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1 de septiembre del 2000 Documento público

México: No hay lugar seguro para los torturadores

La detención en México de un ex oficial del ejército argentino y presunto torturador podría ser un importante paso para hacer frente al legado de violaciones de derechos humanos cometidos bajo el régimen militar en Argentina, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

El 24 de agosto del 2000, un hombre que se hace llamar Ricardo Miguel Cavallo, presunto responsable de torturas en Argentina durante el régimen militar (1976-1983), fue detenido en Cancún cuando estaba a punto de viajar a Buenos Aires. El detenido sigue bajo custodia en México en espera de que se determine judicialmente sin demora si debe ser sometido a un procedimiento de extradición o deben instruirse actuaciones penales contra él.

«La actuación de las autoridades mexicanas es acorde con las obligaciones de México en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes», ha afirmado Amnistía Internacional, expresando su satisfacción por la decisión.

«Si esta persona fuera responsable de actos de tortura, el siguiente paso debería ser ponerla a disposición judicial», añadió la organización.

Por su magnitud y gravedad, las violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina bajo el régimen militar son crímenes contra la humanidad. Cualquier persona que cometa este tipo de crímenes está sujeta a una responsabilidad y una sanción penal internacional, como reconocen numerosos instrumentos internacionales, como el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, los Estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y para Ruanda y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El cumplimiento de órdenes no exime a los perpetradores de su responsabilidad penal.

Además, éstos son delitos sobre los que cualquier Estado puede —y, en opinión de Amnistía Internacional, debe— ejercer la jurisdicción universal independientemente de dónde se hayan cometido, de la nacionalidad de sus autores o sus víctimas, del rango de la persona responsable o de la fecha en que se cometieron.

«Después de todos estos años, ya es hora de que las víctimas de tortura en Argentina vean que sus peticiones no han caído en el olvido y que aún puede hacerse justicia», ha manifestado Amnistía Internacional.

Información general

Los tribunales federales mexicanos tienen jurisdicción universal en los casos en que así lo dispone cualquier tratado internacional, como son los casos de tortura. El artículo 7 de la Convención contra la Tortura exige a México que, cuando en su territorio nacional se descubra a un presunto autor de torturas, éste sea extraditado o su caso sea presentado ante las autoridades para emprender acciones judiciales.

Un juez de la Audiencia Nacional española ha emitido una orden internacional de detención contra Cavallo en el marco de las investigaciones que la Audiencia inició en 1996 sobre crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno militar argentino. Un juez francés ha presentado a México una petición oficial para interrogar a Cavallo en relación con violaciones de derechos humanos cometidas contra 15 ciudadanos franceses, incluida la «desaparición» en 1977 de dos monjas de esta nacionalidad.

Según se afirma, Cavallo participó en las violaciones de derechos humanos cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires. La ESMA era uno de los centros secretos de detención que figura en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada en 1983 al retornar Argentina al régimen civil. Los testimonios que se han ido conociendo a lo largo de los años, incluido el de un ex oficial de la armada, confirmaron la información documentada según la cual las personas que allí estaban bajo custodia eran torturadas sistemáticamente y morían a consecuencia de las torturas o eran sedadas y arrojadas desnudas al Atlántico desde un avión de la armada.

Las mujeres embarazadas secuestradas no se libraban de las torturas. A la mayoría les permitían dar a luz antes de hacerlas «desaparecer» o matarlas. Sus hijos eran entregados a otras personas, en muchos casos a parejas sin hijos vinculadas a las fuerzas armadas o la policía. Las organizaciones argentinas de derechos humanos han calculado que por la ESMA pasaron entre 4.000 y 5.000 detenidos «desaparecidos».

La mayoría de los autores de estos delitos seguían impunes en virtud de la Ley de Punto Final de 1986, la Ley de Obediencia Debida de 1987 y los indultos presidenciales de 1989 y 1990.

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