"DESAPARICIONES" EN HONDURAS

Un muro de silencio e indiferencia

FOTO 1.

CITA 1 - "Nos hemos encontrado con un muro de silencio y de indiferencia"

Rina Oyuela de Morales, ex presidenta de COFADEH 1

Nota al pie 1 - COFADEH es el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras.

INTRODUCCIÓN

El primer viernes de cada mes, un grupo de hombres, mujeres y niños se reúnen en el parque de Las Mercedes de Tegucigalpa para pedir justicia a las autoridades, como vienen haciendo desde hace casi diez años. Son las madres, familiares y amigos de más de un centenar de personas que, según se cree, han "desaparecido" a manos del gobierno entre 1979 y 1989. Piden que las autoridades esclarezcan la suerte que han corrido sus seres queridos. A pesar de los abundantes indicios de que los "desaparecidos" fueron secuestrados por miembros de las fuerzas de seguridad hondureñas como parte de la estrategia seguida por los gobiernos de ese periodo, las autoridades han negado persistentemente a lo largo de los años que estas personas hubieran sido detenidas alguna vez. Por ello, la suerte que han corrido los "desaparecidos" nunca se ha esclarecido oficialmente y los responsables de estos hechos aún no han comparecido ante los tribunales.

Amnistía Internacional no ha recibido ningún informe de ningún caso de "desaparición" durante el actual gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas, que asumió el poder el 27 de enero de 1990. No obstante, este gobierno, al igual que los anteriores, no ha tomado medidas efectivas para esclarecer la suerte de los "desaparecidos". En su discurso inaugural, el presidente afirmó que su gobierno estaba comprometido con la protección de los derechos humanos, y declaró: "Quedará atrás la oscura noche de las desapariciones". Pero estas y otras declaraciones públicas efectuadas por autoridades gubernamentales en 1990 y 1991, en las que prometían que se volverían a abrir las investigaciones, han sido interpretadas como una burla por los familiares de las víctimas, sumidos en la desesperación porque las palabras no se corresponden con los hechos. Mientras el gobierno trata de que el asunto se considere como algo del pasado, la angustia que sienten los familiares y amigos de los "desaparecidos" sigue siendo muy presente. No han abandonado la búsqueda de sus seres queridos, a pesar de que sus incansables llamamientos a los sucesivos gobiernos han tenido como respuesta el silencio, la pasividad y la obstrucción deliberada.

Diez años después de establecerse en Honduras la práctica de las "desapariciones", Amnistía Internacional considera que las autoridades no pueden seguir ocultando la verdad sobre los "desaparecidos" a sus familiares y amigos. Al hacerlo, el gobierno de Honduras está incumpliendo sus obligaciones respecto a las leyes nacionales e internacionales. La organización pide al gobierno que cumpla estas obligaciones:

- creando una comisión de investigación que emprenda de inmediato una investigación exhaustiva e imparcial sobre el fenómeno de la "desaparición" en Honduras durante la última década;

- llevando a los tribunales a los responsables de esos delitos, con el fin de garantizar que la práctica de la "desaparición" constituye un capítulo cerrado de la historia de Honduras;

- concediendo las debidas indemnizaciones a los familiares de los "desaparecidos".

Los doce casos expuestos en este documento no son más que una pequeña proporción de las numerosas personas que, al parecer, han "desaparecido" a manos de las fuerzas gubernamentales a lo largo de los últimos doce años. Dan fe, sin embargo, de la interminable angustia causada por la "desaparición" no esclarecida de un ser querido, y de la brutalidad de un fenómeno sobre el que el actual gobierno lleva demasiado tiempo evadiendo su responsabilidad.

CITA 2. "Así como nuestro caso hay miles en toda América Latina... hay dolor de madres, esperanza de esposas y tristeza de hijos... y no nos detendremos porque creemos en el derecho a la vida, en el respeto total a los derechos humanos, en la justicia y en la paz."

(Gabriela Jiménez, esposa de Eduardo Aníbal Blanco Araya, "desaparecido" en 1981).

LA "OSCURA NOCHE" DE LAS "DESAPARICIONES": DE 1981 A 1984

La gran mayoría de las "desapariciones" se produjeron entre 1981 y 1984. Durante este periodo, Honduras, después de vivir bajo un régimen militar, volvió a tener un régimen civil. No obstante, las autoridades civiles continuaron sometidas al poder de los militares, que en 1979 pusieron en marcha una estrategia de contrainsurgencia conocida como la Doctrina de Seguridad Nacional para combatir la supuesta propagación de la revolución izquierdista en América Central. A las órdenes del general Gustavo Álvarez Martínez, las fuerzas armadas iniciaron una política deliberadamente encaminada a eliminar a los sospechosos de mantener vínculos con los movimientos insurrectos de Honduras y El Salvador o con el gobierno sandinista, que había asumido el poder en Nicaragua tras la revolución de 1979.

Esta política trajo consigo una oleada de "desapariciones", ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. Destacados sindicalistas, estudiantes, dirigentes campesinos y activistas políticos de izquierdas fueron sacados de sus domicilios o secuestrados en las calles, a menudo a plena luz del día y ante testigos, por grupos de hombres fuertemente armados y vestidos de civil. La identidad de los autores de los secuestros era en muchos casos difícil de comprobar, y las fuerzas de seguridad negaban firmemente cualquier tipo de implicación.

No obstante, existen pruebas irrefutables de que ese tipo de operaciones fueron obra de miembros regulares de las fuerzas armadas, y de agentes vinculados a ellas, que actuaban a las órdenes de la jerarquía militar. El organismo más frecuentemente implicado fue la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), sección de investigación de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), unidad especializada de las fuerzas armadas con amplias competencias respecto al control del cumplimiento de la ley. También salieron a la luz serios indicios de que la División de Investigaciones Especiales (DIES), también conocida como Batallón 3-16, unidad de inteligencia militar al mando directo del jefe de las fuerzas armadas, tenía encomendada la tarea de seleccionar a personas sospechosas de llevar a cabo actividades políticas y secuestrarlas, detenerlas, torturarlas y asesinarlas.

Inés Murillo Schwaderer, estudiante de Derecho y una de las pocas personas que sobrevivió a su secuestro y temporal "desaparición", testificó acerca de los sufrimientos padecidos. En marzo de 1983, fue secuestrada por unos hombres armados y vestidos de civil en Choloma, Cortés. Durante más de dos meses, las fuerzas de seguridad negaron reiteradamente tener conocimiento alguno sobre su paradero, y estuvo "desaparecida". No obstante, tras intensos llamamientos internacionales, en mayo de 1983, unos oficiales de la DNI admitieron finalmente tenerla detenida y la acusaron de terrorismo. Posteriormente, declaró ante un juez que la habían tenido recluida y la habían torturado en tres centros secretos de detención diferentes antes de trasladarla a la sede de la DNI. Sus denuncias nunca fueron investigadas oficialmente, y sus secuestradores no comparecieron jamás ante los tribunales.

Algunos ex miembros del ejército han proporcionado información sobre la práctica de la "desaparición" llevada a cabo por las unidades de las fuerzas armadas. En 1987, Florencio Caballero, ex miembro de los servicios de inteligencia militar hondureños, declaró que había trabajado de 1979 a 1984 como interrogador para el Batallón 3-16 y proporcionó información detallada sobre el secuestro y asesinato por el Batallón de varias personas que, según informes, habían "desaparecido".

Amnistía Internacional entrevistó en profundidad a Florencio Caballero y llegó a la conclusión de que sus declaraciones coincidían con el testimonio de otras fuentes ex militares y de otros ex detenidos. Algunos secuestrados fueron llevados a centros de detención clandestinos para ser interrogados y allí fueron a menudo torturados. Parece ser que algunos murieron a consecuencia de las torturas, pero a otros, al parecer, los mantuvieron vivos durante días e incluso meses para someterlos a nuevos interrogatorios. Algunos testigos afirmaron que los cadáveres de las víctimas habían sido enterrados en cementerios clandestinos o desmembrados para dificultar su identificación. El testimonio de Florencio Caballero corroboró los indicios ya existentes de que las autoridades militares de los Estados Unidos de América colaboraron en el adiestramiento y financiación del Batallón 3-16 y en el diseño y creación de las dependencias en las que éste realizaba sus actividades 2.

Nota al pie 2 - El conjunto de indicios que respaldan estas denuncias se examina detalladamente en el informe publicado en 1988 por Amnistía Internacional Honduras: Autoridad civil, poder militar (AMR 37/02/88/s).

Parece ser que el Batallón 3-16 colaboró también con miembros de la "contra" nicaragüense, rebeldes armados que combatían al gobierno sandinista revolucionario de Nicaragua, en las "desapariciones" y homicidios extrajudiciales perpetrados en territorio hondureño contra presuntos simpatizantes de los sandinistas. Además del adiestramiento y de la ayuda militar que recibía de agencias del gobierno estadounidense, la "contra" contaba con el apoyo logístico del ejército hondureño. Según informes, numerosos civiles nicaragüenses fueron secuestrados por la "contra" en Nicaragua y llevados a campamentos de la propia "contra" en Honduras.

Algunos supervivientes de estos campos de detención, así como ex miembros de la "contra" y otros testigos, han aportado pruebas de que algunos hondureños y nicaragüenses "desaparecidos" habían sido capturados y ejecutados por la "contra" con la colaboración activa de las autoridades militares hondureñas. Por ejemplo, un ex miembro de la "contra" declaró públicamente en 1986 que el comandante del Batallón 3-16 había entregado a José Eduardo Becerra Lanza, estudiante hondureño secuestrado en 1982, a las fuerzas de la "contra", y había ordenado que lo mataran.

FRACASO DE LOS INTENTOS DE REALIZAR INVESTIGACIONES

El primer paso: Peticiones de hábeas corpus

Al tener conocimiento del secuestro, los familiares, angustiados, intentaban hacer uso del remedio jurídico del hábeas corpus 3. No obstante, el mecanismo de hábeas corpus resultó casi totalmente ineficaz. En muchos casos, los jueces designados para administrar las peticiones de hábeas corpus no actuaron con suficiente rapidez. En los casos en que los jueces intentaron investigar el paradero de un presunto detenido, vieron dificultado su trabajo por la casi total falta de cooperación de las fuerzas de seguridad. Un recurso de hábeas corpus presentado en julio de 1983 en favor de varios "desaparecidos" se estancó en las fases iniciales de presentación de pruebas porque muchos testigos tenían miedo de declarar, ya que no existían garantías para su seguridad personal.

Nota al pie 3 - Procedimiento jurídico por el que el individuo, u otra persona que actúa en su nombre, cuestiona ante un tribunal la legalidad de su detención. El artículo 182 de la Constitución hondureña garantiza el derecho de hábeas corpus, o exhibición personal, y proclama que los jueces "tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad o a la seguridad personales".

La táctica de la "desaparición" aparta por definición a la víctima de la protección de la ley, eludiendo el deber del Estado de reconocer los derechos jurídicos de las víctimas. La forma como fueron llevados a cabo los secuestros ─y, posteriormente, ocultados─ parecía estar cuidadosamente planeada para erradicar toda huella de implicación oficial. Por ello, las fuerzas de seguridad encontraron en esta práctica un método conveniente para suprimir lo que ellas consideraban oposición subversiva y a la vez evadir toda responsabilidad por sus actos.

La Comisión Especial de las Fuerzas Armadas

CITA 3 - "No fue posible determinar con certeza qué elementos militares hayan tenido participación en los casos de desaparecimientos".

Conclusión nº 1 de la Comisión Especial de las Fuerzas Armadas, marzo de 1985.

Tras la destitución del general Álvarez Martínez en 1984, las nuevas autoridades militares crearon la Comisión Especial de las Fuerzas Armadas para investigar los más de 100 casos de "desaparición" documentados desde 1980. La Comisión publicó informes en junio y diciembre de 1984, e hizo públicas sus conclusiones en marzo de 1985. De los 112 casos documentados, la Comisión sólo presentó conclusiones sobre ocho de ellos, incluidos los de varios salvadoreños, y afirmó que los interesados estaban viviendo en Honduras o habían sido deportados a su país de origen. No se proporcionó información específica sobre el paradero de los 104 restantes. La Comisión afirmó que no había logrado determinar su paradero. No obstante, afirmó que no existían serios indicios que sugirieran que las fuerzas armadas hubieran sido responsables de su "desaparición", ni tampoco de que algunas de esas personas hubieran sido recluidas por unidades militares o de seguridad. La Comisión sugirió que algunas de las "desapariciones" podrían haber ocurrido a consecuencia de venganzas entre grupos armados irregulares no hondureños de izquierdas y derechas.

Amnistía Internacional cree que las investigaciones de la Comisión Especial no fueron llevadas a cabo de forma exhaustiva e imparcial. Totalmente integrada por miembros del ejército, sus conclusiones se basaron fundamentalmente en entrevistas con ex oficiales del ejército y miembros de la DNI, algunos de los cuales habían sido mencionados como responsables de las "desapariciones" por grupos hondureños de derechos humanos. Parece ser que la Comisión no examinó pruebas esenciales, como las indicaciones de la existencia de centros secretos de detención y cementerios clandestinos, ni las numerosas pruebas presentadas por los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.

CITA 4 - "Con este 'informe' las Fuerzas Armadas buscan librar de culpabilidad a todos los asesinos... En esas condiciones, esperar una investigación justa e imparcial, era como esperar tapar el sol con un dedo."

Noviembre de 1985 - Comunicado de CODEH* Y COFADEH.

* poner Nota al pie - CODEH es el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras.

En sus recomendaciones, la Comisión recalcó que las acusaciones presentadas contra responsables de "desapariciones" podían ser llevadas ante las autoridades judiciales pertinentes. Tras la publicación del informe de la Comisión, los familiares de algunos de los "desaparecidos" presentaron una denuncia en los tribunales contra el general Gustavo Álvarez Martínez y otros oficiales de alta graduación, acusándolos de asesinato, tortura y abuso de autoridad en relación con los casos de Jorge Israel Zavala Eurake, Rolando Vindel González, José Eduardo Becerra Lanza y otros. No obstante, en enero de 1986, el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal ordenó que se cerrara el caso contra los acusados, a pesar de no haber sometido el juez a ninguno de ellos a un interrogatorio exhaustivo y de haber considerado inadmisibles pruebas fundamentales, incluido el testimonio de un coronel retirado del ejército que implicó al general Álvarez en las "desapariciones". Gustavo Álvarez Martínez nunca compareció ante una autoridad judicial y estuvo fuera del país hasta 1988 4.

Nota al pie 4 - El general retirado Gustavo Álvarez Martínez fue asesinado el 25 de enero de 1989. El grupo de oposición armada Movimiento Popular de Liberación "Cinchoneros" se atribuyó la responsabilidad de su muerte.

Las "desapariciones" disminuyeron bruscamente tras la destitución del general Álvarez Martínez en 1984. No obstante, las estructuras militares que habían llevado a cabo estos abusos o los habían facilitado permanecieron intactas, así como la inmunidad procesal de que disfrutaban los autores. Como consecuencia de ello, los presuntos opositores al gobierno continuaron siendo víctima de "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno del presidente José Azcona Hoyo (1986-1989). Por otra parte, algunos activistas de derechos humanos y otros destacados opositores a la política gubernamental sufrieron atentados con bombas, amenazas de muerte y otras formas de acoso, atribuidas en general al Batallón 3-16. La ausencia de investigaciones oficiales sobre estos abusos reforzó la sensación de que habían sido cometidos con el consentimiento de las autoridades civiles y militares.

Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Una vez agotados los recursos internos, los familiares y los grupos de derechos humanos de Honduras recurrieron a los foros internacionales para continuar su lucha por la verdad y la justicia. Se presentaron numerosos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comisión Interamericana remitió cuatro casos de "desaparición" a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (el tribunal de la OEA en San José, Costa Rica, cuya plena jurisdicción ha reconocido Honduras) para que fallara sobre si había habido violaciones del derecho a la vida, a la seguridad personal y a la libertad personal. Se trataba de los casos de dos costarricenses, Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales, que "desaparecieron" en diciembre de 1981, del estudiante hondureño Ángel Manfredo Velásquez y del profesor Saúl Godínez Cruz, "desaparecidos" en diciembre de 1981 y julio de 1982, respectivamente.

En respuesta a estos procedimientos, el gobierno del presidente José Azcona Hoyo creó la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, para recabar información sobre estos casos y responder a las críticas internacionales que había suscitado la práctica de la "desaparición" y otras violaciones de los derechos humanos en Honduras. No obstante, la Comisión, encabezada por el procurador general de la República, no llevó a cabo ninguna investigación exhaustiva sobre los casos de "desaparición", y su independencia se vio comprometida por el hecho de estar compuesta únicamente por representantes de las autoridades civiles y militares.

Aunque la Corte Interamericana pidió al gobierno de Honduras que garantizara la protección de los testigos que participaban en sus procedimientos, muchos testigos recibieron amenazas de muerte. Miguel Ángel Pavón, miembro del Congreso de Honduras y vicepresidente de CODEH, fue asesinado junto con su colega Moisés Landaverde en San Pedro Sula el 14 de enero de 1988, varios meses después de testificar ante la Corte. Su familia, sus compañeros de CODEH y algunos ex militares atribuyeron su muerte al Batallón 3-16. No obstante, hasta la fecha, los responsables de su muerte no han sido llevados ante los tribunales.

En unas decisiones sin precedentes emitidas en julio de 1988 y enero de 1989, la Corte Interamericana declaró al gobierno de Honduras responsable de la "desaparición" de Ángel Manfredo Velásquez y Saúl Godínez Cruz. Una de las conclusiones de la Corte era que las "desapariciones" atribuibles a las fuerzas armadas hondureñas habían sido una práctica sistemática en el país de 1981 a 1984. Declaró al gobierno de Honduras culpable de violación del derecho a la libertad personal, del derecho a recibir un trato humano y del derecho a la vida, según los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ordenó que pagara indemnizaciones a sus familiares 5.

Nota al pie 5 - Véase Honduras: El Estado, responsable de "desapariciones" (AMR 37/11/88/s) y Honduras: Nuevas resoluciones sobre "desapariciones"; nuevos casos de "desaparición" (AMR 37/03/89/s).

Las decisiones del tribunal, que constituyeron un hito, fueron, al parecer, una victoria para los familiares, cuya tenacidad había sacado a la luz la verdad sobre la práctica gubernamental de la "desaparición". Pero, a pesar de que el gobierno pagó finalmente alguna indemnización a los familiares, aún no ha cumplido la recomendación más importante de la Corte: investigar y llevar ante los tribunales a los responsables de la práctica de la "desaparición". El fallo en el año 1988 de la Corte sobre el caso de Ángel Manfredo Velásquez señalaba que:

CITA 5 - "El Estado está... obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención [Americana sobre Derechos Humanos]. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción."

Para los familiares de los "desaparecidos", el fallo judicial sólo constituirá un avance en la protección de los derechos humanos cuando el gobierno cumpla con su obligación de procesar a los responsables de las "desapariciones":

CITA 6 - "Nuestra lucha es ver con vida a nuestros familiares, que sería nuestra mayor satisfacción, o siquiera que nos digan dónde los mataron y enterraron. Esta es la incertidumbre que nos tortura y, además, queremos que se castigue a los culpables."

Alejandrina Cruz de Godínez, madre de Saúl Godínez Cruz.

"Lo esencial fue sentar un precedente que sirva de escarmiento a estos criminales. Pero no ha habido ni investigación ni castigo para los responsables."

Zenaida Velásquez, hermana de Ángel Manfredo Velásquez.

EL GOBIERNO DE CALLEJAS: UN LEGADO DE IMPUNIDAD

A pesar de las decisiones de la Corte Interamericana, que tuvieron una gran divulgación, el gobierno de Callejas, al igual que los anteriores, no ha cumplido con su deber de proporcionar a los familiares de las víctimas una explicación completa de lo ocurrido a estos y otros "desaparecidos", y tampoco ha llevado a los tribunales a los responsables ni los ha castigado.

Según informes, el 10 de diciembre de 1990, para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el ex ministro de Gobernación había anunciado públicamente que se crearía una nueva comisión para investigar las "desapariciones". El 14 de diciembre, Amnistía Internacional pidió más información al gobierno. No recibió respuesta alguna. Las preguntas hechas por Amnistía Internacional a representantes del gobierno a finales de 1991 revelaron que no se había dado ningún paso desde el año anterior para crear esa comisión.

En junio de 1991, tras la publicación del informe de Amnistía Internacional titulado: Honduras: Persistencia de las violaciones de derechos humanos (AMR 37/04/91/s), el presidente Callejas anunció públicamente que había dado instrucciones a todos los niveles para "que sean sancionadas en base a derecho todas aquellas personas que violen las garantías individuales". No obstante, menos de un mes después, el presidente aprobó una ley de amnistía (Decreto 87-91) que garantizaba una amnistía amplia e incondicional a todas aquellas personas procesadas o susceptibles de serlo por ciertos delitos políticos o delitos comunes relacionados con ellos. Los presos políticos acusados de tráfico de armas y ocupaciones de tierras fueron puestos en libertad gracias a la amnistía. Esta ley también abarcaba los delitos de asesinato, tortura y detención ilegítima cometidos por la policía y los miembros del ejército.

La ley fue aprobada con la intención explícita de "propiciar un ambiente de armonía y de convivencia pacífica" entre todos los sectores de la sociedad de Honduras. Además de la liberación de los presos políticos tras la ley de amnistía, varios exiliados políticos hondureños regresaron al país con la promesa del gobierno de que su seguridad estaría garantizada. No obstante, Amnistía Internacional siente preocupación porque, al evitar las investigaciones sobre las "desapariciones" y otros abusos contra los derechos humanos perpetrados por funcionarios o ex funcionarios, la ley de amnistía ha fomentado un clima de impunidad que propicia nuevos abusos. La impunidad es la negación de los valores de la verdad y la justicia, la única base sobre la que puede fundarse un verdadero proceso de reconciliación nacional. Amnistía Internacional expresó su preocupación por la ley de amnistía en una carta enviada al presidente Callejas el 23 de julio de 1991.

La Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos informó a Amnistía Internacional el 22 de agosto de 1991 que el procurador general de la República había tomado medidas para obtener el informe de la Comisión Especial de las Fuerzas Armadas, creada para investigar las denuncias de "desaparición" en 1984. La publicación por el procurador general de la República del informe preliminar y el provisional elaborados por la Comisión atrajo una vez más la atención hacia la falta de exhaustividad e imparcialidad que había caracterizado a la investigación militar, cuyas conclusiones se habían hecho públicas en 1985. En su carta, la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos afirmaba que no había tenido conocimiento de la existencia del informe y no daba información sobre las medidas que se tomarían para reemprender las investigaciones. La carta tampoco respondía a las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la ley de amnistía, aunque sí aportaba información sobre la creación en el seno de las fuerzas de seguridad de un organismo de control de la policía y de programas de educación sobre derechos humanos dentro de la magistratura.

El procurador general de la República informó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, en su trigésimo quinta sesión, celebrada en diciembre de 1991, que la policía hondureña estaba colaborando con la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos en la búsqueda de personas "desaparecidas", que las investigaciones seguían su curso y que se esperaban mayores resultados en el futuro. La Comisión había hecho propuestas al presidente de Honduras con el fin de obtener nuevos progresos en las investigaciones mediante la revisión de los archivos militares. En relación con la ley de amnistía, el procurador general de la República afirmó que las violaciones de derechos humanos pertenecían a la categoría de delitos comunes, a los cuales, según dijo, no afectaba la ley de amnistía 6.

Nota al pie 6 - El texto de la ley de amnistía incluye explícitamente los delitos cometidos por miembros de la policía o del ejército, tales como los homicidios ilegítimos, mantener a los detenidos ilegalmente en régimen de incomunicación, acosos y torturas. Afecta también a los jueces y magistrados que no procesaron las peticiones de hábeas corpus de acuerdo con la ley.

No obstante, en reuniones celebradas en diciembre de 1991 y enero de 1992 con representantes diplomáticos de Honduras en el Reino Unido, Estados Unidos y las Naciones Unidas, Amnistía Internacional supo que, al parecer, no se habían tomado medidas concretas para realizar investigaciones sobre los casos de "desaparición". Según informes, en respuesta a las preguntas de los familiares de los "desaparecidos", el procurador general de la República había afirmado que no se podía hacer nada más, teniendo en cuenta sobre todo el largo tiempo transcurrido, pero que se encargaría el asunto a la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), órgano creado en virtud del acuerdo de paz centroamericano de 1987 y que, según tiene entendido Amnistía Internacional, ha dejado de funcionar. El presidente de la CNR, el arzobispo Héctor Santos, aclaró públicamente que la Comisión ya no desarrollaba ninguna actividad.

Amnistía Internacional siente preocupación porque, desde que asumió el poder, el presidente Callejas sólo ha ofrecido una plétora de promesas vagas y sin cumplir a los familiares de los "desaparecidos", sin tomar ninguna medida concreta para que se cumplan las obligaciones necesarias con el fin de esclarecer estos casos y devolver a los familiares todos sus derechos.

Asimismo, aunque no haya habido casos de "desaparición" desde que el presidente Callejas tomó posesión en 1990, el gobierno debe hacer constar claramente que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos. El hecho de que no haya tomado ninguna medida efectiva sobre la cuestión de los "desaparecidos" pude haber contribuido a que continúen otras violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas que sienten que pueden operar con impunidad.

Continúan las violaciones de derechos humanos

Desde 1990, Amnistía Internacional ha venido sintiendo preocupación ante diversos homicidios de activistas sindicales y campesinos cometidos en circunstancias similares a las de los homicidios y secuestros llevados a cabo por las fuerzas gubernamentales a principios de los años ochenta. A pesar de que el número de homicidios políticos ha disminuido considerablemente desde principios de los años ochenta, los mismos sectores de la población que fueron blanco de las "desapariciones" por aquel entonces continúan siendo objeto de otro tipo de abusos, perpetrados a menudo por grupos clandestinos que operan con total impunidad. Los estudiantes, los activistas de derechos humanos y otras personas también han sido objeto de amenazas de muerte o de agresiones físicas llevadas a cabo, al parecer, por miembros de las fuerzas armadas o individuos vinculados a ellas. Las autoridades no han investigado en profundidad ni esclarecido ninguno de estos casos 7.

Nota al pie 7 - Para más información sobre la situación de los derechos humanos desde 1990, véase Honduras: Persistencia de las violaciones de derechos humanos (AMR 37/04/91/s), Honduras: Honduras: Entra en vigor una nueva ley de amnistía (AMR 37/12/91/s), Honduras: Matanza de cinco campesinos en Agua Caliente (AMR 37/06/91/s) y Honduras: Ausencia de investigaciones sobre la muerte de Manuel de Jesús Guerra (AMR 37/03/92/s).

Por otra parte, las fuerzas armadas han continuado recluyendo en régimen de incomunicación, y sin reconocer la detención, a personas sospechosas de haber cometido delitos políticos durante periodos que excedían considerablemente el límite legal. Esto suscita el temor de que el detenido pueda "desaparecer" o ser víctima de un homicidio, e incrementa enormemente el peligro de tortura y malos tratos bajo custodia policial o militar. Manuel Castillo Reyes, comerciante acusado de vender ilegalmente armas a grupos armados de oposición de El Salvador, permaneció detenido en régimen de incomunicación durante cinco semanas en abril y mayo de 1990. Afirmó que había sido interrogado en diferentes dependencias militares por miembros del Batallón de Contrainteligencia, al parecer sucesor del Batallón 3-16. Declaró también que los oficiales del servicio de inteligencia le habían amenazado con hacerle "desaparecer" si no colaboraba. Víctor Manuel y José Leónidas Ramírez, detenidos por la policía y el ejército en febrero de 1991 y acusados de pertenecer al grupo armado de oposición Cinchonero, estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante tres días en manos de la FUSEP en Danlí, El Paraíso. Afirman que los torturaron durante los interrogatorios. Estos casos ilustran la necesidad de garantías efectivas que aseguren el fin de la práctica de la detención prolongada, de la tortura y de la "desaparición".

Al igual que a principios de la década de los ochenta, las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos se ven a menudo obstaculizadas porque los tribunales militares reclaman la jurisdicción en casos de homicidios ilegítimos y otros abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Un tribunal militar inició procedimientos contra un coronel que, al parecer, había ordenado matar el 3 de mayo de 1991 a cinco campesinos implicados en una disputa de tierras en Agua Caliente, departamento de Atlántida. Aunque el jefe de las fuerzas armadas afirmó públicamente que el coronel no cumplía ninguna función militar en aquel momento y que el asesinato era un delito común, las fuerzas armadas se han negado a tranferir el caso a un tribunal civil. La Corte Suprema aún debe decidir sobre la constitucionalidad de la jurisdicción militar en este y otros casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad. En julio de 1991, la policía rechazó la orden de un tribunal civil de detener a un coronel y un capitán sospechosos de haber matado a la estudiante de 17 años Riccy Mabel Martínez, y afirmó que el caso debía ser visto por un tribunal militar. En septiembre, los oficiales fueron destituidos. Fue una baja honrosa. Después, comparecieron finalmente ante un tribunal civil.

La Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos informó a Amnistía Internacional que algunos de los casos incluidos en el informe de AI de junio de 1991 estaban siendo investigados por los tribunales. Afirmó también que algunos miembros de las fuerzas de seguridad habían comparecido ante los tribunales y estaban cumpliendo sentencias en relación con 234 casos de violaciones de derechos humanos. También informó sobre la función de la Comisión Coordinadora Nacional, compuesta por representantes de la policía, de la magistratura y de la Procuraduría General de la República, que controla e investiga las denuncias de abusos cometidos por funcionarios del Estado. Amnistía Internacional recibió con interés la creación de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), órgano de control de la policía integrado en la FUSEP, y la propuesta de reestructuración de la fuerza de policía mediante la cual "se minimizarán muy sustancialmente las violaciones a los derechos fundamentales del hombre".

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción estas iniciativas, pero continúa sintiendo preocupación porque, en la práctica, la mayor parte de las violaciones de derechos humanos cometidas durante este gobierno y gobiernos anteriores han quedado impunes. Algunos de los miembros de las fuerzas armadas a los que se cree implicados en "desapariciones" y otras violaciones de derechos humanos no sólo han gozado de total impunidad por sus acciones, sino que también se han beneficiado de ascensos. Mientras tanto, los familiares dedicados a la búsqueda de los "desaparecidos" han sido objeto de amenazas y acoso. Exactamente un año después de la promesa del gobierno de emprender de nuevo las investigaciones sobre los "desaparecidos", el Congreso Nacional aprobó el ascenso de un ex director de la DNI implicado en muchas "desapariciones" a principios de los ochenta. Después de denunciar públicamente el ascenso, Gertrudis Lanza, madre del estudiante "desaparecido" José Eduardo Becerra Lanza, recibió, según informes, amenazas de muerte anónimas. El domicilio de Rina Oyuela de Morales, activista de COFADEH y esposa de Gustavo Morales Funez, fue asaltado en agosto y Rina recibió una llamada telefónica en la que le decían que se marchara porque sabían para quién trabajaba. Días antes, en una conferencia de prensa organizada por COFADEH, había implicado al actual jefe de las fuerzas armadas en la "desaparición" de su esposo.

CONCLUSIÓN

La razón de fondo por la que estas prácticas continúan es la actitud del gobierno actual, que no ha puesto fin a la impunidad con la que las fuerzas armadas hondureñas han cometido estos crímenes. En su Informe de 1990, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU concluía que "quizás el factor más importante que contribuye al fenómeno de la desaparición sea la impunidad" y que "los autores de las violaciones de los derechos humanos, ya sean civiles o militares, son tanto más irresponsables cuanto que no han de dar cuenta de sus actos ante un tribunal."

Hasta que el gobierno no tome medidas efectivas respecto al legado de impunidad que recibió, el dolor será la única herencia que las familias de los "desaparecidos" podrán dejar a sus hijos. Años después de producirse la mayoría de las "desapariciones", las secuelas dejadas por estos actos represivos son todavía visibles en las familias afectadas. En la mayoría de los casos, a su pena se añaden las dificultades materiales y económicas que implica vivir sin un miembro de la familia. Un estudio sobre la salud física y mental de las familias de los "desaparecidos" de Honduras, llevado a cabo en 1990 por la Asociación Internacional contra la Tortura en colaboración con COFADEH, reveló que mucho tiempo después de la "desaparición" de su ser querido, los familiares padecían diversos problemas de salud causados por la tensión sufrida. Estos problemas incluían trastornos del sueño, múltiples síntomas de ansiedad y retrasos del desarrollo en los niños.

El gobierno no puede seguir desatendiendo las urgentes necesidades de las familias a las que el Estado ha hecho sufrir de esta manera. A pesar de los más de diez años de pasividad gubernamental, la organización de los familares de los "desaparecidos" de Honduras cree más que nunca que el asunto no debe enterrarse con el pretexto de que hay que olvidar los problemas del pasado.

CITA 7 - "... un día [los asesinos] llegarán a colgar su uniforme, pero los delitos que cometieron no caducarán nunca, hasta que los culpables paguen por su culpa... continuaremos nuestra lucha por hacer que en Honduras se garantice el respeto a los derechos humanos y se enjuicie y castigue a los culpables, no por venganza, sino por justicia."

COFADEH - Respuesta al Informe de la Comisión de las Fuerzas Armadas de 1985

LOS "DESAPARECIDOS": LOS ROSTROS OCULTOS TRAS EL MURO DE NEGATIVAS

Los doce casos expuestos en este documento no son más que una pequeña proporción de los numerosos individuos que, al parecer, han "desaparecido" a manos de las fuerzas gubernamentales a lo largo de los últimos 12 años. No obstante, dan fe de la interminable angustia causada por la "desaparición" no resuelta de un ser querido, y de la brutalidad de un fenómeno por el que el actual gobierno lleva demasiado tiempo evadiendo su responsabilidad.

TOMÁS NATIVÍ GÁLVEZ (33 años)

Profesor, periodista y sindicalista, "desaparecido" el 11 de junio de 1981

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CITA 8 - "Presentí que querían que nosotros hiciéramos del drama de los desaparecidos 'borrón y cuenta nueva' porque dicen que esto fue en gobiernos liberales anteriores... Eso no será posible, sólo tal vez que nos liquidaran podríamos hacer eso."

(Bertha Oliva, compañera de Tomás Nativí y miembro de COFADEH, tras una reunión con el secretario de la Presidencia en febrero de 1990)

Según el testimonio de Bertha Oliva, el 11 de junio de 1981, a las 2:30 de la madrugada, la despertó el ruido de tres diparos y un gemido procedentes de la habitación contigua, en la que dormía su amigo Fidel Martínez. Después, seis hombres fuertemente armados y enmascarados entraron en la habitación que ella compartía con su compañero, Tomás Nativí Gálvez, al que propinaron patadas y arrastraron hasta introducirle en un vehículo que esperaba fuera. Ésa fue la última vez que Bertha vió a Tomás. En aquel momento, ella estaba embarazada de tres meses. Antes de marcharse, los hombres no identificados la ataron y la amordazaron. En aquel momento vió cómo se llevaban el cuerpo de Fidel Martínez envuelto en una cortina. Al parecer, tenía múltiples heridas de bala en el cuello y en el rostro.

Aunque fue imposible determinar la identidad de los agresores, el hecho de que Tomás Nativí, profesor y activista político, hubiera sido frecuentemente blanco de detención arbitaria y tortura debido a su actividad política sugiere que los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad.

Tomás Nativí había sido encarcelado en varias ocasiones anteriores. En marzo de 1979, fue detenido junto con 150 sindicalistas en relación con la huelga llevada a cabo en la fábrica textil de Bemis Handal, en San Pedro Sula. Durante la huelga, el 6 de marzo de 1979, la fábrica fue incendiada y Tomás Nativí fue detenido y acusado de incendio premeditado. Fuentes sindicales, no obstante, acusaron a las fuerzas de seguridad hondureñas de incendiar la fábrica; en aquel incendio murieron cuatro trabajadores y varios resultaron heridos. Tomás Nativí fue puesto en libertad en diciembre de 1979.

Tomás Nativí fue detenido de nuevo el 15 de agosto de 1980, tras la ocupación de las oficinas de la Organización de Estados Americanos por un grupo autodenominado Unión Revolucionaria del Pueblo (URP), que designó a Nativí como negociador oficial. Le pusieron en libertad el 7 de septiembre, gracias a una amnistía decretada por la asamblea constituyente, y volvieron a detenerle ese mismo día. Amnistía Internacional inició entonces un llamamiento en su favor. Al parecer, fue puesto en libertad poco después, pero unos agentes de la DNI le detuvieron de nuevo el día 23 de diciembre. Estuvo detenido en régimen de incomunicación y, según informes, fue objeto de fuertes torturas; lo "liberaron" tres días después, cuando le dieron por muerto y le abandonaron al borde de una carretera.

En respuesta a las preguntas de algunos familiares, la FUSEP hizo una declaración pública en la que negaba cualquier implicación en la "desaparición" de Tomás Nativí y añadía que era responsabilidad de los tribunales de justicia esclarecer la situación. No obstante, los recursos legales resultaron ineficaces. Una petición de hábeas corpus presentada poco después del secuestro por la hermana de Tomás Nativí, Melida Nativí Gálvez, no dio resultado.

En agosto de 1987, el director de relaciones públicas de las fuerzas armadas, afirmó que Tomás Nativí y otras personas incluidas en la lista de "desaparecidos" probablemente estaban viviendo en la Unión Soviética; basaba sus afirmaciones en informes según los cuales, los hijos de Tomás Nativí y de Rolando Vindel ─que cuando "desapareció", en marzo de 1984, era presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica─ estaban estudiando allí. Alba de Mejía, del Comité Hondureño de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla", respondió públicamente: "¡Si estuvieran en Rusia, qué maravilla!".

Óscar Alexis Colindres Campos (24 años)

Estudiante de ingeniería eléctrica, programador informático, "desaparecido" el 4 de septiembre de 1981.

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CITA 9 - "... acudimos para pedirle a usted y a todos los que gobiernan nuestra querida Honduras, que lo hagan con justicia, respetando los derechos humanos y no se violen los más elementales principios de nuestra constitución... Creemos, General, que todavía Honduras se puede librar de esa violencia represiva, social y política... y toca a usted y a todos los que tienen el poder luchar por nuestro sistema democrático donde impera la paz y la justicia..."

(Carta enviada en 1981 por el Comité Permanente Pro-Defensa de los Derechos Humanos de Choluteca al ex presidente, general Policarpo Paz García).

Óscar Alexis Colindres Campos, de 24 años de edad, "desapareció" en la barriada de Comayagüela, Tegucigalpa, cuando se dirigía en automóvil a su oficina el 4 de septiembre de 1981. Fue visto por última vez cuando salía de su domicilio, alrededor de las 8 de la mañana, en su automóvil, un Volkswagen amarillo y crema, con número de matrícula P-2849. Nunca llegó a su oficina ni regresó a su domicilio, y tampoco se encontró el vehículo. En el momento de su "desaparición" estudiaba cuarto curso de ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y llevaba dos años trabajando como analista de sistemas informáticos en el Consejo Superior de Planificación Económica (COSUPLANE), del gobierno.

En respuesta a las preguntas formuladas por los familiares de Óscar Colindres, tanto la DNI como la FUSEP negaron que hubiera sido detenido. Sus familiares se dirigieron a la Dirección Nacional de Tránsito, que emitió una orden para que el Volkswagen fuera detenido si se le encontraba circulando por la zona de Tegucigalpa. Sin embargo, no encontraron el vehículo. Durante 15 días, los familiares de Óscar Colindres se dedicaron a divulgar su "desaparición" en la prensa hondureña con la esperanza de recibir información que pudiera revelar su paradero, pero no se recibió nada. El 21 de julio de 1982, presentaron una petición de hábeas corpus a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, pero las autoridades volvieron a negar tenerle recluido. Se informó inmediatamente del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones de las Naciones Unidas.

Posteriormente, el gobierno de Honduras proporcionó al Grupo de Trabajo información según la cual Óscar Colindres había entrado en Costa Rica el 8 de octubre de 1981 y ya no había vuelto a salir. El gobierno se refirió a un certificado emitido por el Ministerio de Seguridad Pública costarricense como prueba documental de su entrada en Costa Rica en esa fecha. No obstante, el documento en cuestión no se refería a Óscar Alexis Colindres Campos, sino a otra persona, Óscar Manuel Colindres Carias. Según informes, un certificado emitido por el ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica afirmaba que no había ningún registro que indicara la entrada de Óscar Alexis Colindres Campos en el país. En varios casos de "desaparición", las autoridades del gobierno hondureño han afirmado que los "desaparecidos" habían abandonado el país.

Jorge Israel Zavala Eurake (34 años)

Contable público, comerciante de cereales y ex dirigente estudiantil, "desaparecido" el 8 de septiembre de 1981

CITA 10 - "Toda nuestra familia sigue con la esperanza de conocer la situación de mi esposo, principalmente sus hijos, que año a año van creciendo con esa incertidumbre sobre su papá."

(Iris Reyes de Zavala, esposa de Jorge Zavala Eurake)

El día 8 de septiembre de 1981, alrededor de las 10 de la mañana, la mujer que llevaba la tienda de alimentación del barrio de La Leona, en Tegucigalpa, vio a Jorge Zavala Eurake cuando salía de su domicilio para hacer la compra. Le conocía bien porque era cliente habitual de la tienda, contable público y comerciante local de cereales. La mujer vio cómo, tras haber caminado unos metros calle abajo, un grupo de hombres vestidos de civil le salían al paso. Después observó atónita cómo los hombres, unos cinco, armados todos ellos, le agarraban y se lo llevaban en un vehículo amarillo tras introducirle violentamente en él.

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Al enterarse de lo sucedido, los familiares de Jorge Zavala visitaron todos los puestos de seguridad de la FUSEP, pero no consiguieron averiguar nada sobre su paradero. Preguntaron en hospitales y funerarias, pero sin resultados. Presentaron peticiones de hábeas corpus en varias secciones de las fuerzas de seguridad, pero todas ellas negaron tenerle detenido. No está claro cuáles pudieron ser los motivos de su secuestro por las fuerzas de seguridad, pero su caso ilustra el hecho de que la técnica de la "desaparición" no se usaba sólo contra presuntos activistas políticos.

En octubre de 1982, se produjo un importante progreso en la búsqueda llevada a cabo por la familia, cuando un coronel del ejército retirado dio una conferencia de prensa grabada en la ciudad de México en la que afirmaba que Jorge Zavala Eurake y otros "desaparecidos" habían sido secuestrados y ejecutados por el jefe de la unidad especial de inteligencia conocida como Batallón 3-16, a las órdenes del general Gustavo Álvarez Martínez. El jefe de la unidad especial de inteligencia escribió una carta a la madre de Jorge Zavala, Merceces Eurake, en mayo de 1984, en la que negaba toda implicación en la "desaparición" y prometía investigar el caso. Las autoridades judiciales nunca investigaron las denuncias presentadas en su contra.

Eduardo Aníbal Blanco Araya (23 años)

Mecánico de Costa Rica, ex estudiante de sociología y activista de derechos humanos metodista, "desaparecido" el 14 de noviembre de 1981.

CITA 11: "Estoy llorando por él por el hijo más querido que un día desapareció, diz que en un país amigo. Salió a probar fortuna y nunca jamás volvió; nos dijeron entidades del gobierno que ahí funge que no se sabía nada que no respondían por nada."

(Roberto Blanco, padre de Eduardo Aníbal Blanco Araya)

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En junio de 1981, Eduardo Aníbal Blanco Araya y su esposa, Gabriela Jiménez, abandonaron su Costa Rica natal para ir a Honduras en busca de empleo. En noviembre de ese mismo año, Eduardo Aníbal Blanco "desapareció". Antes de trabajar como mecánico en Honduras, había estudiado sociología en la Universidad de Costa Rica, y había participado en programas de derechos humanos de la iglesia metodista de su país.

El 14 de noviembre de 1981, hacia el mediodía, Eduardo Aníbal Blanco se marchó en automóvil de su casa de Comayagüela, suburbio de Tegucigalpa, para pagar las facturas del agua y del teléfono, y le dijo a su esposa que volvería hacia las 7 de la tarde. Tres horas después de su marcha, tres hombres vestidos de civil que se identificaron como agentes de la DNI se presentaron en su domicilio e interrogaron a Gabriela; antes de marcharse, registraron la casa. Eduardo Aníbal Blanco no regresó esa noche. Su esposa llamó a la embajada de Costa Rica en Honduras, pero allí no sabían nada de su paradero. Alarmada, visitó todos los hospitales, las comisarías y las dependencias de la policía y del ejército. Las autoridades de Honduras negaron que su esposo hubiera sido detenido por miembros de la FUSEP, y declararon que no había ningún motivo que justificara su detención.

Tras recibir amenazas de muerte anónimas, el 24 de noviembre de 1981 Gabriela Jiménez regresó a Costa Rica con su hijo de cuatro meses. No se tuvo ninguna otra noticia del paradero de Eduardo Aníbal Blanco hasta el 1 de diciembre de 1981, cuando un preso liberado afirmó haber hablado con él el 20 de noviembre en el cuartel General de Casamata, centro de detención de Tegucigalpa utilizado por la FUSEP. Los representantes del gobierno hondureño informaron posteriormente a Amnistía Internacional que Eduardo Aníbal Blanco no había sido detenido ni por la DNI ni por la FUSEP pero que, durante un registro efectuado en su casa tras la vuelta de Gabriela Jiménez a Costa Rica, se habían descubierto armas y municiones ilegales. Tanto sus familiares como otras personas niegan la denuncia de posesión de armas, y afirman que Eduardo Aníbal Blanco no tenía relación con ninguna organización que hiciera uso de la violencia o abogara por ella.

En marzo de 1982, Amnistía Internacional recibió nuevos informes que indicaban que Eduardo Aníbal Blanco seguía vivo y bajo custodia de las fuerzas de seguridad hondureñas. Como respuesta a las preguntas de Amnistía Internacional sobre estos informes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras declaró que continuarían las investigaciones.

En marzo de 1982, el parlamento de Costa Rica nombró una comisión especial para investigar la "desaparición" en Honduras de tres ciudadanos costarricenses, entre los que se encontraba Eduardo Aníbal Blanco. La comisión se reunió y escuchó los testimonios en mayo de 1982. Sin embargo, no descubrió cuál había sido la suerte o el paradero de estos tres "desaparecidos", y tampoco viajó a Honduras a continuar sus investigaciones allí, como esperaban los familiares.

En abril de 1984, los padres de Eduardo Aníbal Blanco iniciaron en Costa Rica una actuación judicial por detención ilegal contra el general Gustavo Álvarez Martínez, que estaba a cargo de los servicios de inteligencia del ejército en el momento de su "desaparición". El general Álvarez partió hacia Costa Rica en marzo de 1984, al ser destituido de su cargo de comandante en jefe de las fuerzas armadas hondureñas. Se consiguió que se dictara una orden judicial que le impidiera abandonar Costa Rica, pero antes de que se pudiera llevar a efecto, el general había abandonado el país, rumbo a Miami.

María Ediltrudis Montes Girón (25 años)

Estudiante de económicas, "desaparecida" el 24 de enero de 1982.

CITA 12: "Lo que más me desespera y es motivo de desvelos es no saber dónde está o han quedado los restos de mi hija... si es que la mataron y cuál fue la causa para que procedan con ella así."

(Lucila Girón, madre de María Ediltrudis Montes)

María Ediltrudis Montes Girón se dirigía desde Managua (Nicaragua) a Tegucigalpa para ver a su familia cuando el autobús TICA BUS en el que viajaba fue detenido por la policía hondureña en la ciudad fronteriza de El Guasaule. Los demás pasajeros observaron nerviosos cómo unos agentes de seguridad de Honduras subían al autobús y detenían a Ediltrudis junto con Julio César Méndez Zavala, Francisco Samuel Pérez Borjas y Enrique López Hernández. Nadie volvió a ver a ninguno de los cuatro. Las autoridades de Honduras negaron todo conocimiento de su suerte o de su paradero.

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La hermana de Ediltrudis, Cristina Montes Girón de Domínguez, obtuvo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nicaragua un documento que certificaba que Ediltrudis Montes había abandonado Nicaragua el 24 de enero de 1982 por El Guasaule. Más aún, los registros de las autoridades de inmigración de Honduras también muestran que Ediltrudis Montes entró en el país por El Guasaule ese mismo día. Cristina de Domínguez afirma haber visto en la lista de pasajeros de TICA BUS el nombre de su hermana y los de los otros tres "desaparecidos". Testigos presenciales, que se negaron a declarar oficialmente, afirmaban que los agentes armados se identificaron como miembros de la DNI y trataron a los cuatro detenidos con excesiva fuerza. Aunque no están claros los motivos de su "desaparición", ésta puede estar relacionada con el hecho de que Ediltrudis hubiera estudiado en Cuba con una beca. Muchas veces, las autoridades sospechan que los hondureños que regresan de Nicaragua y Cuba son simpatizantes de los gobiernos revolucionarios de esos países.

José Eduardo BECERRA LANZA (24 años)

Estudiante, secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, "desaparecido" el 1 de agosto de 1982.

CITA 13: "Creí entonces, que era necesario buscar justicia, precisamente donde se cree que se imparte la justicia: los Tribunales... ningún profesional del Derecho quiso hacerse cargo del caso."

(María Gertrudis Lanza, madre de José Eduardo Becerra Lanza)

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El 1 de agosto de 1982, hacia las 10 de la noche, José Eduardo Becerra Lanza y dos amigos suyos abandonaban una farmacia de las que permanecen abiertas por la noche, en el centro de Tegucigalpa, cuando fueron detenidos por individuos vestidos de civil que, según se cree, eran miembros de la DNI. Los dos amigos fueron liberados al día siguiente, pero a José Eduardo Becerra Lanza no se le ha vuelto a ver. Aunque les separaron después de detenerlos, creían que José Eduardo Becerra Lanza había sido llevado a la jefatura de la DNI. Al parecer, unas dos semanas después de su captura, fue visto en una celda de la DNI por otro detenido que afirmaba que José Eduardo estaba moribundo y sufría convulsiones causadas, al parecer, por las torturas que le habían infligido.

José Eduardo Becerra Lanza estudiaba cuarto curso en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y era secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH). Los estudiantes universitarios eran víctimas específicas de homicidios y "desapariciones". Sólo tres semanas después del secuestro de José Eduardo Becerra Lanza, se encontraron los cadáveres de otros tres estudiantes, uno de ellos sepultado en una tumba clandestina.

Después de su detención, se presentaron varias peticiones de hábeas corpus en su favor, pero las autoridades hondureñas negaron sistemáticamente tenerle recluido. Las Fuerzas Armadas negaron su detención en un comunicado, y sugirieron que quizá había abandonado el país con un nombre falso.

En abril de 1984, María Gertrudis Lanza, madre de José Eduardo, presentó otra petición de hábeas corpus tras recibir información que indicaba que su hijo, junto con otros 14 detenidos "desaparecidos", se encontraba en una prisión clandestina en los sótanos del cuartel del Primer Batallón de Infantería, cerca de Tegucigalpa. La petición resultó infructuosa. Del mismo modo, los procedimientos judiciales iniciados contra altos oficiales del ejército y la policía por familiares de varios "desaparecidos", entre ellos los de José Eduardo Becerra Lanza, se estancaron y, en 1986, fueron archivados.

Las esperanzas de María Gertrudis Lanza de que el gobierno del presidente Callejas volviera a abrir las investigaciones se vieron rápidamente defraudadas. En marzo de 1991 envió una carta abierta al gobierno para protestar por la propuesta de ascenso del ex jefe de la DNI quien, según los militares, debía ser ascendido para compensar el obstáculo que supuso en su carrera el procedimiento jurídico iniciado en su contra en 1984 en relación con los "desaparecidos". En su carta, Gertrudis Lanza declaraba: "...[Él] perdió 10 años de su carrera militar, nosotros perdimos a nuestros hijos". Desde entonces, ella y su familia han sufrido amenazas y otras formas de intimidación por parte de individuos que, según cree, son agentes de las fuerzas de seguridad.

José Frech Gutiérrez (30 años)

Comerciante de ganado, "desaparecido" el 20 de diciembre de 1982

CITA 14: "Le pedimos a las autoridades militares que por favor nos devuelvan nuestro padre porque nosotros sabemos que mi papá se lo pasa llorando por nosotros y nosotros lloramos porque no le vemos a él."

(Carta escrita por los hijos de José Frech Gutiérrez)

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José Frech Gutiérrez, comerciante de ganado de El Progreso, departamento de Yoro, salió de su casa a primeras horas del día 20 de diciembre de 1982 para tomar el autobús a Baracoa, departamento de Cortés; viajaba allí para comprar ganado. Llevaba dinero suficiente para realizar una compra, y también llevaba una pistola, arma que, según sus familiares, suelen llevar los comerciantes de ganado. Le acompañaba Alfredo Duarte, un comerciante de ganado guatemalteco. En Choloma, a unos 20 kilómetros de Baracoa, unos cuantos soldados y agentes de policía de la DNI interceptaron el autobús y pidieron a los pasajeros que se identificaran. Hicieron apearse del vehículo a José Frech, Alfredo Duarte y otro pasajero, porque no llevaban documentos de identificación. Algunos testigos afirman que oyeron a José Frech tratar de explicar a los soldados que iba a comprar ganado a Baracoa. Cuando vieron que iba armado y que llevaba una fuerte suma de dinero, los soldados le empezaron a dar patadas, los metieron a empujones a él y a su acompañante en un todoterreno, y se los llevaron.

El hermano de José Frech le buscó en todas las instalaciones policiales y militares de Cortés y Yoro, así como en los hospitales de todo el país. Sus familiares publicaron anuncios pagados en la prensa nacional pidiendo información sobre su paradero. Durante los meses que siguieron, la familia reunió documentación convincente de que los dos hombres se encontraban en manos de las fuerzas de seguridad.

Un hombre que, en febrero de 1983, había estado varios días detenido por la DNI en San Pedro Sula (cerca de Choloma), afirmó, al ser liberado, que había hablado con José Frech en la jefatura de la DNI. Dijo que José Frech le había pedido que hiciera saber a sus familiares dónde estaba recluido, y que les dijera que tenía miedo de que no le liberaran jamás. Un policía de la DNI informó a su familia, de forma privada, que los dos detenidos habían estado recluidos en varios centros de detención clandestinos, algunos de los cuales eran domicilios particulares, y que allí les habían interrogado agentes de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Los indicios proporcionados por los testigos y por otras fuentes se presentaron ante las autoridades militares. Un coronel del Alto Mando de las Fuerzas Armadas dijo a los familiares de José Frech que iba a nombrar una comisión militar para investigar el caso, y animó a la familia a presentar la documentación reunida. Sin embargo, este compromiso inicial de llevar a cabo una investigación pronto demostró ser en vano. La comisión desechó los testimonios presentados y los demás indicios por considerarlos poco fiables, y no emprendió ninguna medida para investigar las denuncias de los testigos. En abril de 1983, desilusionados por la falta de acción de las autoridades militares, los familiares de José Frech presentaron una denuncia formal ante los tribunales. Sin embargo, sólo unos días después, esta iniciativa se vio abortada cuando quedó claro que la judicatura no tenía ningún poder para llevar a cabo una investigación independiente, pues se enfrentaba a las negativas y los obstáculos de todas las secciones de las fuerzas de seguridad. Según informes, el juez encargado del caso dijo a la familia que el caso estaba estancado porque no había nadie contra quien presentar la denuncia. Hasta hoy, nadie les ha contado la verdad sobre lo sucedido.

Gustavo Adolfo Morales Funez (35 años)

Subdirector de la Lotería Nacional, economista y ex presidente de un sindicato, "desaparecido" el 18 de marzo de 1984.

CITA 15: "...todo el pueblo de Honduras que mira con pesadumbre cómo estos hechos se repiten sin parecer que las personas que ostentan el poder hagan nada para evitarlo."

(Rina de Morales, esposa de Gustavo Adolfo Morales Funez)

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Todos los domingos por la mañana, Gustavo Adolfo Morales Funez recorría con su automóvil la Avenida de la Paz, en Tegucigalpa, de camino hacia los estudios de televisión del Canal 5, donde supervisaba la Lotería Nacional semanal, de la que era subdirector. Por esa avenida salía a correr también algunas mañanas de domingo Luis Mendoza, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hacia las 9:20 de la mañana del domingo 18 de marzo de 1984, Luis Mendoza vio cómo seis hombres vestidos de civil detenían el Volkswagen de Gustavo Morales, de un característico color amarillo mostaza. Los hombres, armados con ametralladoras Uzi, le ordenaron que saliera del vehículo. Uno de ellos disparó al aire, como para intimidarle. Luis Mendoza era uno de los numerosos espectadores que vieron cómo obligaban violentamente a Gustavo Morales a subir a una furgoneta azul sin placas de matrícula y se lo llevaban hacia el este de la ciudad. Un guardia de seguridad del cercano Ministerio de Relaciones Exteriores, que había estado hablando con un miembro de la FUSEP que estaba de servicio en la zona, presenció también cómo seguían al Volkswagen.

Según los informes, el automóvil de Gustavo Morales fue visto más tarde, ese mismo día, en el aparcamiento de la DNI. El Instituto de la Lotería Nacional recibió una llamada telefónica de un individuo que informó que podían recoger el vehículo del recinto de la DNI, y que podían obtener más información sobre la detención de Gustavo Morales llamando a un número de teléfono determinado que, según se confirmó más tarde, pertenecía a la DNI. No obstante, posteriormente la DNI negó haberle detenido o haberle mantenido recluido. No se volvió a saber nada de él, a pesar de los numerosos llamamientos y de una petición de hábeas corpus presentada por la familia de Gustavo Morales y por organizaciones de derechos humanos dos días después de su secuestro.

Su esposa, Rina Oyuela de Morales, comenzó una búsqueda incansable y envió innumerables llamamientos a instituciones gubernamentales y a organizaciones internacionales. Amnistía Internacional publicó llamamientos urgentes en favor de Gustavo Morales solicitando que se esclarecieran su paradero y los motivos de su detención, e instando a que fuera liberado inmediatamente a menos que se le imputaran cargos y compareciera ante un tribunal. No se recibió ninguna respuesta de las autoridades hondureñas.

Gustavo Adolfo Morales había sido presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA). En el momento de su secuestro, su trabajo como empleado del Estado significaba que no estaba afiliado a ningún sindicato. No obstante, SITRAINA y otros sindicatos afiliados emprendieron una campaña exhaustiva que incluía manifestaciones en las calles y anuncios pagados en la prensa para pedir la liberación de Gustavo Morales tras su "desaparición".

Rolando Vindel González (39 años)

Técnico de electricidad y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, "desaparecido" el 18 de marzo de 1984.

CITA 16: "Mi único delito es ser fiel defensor de los intereses de los trabajadores y estoy convencido que es por eso que se me quiere destruir y destruir la organización sindical. Con mi ejemplo se quiere atemorizar a los trabajadores para que no luchen, para que sean sumisos. Pero nadie podrá destruir nuestras organizaciones, porque nadie es capaz de detener la historia misma."

(Rolando Vindel, 1981)

El 19 de marzo es el Día del Padre en Honduras. Sin embargo, para los cuatro hijos de Rolando Vindel no es un día de celebración, ya que fue la víspera del Día del Padre de 1984 cuando el suyo fue secuestrado y "desapareció" a manos del gobierno.

Esa mañana, Rolando Vindel, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), se dirigía a una reunión del sindicato que se celebraba en Tegucigalpa para discutir el próximo paso en las negociaciones salariales con la empresa eléctrica estatal; dichas negociaciones habían llegado a un punto muerto. Se cree que fue secuestrado por miembros de las fuerzas de seguridad hondureñas. Sus familiares y colegas le buscaron en las unidades militares y policiales de la capital, pero las autoridades no reconocieron su detención. Tampoco tuvo éxito un auto de hábeas corpus presentado el 20 de marzo en su favor.

Los testimonios reunidos por las organizaciones locales de derechos humanos sugieren que los captores eran agentes de la DNI. El sindicato STENEE denunció que, tras su secuestro, Rolando Vindel había estado recluido en tres centros clandestinos de detención diferentes, identificados por ellos como el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) 8 y las bases militares de El Aguacate y Palmerola. El sindicato declaró que un oficial del ejército de Honduras les había informado, de manera extraoficial, que Rolando Vindel se había vuelto loco a consecuencia de las torturas a que le habían sometido. Sin embargo, oficialmente, las autoridades hondureñas han negado repetidamente que se encontrara bajo su custodia.

Nota al pie 8: El CREM es una base militar dirigida por las autoridades de los Estados Unidos de América, utilizada en los tiempos de los Boinas Verdes estadounidenses para adiestrar a las tropas salvadoreñas y hondureñas.

Tras su "desaparición", el sindicato convocó un paro laboral diario de cinco horas, de carácter nacional, para pedir que se hiciera público el paradero de su presidente y para protestar por la creciente represión del sindicalismo. El Ministerio de Trabajo declaró ilegal la huelga y ordenó al ejército que se hiciera con el control de todas las instalaciones de generadores de electricidad y de las oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en Tegucigalpa y en otras ciudades; durante esa operación, varios centenares de personas fueron aprehendidas y detenidas durante unas horas. Quince trabajadores detenidos durante la huelga fueron acusados de sedición y más tarde liberados en julio de 1984. El 23 de marzo, otros sindicatos se unieron a STENEE en una manifestación en la capital a la que asistieron unos 15.000 trabajadores para protestar por las detenciones arbitrarias de los días anteriores, así como por la "desaparición" de Rolando Vindel. Las negociaciones salariales llegaron a un punto muerto y no se reanudaron hasta agosto. Al parecer, STENEE ofreció reducir sus demandas laborales a cambio de la liberación de Rolando Vindel. Cuando esto falló, el sindicato ofreció una recompensa de 20.000 lempiras (unos 10.000 dólares estadounidenses) a cambio de información sobre el paradero de su presidente.

Ésta no fue la primera vez que Rolando Vindel era detenido por su actividad sindical. En enero de 1981, la DNI lo detuvo, acusado de subversión, y más tarde lo liberó por falta de pruebas. Después de su liberación, Rolando Vindel publicó un anuncio pagado de una página completa en el periódico Tiempo, en el cual denunciaba haber recibido golpes, descargas eléctricas y amenazas de muerte mientras se encontraba bajo custodia de la policía.

Amnistía Internacional, al conocer la "desaparición" de Rolando Vindel en 1984, publicó llamamientos urgentes en favor de su seguridad. En respuesta a estos llamamientos, el Ministerio de Trabajo informó que el Congreso Nacional había ordenado a su Comisión de Garantías Constitucionales y de Seguridad del Estado que investigara el caso. Más aún, el ministro declaró que, en respuesta a una petición de COFADEH, el entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Walter López Reyes, había otorgado poderes a la Auditoría General para investigar cualquier denuncia de abusos realizada por COFADEH. Otros miembros de Amnistía Internacional recibieron respuesta a sus llamamientos, firmadas por el propio general López Reyes, en las que les aseguraban que la política de las Fuerzas Armadas hondureñas era investigar y castigar los abusos llevados a cabo por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No obstante, según la información de que dispone Amnistía Internacional, no llegó a hacerse pública ninguna información sobre el avance de esas investigaciones.

José Eduardo López (38 años)

Periodista y ex vice presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), "desaparecido" el 24 de diciembre de 1984.

CITA 17: "He sufrido amenazas de muerte por los escuadrones de la muerte y los cuerpos de seguridad del Estado... Los hago únicos responsables de cualquier cosa que pudiera sucederme."

(José Eduardo López, testimonio a CODEH, abril de 1984)

José Eduardo López era un periodista independiente que escribía numerosos artículos en los que criticaba las condiciones que se vivían en el país. Según dijo su esposa a Amnistía Internacional: "Él cuestionaba por qué en lugar de recibir armas, por qué no se construían escuelas y nuevas fuentes de empleo. Pero, claro, en mi país, hablar de esas cosas es subvertir el orden establecido... me veo regañando [a José Eduardo] por escribir y defender los derechos humanos de otros, yo sabía que algo pasaría si él continuaba escribiendo la verdad." En 1981, José Eduardo López estuvo detenido cinco días, y fue torturado. Tras su liberación, recibió amenazas de muerte, y en 1982 huyó a los Estados Unidos de América, desde donde solicitó asilo político a Canadá. En 1984, las autoridades canadienses rechazaron su solicitud, alegando que no había demostrado un temor bien fundado a ser perseguido.

Regresó a Honduras, donde él y su esposa empezaron a ahorrar dinero para poder emigrar a Europa con sus tres hijos pequeños. Poco después, un amigo íntimo fue asesinado, al parecer, por las fuerzas de seguridad. Tras recibir amenazas de muerte de lo que, según él, eran escuadrones de la muerte que actuaban dentro de las fuerzas de seguridad, en abril de 1984 presentó un testimonio escrito a la organización de derechos humanos CODEH, para la que había trabajado como procurador popular, ofreciendo asistencia letrada a los pobres. En dicho testimonio, declaró que hacía a las fuerzas de seguridad responsables de cualquier cosa que pudiera sucederle.

El 24 de diciembre de 1984, día de Nochebuena, poco después de salir de su casa de San Pedro Sula para ir a buscar el cheque de su paga, fue secuestrado por individuos que, según se cree, pertenecían a la DNI. Aunque el comandante de la Dirección Nacional de Investigaciones para San Pedro Sula negó su detención, un ciudadano salvadoreño detenido por un delito de inmigración declaró ante un abogado haber visto a José Eduardo López el 26 de diciembre en una celda de la DNI en San Pedro Sula. Posteriormente, este testigo volvió a ser detenido por la DNI y permaneció en régimen de incomunicación durante una semana, pasada la cual fue presentado en una rueda de prensa de la policía en la que se retractó de sus anteriores denuncias. La información posterior proporcionada por un desertor de una unidad de inteligencia militar y por un contacto en la DNI confirmó los temores de la familia de que José Eduardo López hubiera sido torturado y muerto por agentes de los servicios de inteligencia tras su secuestro.

La ruidosa y enérgica campaña de su esposa para pedir justicia terminó provocando amenazas contra la familia. En 1986, la familia dejó Honduras. Ante la impotencia y las negativas de los sucesivos gobiernos hondureños a hacerse responsables de la "desaparición" de José Eduardo López, su esposa dijo:"... me siento impotente al ver que la situación en el país no cambia... estaba peleando contra un gobierno y quien era yo, nadie, un grano de arena dentro del gran océano".

Roger Samuel González Zelaya (24 años)

Empleado de oficina y dirigente estudiantil, "desaparecido" el 19 de abril de 1988.

CITA 18: "Es necesario que cobren conciencia, en [los países] donde estimo que se vive en un lujo casi ofensivo, del drama de los desaparecidos en los pueblos pobres del mundo."

(Elvia Cristina Zelaya, madre de Roger Samuel González Zelaya)

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CITA 19: "No le tenemos ni le hemos capturado en ninguna oportunidad."

(Un coronel de la FUSEP en una declaración efectuada ante la prensa en mayo de 1988)

CITA 20: "Conocemos sobre la detención de este muchacho... Reconocemos que sí fue detenido por las Fuerzas de Seguridad Pública."

(Declaración de un portavoz de las fuerzas armadas hondureñas en mayo de 1988)

Las respuestas contradictorias de los militares ya no sorprenden a Elvia Zelaya, madre del estudiante "desaparecido" Roger González.

Roger González, de 24 años de edad, dirigente de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza (FESE) y empleado de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), fue secuestrado ante testigos el 19 de abril de 1988, al mediodía, cuando caminaba por el Parque Central de Tegucigalpa. Sus captores eran dos hombres y una mujer vestidos con ropas de civil. Posteriormente, uno de ellos fue identificado por un testigo como miembro de la DNI.

En los tribunales hondureños se presentaron cinco recursos de hábeas corpus en favor de Roger González. En respuesta a estos recursos, varios miembros de la DNI, de la FUSEP y del Primer Batallón de Infantería negaron tener a Roger González bajo su custodia. En un caso, al juez ejecutor ni siquiera se le permitió el acceso a las celdas de la unidad de policía citada en el hábeas corpus. Una declaración de un portavoz de las Fuerzas Armadas, según la cual Roger González había sido capturado por la FUSEP, fue más tarde negada con vehemencia por agentes de la propia FUSEP, uno de los cuales añadió que, de hecho, la FUSEP buscaba a Roger González en relación con una manifestación violenta celebrada ante la embajada de los Estados Unidos de América en Tegucigalpa, el 7 de abril de 1988.

En mayo de 1988, los familiares, amigos y compañeros de Roger Samuel González Zelaya iniciaron una huelga de hambre en el Parque Central de Tegucigalpa para protestar por su detención y pedir su liberación. La huelga de hambre duró 23 días, y fue suspendida cuando la madre de Roger, se puso enferma.

En una entrevista concedida a la prensa el 8 de octubre de 1988, el entonces jefe de las fuerzas armadas declaró que Roger Samuel González Zelaya probablemente se ocultaba en algún lugar del extranjero.

No obstante, Fausto Reyes Caballero, ex miembro del Batallón 3-16 que huyó a los Estados Unidos de América tras desertar, declaró en un testimonio ante varios grupos de derechos humanos, en 1988, que había visto a Roger González a mediados de julio en el cuartel del Batallón 3-16 en San Pedro Sula.

José Leonel Suazo Castillo (31 años)

Estudiante, empleado del Registro Nacional de Personas, "desaparecido" el 2 de febrero de 1989

CITA 21: "Vimos oficiales, barracas y demás instalaciones y otra vez el mismo resultado: parece que la tierra se ha tragado a José Leonel Suazo."

(Carta de la madre de José Leonel Suazo al Comandante de las Fuerzas Armadas en marzo de 1989)

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Cuando José Leonel Suazo Castillo era niño, solía ayudar a su madre a lavar los uniformes de los oficiales de la FUSEP. A los 31 años "desapareció", al parecer, a manos de esa misma unidad de las fuerzas de seguridad.

José Leonel Suazo era estudiante de educación física y empleado del Registro Nacional de Personas. Según informes, fue detenido en Tegucigalpa el 2 de febrero de 1989, hacia las 9:45 de la noche, después de salir del trabajo. Dos compañeros que habían salido con él declararon que, al salir los tres, empezó a seguirles una furgoneta marrón claro con cristales oscuros y sin placas de matrícula. Otros testigos afirman que la furgoneta se detuvo junto a un taxi y que sus ocupantes trataron de obligar a José Leonel Suazo a entrar en ella. José Leonel trató de escapar, pero el taxi le siguió.

Tras su detención, su familia hizo averiguaciones en la jefatura de la FUSEP, y también en las de varias unidades militares, pero todos negaron tenerle detenido. Se presentaron en su favor tres recursos de hábeas corpus, sin resultado. José Leonel Suazo había dicho a su madre dos días antes de su "desaparición" que dos agentes de los servicios de inteligencia habían ido a buscarle a la escuela donde estudiaba. Ese día él no había ido, y le dijo a su madre que no sabía por qué le buscaban.

Posteriormente, su madre recibió información según la cual José Leonel Suazo estaba recluido en la jefatura de la FUSEP en Casamata, donde en tiempos ella había lavado la ropa de los oficiales. Al parecer, un agente de la FUSEP de dicha jefatura le dijo que preguntara en la DNI, porque la FUSEP no habían detenido a su hijo. En respuesta a un recurso de hábeas corpus, la DNI negó tenerle recluido. En sus visitas a Casamata, la madre de José Leonel Suazo habló con detenidos que dijeron haberle visto allí. Uno dijo que creía que le habían trasladado a la DNI. Durante una visita en mayo, la mujer creyó ver a su hijo a lo lejos, y le pareció que estaba extremadamente delgado.

La Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, gubernamental, publicó un informe en el que afirmaba que la "desaparición" de José Leonel Suazo podía deberse a una antigua rencilla personal entre éste y un oficial de la Dirección Nacional de Tránsito, adscrita a la FUSEP. La madre de José Leonel Suazo admite que éste puede haber sido el motivo, pero lleva más de dos años pidiendo a las autoridades que juzguen a su hijo ante un tribunal si es que ha cometido algún delito, o que si no, le dejen en libertad. Ante la ausencia de un auténtico sistema de justicia, cree que los ciudadanos agraviados deben actuar como conciencia de la nación:

CITA 22: "Somos, aunque se nos quiera silenciar la voz, la conciencia moral de un pueblo que sufre."

(COFADEH, marzo de 1989)

RECOMENDACIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LAS "DESAPARICIONES"

Amnistía Internacional insta al gobierno de Honduras a que nombre urgentemente una Comisión de Investigación, con las adecuadas garantías de competencia e independencia, para que lleve a cabo una investigación exhaustiva y profunda sobre los casos de "desaparición". La organización cree que, en el pasado, los procedimientos de investigación han resultado inadecuados por la falta de imparcialidad de los órganos investigadores y por el empleo de unos recursos y una metodología inadecuados. Las recomendaciones que se ofrecen a continuación son una guía para llevar a cabo una investigación sobre las "desapariciones". Se basan en la experiencia obtenida por Amnistía Internacional al documentar violaciones de derechos humanos y actuar sobre ellas en Honduras y en otros lugares; también se basan en las normas internacionales existentes relativas a la investigación de pasados abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional confía en que estas recomendaciones contribuirán a proteger los derechos de los afectados por la práctica de la "desaparición" en el pasado y a salvaguardar los derechos humanos en Honduras en el futuro.

1. Composición de la Comisión

Los miembros de la Comisión deben ser elegidos por su imparcialidad reconocida, su competencia y su independencia. No deben tener relación estrecha con ninguna entidad gubernamental, partido político o cualquier otra entidad potencialmente implicada en la "desaparición", ni tampoco con ninguna organización o grupo asociado con la víctima, ya que esto puede dañar la credibilidad de la Comisión.

2. Mandato y propósito de la investigación

Los objetivos de la Comisión deben ser: hacer saber toda la verdad sobre estas "desapariciones" a los familiares y a la sociedad, determinar las responsabilidades individuales y colectivas de cada "desaparición", y garantizar que los responsables comparecerán ante los tribunales.

La Comisión deberá investigar todas las denuncias que le sean presentadas sobre casos documentados de "desaparición" en los que se crea que la víctima ha sido detenida por las autoridades hondureñas o por agentes que actúen con su complicidad.

La investigación debe incluir también un examen de las pautas generales de abusos y un análisis crítico de los factores que contribuyen a la práctica de la "desaparición", tales como el hecho de que las estructuras militares y de otro tipo la facilitan, o la ineficacia de las instituciones judiciales y los mecanismos jurídicos pertinentes. La Comisión también deberá encargarse de recomendar medidas legales, políticas y administrativas adecuadas, destinadas a evitar que sigan produciéndose casos así.

3. Poderes, metodología y recursos

La Comisión debe tener autoridad para obtener toda la información necesaria para su investigación. Se deben anunciar ampliamente su nombramiento, su ámbito de actuación y su metodología, y se debe hacer una amplia invitación para que los que lo deseen presenten su información.

La Comisión debe obtener información de todas las fuentes posibles, incluidos los familiares de las víctimas y las organizaciones no gubernamentales, en especial las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y otros sectores afectados por la práctica de la "desaparición"; entre estos sectores se incluyen los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles. Debe informar a los familiares de las víctimas de todas las vistas pertinentes, y permitirles el acceso a todo tipo de información sobre los casos que estudie. Debe permitirse a la Comisión el acceso a los archivos médicos, jurídicos y militares.

La Comisión debe tener autoridad para citar a miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en servicio activo como retirados, y obligarles a prestar testimonio, so pena de ser sancionados judicialmente.

Todos los que colaboren con la Comisión como testigos o como denunciantes deben contar con plenas garantías respecto a su seguridad, así como con acceso a asistencia letrada.

La Comisión debe disponer de expertos en patología, antropología forense y balística, así como de asesoría jurídica imparcial que garantice que la investigación dará como resultado pruebas admisibles para posteriores procedimientos judiciales.

La metodología que se emplee en las exhumaciones, autopsias y análisis de restos óseos debe ajustarse a los protocolos modelo aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo de 1990 y basados en los Principios sobre la eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias.

4. Conclusiones y recomendaciones de la Comisión

La Comisión debe hacer públicas sus averiguaciones dentro de un plazo razonable de tiempo. Su informe debe ser un registro completo, público y oficialmente reconocido de los sucesos que rodean a las "desapariciones" y de la identidad de quienes las llevaron a cabo, las ordenaron o las consintieron.

El informe debe incluir recomendaciones sobre medidas para evitar que se sigan cometiendo abusos similares en el futuro. En especial, estas medidas deben centrarse en la revisión del cumplimiento actual de las normas y los procedimientos existentes sobre detención de sospechosos, y en la investigación exhaustiva de otras presuntas violaciones de derechos humanos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Deben hacerse recomendaciones sobre posibles formas de indemnización a los familiares de los "desaparecidos", de acuerdo con los principios del derecho internacional reconocidos por el gobierno cuando pagó las indemnizaciones de los casos de Ángel Manfredo Velásquez y de Saúl Godínez Cruz, presentados ambos ante la Corte Interamericana.

5. Que los responsables comparezcan ante los tribunales

Las conclusiones de la Comisión deberán presentarse a los tribunales para que éstos puedan iniciar los procedimientos jurídicos adecuados. Aquéllos a los que la Comisión considere responsables de "desapariciones" deberán ser procesados. Esto incluye a quienes las hayan ordenado, alentado, permitido o llevado a cabo, ya sean funcionarios o ex funcionarios del Estado, miembros de las fuerzas de seguridad o de grupos paramilitares no oficiales.

Los procedimientos deben iniciarse ante tribunales que cumplan las normas internacionalmente reconocidas de justicia e imparcialidad, y deben respetar el derecho de los acusados a un juicio con las debidas garantías. Si el sospechoso es un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, debe ser suspendido inmediatamente del servicio y juzgado ante un tribunal civil. En caso de ser declarado culpable, debe ser destituido de su puesto.

Los presuntos autores deben comparecer a juicio, y esos juicios deben concluir con una sentencia clara de culpabilidad o inocencia. Aunque Amnistía Internacional no adopta ninguna postura respecto a la naturaleza de la condena, la imposición sistemática de penas que guardan poca relación con la gravedad del delito hace perder credibilidad al procedimiento judicial y no sirve para impedir futuras violaciones.

Las leyes de amnistía que impiden que se sepa la verdad y que los responsables respondan ante la ley no son aceptables, ya las apliquen los responsables de las violaciones o los gobiernos que los han sucedido. No obstante, Amnistía Internacional no adopta ninguna postura respecto a la concesión de indultos tras la declaración de culpabilidad, una vez que se sabe la verdad y que se ha completado el procedimiento judicial. Por tanto, el gobierno debe dar instrucciones explícitas de que no se aplique la ley de amnistía de julio de 1991 para bloquear el procesamiento de los responsables de "desapariciones" o de otros abusos de derechos humanos.

CITA 23:

Tengo la lengua pegada al paladar

de tanto repetir

tu nombre al viento.

Mis manos envejecen tocando

portones insensibles

que me ofrecen silencios por respuesta...

... Como resaca,

mi esperanza terca te busca

en cada rostro, en cada dependencia.

No hay funcionario a quien

no haya hecho testigo de mi pena.

Paseo por las plazas tu recuerdo,

camino junto a la sonrisa de tu hijo...

Con mis ganas de verte

he gastado las piedras.

¿Dónde estás, dónde están?

Del poema ¿Dónde estás, Roger?, escrito por Elvira Cristina Zelaya de González, madre de Roger González Zelaya, "desaparecido" en 1988.