Zelaya y Pedro Amado Acosta. Según la información recibida, la protección que les han facilitado las autoridades hondureñas desde esa fecha ha sido muy limitada. Al parecer, durante el mes de enero la policía sólo visitó en dos ocasiones las oficinas del MAO y también dos fueron las visitas a los respectivos domicilios de cuatro miembros del MAO, a pesar del grave riesgo para la seguridad de la organización y de sus miembros.

Impactos de bala en la pared contra la que fueron acribillados Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena © Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, CONADEH

Además, persisten los temores respecto a la imparcialidad y eficacia de la protección facilitada, ya que los responsables de dicha protección también son miembros de la Policía Nacional, la misma fuerza policial presuntamente responsable de los asesinatos.

Los informes indican que miembros del MAO, familiares de los activistas muertos y testigos de los crímenes son objeto de intimidación y amenazas, y están siendo vigilados. A consecuencia de ello, el MAO ha restringido significativamente sus actividades a determinadas áreas y se ha visto obligado a reducir sus visitas a las comunidades por temor a posibles ataques.

Según los informes, el 27 de enero de 2007, en torno a la una y media de la madrugada, un agente de la policía preventiva vestido de civil y en estado de embriaguez comenzó una discusión con familiares de Roger Iván Cartagena frente al domicilio del padre de Heraldo Zúñiga y realizó siete disparos al aire. Según informes, dos agentes de policía que se encontraban en la zona en ese momento intervinieron, lograron controlar la situación y ninguna persona resultó herida. El 10 de febrero, un familiar de Heraldo recibió un mensaje SMS en el que lo amenazaban de muerte. En el mensaje le avisaban de que él y el sacerdote Andrés Tamayo serían los próximos en morir.

El 25 de enero de 2006, la fiscal especial para la defensa de los derechos humanos del Ministerio Público procesó a cuatro agentes de policía por los homicidios de Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena. A pesar de que numerosas personas estaban presentes cuando tuvieron lugar los asesinatos, antes de esa fecha no se había dictado ninguna orden de detención. Una vez presentados los cargos, la jefatura departamental de policía entregó a los cuatro policías a las autoridades. El 5 de febrero de 2007, durante la audiencia inicial ante el Juzgado de Letras seccional de Catacamas, se ordenó la prisión preventiva contra los cuatro policías acusados de homicidio.(1) Sin embargo, se encuentran recluidos en la jefatura departamental de Juticalpa, departamento de Olancho, en lugar de haber ingresado en prisión.

Según los informes, los testigos de los crímenes que comparecieron ante el Juzgado de Letras seccional de Catacamas el 5 de enero, para la audiencia inicial, también han recibido amenazas. Miembros de la policía se pusieron en contacto con familiares de los testigos y les advirtieron que si asistían a la primera audiencia para aportar nueva información los matarían.

El 6 de febrero, según los informes, el jefe regional del departamento de Olancho envió un contingente de agentes de policía al lugar donde sucedieron los hechos en un aparente intento de manipular las pruebas. Según la información recibida, agentes de la policía preventiva acordonaron la zona mientras miembros de la Dirección General de Investigación Criminal utilizaban palas y otros utensilios para eliminar las decenas de impactos de bala visibles en la pared contra la que fueron acribillados los hombres. Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, el Ministerio Público y el juez que se ocupa del caso no fueron informados previamente y no estuvieron presentes durante el aparente intento de destruir pruebas en el lugar del crimen. Según los informes, el 12 de febrero de 2007, la fiscal especial para la defensa de los derechos humanos del Ministerio Público declaró que se investigarían las denuncias de manipulación de las pruebas. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna investigación seria de estas denuncias y al parecer en la actualidad casi no quedan vestigios de los impactos de bala.

Al parecer, los exámenes forenses han sido limitados. Los informes indican que agentes del Ministerio Público, en presencia de médicos forenses y representantes legales, han exhumado el cadáver de Heraldo Zúñiga con el fin de obtener más pruebas. Sin embargo, no parece que se haya realizado todavía ningún análisis balístico.

Información complementaria

El Movimiento Ambientalista de Olancho lleva a cabo actividades de campaña contra la deforestación y la tala ilegal que la organización considera responsables del grave deterioro medioambiental en el departamento.

Debido a su labor, sus miembros han sido objeto de amenazas e intimidación en varias ocasiones en el pasado. Según los informes, en mayo de 2003, el sacerdote José Andrés Tamayo, dirigente y uno de los miembros fundadores del MAO, fue conminado a abandonar el país y amenazado de muerte.(2) En octubre de 2001, según los informes, un agente de policía apuntó con su arma al sacerdote José Andrés Tamayo durante una manifestación en favor de la protección del medio ambiente. Además, el sacerdote Tamayo ha recibido amenazas de delincuentes locales a quienes, según los informes, se les ofreció dinero a cambio de que lo mataran por su activismo medioambiental legítimo y pacífico.(3)

Los asesinatosde Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena, así como las amenazas y los actos de intimidación contra otros miembros del MAO, forman parte de una constante de abusos contra los derechos humanos de personas implicadas en la defensa del medio ambiente. En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado varios casos en Honduras en los que comunidades locales han sido objeto de amenazas y sus líderes asesinados en represalia por poner en evidencia los daños medioambientales y por su trabajo en favor de los derechos de las comunidades. Los hombres armados que han perpetrado las muertes con frecuencia tienen vínculos con poderosos terratenientes locales.

La intimidación y los ataques contra activistas que trabajan para mejorar las vidas de otras personas y por crear un medio ambiente mejor son inaceptables. El gobierno hondureño es responsable, en virtud de obligaciones nacionales e internacionales, de garantizar que los activistas medioambientales pueden participar en la vida y los asuntos públicos sin temor a sufrir represalias. Las autoridades también tienen la obligación de garantizar que las violaciones de los derechos de los activistas son investigadas con prontitud e imparcialidad y de identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables. Para reforzar esta obligación, los Estados aprobaron la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.

¡ACTÚEN!

· Escriban a las autoridades de Honduras y a la Embajada de Honduras en su país:

Ø Expresando grave preocupación por la seguridad de los miembros del Movimiento Ambientalista de Olancho y por la de los familiares de las víctimas, debido a los recientes informes que indican que han sido objeto de nuevas amenazas y actos de intimidación;

Ø Instando a las autoridades a garantizar la seguridad de los miembros del Movimiento Ambientalista de Olancho, los familiares de las víctimas y los testigos de los crímenes, de acuerdo con sus deseos;

Ø Solicitando a las autoridades que lleven a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de las muertes de Heraldo Zúñiga y Roger Iván Cartagena, y que lleven a los responsables ante la justicia;

Ø Expresando preocupación por las denuncias de que las pruebas forenses han sido manipuladas y pidiendo a las autoridades que investiguen exhaustivamente estas denuncias;

Ø Recordando a las autoridades su obligación de garantizar que las personas que defienden los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin ninguna restricción ni temor a sufrir represalias, tal y como establece la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.

Llamamientos a:

José Manuel Zelaya Rosales

Presidente de la República de Honduras

Casa Presidencial

Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle

Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 2357700

Tratamiento: Señor Presidente

Secretario de Seguridad

Álvaro Antonio Romero Salgado

Plantel Casamata, subida al Picacho, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Fax: (504) 237-9070

Tratamiento: Estimado Señor Secretario

Sr. Leonidas Rosa Bautista

Fiscal General de la República

Colonia Loma del Guijaro

Tegucigalpa, Honduras

Fax: + 504 221 5667

Tratamiento: Estimado Fiscal General

COPIA A:

Abogada Sandra Ponce, Fiscal Especial de Derechos Humanos, Colonia Loma del Guijaro, Tegucigalpa, Honduras, Fax : + 504 221 3656

Dr. Ramón Custodio López,

Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos (CONADEH), Colonia Florencia Norte, Boulevard Fuyapa, Antiguo Edificio Cannon, Tegucigalpa, Honduras,

Fax: +504 232 6894

ONG de derechos humanos

Movimiento Ambientalista de Olancho: Barrio El Pino, Km 109 Calle Principal Tegucigalpa a Campamento, Parada de Buses Los Cieguitos, Campamento, Honduras, Telefax: +504 789 03 71, +504 789 01 58

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(1) En virtud del artículo 117 del Código Penal de Honduras, una persona es acusada de asesinato cuando el crimen ha sido cometido con alevosía y premeditación; la pena para este delito oscila entre 20 y 30 años de reclusión. En virtud del artículo 116, una persona es acusada de homicidio simple cuando el delito se cometió sin premeditación; la pena para este delito oscila entre 15 y 20 años de reclusión.

(2) Véase Honduras: Temor por la seguridad /amenazas de muerte: José Andrés Tamayo, sacerdote y activista medioambiental, Gilberto Flores, dirigente comunitario (Índice AI: AMR 37/009/2003)

(3) Véase Honduras: Más información (actualización núm.2) sobre AU 169/01 (AMR 37/007/2001/s, del 6 de julio de 2001) y su actualización (AMR 37/008/2001/s, del 19 de julio). Temor por la seguridad, amenazas de muerte y homicidio ilegítimo. Dirigentes comunitarios: Rafael de Jesús Ulloa, alcalde de Gualaco, y los siete concejales municipales, entre los que se encuentran Macario Echevarría, Luis Rufino García, Manuel Enterio Santos, Ramón Orlando Escobar y Ángela María Rivera. Nuevos nombres: José Andrés Tamayo, sacerdote; Osmín Flores, sacerdote; Mayk Alfredo Ramos, Ángel Orlando Murillo y Dennis Murillo, dirigentes comunitarios. (Índice AI: AMR 37/013/2001)