Documento - EE. UU. Pena de muerte / preocupación jurídica

PÚBLICO Índice AI: AMR 51/108/2008

AU 275/08 Pena de muerte / preocupación jurídica 26 de septiembre de 2008

EE. UU. (Ohio) Richard Wade Cooey, blanco, de 41 años de edad

Está previsto que Richard Cooey sea ejecutado en Ohio el 14 de octubre. Fue condenado a muerte el 5 de diciembre de 1986 por dos asesinatos cometidos tres meses antes. En el momento de los crímenes hacía dos meses que había cumplido 19 años. Ha pasado casi 22 años en el “corredor de la muerte”.

En agosto de 1986, Richard Cooey, de 19 años y con un grave problema de consumo de alcohol y drogas desde los aproximadamente 12 años de edad, se encontraba en su casa, con un permiso del ejército, y durante tres semanas se dedicó a beber y drogarse. El 21 de agosto había consumido marihuana, cerveza, cocaína y opio, y estaba con dos amigos, Clint Dickens, de 17 años, y Kenny Horonetz, de 18. Los tres salieron con el auto de Cooey aquel atardecer, se detuvieron en un puente sobre una autopista, y allí Dickens dejó caer un trozo de cemento sobre el parapeto. El cemento alcanzó el auto en el que viajaban Wendy Offredo, de 21 años, y Dawn McCreery, de 20. Las dos jóvenes se vieron obligadas a detenerse, y los tres adolescentes se ofrecieron a llevarlas en su automóvil. Los cinco fueron a un centro comercial cercano, desde donde Wendy Offredo llamó a su madre y Dawn McCreery llamó a la policía. Sin embargo, según el acta judicial, en lugar de llevarlas de vuelta a su auto accidentado, los tres adolescentes robaron a las dos jóvenes y las llevaron a un campo, donde Cooey y Dickens las violaron y las asesinaron.

Richard Cooey ha declarado que cooperó con la policía cuando le prometieron que no se pediría la pena de muerte contra él. Sin embargo, fue juzgado por delito punible con la pena capital en noviembre de 1986 ante un tribunal de tres jueces, tras haber renunciado a su derecho a un juicio con jurado. Unos meses antes, ese mismo tribunal de tres jueces había dictado una condena de muerte contra un acusado al que representaba el mismo abogado designado para representar a Cooey. Se desconoce si el abogado había comunicado esto a Cooey, o si éste comprendía realmente todas las consecuencias de renunciar a un juicio con jurado.

Cooey fue declarado culpable de todos los cargos tras un juicio de dos días de duración. Tras la fase de determinación de la pena, que comenzó y terminó el 5 de diciembre, fue condenado a muerte por asesinato y a un total de entre 60 y 180 años de prisión por los cargos de secuestro, violación, robo y agresión. Clint Dickens, un año y medio menor que Dickens, fue condenado a cadena perpetua. De acuerdo con el derecho internacional, Ohio prohibió el uso de la pena de muerte contra acusados que fueran menores de 18 años en el momento del delito.

El abogado que representó a Cooey fue designado también para representarlo en su apelación inicial. Según la petición de indulto de Cooey, este abogado no mantuvo correspondencia con él ni lo visitó durante el periodo de apelación, y tampoco le hizo llegar copias de los informes presentados ante el tribunal de apelación. En la actualidad, los tribunales no designan a un mismo abogado para el juicio y la apelación, reconociendo que es poco probable que un abogado presente como motivo para apelar su propia ineficacia durante el juicio. Los nuevos abogados designados para las apelaciones posteriores del caso de Cooey alegaron que la actuación del abogado durante el juicio y durante la apelación inicial había sido inadecuada, pero la Corte Suprema de Ohio resolvió que esas alegaciones no eran válidas porque no se habían presentado anteriormente y sólo podrían ser examinadas bajo la norma de “error fundamental”, más estricta que la que se habría aplicado en un examen ordinario.

Al confirmar la condena de muerte en 1989, la Corte Suprema de Ohio señaló que “la juventud de Cooey merece tenerse en cuenta, pero su condición de militar hace que sea de esperar de él una mayor madurez de la que se esperaría de un joven de 19 años. Su historial de graves abusos durante la infancia es ciertamente relevante en la medida en que pueda haber contribuido a sus problemas mentales”. En el momento del delito, Richard Cooey salía de una infancia de abandono y abusos, que incluía malos tratos graves a manos de su padre. Empezó a beber alcohol a los cinco años de edad, y a los doce consumía alcohol y drogas tales como marihuana, speed u opiáceos casi a diario. La Corte Suprema del estado señaló también que la ausencia de antecedentes penales de Cooey “debería tenerse en cuenta como atenuante”. Sin embargo, aunque reconocía que “Cooey puede haber sido menos responsable de sus actos que la mayoría de la gente”, los factores atenuantes se veían superados por las circunstancias agravantes del delito.

Según la petición de indulto, Cooey ha madurado durante su estancia en el “corredor de la muerte”, ha abandonado el alcohol y las drogas y ha asumido la responsabilidad de lo que les sucedió a Wendy Offredo y Dawn McCreery (pese a que siempre ha afirmado que desempeñó un papel menor que el de Clint Dickens en los asesinatos). Sus abogados alegan que debería concedérsele el indulto no sólo porque no es la persona que era hace 22 años, sino porque la evolución de las normas lo respalda también. La petición señala que, en la actualidad, Ohio dicta menos condenas de muerte que las que dictaba hace dos décadas. Esto es reflejo de un patrón general de mayor reticencia entre los jurados estadounidenses a dictar condenas de muerte, al parecer por la existencia de la alternativa de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, así como por el aumento de la preocupación de la opinión pública en torno a la fiabilidad e imparcialidad del sistema de aplicación de la pena capital. Por ejemplo, en Estados Unidos se dictaron en 1986 300 condenas de muerte, frente a las 110 de 2007. En Ohio, en 1986 hubo 87 acusaciones de delitos punibles con la pena capital, de los que 15 (el 17 por ciento) concluyó con condena de muerte. En 2007 hubo 67 acusaciones de este tipo, de las que cuatro (el 6 por ciento) dieron lugar a condenas de muerte. Estas cifras suscitan la duda de si Richard Cooey, de ser juzgado hoy, sería condenado a muerte, dados los factores atenuantes del caso.

En septiembre de 2007, el Colegio Estadounidense de Abogados, que no adopta postura alguna sobre la pena de muerte en sí, hizo pública su evaluación del sistema de pena capital de Ohio, y pidió una suspensión de las ejecuciones en el estado tras concluir que Ohio no podía garantizar la “imparcialidad y exactitud” del sistema de aplicación de la pena capital ni podía garantizar que “la pena máxima de muerte se reserva sólo para los peores de los peores delitos y acusados”. Entre los problemas detectados por el Colegio de Abogados se encontraban procedimientos inadecuados para proteger a las personas inocentes frente a la pena de muerte, el acceso inadecuado de los acusados de delitos punibles con la muerte a expertos e investigadores, unas normas inadecuadas de cualificación para los abogados defensores, unas revisiones inadecuadas de las alegaciones de error formuladas durante la apelación, la ausencia de un examen significativo de la proporcionalidad de las condenas de muerte por parte de la Corte Suprema de Ohio, y las disparidades raciales y geográficas en la aplicación de la pena capital.

Estados Unidos reanudó las ejecuciones en 1977 y, desde entonces, se ha dado muerte judicialmente a 1.123 hombres y mujeres en todo el país, 26 de ellos en Ohio. En Estados Unidos se han llevado a cabo 24 ejecuciones este año. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. En la actualidad, 137 países son abolicionistas en la ley o en la práctica.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

- manifestando su apoyo a los familiares y amigos de Wendy Offredo y Dawn McCreery, y explicando que no pretenden disculpar la manera en que murieron ni menospreciar el sufrimiento que su muerte ha causado;

- señalando que, en el momento del delito, Richard Cooey era un adolescente que procedía de un entorno familiar de violencia y abusos, y que tenía un largo historial de consumo de alcohol y drogas; señalando también que ha pasado más de la mitad de su vida en el “corredor de la muerte”, y que durante ese tiempo ha abandonado el acohol y las drogas y ha asumido la responsabilidad por su papel en el crimen;

- expresando preocupación porque Cooey estuvo representado en la apelación inicial por el mismo abogado que lo representó durante el juicio, y porque los tribunales han impedido que se examinen a fondo las alegaciones de que contó con una asistencia legal inadecuada;

- señalando la reducción del índice de condenas a muerte desde 1986 tanto en Ohio como en el ámbito nacional, e indicando que esa reducción arroja dudas sobre si Richard Cooey, dados los factores atenuantes de su caso, sería condenado a muerte hoy;

- pidiendo al gobernador que conceda el indulto a Richard Cooey;

- señalando que el Colegio Estadounidense de Abogados ha pedido una suspensión de las ejecuciones en Ohio, y pidiendo que al menos se suspenda la ejecución de Richard Cooey mientras las autoridades de Ohio estudian las preocupaciones del Colegio de Abogados.