Amnistía Internacional

Comunicado de prensa

Índice AI:: AMR 38/001/2006 (Público)

Servicio de Noticias 048/06

23 de febrero de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR380012006

Jamaica: Condenado por primera vez en seis años un agente de policía por un asesinato cometido estando de servicio

Amnistía Internacional ha acogido hoy, 23 de febrero de 2006, con satisfacción la sentencia condenatoria dictada contra un agente de la policía jamaicana por el asesinato de un joven de 25 años en noviembre de 2000, pues es la primera que se dicta contra un agente de policía por un asesinato cometido estando de servicio desde octubre de 1999. No obstante, la organización ha expresado su temor de que no haya aún voluntad suficiente en los sistemas de seguridad y justicia de Jamaica para abordar de manera efectiva la impunidad de los homicidios a manos de agentes de policía.

"Aunque constituye un avance en la lucha contra la impunidad de los homicidios policiales, este caso es sólo la punta del iceberg y no basta para devolver a la ciudadanía de Jamaica la confianza en el sistema judicial del país", ha manifestado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

El agente de policía Glenroy McDermoth fue condenado ayer a cadena perpetua por el homicidio de Michael Dorsett, a quien había disparado en la espalda el 9 de noviembre de 2000 estando de patrulla con otros agentes. Aseguraba que la víctima y otro hombre habían disparado contra la patrulla y que él había abierto fuego contra ellos para proteger a sus colegas y a sí mismo. Sin embargo, las pruebas científicas presentadas por el fiscal mostraron que no había restos de pólvora en las manos del fallecido.

Desde octubre de 1999 ha habido más de 800 homicidios a manos de la policía en Jamaica, muchos de ellos manifiestamente ilegítimos. Con excepción del de Michael Dorsett, en ninguno de estos casos se ha dictado sentencia condenatoria ni se ha realizado siquiera una investigación independiente e imparcial. Amnistía Internacional ha reconocido y acogido con satisfacción la mayor voluntad de que han dado muestra últimamente las autoridades jamaicanas para presentar cargos contra los agentes de policía sospechosos de asesinato. Sin embargo, la ausencia de sentencias condenatorias en los casos de homicidio ilegítimo es un serio obstáculo para conseguir verdadera justicia.

"La continua falta de sentencias condenatorias no sólo transmite el mensaje de que la policía puede actuar con impunidad, sino que también dificulta los esfuerzos de las familias de las víctimas por superar su pérdida", ha añadido Susan Lee.

Amnistía Internacional lleva años haciendo campaña junto con las organizaciones jamaicanas de derechos humanos para conseguir que se ponga fin a la impunidad de la policía y a la abrumadora falta de rendición de cuentas de que adolecen los sistemas jamaicanos de seguridad y justicia, pidiendo para ello a las autoridades jamaicanas que muestren la voluntad política necesaria para garantizar que todos los homicidios policiales son objeto de una investigación exhaustiva, independiente y acorde con las normas internacionales.

Información complementaria

Jamaica es uno de los países con mayor número de homicidios policiales per cápita del mundo. Según informes, en 2005 se dieron 168 casos de disparos mortales de la policía, la cifra más alta en 14 años. La última vez que Amnistía Internacional tuvo noticia de la condena de un agente de policía fue en octubre de 1999, cuando tres agentes fueron declarados culpables del asesinato de David Black, muerto a causa de una paliza en la comisaría de policía de Trelawny en septiembre de 1995. Seis agentes fueron absueltos en diciembre de 2005 del asesinato de dos mujeres y dos hombres en Crawle en mayo de 2003, pese a existir sólidas pruebas de que habían intentado modificar la escena del crimen para que pareciera que las víctimas habían disparado contra la policía.

En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado numerosas deficiencias del sistema de investigación de los homicidios policiales, como falta de investigadores, ausencia de medidas oficiales de protección de la escena del crimen, autopsias inadecuadas y falta de decisión para tomar declaración a tiempo a los agentes implicados.

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