Documento - USA: Man denied federal review set for execution: Paul Howell

URGENT ACTION

AU: 47/13 Índice: AMR 51/007/2013 EE. UU. Fecha: 21 de febrero de 2013

ACCIÓN URGENTE SE FIJA LA EJECUCIÓN DE UN HOMBRE A QUIEN SE LE HA DENEGADO LA REVISIÓN FEDERAL Está previsto que Paul Howell, de 47 años, sea ejecutado en Florida a las 6 de la tarde del 26 de febrero por el asesinato de un policía, cometido en 1992. Puesto que su abogado defensor dejó pasar el plazo para presentar la apelación, no ha habido una revisión judicial federal que examine los argumentos de su caso. En febrero de 1992, el agente Jimmy Fulford, de la policía estatal de Florida, murió en la explosión de un automóvil. Se iniciaron procedimientos judiciales contra Paul Howell en los tribunales tanto estatales como federales: en los primeros por el asesinato de Jimmy Fulford, y en los segundos por cargos en virtud de una ley federal sobre conspiración relacionada con el narcotráfico. Se le asignó al mismo abogado para ambas causas. El abogado se retiró de la causa federal, alegando que su esposa había recibido una llamada telefónica amenazadora en la que le habían dicho: “Si Paul Howell cae, [el abogado] también cae”. Los comentarios perjudiciales realizados por el abogado sobre su cliente en la causa federal –entre ellos el de que creía que Paul Howell sería condenado y que su cliente estaba relacionado de algún modo con la amenaza– fueron citados más tarde en una moción presentada por la fiscalía en la causa estatal para que se retirara del caso al abogado, al igual que en la causa federal. La moción de la acusación subrayaba que “la lealtad es la esencia de la relación entre el abogado y su cliente”, y si este abogado seguía representando a Paul Howell durante el juicio estatal, “sin duda” sería motivo de apelación. En la vista sobre la moción, la fiscalía presentó a un agente de la Agencia de Control de Drogas federal que declaró que su investigación había concluido que la presunta llamada amenazadora no se había realizado. El juez, sin embargo, denegó la moción de la fiscalía para que se descalificara al abogado, por lo que fue ese letrado el que, sin la colaboración de ningún otro, representó a Paul Howell en el juicio. El jurado declaró al acusado culpable y votó, por 10 votos contra 2, a favor de la pena de muerte. El juez dictó la condena de muerte el 10 de enero de 1995. El abogado designado posteriormente para representar a Paul Howell en su recurso de hábeas corpus dejó pasar el plazo de un año establecido para presentar un hábeas corpus federal. El 1 de diciembre de 2004, el tribunal federal de primera instancia resolvió que no existían "circunstancias extraordinarias" que disculparan esta tardanza en presentar el recurso, y desestimó la petición sin examinarla. La petición argumentaba que, a causa del conflicto de intereses de su abogado, Paul Howell no había contado con una asistencia letrada efectiva. En 2005, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, corte federal, confirmó la decisión del tribunal federal de primera instancia y, en 2006, la Corte Suprema rechazó ocuparse del caso. Los abogados que representan a Paul Howell en la actualidad han pedido una suspensión de la ejecución para poder presentar los argumentos sobre la asistencia letrada que tuvo Howell anteriormente. Entre otras cosas, alegan que el conflicto de intereses de su abogado creó tal desconfianza entre él y la familia Howell que apenas pudieron reunirse testimonios atenuantes para la fase de determinación de la pena, y no se citó a declarar a ningún miembro de la familia. Los abogados quieren exponer información sobre Paul Howell que no se presentó en su totalidad al jurado, como por ejemplo pruebas de disfunción cerebral, de problemas de salud mental y de amplios abusos sufridos durante la infancia. Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma: - reconociendo la gravedad del delito por el que Paul Howell fue condenado a muerte; - señalando que el abogado que lo representó durante el juicio tenía un conflicto de intereses que llevó a la fiscalía a pedir

su descalificación, y que ningún tribunal federal ha examinado el caso debido a que el abogado encargado de la apelación dejó pasar el plazo establecido para ello;

- pidiendo que se detenga su ejecución y se conceda el indulto.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 26 DE FEBRERO DE 2013, A: Gobernador Governor Rick Scott, Office of the Governor, The Capitol, 400 S. Monroe St. Tallahassee, FL 32399-0001, EE. UU. Fax: +1 850 487 0801 Correo-e.: Rick.scott@eog.myflorida.com Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

Envíen también copia a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación: Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE SE FIJA LA EJECUCIÓN DE UN HOMBRE A QUIEN SE LE HA DENEGADO LA REVISIÓN FEDERAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA De ser ejecutado, Paul Howell sería el primer condenado a muerte de Florida (excluyendo a los condenados que renuncian “voluntariamente” a sus apelaciones) que es ejecutado sin que se haya llevado a cabo una revisión judicial federal sobre los argumentos de su caso. Según la versión del caso presentada por la acusación durante el juicio, Paul Howell construyó una bomba con la intención de matar a Tammie Bailey en la casa de ésta en Marianna, oeste de Florida, para eliminarla como testigo que podía vincular a Paul Howell y a su hermano con un asesinato anterior. Según la acusación, Bailey y los dos hermanos formaban parte de una red de narcotráfico. La bomba se colocó en el interior de un microondas que luego se envolvió como regalo. Paul Howell pagó a otro hombre para que entregara el paquete, pero este hombre se vio obligado a detenerse cuando el agente de la policía estatal Jimmy Fulford le dio el alto por exceso de velocidad. Cuando otro policía se hubo llevado al hombre, Jimmy Fulford abrió el paquete: la bomba hizo explosión y lo mató. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. En la actualidad hay 140 países abolicionistas en la ley o en la práctica. Estados Unidos parece estar dando la espalda gradualmente a la pena de muerte y, desde 2007, cuatro estados –Nueva Jersey, Nuevo México, Illinois y Connecticut– han legislado contra la pena capital. Existe la posibilidad de que Maryland se convierta en el 18º estado abolicionista de Estados Unidos. El 15 de enero, el gobernador Martin O’Malley anunció que iba a presentar ante la cámara de representantes del estado un proyecto de ley para abolir la pena de muerte en Maryland. La pena de muerte, afirmó, “no funciona para prevenir la delincuencia violenta ni para evitar que se arrebaten vidas humanas”. Señalando la imagen mundial, señaló que los países que han abolido la pena capital son “una comunidad en mucha mayor expansión que los que aún utilizamos la pena de muerte”. Añadió: “Entonces, ¿quién queremos ser? ¿En qué compañía deseamos caminar?… la elección es realmente nuestra. Sabemos lo que funciona. Sabemos lo que no funciona. Y sabemos que el camino hacia adelante se encuentra siempre mediante un mayor respeto por la dignidad humana de todas las personas”. “Desde una perspectiva internacional de derechos humanos”, declaró en 2009 el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, al firmar el proyecto de ley de abolición de la pena capital en su estado, “no hay motivo para que Estados Unidos esté por detrás del resto del mundo sobre esta cuestión”. Aunque el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), reconoce que algunos países retienen la pena de muerte, no debe invocarse este reconocimiento de la realidad actual “para demorar o impedir la abolición de la pena capital”, como reza el artículo 6.6 del PIDCP. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano de expertos creado en virtud del PIDCP para supervisar la aplicación del tratado, ha afirmado que el artículo 6 “se refiere también en forma general a la abolición en términos que denotan claramente [...] que ésta es de desear. El Comité llega por lo tanto a la conclusión de que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida”. Estados Unidos ratificó el PIDCP hace más de dos décadas, pero desde entonces se han llevado a cabo 1.100 ejecuciones. La salvaguardia 5 de las Salvaguardias de las Naciones Unidas para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte establece: “Sólo podrá ejecutarse la pena capital de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a la asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso”. Las ejecuciones se reanudaron en 1977, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara en 1976 los estatutos revisados de pena capital. Desde entonces se han llevado a cabo 1.321 ejecuciones en Estados Unidos, 74 de ellas en Florida. Hasta el momento, en 2013 se ha llevado a cabo una ejecución (en Virginia). Nombre: Paul Howell Sexo: Hombre AU: 47/13 Índice AI: AMR 51/007/2013 Fecha de emisión: 21 de febrero de 2013

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