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ÍNDICE AI: AMR 45/01/97/s

18 DE JULIO DE 1997

Paraguay: Nuevo asesinato de un dirigente campesino para acallar el clamor por la tierra

El reciente asesinato del dirigente campesino Felipe Pablo Benítez constituye un nuevo acto deplorable de la campaña de intimidación para obstaculizar la protesta legítima del trabajador agrario por el derecho a la tierra, señaló hoy Amnistía Internacional.

"Las amenazas de muerte, intimidación y asesinatos de campesinos que luchan por el derecho a la tierra se registran actualmente en todo el país. Para que la población agraria pueda disfrutar de su legítimo derecho al reclamo pacífico de tierras, el gobierno de Paraguay debe tomar acción inmediata para investigar este reciente asesinato y hacer que los responsables comparezcan ante la justicia", indicó la organización.

Felipe Pablo Benítez era vice-presidente de la Comisión Vecinal de Puente Kué. Durante los dos últimos meses, algunos integrantes de la Comisión han tomado albergue en el atrio de la Catedral Metropolitana de Asunción, como parte de su campaña para obtener la expropiación de tierras pertenecientes a la firma ganadera Caapucumí.

El 11 de julio, individuos no identificados dispararon contra Felipe Pablo Benítez en la comunidad 3 de Mayo, municipalidad de Yuty, departamento de Caazapá. Según información recibida por Amnistía Internacional, Felipe Pablo Benítez, que falleció al día siguiente, había recibido amenazas de muerte en los meses anteriores al asesinato.

"Es esencial que el gobierno de Paraguay garantice la seguridad de otros integrantes de la Comisión de Puente Kué para que éstos puedan proseguir con sus actividades de campaña legítimas. Sólo entonces se podrá poner fin a la intimidación que enfrentan los activistas del derecho a la tierra".

Información de contexto

Las violaciones a los derechos humanos vinculadas a disputas agrarias en Paraguay han aumentado recientemente, a medida que los campesinos sin tierra han ido ocupando amplias extensiones poco explotadas o sin desarrollar, pertenecientes a grandes terratenientes. Los responsables de esos abusos han sido civiles armados contratados por los propios terratenientes. Tales abusos parecen gozar del beneplácito de las fuerzas de seguridad.

Los últimos años han sido testigo de un aumento en las expulsiones violentas de campesinos sin tierra, malos tratos y torturas durante detenciones realizadas en el contexto de disputas agrarias. El 7 de mayo de 1997, miembros de la Policía Departamental de San Pedro golpearon brutalmente a unos 60 campesinos asentados en Costa Nueva, Comunidad de 25 de Diciembre, durante una operación de desalojo.

En los últimos 12 meses, se han registrado por lo menos cuatro asesinatos de dirigentes campesinos por órdenes de terratenientes que actúan bajo la aprobación de las fuerzas de seguridad local. Amnistía Internacional considera como motivo de preocupación el que las autoridades no hayan cumplido con su obligación de investigar adecuadamente los hechos y hacer que los responsables comparezcan ante la justicia.