Documento - Nicaragua: El caso de Jean Paul Genie



Amnistía Internacional



NICARAGUA


El caso de Jean Paul Genie



NOVIEMBRE DE 1994 EXTERNO ÍNDICE AI: AMR 43/04/94/s

DISTR: SC/CO/GR



Durante los últimos cuatro años, Amnistía Internacional ha seguido con atención el caso del homicidio de Jean Paul Genie Lacayo, ocurrido en 1990. En el curso de la investigación del caso, Amnistía Internacional encontró irregularidades importantes en el proceso judicial que desde hace dos años se desarrolla ante tribunales militares. Las causas de preocupación relativas a este caso se resumen a continuación.


Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años, fue abatido a tiros en su automóvil el 28 de octubre de 1990, cuando intentaba adelantar en la autopista Managua-Mansaya lo que, al parecer, era una escolta militar. Existían pruebas que indicaban que la escolta militar era la del general Humberto Ortega, Comandante en Jefe Ejército Popular Sandinista (EPS), el ejército oficial de Nicaragua. Sin embargo, la investigación policial no identificó a ningún sospechoso y estuvo salpicada de numerosas irregularidades, como, según informes, la no investigación de posibles pruebas y la muerte en circunstancias sospechosas de un subcomandante de policía que participó en las primeras investigaciones.


Debido a las dificultades a las que se enfrentó la investigación policial, la comisión especial designada por la Asamblea Nacional de Nicaragua solicitó a la policía judicial venezolana que le asistiera en sus pesquisas. En agosto de 1991 los miembros de la policía judicial venezolana identificaron a los escoltas del general Humberto Ortega como los principales sospechosos del asesinato premeditado de Jean Paul Genie Lacayo. A mediados de 1992 el juez del Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua dictaminó que existían pruebas suficientes para procesar a ocho miembros de la escolta militar y que el general Humberto Ortega y dos capitanes del ejército también deberían ser juzgados como encubridores del asesinato. Sin embargo, el juez recomendó que el proceso se desarrollara ante la jurisdicción militar, la Auditoría Militar.


En una carta de octubre de 1992 dirigida a Alfredo Mendieta Artola, entonces ministro de Interior del gobierno nicaragüense, Amnistía Internacional mostró su temor de que la jurisdicción militar no ofreciera las garantías mínimas para un juicio imparcial. En el curso de las investigaciones oficiales sobre la muerte de Jean Paul Genie Lacayo se habían producido numerosas muestras de obstrucción y falta de colaboración por parte de miembros del ejército y de la Policía Nacional, como la incomparecencia de testigos y sospechosos militares citados por el tribunal y las presuntas amenazas y coacciones a testigos y familiares de la víctima. Una de las muestras de obstrucción más alarmantes fueron las circunstancias del homicidio del subcomandante de policía Mauricio Aguilar Somarriba en el mes de noviembre de 1990, que parecen indicar que su muerte fue provocada para evitar que esclareciera la identidad de los autores de la muerte de Jean Paul Genie Lacayo.


Raymond Genie Penalba, padre de Jean Paul Genie Lacayo, presentó un recurso ante un Tribunal de apelaciones contra la decisión de trasladar el caso a la jurisdicción militar, pero este tribunal confirmó la decisión del juez. Después de que, en diciembre de 1993, la Corte Suprema rechazara otro recurso contra la intervención de la jurisdicción militar, el proceso continuó ante Tribunal Militar de Primera Instancia de la Auditoría Militar en febrero de 1994.


En una carta del 6 de mayo de 1994 dirigida a la presidenta Chamorro, Amnistía Internacional expresó su preocupación por que el caso se juzgara ante la jurisdicción militar y por las aparentes irregularidades que se habían advertido desde la reanudación del proceso. Una de las causas de preocupación era que la Ley de Organización de la Auditoría Militar y Procedimiento Penal Militar Provisional no ofrecía garantías de que las siguientes etapas del juicio se fueran a desarrollar respetando los principios internacionales para asegurar un juicio justo e imparcial.


El artículo 242 de esta ley faculta a la Auditoría Militar para remitir el caso a la Comandancia General del EPS en caso de recurso contra una decisión del Fiscal Militar de remitir el caso a la Comandancia General determina si el recurso es o no admisible y lo puede rechazar sin explicar los motivos. Incluso si se acepta el recurso, la Comandancia General del Ejército puede nombrar a cuatro militares como miembros adicionales del tribunal. Amnistía Internacional alegó que estos procedimientos supondrían una violación manifiesta del derecho a un juicio justo si se aplicasen a un caso en el que el Comandante en Jefe del EPS y sus subordinados directos están acusados de un homicidio y de su encubrimiento.


El 27 de junio de 1994, el Tribunal Militar de Primera Instancia de la Auditoría Militar desestimó los cargos contra los nueve acusados por no existir suficientes pruebas admisibles contra ellos. El juez dictaminó que el caso debería permanecer abierto hasta que se determinaran las responsabilidades derivadas del delito. El padre de la víctima recurrió contra esta decisión. Sin embargo, la Comandancia General del Ejército Popular Sandinista, en su calidad de Tribunal Militar de Apelaciones, confirmó la decisión del juez. En agosto se recurrió contra esta última decisión ante el Military Court of Appeal, por medio de un recurso de casación, que se trasladó a la Corte Suprema para su estudio. Hasta el momento, según las noticias que tiene Amnistía Internacional, este recurso sigue sin ser resuelto. Sin embargo, la facultad de nombrar miembros adicionales de la Corte Suprema de que dispone el High Command del Ejército para conocer los recursos de casación supone en este caso una grave quiebra de la imparcialidad de la Corte.


Amnistía Internacional cree que la intervención de la jurisdicción militar ha sido un obstáculo fundamental para el esclarecimiento de la muerte de Jean Paul Genie y para el procesamiento de los responsables. El poder excesivo concedido a la jerarquía militar en este caso y la no rectificación de las irregularidades que se han producido desde el comienzo del proceso indican la falta de voluntad para hacer que los miembros de las fuerzas oficiales sospechosos de haber cometido violaciones de derechos humanos respondan de sus actos.


En repetidas ocasiones durante los últimos años, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que pongan fin a la impunidad que ha rodeado a los casos de presuntos abusos contra los derechos humanos, tanto los cometidos por las fuerzas del gobierno como por los grupos armados rebeldes de Nicaragua. En este contexto ha pedido en numerosas ocasiones que tribunales civiles investiguen imparcial y exhaustivamente el caso Genie. Sin embargo, todas los recursos presentados contra la intervención de la jurisdicción militar han sido rechazados. Mientras el caso siga bajo la jurisdicción militar, Amnistía Internacional cree que se han cerrado todas las posibilidades de una investigación que cumpla los principios de justicia establecidos internacionalmente.






PALABRAS CLAVE: IMPUNIDAD1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / MENORES / HOSTIGAMIENTO / INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL / MILITARES /




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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

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