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12 de septiembre del 2000 Documento Público

Discurso de Pierre Sané, Secretario General de Amnistía Internacional

a la Asociación de Prensa de Trinidad y Tobago,

Puerto España, Trinidad y Tobago,

11 de septiembre del 2000

La «liberación del temor» en Trinidad y Tobago: Derecho del ciudadano,

fracaso del gobierno

Amnistía Internacional se encuentra hoy aquí como portadora de la solidaridad internacional con las numerosas víctimas de violaciones de los derechos humanos de Trinidad y Tobago y con la comunidad de defensores de estos derechos. Proteger los derechos humanos de cada persona es deber de todos. Los gobiernos, las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos humanos, la comunidad empresarial y cualquier ser humano a título personal, debe, debemos todos, desempeñar un papel en la promoción y protección de los derechos humanos. En las autoridades de Trinidad y Tobago recae no sólo la responsabilidad de proteger los derechos humanos de la población de este país, sino la obligación de rendir cuentas ante la comunidad internacional, pues la protección de los derechos humanos incumbe a toda la humanidad y está sometida a las normas fijadas por tratados internacionales.

Trinidad y Tobago posee un rico historial en la defensa de los derechos humanos de su pueblo: la resistencia a la esclavitud en las plantaciones; las huelgas de Waterport de 1919; las marchas del hambre y las luchas de los trabajadores del cacao, de la caña, del petróleo. Los sindicatos, los partidos políticos y las organizaciones populares nacieron de esa lucha. Amnistía Internacional desea honrar la memoria de Tubal Uriah “Buzz” Butler, de Elma Francois, de Adrian Cola Rienzi.

Sin embargo, nos encontramos hoy aquí porque en los últimos dos o tres años ha empezado a alarmarnos el fracaso gubernamental para administrar debidamente la justicia penal. Ya sea en la supervisión de la policía o en la administración de las prisiones o en la imposición de penas a los delincuentes, el gobierno ha dejado, una y otra vez, de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos. Y el resultado ha sido un alza verginosa de la delincuencia, una atmósfera de temor para el ciudadano y el reinado de la impunidad.

Permítanme que ilustre lo que nos preocupa.

El gobierno, se ha abstenido reiteradamente de investigar con prontitud y de procesar a los agentes de policía responsables de los numerosos casos de brutalidad policial que se han documentado, brutalidad que ha llegado incluso a producir homicidios y muertes bajo custodia. Que Amnistía Internacional sepa, no se ha hecho pública ninguna información integral de estos incidentes. El gobierno ha hecho caso omiso, una y otra vez, de las recomendaciones de sucesivos comités que han investigado a los servicios de policía. Y, según tenemos entendido, ninguna de las 300 recomendaciones hechas por el Comité O'Dowd en 1991 se pusieron en práctica. La Oficina de Denuncias contra la Policía no ha recibido nunca los recursos adecuados para el desempeño de su función.

El gobierno ha socavado las garantías procesales al no instituir un sistema efectivo de protección de testigos; al permitir que se admitan con pruebas de cargo las confesiones hechas bajo coacción; y, en muchos casos, al no asegurarse de que los detenidos conocen su derecho a ser asistidos por un abogado.

Las condiciones de reclusión penitenciaria continúan violando las normas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. En la Prisión de Frederick Street, con una capacidad para 175 presos, se encuentran recluidos 1.300. Las celdas carecen de ventilación; el saneamiento es inadecuado; la comida, infame; el acceso a tratamiento médico, restringido; las enfermedades infecciosas, rampantes. Estas condiciones equivalen a trato cruel, inhumano y degradante. También nos consta que se ha maltratado a menores recluidos en detención preventiva y que en algunos casos se los ha recluido con los adultos, violando las obligaciones de Trinidad y Tobago en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por lo que respecta a la aplicación de la pena de muerte, al esforzarse por acelerar las ejecuciones, las autoridades han hecho caso omiso de las instrucciones del Consejo Privado del Reino, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El año pasado, Trinidad y Tobago figuraba en la lista de los 31 países que ejecutaron a presos y hoy le cabe a este país el dudoso honor de haber batido en 1999 el récord mundial de ejecuciones per cápita, y el de poseer hoy el récord mundial de condenados a muerte per cápita.

Tal es la obsesión por ahorcar a los presos, que el gobierno ha tomado la decisión, sin precedentes, de retirarse del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con efecto desde el 27 de junio del 2000, y de retirarse por completo de la Convención Americana de Derechos Humanos, privando así a todo el pueblo de Trinidad y Tobago de una parte fundamental del sistema que protege sus derechos.

Ante las críticas que ha producido esta actuación, el gobierno ha recurrido a la retórica de la diversión: blandiendo el viejo y desgastado argumento de la soberanía; acusando a Amnistía Internacional de tratar de desestabilizar políticamente el Caribe; atacando a los medios de comunicación nacionales y regionales; negándose a participar en un diálogo franco y directo con nuestra organización; y engañando deliberadamente al público al afirmar que la pena de muerte no es una cuestión de derechos humanos. En lugar de tratar seriamente de resolver las legítimas preocupaciones de la población en cuestión de seguridad, el gobierno ha recurrido a la horca en lo que no es sino un torpe intento de persuadir al público de que está tratando de abordar el problema de la delincuencia violenta. Mientras tanto, los criminales siguen matando a los ciudadanos.

En los próximos meses, los ciudadanos de Trinidad y Tobago ejercitarán su derecho democrático a elegir a los líderes del país de los próximos años. Amnistía Internacional pide que todos los partidos políticos describan con claridad la política que piensan seguir para proteger y promover los derechos humanos de toda la población de Trinidad y Tobago.

¿Cómo garantizarán que la administración de la justicia condena al culpable y absuelve al inocente? ¿Cederán ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que les ha pedido que declaren la suspensión de las ejecuciones? ¿Propondrán por fin medidas efectivas para combatir la delincuencia violenta en lugar de avivar el uso de la pena de muerte entre la opinión pública?

¿Pondrán fin a la cruel, inhumana y degradante práctica de azotar, un castigo prácticamente inexistente fuera del Caribe? ¿Harán que la policía rinda cuentas de sus actos? ¿Reformarán las prisiones?

¿Restaurarán el derecho —perdido por todos sus ciudadanos— de apelar individualmente al Comité de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se violan los derechos que les reconocen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Entablarán un diálogo franco y abierto con las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos?

Todas éstas son preguntas legítimas que el pueblo de Trinidad y Tobago tiene derecho a hacer a sus futuros dirigentes. Desde aquí exhorto a todos los involucrados en el proceso político a que fomenten y participen en una discusión franca, directa y sincera sobre los derechos humanos.

Y, para acabar, sólo me resta decir que los miembros de Amnistía Internacional se han comprometido a luchar para hacer realidad el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos estén liberados del temor. Es mi deseo y mi esperanza que el pueblo de Trinidad y Tobago se una a nuestra campaña de defensa de los derechos humanos.

Gracias por su atención.

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