PÚBLICO Índice AI: AMR 51/073/2007

13 de abril de 2007

AU 86/07 Pena de muerte / preocupación jurídica

EE. UU. (Texas) Ryan Heath Dickson, blanco, de 30 años de edad

Está previsto que Ryan Dickson sea ejecutado en Texas el 26 de abril. Texas ha sido responsable de todas menos una de las 13 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos en lo que va de año, y del 36 por ciento de todas las ejecuciones llevadas a cabo desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977.

Si la ejecución sigue adelante, Ryan Dickson, que en el momento del delito hacía dos semanas que había cumplido 18 años, se convertirá en el preso número 153 ejecutado en Texas desde que el gobernador Rick Perry ocupó su cargo en 2001. Esto sería una ejecución más del total de las llevadas a cabo durante los cinco años de mandato de su predecesor, George W. Bush.

Según las pruebas presentadas en el juicio, cuatro jóvenes –Ryan Dickson, su hermano menor Dane Dickson, Freddie Medina y Jeremy Brown– decidieron robar cerveza en una tienda de alimentación de Amarillo propiedad de Marie Surace, de 60 años, y su esposo Carmelo Surace, de 61. Marie Surace murió por arma de fuego durante el robo, el 27 de noviembre de 1994. Carmelo Surace también recibió disparos, y murió más tarde a consecuencia de sus heridas.

Ryan Dickson fue acusado por separado de los dos asesinatos. Fue juzgado y condenado a muerte en 1997 por el asesinato de Carmelo Surace. Tras el juicio, la fiscal de distrito del condado de Potter indicó que la decisión de juzgar o no a Ryan Dickson por el asesinato de Marie Surace dependería de cómo progresara la primera condena de muerte en los tribunales de apelación. En 2002, cuando la condena de muerte se topó con problemas en la apelación (véase infra), Ryan Dickson fue juzgado por el asesinato de Marie Surace y condenado de nuevo a muerte. Es la condena de muerte de 1997 la que está previsto que se ejecute el 26 de abril. La segunda se encuentra todavía en fase de apelación.

Para obtener una condena por asesinato punible con la pena capital según la ley de Texas, la acusación tiene que demostrar que Ryan Dickson mató intencionadamente a Carmelo Surace durante un robo. Aunque Dickson reconoció ser responsable del homicidio, negó que éste hubiera sido intencionado, alegando que Carmelo Surace recibió el disparo durante un forcejeo. El testimonio de Freddie Medina y Jeremy Brown fue una pieza importante para acusación a la hora de demostrar la intencionalidad. Brown, por ejemplo, declaró que, antes de entrar en la tienda, Dickson había dicho que iba a disparar a los propietarios. El jurado declaró a Ryan Dickson culpable de asesinato punible con la muerte. Tras el juicio, se supo que la acusación no había entregado a la defensa las grabaciones de unas entrevistas que había realizado antes del juicio, a Jeremy Brown entre otros. Al contrario que durante el juicio, en esta entrevista (y, de hecho, durante las primeras 40 o 50 páginas de la transcripción), Brown había declarado que no sabía si Dickson había manifestado intención de disparar a los propietarios de la tienda. Hacia el final de la entrevista, la fiscalía había asegurado a Brown que no debía preocuparse por la posibilidad de ser acusado de asesinato.

Tras una vista, en septiembre de 2000 el tribunal de primera instancia concluyó que la defensa podía haber utilizado el contenido de las cintas especialmente para poner en duda la credibilidad de Jeremy Brown, y podía haber demostrado que éste, sólo tras ser informado de que de que no sería procesado, había declarado durante la entrevista previa al juicio que Ryan Dickson había manifestado la intención de matar. El tribunal de primera instancia concluyó que, con esas pruebas, el jurado podía haber tomado una decisión diferente. Recomendó que Ryan Dickson fuera juzgado de nuevo “por la importancia de preservar y mantener la integridad del proceso judicial de contrarios”. La Corte de Apelación en lo Penal de Texas aceptó la conclusión del tribunal y concluyó además que “puede presumirse” que la ocultación de las grabaciones por parte de la fiscalía había sido “perjudicial”. Pese a ello, confirmó la declaración de culpabilidad y la condena de muerte.

En 2006, la Corte de Apelación del Quinto Circuito, corte federal, expresó su preocupación por el hecho de que la fiscalía no hubiera entregado las cintas, y manifestó que “la preservación de nuestras libertades civiles depende del ejercicio leal y ético del poder por parte de las personas en quienes se deposita la confianza pública. En los casos en los que, como el que nos ocupa, la actuación de los funcionarios es contraria a estos principios, ya sea por razones impropias o por razones no maliciosas, las victorias judiciales pueden resultar pírricas [obtenidas a un precio demasiado alto], y esa conducta no debe obtener la aprobación judicial”. No obstante, tras revisar la decisión del tribunal estatal “bajo la lente de la deferencia” exigido por la ley federal, confirmó la declaración de culpabilidad y la condena de muerte de Ryan Dickson.

Cuando el jurado declaró culpable a Ryan Dickson en el juicio de 1997, los procedimientos pasaron a la fase de determinación de la pena. Al pedir la pena de muerte, la fiscalía se centró en los antecedentes penales del acusado y en su afinidad con una banda callejera local. La defensa presentó testimonios de los abusos físicos y mentales que Dickson había sufrido a manos de su madre desde que tenía unos dos años de edad. Incluso sin acceso a los testimonios grabados que ponían en duda la credibilidad de testimonios presentados contra Dickson (se ha demostrado que las dudas sobre la culpabilidad son un importante factor atenuante en la mente de los jurados de casos punibles con la muerte en Estados Unidos), los seis hombres y seis mujeres del jurado deliberaron durante casi tres días antes de tomar su decisión.

Ryan Dickson acababa de cumplir 18 años en el momento de los asesinatos. Si el delito se hubiera cometido 17 días antes, ahora estaría cumpliendo cadena perpetua. El 24 de junio de 2005, tras la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa Roper v. Simmons, del 1 de marzo de 2005, se conmutaron por cadena perpetua las condenas de muerte de 29 presos en espera de ejecución en Texas que tenían 17 años en el momento de los delitos por los que fueron condenados. La resolución Roper, por la que Amnistía Internacional había hecho campaña durante mucho tiempo, conformó finalmente la actuación estadounidense con la legislación internacional que prohíbe el uso de la pena de muerte para personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito. La prohibición de aplicar la pena de muerte a menores se deriva del reconocimiento de la inmadurez, la impulsividad, la escasez de juicio y el sentido subdesarrollado de la responsabilidad comúnmente asociados a la juventud. Pero, tal como señaló la Corte Suprema en su resolución Roper, “el trazar la línea en los 18 años es, por supuesto, una decisión susceptible de ser objetada de la manera que siempre lo son las decisiones categóricas. Las cualidades que distinguen a los menores de los adultos no desaparecen cuando el individuo cumple los 18”. La investigación científica demuestra que el desarrollo cerebral y la maduración psicológica y emocional continúan hasta al menos el principio de la veintena.

Aunque Texas cumplió la ley al conmutar las 29 condenas de muerte en junio de 2005, también serviría al interés de la justicia conmutar la condena de muerte de Ryan Dickson debido tanto a su edad en el momento del delito como al hecho de que la fiscalía no entregó las grabaciones previas al juicio.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. En la actualidad 128 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. En contraste con ello, en Estados Unidos se han llevado a cabo 1.070 ejecuciones desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977; de ellas, 391 las ha llevado a cabo Texas.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen cuanto antes, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras (incluyan el número de recluso de Ryan Dickson: 999250):

- manifestando su apoyo a la familia de Carmelo y Marie Surace, y explicando que no pretenden disculpar la manera en que murieron ni menospreciar el sufrimiento que su muerte ha causado;

- oponiéndose a la ejecución de Ryan Dickson, y a la pena de muerte en general;

- expresando preocupación porque, en el juicio de 1997, la acusación no entregó las cintas de las entrevistas previas al juicio, unas cintas que la defensa podría haber utilizado para poner en duda la credibilidad de al menos un testigo fundamental;

- señalando que, tras una vista, el tribunal de primera instancia de Texas recomendó un nuevo juicio en interés de la justicia;

- señalando que Ryan Dickson acababa de cumplir 18 años en el momento del delito, y salía de una infancia caracterizada, según los informes, por los abusos parentales;

- expresando honda preocupación por la constante aplicación de la pena muerte en Texas;

- pidiendo a las autoridades que detengan esta ejecución y conmuten la condena de muerte de Ryan Dickson.

LLAMAMIENTOS A:

Presidenta de la Junta de Indultos y Libertad Condicional

Rissie Owens, Presiding Officer, Board of Pardons and Paroles, Executive Clemency Section

8610 Shoal Creek Boulevard, Austin, TX 78757, EE. UU.

Fax: +1 512 463 8120

Tratamiento: Dear Ms Owens / Sra. Owens

Gobernador

Governor Rick Perry, Office of the Governor, P.O. Box 12428, Austin, Texas 78711-2428, EE. UU.
Fax: +1 512 463 1849

Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

COPIA A: la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.