Servicio de Noticias: 019/99

ÍNDICE AI: AMR 49/01/99/s

27 DE ENERO DE 1999

DECLARACIÓN PÚBLICA

TRINIDAD Y TOBAGO

FALLO SOBRE PENA DE MUERTE -- UN PASO POSITIVO

La decisión tomada hoy por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina reafirma la obligación del gobierno de Trinidad y Tobago de respetar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

El Consejo Privado ─la más alta instancia de apelación de Trinidad y Tobago, con sede en Londres─ emitió su fallo sobre las peticiones constitucionales presentadas por Darrin Roger Thomas y Haniff Hillaire, ambos condenados a muerte en Trinidad y Tobago, afirmando: «aplicar las penas de muerte impuestas a estos hombres antes de que se resuelvan sus respectivas peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos vulneraría sus derechos constitucionales». En consecuencia, el tribunal suspendió sus ejecuciones.

Expresando su satisfacción ante este fallo, Amnistía Internacional pide al gobierno de Trinidad y Tobago que respete los derechos protegidos internacionalmente de todas las personas que se encuentran dentro de sus fronteras y los mecanismos creados para garantizar la aplicación de estos derechos.

Darrin Roger Thomas y Haniff Hillaire habían presentado sendas peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmando que sus derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos habían sido violados.

No obstante, el gobierno fijó las fechas de sus ejecuciones el año pasado, a pesar de que la Comisión no había terminado de estudiar sus casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en agosto que ejecutarlos «crearía una situación irremediable, incompatible con el objeto y la finalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Amnistía Internacional cree que los fallos del Consejo Privado y la Corte Interamericana indican sin lugar a dudas al gobierno de Trinidad y Tobago que nadie debe ser ejecutado mientras tenga pendiente una petición ante un organismo internacional de derechos humanos.

Información general

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son organismos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su principal función es promover el respeto por los derechos humanos en sus Estados Miembros.

Para llevar a cabo esta función, la Comisión estudia regularmente peticiones de personas que afirman que un gobierno (de un país miembro de la OEA) ha violado los derechos recogidos en la Convención Americana o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Si no hay acuerdo entre las partes, la Comisión emite sus conclusiones y, cuando lo considera adecuado, formula recomendaciones al gobierno en cuestión para que tome medidas que reparen las violaciones.