Documento - Trinidad and Tobago: Executions threatened by proposed constitutional change
EXTERNOÍndice AI: AMR 49/11/96/s
AU 229/9630 de septiembre de 1996
Pena de muerte
TRINIDAD Y TOBAGOAmenaza de ejecuciones con el proyecto de enmienda constitucional
El gobierno de Trinidad y Tobago pretende aprobar una legislación que modificaría la Constitución del país y permitiría llevar a efecto ejecuciones que actualmente se consideran inconstitucionales. Si la enmienda ─que será presentada al Parlamento en un futuro inmediato─ fuera aprobada, numerosos reos condenados a muerte podrían ser ejecutados de forma inminente. Además, la medida podría tener graves repercusiones en otros países caribeños.
La Constitución de Trinidad y Tobago prohíbe la pena cruel o excepcional. El Proyecto de Enmienda a la Constitución de 1996 pretende modificarla para permitir que una demora de más de cinco años en la ejecución tras la imposición de la pena no constituya trato cruel o excepcional. Además, confiere al Parlamento el poder de variar la modalidad de ejecución y no permite a los presos condenados a muerte recurrir legalmente alegando pena o trato cruel o excepcional.
Si se aprueba (necesita una mayoría de dos tercios), el proyecto revocaría en esencia el fallo dictado en 1993 por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina, con sede en Londres (máxima instancia de apelación para Trinidad y Tobago) sobre el caso de los jamaicanos condenados a muerte Earl Pratt e Ivan Morgan. En él se establecía que la ejecución de presos que llevaban más de cinco años bajo sentencia de muerte constituía pena o trato inhumano o degradante, y se recomendaba para estos casos la conmutación de la pena capital por la de cadena perpetua. En 1995, el Comité Judicial falló sobre una causa de Trinidad que la ejecución de un preso que llevaba en las celdas de los condenados a muerte cuatro años y diez meses también constituiría pena cruel o excepcional, y recomendaba que se le conmutara la pena por la de cadena perpetua. El proyecto de enmienda propone su aplicación con carácter retroactivo a presos que llevan más de cinco años condenados a muerte y aún no han obtenido la conmutación de sus sentencias.
Según informes de prensa, la medida del gobierno ha sido criticada por activistas contra la pena capital en Trinidad y Tobago, quienes han afirmado que el caso Pratt y Morgan estableció importantes directrices para garantizar que las normas de derechos humanos no dependían de decisiones políticas arbitrarias o de otra índole. Según la información recibida, el presidente del Colegio de Abogados de Trinidad y Tobago afirmó que esta medida «nos sitúa en el camino de regreso a la edad del oscurantismo, cuando la tortura y la degradación de los seres humanos eran formas aceptables de castigo judicial».
INFORMACIÓN GENERAL
El precedente sentado por el fallo de 1993 sobre el caso de Pratt y Morgan ha conducido a la conmutación de más de cincuenta sentencias de muerte por sendas penas de cadena perpetua en Trinidad y Tobago, y lo mismo ha ocurrido en otros países caribeños. No obstante, después de pronunciarse dicho fallo, el gobierno de Trinidad y Tobago ha dictado órdenes de ejecución contra presos que llevaban más de cinco años en las celdas de los condenados a muerte. Todos menos uno, Glen Ashby, obtuvieron la conmutación de la pena. El 14 de julio de 1994, a tan sólo seis días de cumplir los cinco años bajo sentencia de muerte, Ashby fue ejecutado a pesar de los recursos pendientes y las garantías ofrecidas por el fiscal general de que «la ejecución no se llevaría a efecto mientras no se hubieran agotado todas las posibilidades de obtener un aplazamiento» (véase AU 266/94, AMR 49/03/94/s, del 15 de julio de 1994). La ejecución de Ashby era la primera que se realizaba en el país en quince años.
Trinidad ha experimentado en los últimos años un auge de la delincuencia, con un alto índice de asesinatos, y la pena capital sigue gozando de popularidad entre la población, allí y en otros países caribeños. Según informes de prensa, los fiscales generales y ministros de Justicia de los 14 países que componen la comunidad caribeña se reunieron recientemente en Barbados para debatir una postura común sobre la pena de muerte en vista de las dificultades para llevar a efecto las ejecuciones, sobre todo debido a las restricciones impuestas por el fallo sobre el caso Pratt y Morgan.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o en su propio idioma:
- expresando gran inquietud ante el Proyecto de Enmienda a la Constitución de 1996, que pretende dejar sin efecto el fallo de 1993 sobre el caso Pratt y Morgan del Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina y permitir la ejecución de presos que actualmente tienen derecho a la conmutación de sus sentencias, así como coartar otros derechos de los reos condenados a muerte;
- señalando que la aplicación del proyecto con carácter retroactivo a presos que anteriormente se habrían beneficiado del fallo sobre el caso Pratt y Morgan contraviene los principios fundamentales de las normas internacionales de derechos humanos;
- instándoles a oponerse al Proyecto;
- expresando satisfacción por la legislación propuesta en el Proyecto de Enmienda sobre Delitos contra la Persona de 1996 (que también se presentará al Parlamento en un futuro inminente), que acabaría con la pena de muerte preceptiva para delitos relacionados con el asesinato introduciendo un cargo de asesinato no punible con la muerte.
Si pueden, citen argumentos contra la pena de muerte:
- la pena de muerte nunca ha demostrado mayor eficacia disuasoria que otras sanciones frente al delito; la ejecución es irrevocable y, pese a las más estrictas salvaguardias judiciales, puede infligirse a personas inocentes;
- cualquier intento de aumentar el número de ejecuciones constituiría un paso atrás y contravendría la tendencia internacional a abolir la pena de muerte;
- reconozcan la gravedad de los delitos por los que se ha condenado a muerte a esas personas en Trinidad y Tobago, y expresen su solidaridad con las víctimas de crímenes violentos y con sus amigos y familiares.
LLAMAMIENTOS A:
Amnistía Internacional ha sido informada de que estos tres senadores independientes son particularmente influyentes. Son miembros destacados de la comunidad nombrados por el primer ministro para el Parlamento.
Senator Martin Daly
115A Abercromby Street
Port-of-Spain, Trinidad y Tobago
Fax: +1 809 627 5006
Tratamiento: Dear Senator / Senador Daly
Senator Professor Kenneth Ramchand
2 Riverdale Terrace
Marracas
St Joseph, Trinidad y Tobago
Fax: +1 809 663 9684
Tratamiento: Dear Senator / Senador Ramchand
Senator Diana Mahabir-Wyatt
3 Rust Street
Sinclair, Trinidad y Tobago
Fax: +1 809 622 7506
Tratamiento: Dear Senator / Senadora Mahabir-Wyatt
Líder de la oposición:
Patrick Manning
Peoples' National Movement
Chepstow House, Port-of-Spain
Trinidad y Tobago
Fax: +1 809 625 3342 (si contesta una voz, pidan que conecten el fax)
Telegramas: Patrick Manning, Chepstow House, Port of Spain, Trinidad
Tratamiento: Dear Sir / Señor Manning
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
The Honourable Ramesh Lawrence Maharaj
General Attorney
Office of the General Attorney
Winsure Building, 24-28 Richmond Street
Port-of-Spain, Trinidad y Tobago
Fax: +1 809 625 0470
Trinidad Guardian
The Letters Editor
PO Box 122
22-24 St Vincent Street
Port-of-Spain
Trinidad y Tobago
Fax: +1 809 625 7211
y a los representantes diplomáticos de Trinidad y Tobago acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de noviembre de 1996.