Público

Amnistía Internacional

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Sumar oprobio al daño

El caso de Joseph Stanley Faulder

Noviembre de 1998 RESUMEN ÍNDICE A: AMR 51/86/98/s

DISTR: SC/DP (45/98)

La ejecución del ciudadano canadiense Joseph Stanley Faulder se ha fijado en Texas para el 10 de diciembre de 1998. De no mediar una intervención de última hora para suspender el proceso, la ejecución de Faulder coincidiría precisamente con el cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El caso de Stanley Faulder ejemplifica muchas de las preocupaciones que Amnistía Internacional siente desde hace años en torno a la administración de la pena de muerte en Texas, entre ellas, procedimientos judiciales claramente deficientes, revisiones de las apelaciones insuficientes, vulneraciones del derecho internacional y la ausencia de un procedimiento de petición de indultos válido.

En este documento se describen graves irregularidades respecto a la declaración de culpabilidad y condena impuesta contra Faulder, como la contratación de acusadores privados por parte de la familia de la víctima, la vulneración del derecho de Faulder, de conformidad con los tratados internacionales, a recibir la ayuda de su consulado y la probable repercusión que ello tuvo sobre el proceso, y el empleo por parte de la acusación de testimonios psiquiátricos fraudulentos para conseguir la imposición de la pena de muerte.

Las cortes de apelación de Estados Unidos se han negado una y otra vez a conceder a Faulder un nuevo juicio o vista de determinación de sentencia. Dos décadas después del juicio, han surgido serias dudas sobre la credibilidad de las pruebas utilizadas para declararlo culpable y condenarle a muerte. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Estados Unidos que reafirmen su compromiso con las normas universales de derechos humanos conmutándole a Stanley Faulder la condena de muerte por motivos humanitarios.

PALABRAS CLAVE: PENA DE MUERTE1 / NUEVOS JUICIOS1 / CIUDADANOS EXTRANJEROS / HÁBEAS CORPUS / PENA DE MUERTE / JUICIOS / SALUD MENTAL / CANADÁ /

Este texto resume el documento titulado: Estados Unidos de América: Sumar oprobio al daño. El caso de Joseph Stanley Faulder(Índice A: AMR 51/86/98/s), publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 1998. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EATON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Sumar oprobio al daño

El caso de Joseph Stanely Faulder

Joseph Stanley Faulder, de 61 años de edad, es un ciudadano canadiense cuya ejecución en el estado de Texas puede ser inminente. Tras 21 años condenado a muerte, Faulder ha agotado todas las vías habituales de apelación y su ejecución, por el procedimiento de inyección letal, se ha fijado para el 10 de diciembre de 1998, Día Internacional de los Derechos Humanos. Así pues, se daría el sarcasmo morboso de que la ejecución de Faulder coincidiría precisamente con el cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El caso de Stanley Faulder ejemplifica muchas de las preocupaciones que Amnistía Internacional siente desde hace años en torno a la administración de la pena de muerte en Texas, entre ellas, procedimientos judiciales claramente deficientes, revisiones de las apelaciones insuficientes, violaciones del derecho internacional y la ausencia de un procedimiento de petición de indultos válido.(1) Amnistía Internacional pide a las autoridades de Estados Unidos que reafirmen su compromiso con las normas universales de derechos humanos conmutándole a Stanley Faulder la sentencia de muerte por motivos humanitarios.

Resumen del caso

El 8 de julio de 1975, Inez Phillips, de 75 años de edad, fue asesinada durante un robo realizado en su casa en Gladewater, Texas. El crimen conmovió e indignó a los vecinos de la localidad: la señora Phillips era la viuda del anterior alcalde de Gladewater y la matriarca de una rica e influyente familia de Texas dedicada al negocio del petróleo.

Según la versión de los hechos de la acusación, Stanley Faulder y Linda McMann, que había ejercido la prostitución, planearon robar una caja fuerte de la residencia de los Phillips. McCann declaró posteriormente que, durante su forcejeo con la víctima, Faulder incapacitó a Inez Phillips con una porra y después la mató a puñaladas con un cuchillo que encontró en la cocina.

El hijo de la víctima, Jack Phillips, ofreció inmediatamente 50.000 dólares de recompensa por información sobre el delito. Linda McCann fue detenida rápidamente y acusó a Faulder de haber planeado el robo con violación del domicilio y de haber cometido el asesinato. Faulder fue detenido en 1977 en Colorado y devuelto a Texas.

Tras ser arrestado, a Faulder no le informaron de que podía solicitar ayuda a su consulado, un derecho legal fundamental garantizado a todos extranjeros detenidos, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consultares.(2) Tras cuatro días de interrogatorio durante los cuales no se atendió su petición de contar con la presencia de un abogado, Stanley Faulder firmó una «confesión».

Ninguna prueba física relacionaba a Faulder con el delito, con lo que la acusación dependía de su «confesión» o del testimonio de su cómplice para demostrar que fue el autor material del asesinato. Sin embargo, tomándose como base su declaración ante la policía, fue declarado culpable y condenado con toda celeridad. Por el contrario, Linda McCann fue acusada únicamente de conspiración para cometer robo con violación de domicilio y no declaró en el juicio de Faulder.

En 1979, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas anuló el fallo condenatorio contra Faulder porque consideró que la policía había obtenido su declaración ilegalmente. Al no disponer de pruebas que corroborasen las acusaciones, el fiscal de distrito local carecía de fundamentos para volver a procesar a Faulder por un cargo de asesinato punible con la muerte. Cuando tuvo conocimiento de que las autoridades estaban considerando ofrecerle cadena perpetua a cambio de su declaración de culpabilidad, Jack Phillips contrató a dos acusadores privados con el fin expreso de lograr que Stanley Faulder volviera a ser condenado a muerte.

Los acusadores privados resolvieron que el testimonio de Linda McCann era fundamental para este objetivo. Con anterioridad a que la fiscalía del distrito mantuviera ningún contacto oficial con Linda McCann, los abogados contratados por Phillips le ofrecieron inmunidad para el cargo de asesinato a cambio de su testimonio incriminatorio, a pesar de que según la legislación del estado de Texas McCann también reunía los requisitos para ser condenada a la pena de muerte. Otro factor que también le indujo a colaborar fueron los aproximadamente quince mil dólares que Jack Phillips le ofreció en concepto de «gastos de traslado».

Dado que McCann había admitido que intervino en el delito, sin corroboración, su testimonio no podía utilizarse para condenar a Faulder. La familia Phillips pagó a su esposo, Ernie McCann, miembro de una banda local de motoristas, 2.000 dólares para que respaldara la versión de los hechos de su esposa. Este testimonio consistió simplemente en que McCann declaró que su esposa le había contado la misma versión de los hechos que relató ante la corte.

En total, Jack Phillips pagó a los acusadores privados uno cien mil dólares por conseguir que Faulder volviera a ser condenado a muerte. Un mes antes del comienzo del juicio, el fiscal designó oficialmente un abogado para el equipo de la acusación con el fin de salvaguardar la apariencia de que existía un control público sobre lo que en realidad era una venganza privada de una persona acaudalada contra un acusado indigente.

En el juicio, Faulder fue representado por un abogado designado por el tribunal que no solicitó la comparecencia de ningún testigo y que tampoco investigó los antecedentes del acusado. La estrategia de la defensa consistió en cuestionar la credibilidad de Linda McCann, que engañó deliberadamente al jurado al negar que le hubieran ofrecido dinero a cambio de su testimonio incriminatorio.

Durante la audiencia de determinación de sentencia, el jurado oyó el testimonio del doctor James Grigson, psiquiatra de Dallas muy conocido por sus testimonios para la acusación en los juicios por delitos punibles con la muerte celebrados en Texas. En respuesta a la pregunta hipotética sobre la naturaleza del crimen, Grigson afirmó que Faulder era un sociópata intratatable del «tipo más grave», que sin lugar a dudas volvería a matar aunque estuviera encarcelado. El testimonio de Grigson fue fundamental, pues según la legislación de Texas, los jurados deben decidir por unanimidad que el acusado constituye un peligro permanente para la sociedad para que puedan imponer la pena de muerte.

Enfrentado a este testimonio abrumador del «perito» médico, el jurado no oyó ninguna refutación de la defensa. El abogado de Faulder no presentó ninguna clase de prueba atenuante, a pesar de que el historial médico, que estaba disponible, así como los testimonios sobre su personalidad, habrían desacreditado totalmente el diagnóstico de Grigson. Stanley Faulder fue condenado de nuevo a la pena de muerte en julio de 1981.

La causa de Faulder fue decayendo y demorándose languideció en las cortes de apelación del estado durante casi una década hasta que una abogada del Centro de Recursos de Texas (Texas Resource Center) recibió el encargo de presentar su primer recurso estatal de hábeas corpus. Al tener noticia de la nacionalidad de su cliente, la letrada se puso en contacto con el Consulado de Canadá en Dallas. Los funcionarios del consulado la informaron de que no tenían constancia de Faulder. Su nombre nunca había aparecido en la lista anual de extranjeros encarcelados que proporcionaban los funcionarios del estado para facilitar las visitas consulares.

Al ponerse en contacto con la familia de Faulder en Canadá, la abogada averiguó que llevaban muchos años sin tener noticia de su paradero y les afligió hondamente la información sobre su condena a muerte. Sus familiares y amigos recordaban a Stan Faulder como una persona amable y no violenta y habrían estado encantadas de declarar en su favor en el juicio. También informaron a la abogada de una grave herida que Faulder sufrió de niño en la cabeza, como consecuencia de la cual durante su juventud sufrió perdidas periódicas de conocimiento y tuvo un comportamiento impulsivo.(3)

Contando con esta nueva información que el abogado del juicio no había conseguido, la abogada de Faulder en el proceso de apelación presentó un recurso de hábeas corpus por las graves irregularidades cometidas durante el proceso judicial. Durante 1992, Faulder sobrevivió a seis fechas de ejecución consecutivas fijadas por las autoridades de Texas mientras las cortes inferiores revisaban su petición.

En la vista oral celebrada en 1992 se presentó una imagen completamente diferente de Stanley Faulder de la que se ofreció al jurado, basada en la información de peritos médicos, familiares y amigos. Dos psicólogos, que lo sometieron a un gran número de pruebas y evaluaciones, establecieron que de niño había sufrido una lesión cerebral que le perjudicaba su capacidad para tomar decisiones correctas respecto a su comportamiento en situaciones de tensión.

Numerosos familiares y amigos declararon que Stanley Faulder era una persona generosa sin antecedentes de comportamiento violento, un amigo leal y un buen padre. La corte aceptó que la labor del abogado defensor de Faulder fue deficiente al no haber presentado estas declaraciones atenuantes, pero declaró que estos testimonios favorables a Faulder no habrían modificado el resultado del juicio.

La vista celebrada en 1993 reveló nuevos indicios de conducta indebida por la acusación. Oculto entre sus expedientes había una nota manuscrita redactada por uno de los acusadores privados en la que se revelaba que, según Linda McCann, su esposo Ernie participó en la planificación del crimen. De ser cierto, Ernie McCann sería cómplice, con lo que su declaración en el juicio además de falsa sería inadmisible. Ambos cónyuges declararon que Ernie no estaba implicado y que no tuvo noticias del crimen hasta después de cometerse.

La defensa nunca llegó a tener noticia de la nota de la acusación. Por consiguiente, el abogado de Faulder en el juicio no pudo cuestionar la veracidad y credibilidad de los dos testigos clave de la acusación. Sin el testimonio de Linda y Ernie McCann, no habría habido base para la acusación. Con ese testimonio, Stanley Faulder fue condenado a muerte, mientras que Linda McCann fue condenada a una pena condicional por su participación en el robo con violación de domicilio y salió de la corte libre.

En 1996, La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito desestimó el recurso de hábeas corpus al rechazar todos los argumentos presentados. La Corte declaró que la contratación de acusadores privados por parte de la familia de la víctima era permisible porque el fiscal del Distrito había mantenido el «control» del proceso. También se disculparon los fallos del abogado designado por el tribunal. Asimismo, la Corte no estaba «convencida» de que el testimonio de más de una decena de testigos de descargo habría logrado que algún miembro del jurado votara en contra de la pena de muerte.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito declaró que la vulneración reconocida de los derechos consulares de Faulder fue un «error sin consecuencias», porque la defensa tuvo acceso a toda la información que podía haberse obtenido del gobierno de Canadá. El simple hecho de que el abogado de Faulder «pudiera haber obtenido» testimonios atenuantes clave (lo que no fue el caso) se consideró suficiente para justificar una grave violación de derechos humanos de conformidad con un tratado internacional vinculante.

Sin embargo, todo indica que una intervención a tiempo de los funcionarios consulares de Canadá podría haber modificado todo el desarrollo del juicio y su desenlace. En varios escritos de amicus curiae(4) presentados en apoyo de las apelaciones de Faulder, Canadá ha manifestado que el Consulado habría prestado su colaboración en las negociaciones previas al juicio en las que se le ofreció cadena perpetua a cambio de su declaración de culpabilidad, habría buscado un abogado defensor competente para Faulder y habría facilitado la presentación de numerosas pruebas atenuantes (incluidos expedientes médicos) a los que sólo Canadá tenía acceso.

Lejos de no haber tenido consecuencias, Canadá ha manifestado a las cortes de Estados Unidos que la vulneración de la Convención de Viena «privó al señor Faulder de un derecho consagrado por la legislación internacional que posiblemente perjudicó su posibilidad de recibir un juicio y una audiencia de determinación de sentencia con las debidas garantías». La postura de Canadá ha sido respaldada recientemente por las conclusiones de un informe de las Naciones Unidas. En un estudio realizado en 1998 sobre los procedimientos utilizados en las causas por delitos punibles con la muerte, el Relator Especial encargado de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se refirió específicamente al caso de Faulder y a la conclusión de la corte sobre que había sido un «error sin consecuencias». En el informe se establece que el «hecho de no informar al acusado de su derecho a ponerse en contacto con su consulado para recibir asistencia puede menoscabar el derecho a una defensa adecuada prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».(5)

Tras la desestimación de su apelación por la Corte Suprema de Estados Unidos, la ejecución de Stanley Faulder se fijó para el 13 de junio de 1997. Sin embargo, con mucha antelación a dicha fecha, su abogada presentó una petición de indulto ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas. La petición contenía más de veinte documentos y declaraciones juradas que apoyaban que se le conmutase la pena de muerte.

Entre las muchas declaraciones de apoyo figuraba la de una mujer que cree que le debe la vida a Faulder. En 1965, esta mujer resultó gravemente herida en un accidente de tráfico. Faulder llegó al lugar del accidente poco después y la rescató del automóvil siniestrado. Con grave riesgo personal, condujo a través de una formidable ventisca hasta el hospital más cercano a tiempo de que pudiera recibir cuidados médicos que le salvaron la vida. No parece el comportamiento propio de un psicópata sin remordimientos.

La solicitud de indulto también examinaba el testimonio del doctor Grigson, y señalaba que eran completamente falsas las afirmaciones del doctor sobre que sus pronósticos en cuanto al comportamiento futuro de los acusados eran totalmente exactos. James Grigson fue expulsado en 1995 de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense y de la de Texas por su comportamiento poco ético, como consecuencia directa de los pronósticos absolutamente carentes de valor científico y erróneos que había realizado en los juicios por delitos punibles con la pena de muerte.

La ejecución de Faulder se aplazó cuatro días antes de la fecha fijada para llevarse a efecto en 1997 con el fin de que pudiera examinarse de nuevo la documentación que indicaba que la acusación había permitido que sus testigos clave mintieran bajo juramento en el juicio. La Junta de Indultos no respondió a la solicitud de perdón ejecutivo presentada por Faulder.

En septiembre de 1998, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas levantó la suspensión de la ejecución, dejando el camino expedito para que se fije la novena, y posiblemente última, fecha de ejecución de Joseph Stanley Faulder. El gobierno de Canadá sigue respaldando sus esfuerzos para lograr un nuevo juicio o la conmutación de la condena.

Conclusión

A pesar de que tuvo una asistencia letrada inadecuada, de las irregularidades cometidas por la acusación y de la vulneración evidente de un tratado internacional, las cortes de Estados Unidos se han negado reiteradamente a concederle a Faulder un nuevo juicio o vista de determinación de sentencia. Dos décadas después del juicio, han surgido serias dudas sobre la credibilidad de las pruebas utilizadas para declararlo culpable y condenarlo a muerte.

Desde 1992, fecha en que Faulder planteó por primera vez su reclamación en aplicación de la Convención de Viena, en Estados Unidos se ha ejecutado a siete ciudadanos extranjeros. A ninguno de ellos se le informó tras su arresto sobre el derecho que les reconocía dicho tratado internacional a recibir la asistencia de su consulado. El gobierno de Estados Unidos sigue afirmando que la protección de los derechos consulares de sus ciudadanos en el extranjero es un asunto de la máxima importancia, sin embargo se hace caso omiso o se minimizan las violaciones en su propio territorio de estos mismos derechos que contribuyen a que se impongan condenas a muerte.(6) Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha declinado intervenir en el caso de Faulder, e incluso ha eludido disculparse ante Canadá por haber vulnerado los derechos soberanos que le reconoce el tratado.

Para los ciudadanos y gobiernos de muchas naciones, el cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos será motivo de celebración y una ocasión para reconocer los principios fundamentales de la Declaración Universal. Sin embargo, en Texas, de no mediar una intervención de última hora que detenga la ejecución de Stanley Faulder, el 10 de diciembre sólo será otro día más en que se ha llevado a cabo un homicidio sancionado por el Estado.

El 26 de octubre de 1998, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente pidiendo a las autoridades de Texas que respetaran la vida de Joseph Stanley Faulder. Para intervenir en esta Acción les rogamos que se pongan en contacto con la Sección de Amnistía Internacional de su país y le soliciten la Acción Urgente con Índice AI: AMR 51/85/98/s.

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(1) Para un resumen completo de las preocupaciones de AI véase el documento titutlado: La pena de muerte en Texas: Injusticia Letal, Índice AI: AMR 51/10/98/s, marzo de 1998.

(2) Si bien Estados Unidos ha ratificado la Convención sin reservas e insiste en que se aplique a los ciudadanos estadounidenses que son arrestados en el extranjero, los ciudanados extranjeros condenados a la pena de muerte en Estados Unidos rara vez son informados sobre sus derechos consulares, lo que tiene consecuencias desastrosas para su defensa en el juicio. Para más información, véase: Estados Unidos: Violación de los derechos de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte, Índice AI: AMR 51/01/98/s, de enero de 1998.

(3) Faulder creía que su familia tenía conocimiento de la acusación de asesinato y que simplemente lo habían repudiado. También declaró que no sabía que Canadá tenía presencia consular en Texas ni conocía su derecho a solicitar su ayuda tras ser arrestado.

(4) Un escrito de «amigo de la corte» que puede ser presentado (con permiso de la corte) por las partes interesadas en el desenlace del proceso aunque no estén involucrados directamente.

(5) Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (documento E/CN.4/1998/68/Add.3), conclusiones del Relator Especial, 117- 121.

(6) Si desean consultar un resumen de las últimas novedades, véase Estados Unidos de América. La ejecución de Ángel Breard - Las disculpas no bastan Índice AI: AMR 51/27/98/s, de mayo de 1998.