PÚBLICOÍndice AI: AMR 51/79/99/s

EXTRA 59/9914 de mayo de 1999

Pena de muerte y preocupación jurídica

EE. UU. (Indiana)Gregory DICKENS Jr, de raza negra, de 17 años

En el juicio, próximo a celebrarse, contra Gregory Dickens Jr, acusado de matar a un agente de policía, la fiscalía va a pedir la pena de muerte. Las leyes internacionales prohíben que se aplique la pena capital a las personas que fueran menores de 18 años en el momento de cometer su delito. Gregory Dickens tenía 16 años cuando se cometió el crimen del que se le acusa.

El cabo de la policía Paul Deguch, de raza blanca, fue muerto a tiros el 24 de agosto de 1997 ante una casa de la zona nordeste de South Bend, Indiana. Gregory Dickens fue detenido ese mismo día y, desde entonces, permanece recluido. La selección del jurado para su juicio, que se celebrará ante el tribunal superior del condado de St Joseph, en South Bend, dará comienzo el 17 de mayo de 1999 y durará al menos una semana. Eso significa que el juicio propiamente dicho probablemente no comenzará hasta el 24 de mayo, como pronto, y se calcula que durará unas tres semanas. Gregory Dickens cumplirá 18 años el 22 de mayo.

Amnistía Internacional no aprueba el delito del que Gregory Dickens ha sido acusado, ni tampoco pretende dar ninguna opinión sobre su inocencia o culpabilidad. La organización sólo intenta impedir que se violen las leyes internacionales.

INFORMACIÓN GENERAL

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño son dos tratados internacionales que prohíben el uso de la pena de muerte contra personas que fueran menores de 18 años en el momento de cometer su delito. Este principio está tan ampliamente aceptado, y hay tantos Estados que se han adherido a él, que se ha convertido en un principio del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los países independientemente de los instrumentos internacionales que éstos hayan ratificado.

Estados Unidos intenta justificar su utilización de la pena de muerte contra menores remitiéndose a la reserva que formuló en el momento de ratificar el PIDCP, en 1992; en ella, se reservaba el derecho a seguir utilizando esta práctica. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el órgano de expertos nombrado para supervisar el cumplimiento del PIDCP por parte de los países, ha declarado que esa reserva debe ser retirada, ya que contraviene el objeto y el propósito del Pacto. En 1998, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias reiteró esta opinión y manifestó que la reserva formulada por Estados Unidos debía ser considerada nula.

Las normas internacionales que prohíben el uso de la pena de muerte contra menores no pretenden disculpar los crímenes cometidos por éstos, sino reconocer su inmadurez y sus posibilidades de rehabilitarse. El consenso global sobre esta cuestión ha quedado abrumadoramente confirmado con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño: sólo hay dos países (Estados Unidos y Somalia) que no la han ratificado, y ninguno de los 191 países que sí lo han hecho ha formulado reserva alguna al artículo 37.a, que prohíbe la aplicación de la pena de muerte contra las personas que fueran menores de 18 años en el momento de cometer su delito.

Desde 1990 se ha tenido noticia de 19 ejecuciones de menores en seis países. De ellas, 9 se llevaron a cabo en Arabia Saudí, Irán, Nigeria, Pakistán y Yemen (desde entonces, este último ha enmendado sus leyes para excluir a los menores de la pena de muerte), mientras que las otras 10, entre las que se encuentran las únicas cuatro de las que se ha tenido conocimiento en los últimos dieciocho meses, tuvieron lugar en Estados Unidos. El último menor ejecutado en este país fue Sean Sellers, ajusticiado en Oklahoma el 4 de febrero de 1999 por unos delitos que cometió a los 16 años. Ahora, está previsto que Chris Thomas sea ejecutado el 16 de junio de 1999 en Virginia por un delito que cometió cuando tenía 17 años (véase AU 105/99, AMR 51/77/99/s, del 12 de mayo de 1999).

En los pabellones de condenados a muerte de Estados Unidos hay más de setenta individuos que fueron condenados por delitos que cometieron cuando tenían 16 o 17 años. La Corte Suprema de Estados Unidos ha fijado la edad mínima para ser condenado a muerte en 16 años, aunque recientemente algunos legisladores y fiscales han tratado de socavar esta decisión (véase En la página equivocada de la historia: Los menores y la pena de muerte en Estados Unidos, AMR 51/58/98/s, de octubre de 1998).

El gobierno federal de Estados Unidos es el responsable final de garantizar que toda la nación cumple las obligaciones internacionales contraídas por el país.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés o en su propio idioma:

-manifestando simpatía por la familia del cabo de policía Paul Deguch y declarando que no se han formado opinión alguna respecto a la culpabilidad o inocencia de Gregory Dickens Jr y que no aprueban el delito del que ha sido acusado;

-manifestando preocupación, no obstante, porque el condado de St Joseph, en Indiana, va a pedir la pena de muerte contra Gregory Dickens Jr, y declarando que eso constituye una violación de la prohibición universal de utilizar la pena de muerte contra las personas que fueran menores de 18 años en el momento de cometer su delito;

-explicando que esa prohibición está tan ampliamente reconocida, y hay tantos Estados que se han adherido a ella, que se ha convertido en un principio del derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los países independientemente de los instrumentos internacionales que éstos hayan ratificado;

-señalando que ni los estados individuales ni el gobierno federal de Estados Unidos tienen derecho legal a permitir el uso de la pena de muerte contra menores;

+al fiscal adjunto: instándole a no pedir la pena de muerte contra Gregory Dickens Jr.;

+a las autoridades federales que citamos más abajo: instándolas a que intervengan para impedir esta violación inminente de las obligaciones internacionales de Estados Unidos.

LLAMAMIENTOS A:

Fiscal adjunto del condado de St Joseph

The Honorable Scott Duerring

Deputy Prosecutor of St Joseph County

10^th Floor, County-City Building

South Bend

IN 46601, EE. UU.

Fax: +1 219 235 9761

Tratamiento: Dear Deputy Prosecutor / Señor Fiscal Adjunto (Nota: es el encargado de la acusación en este caso)

Secretaria de Estado de Estados Unidos

The Honorable Madeleine Albright

Office of the Secretary of State

2201 C Street N.W.

Washington, DC 20520, EE. UU.

Fax: +1 202 647 1533

Tratamiento: Dear Secretary of State / Señora Secretaria de Estado

Fiscal General de Estados Unidos

The Honorable Janet Reno

Attorney General

Department of Justice

950 Pennsylvania Ave, N.W., Room 440

Washington, DC 20530, EE. UU.

Fax: +1 202 514 4371

Tratamiento: Dear Attorney General / Señora Fiscal General

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:

Fiscal jefe del condado de St Joseph

The Honorable Chris Toth

Prosecutor of St Joseph County

10^th Floor, County-City Building

South Bend

IN 46601, EE. UU.

Fax: +1 219 235 9761 (Nota: Chris Toth fue elegido fiscal jefe en noviembre de 1998, por lo que ha heredado este caso del fiscal jefe anterior)

Fiscal jefe del estado de Indiana

The Honorable Jeffrey A. Modisett

Attorney General of Indiana

Office of the Attorney General

Indiana Government Center South

5^th Floor, 402 West Washington St.

Indianapolis

IN 46204, EE. UU.

Fax: +1 317 232 7979

y a los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.