Índice AI: AMR 38/017/2001/s Servicio de Noticias 120/01

12 de julio del 2001 Documento público

Jamaica: La cultura basada en la violencia tiene que acabar

En vista de los recientes estallidos de violencia en Jamaica, Amnistía Internacional ha hecho hoy un llamamiento a todos los jamaicanos para que expresen su oposición a la tragedia incesante que supone la violencia entre comunidades y los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad.

«Para que Jamaica pueda pasar la hoja y avanzar hacia una sociedad más pacífica, todos, desde los políticos más influyentes hasta el último, deben hacer su contribución para acabar con la violencia» ha añadido la organización.

En los últimos días se calcula que han perdido la vida 21 personas a manos de las fuerzas de seguridad, cuatro de cuyos miembros también han resultado muertos. Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes según los cuales policías y miembros del ejército dispararon indiscriminadamente contra civiles desarmados en las zonas afectadas por la violencia.

«Estos homicidios se deben investigar adecuadamente y los dirigentes políticos y sus seguidores deben colaborar plenamente en dichas investigaciones» ha afirmado Amnistía Internacional.

«Los dirigentes del Partido Laborista Jamaicanoy del Partido Nacional Populardeben dejar claro a sus seguidores y a todos los ciudadanos que la violencia contra adversarios políticos o contra las fuerzas de seguridad es inadmisible.»

«La cultura que prevalece actualmente en Jamaica, basada en atribuir culpas, no pondrá fin a la violencia y los abusos contra los derechos humanos que estamos presenciando actualmente y que suceden en una atmósfera fuertemente politizada. Creemos que es necesario el diálogo entre los partidos políticos para que se restablezca la calma y los derechos humanos estén protegidos» afirma Amnistía Internacional.

La organización apoya plenamente los esfuerzos de la Organización del Sector Privado de Jamaica y de otros para lograr que los dos partidos políticos principales celebren conversaciones destinadas a acabar con la violencia.

Amnistía Internacional es consciente de las dificultades y peligros que afrontan los responsables de la vigilancia policial en las zonas controladas por individuos armados. Sin embargo considera que, aun en estas situaciones que entrañan peligro para la vida, la actuación de la policía y del ejército debe ajustarse a los códigos que regulan la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, según los cuales éstos sólo deben emplear el mínimo grado de fuerza necesario para protegerse ellos mismos y a quienes los rodean. Más aún, el despliegue de tropas del ejército para el mantenimiento del orden público debe hacerse en consonancia con la protección de los derechos humanos.

«Los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad no hacen sino empeorar la situación y minar la confianza en su capacidad para mantener la paz y el orden y para proteger a la población» afirma Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos teme que la violencia generalizada observada recientemente en Kingston se convierta en algo habitual con anterioridad a las elecciones, previstas para antes del fin del 2002.

«Si semejante ola de violencia, muerte y destrucción impregna las próximas elecciones, dará igual qué partido gane, toda Jamaica habrá perdido.»

Información general

Jamaica posee un historial de violencia política que se remonta a la década de los setenta, con la formación de bandas armadas con filiaciones políticas. Este año se vienen recibiendo informes sobre violencia con trasfondo político desde que el homicidio de William «Willie Haggart» Moore, de Arnett Gardens (zona del Partido Nacional Popular), muerto a tiros desde un vehículo en movimiento en abril del 2001, desató la violencia en esa zona y otras circundantes; según cálculos, 41 personas han muerto como consecuencia en los dos últimos meses.

El sábado 7 de julio del 2001, miembros de la Unidad de Gestión de la Delincuencia llevaron a cabo una redada en Tivoli Gardens (plaza fuerte del Partido Laborista), en el oeste de Kingston, en una operación calificada de registro en busca de depósitos ilegales de armas. En mayo de 1997, Tivoli Gardens fue escenario de disturbios parecidos. En aquella ocasión parece ser que los agentes de la policía y el ejército dispararon miles de balas indiscriminadamente a lo largo de dos días, tras la muerte a tiros de un residente de la zona a manos de las fuerzas de seguridad. Los disturbios tuvieron lugar ocho meses antes de las elecciones generales, en un momento de tensión política.

La Unidad de Gestión de la Delincuencia fue creada por el primer ministro en septiembre del 2000. Según informes verosímiles recibidos por Amnistía Internacional, esta unidad ha sido responsable de presuntas ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura desde su creación.

El 9 de julio del 2001, el primer ministro, P. J. Patterson, confirió poderes policiales al ejército. La Sección 9 de la Ley de Defensa estipula que la Fuerza de Defensa de Jamaica puede ser desplegada en Jamaica «a los efectos de mantener y garantizar la seguridad y el orden públicos». Mientras estuvo vigente la Ley de Supresión de Delitos, legislación de excepción que confería a policías y soldados amplios poderes para detener y recluir, hubo numerosos informes de detención y reclusión arbitrarias, tortura y malos tratos. Esto fue reconocido por el actual ministro de Justicia y Seguridad Nacionalal ser revocada dicha ley.

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