Servicio de Noticias 071/00

ÍNDICE AI: AMR 49/03/00/s

14 de abril del 2000

Trinidad y Tobago: Este país intenta ocultar su historial de derechos humanos al escrutinio internacional.

En menos de tres meses, los ciudadanos de Trinidad y Tobago se verán privados de un importante mecanismo de protección de los derechos humanos sin que se haya llevado a cabo apenas ningún debate, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El 27 de marzo del 2000, el gobierno de Trinidad y Tobago presentó su retirada del primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta medida entrará en vigor el 27 de junio del 2000.

Amnistía Internacional ha declarado: «A consecuencia de esa retirada, los expertos internacionales en derechos humanos ya no podrán examinar las denuncias de los ciudadanos que puedan haber sufrido violaciones de sus derechos más fundamentales».

«Se trata de una medida retrógrada que afecta a todo el pueblo de Trinidad y Tobago y a las personas del mundo entero que se dedican a la protección internacional de los derechos humanos.»

Trinidad y Tobago se convirtió recientemente en una de las primeras naciones que ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, garantizando así que su territorio no constituía un refugio seguro para los culpables de crímenes contra la humanidad. Amnistía Internacional, aunque se siente satisfecha por el compromiso de Trinidad y Tobago de reforzar la capacidad de hacer rendir cuentas a los culpables de crímenes terribles, también se siente consternada porque el gobierno de ese país está debilitando la protección de los derechos humanos de sus propios ciudadanos.

El gobierno ha adoptado esta medida retrógrada por lo que parece ser una creencia errónea de que el Protocolo Facultativo le impide aplicar la pena capital. Sin embargo, tal como ha demostrado la reciente ejecución de diez hombres en Trinidad y Tobago, el primer Protocolo Facultativo no impide a las naciones aplicar la pena de muerte. Lo que pretende este Protocolo es proteger los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los condenados a muerte.

Amnistía Internacional ha declarado: «El eliminar los derechos de todos los individuos con la creencia errónea de que esos mecanismos impedían que se llevaran a cabo ahorcamientos supone un paso atrás en la protección de los derechos humanos».

La organización ha añadido: «Los Estados no pueden decidir cuáles de sus ciudadanos deben estar protegidos por según qué disposiciones de derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Pertenecen a todos los individuos, tanto los peores como los mejores, y por eso es por lo que nos protegen a todos».

«El intento de Trinidad y Tobago de excluir a quienes más necesitan que se protejan sus derechos, ya que el Estado pretende terminar con su vida, es inaceptable según las normas de una sociedad civilizada.»

Información general

En mayo de 1998, Trinidad y Tobago se retiró del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y luego volvió a adherirse a él formulando una reserva que negaba a los condenados a muerte el recurso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (el Comité), el órgano de expertos que supervisa la manera en la que los Estados Partes cumplen el Pacto.

En noviembre de 1999, al considerar si el caso de Rawle Kennedy era admisible, el Comité concluyó que la reserva formulada por Trinidad y Tobago no era válida, y declaró que «el Comité no puede aceptar una reserva en virtud de la cual se conceda a un determinado grupo de ciudadanos menos protección procesal que al resto de la población. A juicio del Comité, ello constituye una discriminación que infringe algunos de los principios básicos incorporados en el Pacto y sus protocolos».

En el comunicado enviado al secretario general de las Naciones Unidas anunciando su decisión de retirarse del Protocolo Facultativo, Trinidad y Tobago citó esa resolución del Comité y declaró: «el gobierno de la República de Trinidad y Tobago no puede aceptar este intento de imponerle unas obligaciones en virtud del Protocolo Facultativo a las que el gobierno no ha dado su acuerdo».

El 26 de mayo de 1999, Trinidad y Tobago se retiró también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo que impedía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerar si Trinidad y Tobago había violado disposiciones de la Convención Americana e impedía que se remitieran casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta medida debilitó aún más la protección de los derechos humanos.

Actualmente, en Trinidad y Tobago hay unas 81 personas, entre hombres y mujeres, condenadas a muerte (la muerte es la pena preceptiva para el delito de asesinato). En 1999 se llevaron a cabo diez ejecuciones, entre las que se encontraba el ahorcamiento en junio de nueve miembros de la banda «Chadee».

Amnistía Internacional ha documentado numerosas violaciones de derechos humanos en Trinidad y Tobago, tales como incidentes de brutalidad policial y uso de fuerza letal por parte de la policía en circunstancias injustificables, condiciones de reclusión que constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, o juicios por delitos comunes (incluidos juicios en los que los acusados fueron condenados a muerte) que no cumplen las normas internacionales de justicia procesal.

******************************************************************************

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en los números + 44 171 413 5562 o +44 7778 472 116.