Documento - MÉXICO.El Proyecto La Parota amenaza derechos humanos y modos de subsistencia

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MÉXICO

El Proyecto La Parota amenaza derechos humanos y modos de subsistencia

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Las acciones del gobierno de México para construir una presa hidroeléctrica en el estado de Guerrero se han caracterizado por la falta de una consulta adecuada a las comunidades afectadas y por un clima de creciente tensión, violencia e intimidación.

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Si se sigue adelante con la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, varios miles de personas, principalmente campesinos y miembros de comunidades indígenas en situación de pobreza, podrían quedar desplazadas de sus tierras.

La Parota está en Guerrero, una de las regiones más marginadas y menos desarrolladas de México, con una numerosa población indígena. La Comisión Federal de Electricidad (CFE, empresa estatal responsable del proyecto) dice que sólo 2.981 personas quedarían desplazadas por la presa. Sin embargo, las ONG calculan que 25.000 habitantes de tres municipios de Guerrero tendrían que abandonar sus tierras y que otros 75.000 sufrirían repercusiones indirectas a causa del proyecto.

Quienes proponen el plan afirman que la presa proporcionaría suficiente electricidad para satisfacer las necesidades de la región oriental de México en las horas de máxima demanda, por lo cual se reduciría considerablemente el gasto público de energía. Pero ¿a qué precio?

Es mucho lo que está en juego y las emociones están muy exaltadas, por lo que impera una atmósfera de gran tensión en la zona. Se ha amenazado e intimidado a dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos, y tres personas han sido víctimas de homicidio durante disputas aparentemente relacionadas con el proyecto de La Parota. Los activistas locales también ven con preocupación que el proceso de consulta a las comunidades afectadas se ha visto plagado de irregularidades y que en su curso no se ha proporcionado información precisa, accesible e imparcial ni se ha ofrecido la oportunidad de una participación genuina.

La legislación nacional no garantiza una protección adecuada contra los desalojos forzosos. La Ley Agraria de México, que regula la celebración de asambleas comunales, no proporciona directrices claras para una consulta efectiva a las comunidades afectadas. Sólo las personas que están registradas en los "padrones" –listas oficiales en las que constan las personas que tienen la titularidad de los derechos sobre tierras– pueden votar en las asambleas comunales, circunstancia que a menudo excluye a las mujeres y a una elevada proporción de las familias que han vivido y trabajado en estas tierras durante generaciones.

La CFE y las autoridades mexicanas afirman que las comunidades locales han sido consultadas exhaustivamente sobre los planes de construcción de la presa. Sin embargo, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) y organizaciones locales han descrito el proceso de consulta como un proceso caracterizado por la manipulación, la ruptura del tejido social, ofrecimientos engañosos, falta de información y consulta, violaciones de la Ley Agraria y el Estado de derecho, uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de los opositores y amenazas de muerte.

El CECOP y la ONG Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" han impugnado con éxito la base jurídica de la aprobación del proyecto, y actualmente las obras están en suspenso. Pero las autoridades parecen empeñadas en superar los obstáculos legales y seguir adelante con la construcción.

El gobierno mexicano y la CFE deben asegurarse de que se respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos durante la preparación y ejecución del proyecto de La Parota. Amnistía Internacional insta a ambos a tomar medidas inmediatas para garantizar:

* que se proporcione a las comunidades afectadas información precisa y accesible sobre el impacto de la presa de una forma que sea apropiada desde el punto de vista cultural y de una manera que la población pueda comprender;
* que a todas las personas cuyos derechos humanos vayan a verse afectados por la construcción de la presa se les ofrezca la oportunidad de participar genuinamente en las decisiones relativas a la planificación y ejecución del proyecto;
* que cualquier desplazamiento derivado de la construcción de la presa no constituya desalojo forzoso; y
* que se ponga fin de inmediato a la intimidación de dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos.

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¡ACTÚA!

Para más información sobre la situación de los derechos humanos en La Parota y el posible impacto de la presa, consulta el informe titulado Derechos humanos en peligro: Proyecto Presa La Parota (Índice AI: AMR 41/029/2007).

Mientras tanto, escribe una carta directamente a las autoridades mexicanas o a la embajada de México en tu país expresando tu preocupación y señalando la necesidad de un cambio de enfoque.

Puedes subrayar que en La Parota corren peligro los derechos humanos, mencionando la falta de información completa y accesible, las irregularidades que han plagado el proceso de consulta, la falta de una participación genuina, el riesgo de que se lleven a cabo desalojos forzosos y la intimidación de que se ha hecho objeto a dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos.

Insta a las autoridades a:

1. Que acaten las órdenes del Tribunal Unitario Agrario de suspender las obras de la presa La Parota y su infraestructura de apoyo hasta que se aborden los motivos de preocupación que suscita este proyecto en la esfera de los derechos humanos.

2. Que tomen medidas concretas para garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, pronta e imparcial sobre los homicidios, las amenazas de muerte y los actos de intimidación relacionados, según informes, con el proyecto de La Parota.

3. Que se aseguren de que los defensores de derechos humanos y activistas comunitarios puedan desarrollar sus legítimas actividades sin sufrir temor ni intimidación.

4. Que garanticen que a todas las personas cuyos derechos humanos vayan a verse afectados por el proyecto de La Parota se les ofrezca la oportunidad de tener una participación genuina en la toma de decisiones que afecten al ejercicio de sus derechos humanos. Esto deberá incluir las siguientes medidas:

- que se difunda información precisa y accesible sobre el impacto de la construcción de la presa;
- que la oportunidad de participar en tales decisiones abarque a todas aquellas personas que posean u ocupen viviendas o tierras en las zonas afectadas, incluidas las mujeres, y no sólo a quienes estén registrados en los padrones;
- que el proceso de participación sea apropiado desde el punto de vista cultural y se ajuste a todas las normas y principios del derecho internacional aplicables al caso.

5. Que garanticen que en el curso del proceso de desarrollo y ejecución del proyecto se respeten y protejan los derechos de los pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a todas las demás normas y principios de derechos humanos pertinentes.

6. Que apliquen las recomendaciones formuladas en relación con La Parota por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y por los relatores especiales de la ONU sobre los pueblos indígenas y sobre la vivienda adecuada.

Envía una carta, fax o mensaje electrónico a:

Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Residencia Oficial de "Los Pinos", Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, México, D. F., C. P. 11850, MÉXICO; Fax: +52 55 5277 2376; correo-E: felipe.calderon@presidencia.gob.mx.
Tratamiento: Señor Presidente

Lic. Zeferino Torreblanca Galindo, Gobernador del Estado de Guerrero, Palacio de Gobierno, Edificio Centro, piso 2, Ciudad de los Servicios, C. P. 39075, Chilpancingo, Guerrero, MÉXICO; Fax: +52 747 471 9801; correo-E: gobernador@guerrero.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador

Lic. Alfredo Elías Ayub, Director de la Comisión Federal de Electricidad, Museo Tecnológico, 2a. Secc. del Bosque de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C. P. 11870, México, D. F., MÉXICO; Fax: +52 55 5533 5321; correo-E: alfredo.elias@cfe.gob.mx.
Tratamiento: Señor Director

Envía copia a: Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" A. C., Calle Mina, no. 77, Col. Centro, Tlapa de Comonfort, C. P. 41304, Guerrero, MÉXICO.
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Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.