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21 de agosto del 2000 Documento público

Trinidad y Tobago: las cuestiones de derechos humanos se deben discutir públicamente

En respuesta a los recientes comentarios del fiscal general de Trinidad y Tobago sobre la labor de Amnistía Internacional, la organización de derechos humanos ha reiterado hoy su invitación a discutir públicamente las cuestiones de derechos humanos que se plantean en Trinidad y Tobago.

El pasado viernes 18 de agosto, el fiscal general, Ramesh Maharaj, acusó a la organización de participar en un «acto político dirigido a desestabilizar» diversos países del Caribe y de hacer denuncias «infundadas y malintencionadas».

«En septiembre visitaré Puerto España con objeto de fomentar el respeto de los derechos humanos en Trinidad y Tobago —ha manifestado el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané—. Será una oportunidad perfecta para hablar abierta y constructivamente de muchas de las importantes cuestiones de derechos humanos planteadas recientemente por el fiscal general en los medios de comunicación».

Hasta la fecha, el fiscal general no sólo no ha respondido a Amnistía Internacional, que ha solicitado numerosas veces una entrevista para hablar de derechos humanos, sino que ha declarado públicamente que no tiene «nada» que discutir con la organización.

Amnistía Internacional niega querer «desestabilizar» diversos países del Caribe y «coaccionarlos» para que procedan a abolir la pena de muerte.

«En materia de derechos humanos aplicamos los mismos criterios a todos los gobiernos del mundo y nos oponemos abiertamente a la imposición de la pena de muerte independientemente de toda consideración política», ha manifestado Pierre Sané.

Los comentarios del fiscal general estaban motivados por el apartado sobre Trinidad y Tobago del Informe 2000 de Amnistía Internacional, donde se mencionaba el caso Russell Sankerali, señalando que las autoridades no habían permitido que los tribunales consideraran nuevas pruebas recibidas la víspera de la ejecución que ponían en duda su culpabilidad.

«Creemos que el valor de estas nuevas pruebas deberían haberlo determinado los tribunales de justicia, no unos políticos que podían estar influidos por el apoyo público a la pena de muerte y, por consiguiente, por las ventajas políticas de las ejecuciones», ha añadido Pierre Sané.

Aunque el hecho de que el fiscal general se haya comprometido a dirigirse el próximo otoño al Comité de Derechos Humanos de la ONU es una medida positiva, Amnistía Internacional cree que la restricción de los derechos de los ciudadanos que supone la retirada sin precedentes de Trinidad y Tobago de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político es una cuestión que debe ser abordada sin demora.

«Cuando el fiscal general se presente ante el Comité de Derechos Humanos será uno de los pocos funcionarios públicos que han reducido la adhesión de su país a los mecanismos concebidos para proteger los derechos que las normas internacionales garantizan a los ciudadanos», ha declarado Pierre Sané.

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