EXTERNO AI Index: AMR 37/10/91

Amnesty International

International Secretariat

1 Easton Street

London WC1X 8DJ

United Kingdom

11 de julio de 1991

HONDURAS:RESPUESTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL A LOS COMENTARIOS HECHOS POR EL GOBIERNO DEL INFORME SOBRE HONDURAS PUBLICADO POR LA ORGANIZACIÓN

La carta enviada por Amnistía Internacional al Presidente de la República de Honduras Lic. Rafael Callejas el 1 de julio de 1991 (ver anexo) se refiere al comunicado hecho público por la Secretaría de Prensa del Presidente el 18 de junio de 1991 como respuesta a la publicación, dos días antes, del informe de Amnistía Internacional Honduras: Persistencia de las violaciones de derechos humanos (AMR 37/04/91/s).

El informe de Amnistía Internacional, que documenta casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras agresiones contra opositores al gobierno reales o supuestos, fué presentado en forma de memorándum al Presidente de la República en Mayo de 1991.

En el comunicado emitido por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el gobierno "lamenta la contradicción que contiene el documento de Amnesty International, pues por un lado, reconoce que en la gestión admninistrativa del Licenciado Rafael Leonardo Callejas Romero, no hay señalamiento alguno sobre desapariciones forzadas y por otro, hace apreciaciones subjetivas sobre la conducta del Estado en lo atinente a los Derechos Humanos en el país."

El comunicado mencionado afirma tambien que la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del gobierno ha difundido extensamente información sobre las acciones llevadas a cabo por el gobierno sobre derechos humanos. El gobierno reiteró que había girado "instrucciones precisas a todos los niveles para que sean sancionados en base a derecho, todas aquellas personas que violen las garantías individuales de los ciudadanos."

En el comunicado se indica además que "no debe interpretarse que los supuestos presos políticos han sido sancionados por razón de órden político ideológico", sino que "han sido encontradas culpables en base a derecho en la comisión de delitos al ser detenidos transportando armas ilegalmente para grupos subversivos o colocando artefactos explosivos..."

La carta enviada por Amnistía Internacional al Presidente, también da respuesta a las declaraciones hechas en junio por el Procurador General de la República sobre las investigaciones de los casos de detenidos-desaparecidos bajo gobiernos anteriores.

NOTA: Después de haber escrito al Gobierno de Honduras, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento que la Cámara Legislativa aprobó el 10 de julio de 1991 un decreto mediante el cual se concede "amplia e incondicional amnistía a todas las personas que se encuentran sentenciadas, procesadas o en vías de proceso por delitos políticos y comunes conexos."

TG AMR 37/91.07

Su Excelencia

Lic. Rafael Leonardo Callejas

Presidente de la República de Honduras

Casa Presidencial

6ª Avenida, 1ª Calle

Tegucigalpa

Honduras

Londres, 1 de julio de 1991

Excelencia:

Hemos recibido copias de varios recortes de prensa que incluyen el texto de un comunicado distribuido por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República en respuesta a la publicación de nuestro informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Este último estaba basado en el memorándum que dirigimos a Su Excelencia el 22 de mayo de 1991.

El comunicado de la Secretaría de Prensa afirma que Amnistía Internacional no ha tenido en cuenta las mejoras que ha introducido su gobierno en el campo de los derechos humanos. Amnistía Internacional reconoce, siempre que le es posible, las medidas gubernamentales que han redundado en beneficio de la situación de los derechos humanos. En el memorándum que le enviamos, al igual que en nuestro informe, reconocíamos que durante su mandato no se habían producido "desapariciones" y que las denuncias sobre homicidios políticos a manos de "escuadrones de la muerte" militares habían menguado considerablemente desde principios de la década de 1980. No obstante, estos cambios no atenúan la necesidad de tomar medidas enérgicas para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos que siguen produciéndose en Honduras. En la carta que acompañaba al memorándum, invitábamos a Su Excelencia a que nos hiciera llegar sus comentarios sobre cualquiera de los asuntos o casos que éste contenía, y a que nos comunicara las medidas que hubiera tomado el gobierno para reforzar las salvaguardias de los derechos humanos en el país. Deseamos reiterar aquí nuestro interés en recibir esa información, y hemos tomado nota de la carta que nos envió el Ministerio de Relaciones Exteriores indicándonos que estaba recabando comentarios de las autoridades pertinentes sobre los diversos casos.

También hemos sabido que la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos posee información sobre los miembros de las fuerzas de seguridad declarados culpables de violaciones de derechos humanos, información que nos interesaría recibir. En concreto, sería de esperar que dicha información comprendiera detalles precisos de los casos en que se ha sancionado a miembros de las fuerzas de seguridad, con inclusión del nombre de las víctimas, la fecha en que ocurrieron los incidentes, el tipo de abuso perpetrado y las circunstancias en que se produjo, así como datos relativos al proceso judicial iniciado, en su caso, contra los responsables y sus resultados. Esta información ya ha sido solicitada a las autoridades hondureñas, aunque, lamentablemente, no se ha aportado ningún documento que justifique la aserción oficial de que los responsables de violaciones de derechos humanos están respondiendo de ellas ante la justicia.

Nos sorprende que en el comunicado de la Secretaría de Prensa se insinúe que los presos recluidos por delitos de motivación política han sido declarados culpables de transporte ilegal de armas o de colocación de artefactos explosivos, ya que, según la información de que disponemos, los juicios aún no han concluido. De hecho, tal afirmación suscita temores en lo relativo al derecho de estos procesados a la presunción de inocencia y a recibir un juicio imparcial, derechos garantizados a todos los presos, cualesquiera sean los cargos que se les imputen. Nuestros motivos de preocupación en estos casos, tal como indicamos en el informe, se basan en que los acusados afirmaron haber sido torturados antes de ser transferidos a la cárcel, en que la prolongada demora en proporcionarles representación letrada que han sufrido parte de los encausados podría haber restringido su derecho a recibir un juicio imparcial y sin dilación, así como en que algunos de los procesos llevan casi dos años de tramitación y todavía se encuentran en la fase de instrucción. El comunicado de la Secretaría de Prensa no hace referencia a estas cuestiones, y Amnistía Internacional agradecería recibir toda la información disponible sobre las investigaciones que se hayan realizado sobre estas posibles irregularidades y las medidas que se hayan tomado para remediarlas.

También nos han causado inquietud las recientes declaraciones del Procurador General de la República, Lic. Leonardo Matute Murillo, en relación con los "desaparecidos". Según tenemos entendido, el Lic. Matute afirmó que la información existente en la Oficina del Procurador General sobre 124 casos de "desapariciones" «está a la mano de todo el mundo». No obstante, según parece, cuando un grupo de representantes del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras acudieron a la oficina del Procurador General, un funcionario les informó que las declaraciones del Lic. Matute habían sido malinterpretadas. También se han tenido noticias, no confirmadas, sobre un informe oficial sobre los "desaparecidos", aunque no está claro si, de existir, guarda relación con las investigaciones anunciadas en diciembre.

Le agradeceríamos tuviera a bien aclarar lo antes posible si existe un informe oficial sobre los "desaparecidos" y, en caso afirmativo, disponer su publicación inmediata. También instamos respetuosamente a Su Excelencia a que tome medidas para asegurar que la información de que dispone la Oficina del Procurador General acerca de estos casos se haga pública sin dilación a fin de no prolongar el sufrimiento de los familiares, que llevan muchos años buscando a sus seres queridos. Continuamos exhortando al gobierno de Su Excelencia a que esclarezca estos casos, haga comparecer a los responsables ante la justicia e indemnice, moral y materialmente, a los familiares de las víctimas.

Por último, hemos sabido con interés su decisión de recabar la ayuda de expertos de las Naciones Unidas para la tarea de mejorar el respeto por los derechos humanos, y nos complace su declaración de que el gobierno de Honduras «ha girado instrucciones precisas a todos los niveles para que sean sancionadas en base a derecho todas aquellas personas que violen las garantías individuales de los ciudadanos». Instamos a Su Excelencia a que plasme esta declaración en medidas concretas para garantizar que se cumplen estas instrucciones, asegurando, en concreto, que se dé a conocer públicamente la verdad sobre las violaciones de derechos humanos y que se haga comparecer ante la justicia a sus responsables.

Quedamos a la espera de su respuesta, en la confianza de poder entablar un diálogo constructivo con el común propósito de mejorar el respeto por los derechos humanos.

Muy atentamente,

Hervé Berger

Secretario General Adjunto