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ÍNDICE AI: AMR 49/05/98/s

21 DE AGOSTO DE 1998

Trinidad y Tobago desobedece abiertamente una orden judicial internacional

El gobierno de Trinidad y Tobago ha desobedecido ayer abiertamente una orden judicial internacional, al fijar fecha para el inminente ahorcamiento de Denny Baptiste. Esta acción muestra el desprecio de las autoridades hacia los mecanismos internacionales creados en los últimos cincuenta años para proteger los derechos humanos, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El 22 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Trinidad y Tobago que conservara la vida y la integridad física de Denny Baptiste, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno ha fijado la fecha de su ejecución, y las autoridades han trasladado a Denny Baptiste a una celda para condenados a muerte situada junto a la horca, en la prisión estatal de la calle Frederick, Puerto España, Trinidad y Tobago.

«El gobierno de Trinidad y Tobago ha afirmado reiteradamente que la implantación de la pena de muerte no es una cuestión de derechos humanos —ha afirmado la organización—. Esto es ostensiblemente incierto.»

«Es sin lugar a dudas una cuestión de derechos humanos cuando el gobierno desobedece la orden de un tribunal internacional de derechos humanos y conculca sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.»

La ejecución de Denny Baptiste ha quedado fijada para justo unos días antes de que la Corte Interamericana celebre la vista sobre un recurso contra la imposición de plazos por el gobierno, en un intento unilateral de limitar el tiempo que tarda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estudiar las demandas presentadas por condenados a muerte.

La ejecución se ha fijado asimismo antes de que los organismos interamericanos de derechos humanos hayan resuelto la alegación de Denny Baptiste de que se han violado sus derechos humanos protegidos internacionalmente.

Al igual que muchos condenados a muerte en Trinidad y Tobago, Denny Baptiste ha afirmado que en el curso de las actuaciones seguidas contra él, se ha conculcado su derecho a recibir un juicio con las debidas garantías, tal y como establecen los tratados internacionales de los que es parte Trinidad y Tobago. Tanto él como otros presos condenados a la pena capital han ejercido, por tanto, su derecho a solicitar a organismos internacionales de derechos humanos una reparación por las violaciones de sus derechos humanos, en aplicación de estos tratados internacionales.

«El gobierno de Trinidad y Tobago sigue siendo parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos hasta que su retirada entre en vigor el próximo año. Como tal, el gobierno sigue teniendo la obligación, en aplicación del derecho internacional, de garantizar plenamente los derechos protegidos por dicho tratado para todos sus ciudadanos, incluidos los de Denny Baptiste y otros condenados condenados a muerte», ha declarado Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que obedezca las órdenes de la Corte Interamericana, aplace la ejecución de Denny Baptiste, conmute su condena y respete sus derechos humanos protegidos internacionalmente. El gobierno debe asimismo derogar los plazos que ha impuesto unilateralmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional ha pedido también a los Estados miembros y órganos de la Organización de los Estados Americanos que tomen las medidas necesarias para proteger la integridad del sistema interamericano para la protección y promoción de los derechos humanos, instándoles a que se unan en pedir a Trinidad y Tobago que acate las órdenes de la Corte Interamericana, respete los derechos consagrados en la Convención Americana y anule su decisión de retirarse de este tratado fundamental de derechos humanos.

«Expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas de los crímenes violentos y sus familias, y reconocemos el deber del gobierno de hacer respetar el orden público y que los autores de crímenes violentos respondan de ellos ante la justicia en juicios que cumplan las normas internacionales de impacialidad», ha declarado Amnistía Internacional.

«Sin embargo, la imposición de la pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y la máxima pena cruel, inhumana y degradante. No se ha demostrado que tenga un efectos disuasorio ante los crimenes violentos; es una pena irreversible, que sólo sirve para embrutecer más a la sociedad.»

Información general

Denny Baptiste es una de las más de cien personas condenadas a muerte y pendientes de ejecución actualmente en Trinidad y Tobago. Fue declarado culpable, en mayo de 1995, junto con Indravani Pamela Ramjattan y Haniff Hilaire, de participar en el asesinato del esposo de la señora Ramjattan, Alexander Jordan, que sometía a malos tratos a su esposa. Su recurso ante la Corte de Apelación y su petición ante el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina (actualmente el tribunal supremo para Trinidad y Tobago, con sede en Londres) fueron desestimados el 10 de marzo de 1997 y el 7 de noviembre de 1997, respectivamente.

Los condenados a muerte en Trinidad y Tobago han presentado demandas a organismos de derechos humanos alegando diversas violaciones de sus derechos humanos protegidos internacionalmente. Estas demandas incluyen denuncias de malos tratos a manos de la policía durante la detención, declaraciones de culpabilidad obtenidas bajo coacción y malos tratos, falta de acceso a un abogado durante las fases de investigación, ausencia de tiempo y medios suficientes para preparar la defensa, una demora irrazonable antes del juicio, condiciones de prisión preventiva que sólo cabe calificar de crueles, inhumanas o degradantes, y condiciones de reclusión de los condenados a muerte que no reúnen las normas mínimas internacionales del decoro. El derecho internacional es taxativo: ejecutar a una persona que ha sufrido violaciones de su derecho a recibir un juicio con las debidas garantías o de otros derechos humanos podría conculcar el más fundamental de los derechos: el derecho a la vida.