AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: AMR 38/005/2008

19 de noviembre de 2008

Jamaica: Recurrir de nuevo a la horca no resolverá la crisis de la seguridad pública

Ahora que los parlamentarios jamaicanos están a punto de decidir mediante votación si se conserva la pena de muerte, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Jamaica que la rechacen y, en su lugar, den prioridad a las reformas de la policía y del sistema de justicia para hacer frente a la epidemia de delincuencia violenta que afecta al país.

La votación ha surgido con motivo del debate en torno al nuevo proyecto de Ley sobre la Carta de Derechos y Libertades con la que se intenta sustituir el capítulo III de la Constitución jamaicana, dedicado a la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas. El propósito de la votación es decidir si se mantienen o se eliminan de la Carta las disposiciones en cuya virtud se crean, merced a la pena capital, excepciones al derecho a la vida y a la protección frente a la tortura y las penas u otros tratos inhumanos o degradantes. Además, la votación se va a producir en un momento en el que Jamaica, que cuenta con uno de los índices de asesinatos per cápita más elevados del mundo, sufre una escalada de la delincuencia violenta.

Según tiene entendido Amnistía Internacional, los elevados niveles de criminalidad crean una víctima tras otra, por lo que la organización expresa su beneplácito por el compromiso del gobierno jamaicano de hacer frente a la delincuencia violenta. No obstante, Amnistía Internacional cree firmemente que la pena de muerte, además de ser cruel, inhumana y degradante, no es un método eficaz para prevenir el crimen.

Dada la improbabilidad de que deban responder de sus actos ante un tribunal, resulta muy poco verosímil que los delincuentes, antes de cometer un crimen, tengan en cuenta el riesgo de ser ahorcados y se abstengan por ello de cometerlo. Por el contrario, la conservación de la pena de muerte difunde en toda la sociedad el mensaje de que está permitido matar. Además, la pena de muerte conlleva el riesgo de cometer un error irreparable. Un país tras otro, incluido Jamaica, ha aplicado la pena de muerte a personas inocentes del crimen por el que fueron condenadas. Por otro lado, hay numerosos estudios que demuestran que se suele aplicar de forma discriminatoria, basándose en la raza y la clase social. En un país como Jamaica, donde el sistema de justicia penal adolece de profundos defectos y reina la corrupción en diferentes instituciones, ¿cómo pueden confiar los ciudadanos en que el Estado no va a matar a personas inocentes?

Amnistía Internacional cree que la verdadera solución a la atroz situación de la delincuencia no está en la pena de muerte. Por el contrario, se pueden encontrar respuestas si se da prioridad a las reformas de la policía y del sistema de justicia que ya están en marcha. Estas incluyen la aplicación de las recomendaciones de la revisión estratégica de la policía de Jamaica y la Revisión de la Reforma del Sector de la Justicia, así como acelerar la aprobación de leyes destinadas a crear una comisión independiente que investigue los abusos policiales y una Oficina del Pesquisidor para examinar los homicidios presuntamente cometidos por la policía.

El mundo se aparta de la pena de muerte. Desde 2003, Estados Unidos es el único país del continente americano donde se llevan a cabo ejecuciones, cuyo número ha decrecido de forma espectacular en los últimos años. Ya son 137 los países que han abolido la pena de muerte, en la ley o en la práctica, y en 2007 sólo hubo ejecuciones en 24. Existen enormes zonas del mundo libres de ejecuciones.

Cuando se aproxima el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional pide a Jamaica que se una a la tendencia internacional que considera que las ejecuciones carecen de utilidad alguna y tienen, en cambio, un efecto embrutecedor en todas las sociedades que recurren a ellas. Las personas responsables de tomar decisiones en Jamaica deben despolitizar con carácter urgente la cuestión de la pena capital y adoptar medidas concretas para reducir el alarmante número de delitos violentos. La pena de muerte es síntoma de una cultura de violencia, no una solución a ella.

Información complementaria

Jamaica llevó a cabo su última ejecución el 18 de febrero de 1988. A finales de ese año había más de 190 condenados a muerte en el país. En la actualidad sólo hay nueve condenados a la pena capital en espera de ejecución. Esta reducción es atribuible sobre todo a tres hechos. En 1992, el Parlamento jamaicano enmendó la Ley sobre Delitos contra la Persona para clasificar algunos tipos de asesinato dentro de los que no son punibles con la pena capital. La enmienda se aplicó de forma retroactiva y desembocó en la conmutación de la pena de muerte por la de cadena perpetua para varias personas que habían sido condenadas a muerte por prescripción legal. Además, en 1993, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona (JCPC, por sus siglas en inglés; actualmente el tribunal supremo de Jamaica, con sede en Inglaterra) decidió, en el caso de Pratt y Morgan contra el fiscal general de Jamaica, que ejecutar a un condenado a muerte que había permanecido durante un tiempo prolongado en espera de la ejecución infringía la sección 17 de la Constitución de Jamaica, que prohíbe las "penas u otros tratos inhumanos o degradantes". En aplicación de la orientación que se estableció en este caso, en Jamaica las condenas a muerte impuestas a personas que han permanecido cinco años en espera de ser ejecutadas se conmutan por la de cadena perpetua. Por último, como consecuencia de la resolución de 2004 del JCPC en el caso Lambert Watson contra el fiscal general de Jamaica, dejó de permitirse la imposición de penas de muerte preceptivas. Tras esta decisión se celebraron nuevas vistas para la imposición de condena y se conmutó la pena a numerosos presos condenados a muerte.

Jamaica, al igual que el resto de los países anglófonos del Caribe, votó en contra de una suspensión mundial de la pena de muerte en el 62º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU celebrado en diciembre de 2007.

FIN/

Documento público

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