17 mayo 2001

Índice de AI : AMR 52/002/2001

Público

Numero del Servicio de Noticias : 88

Uruguay: "Desaparecidos", ni verdad secuestrada ni memoria prohibida

Tras más de quince años los familiares de los “desaparecidos” durante los gobiernos militares en Uruguay aún esperan justicia, declaró Amnistía Internacional al acercarse el día de los "desaparecidos", el próximo 20 de mayo.

Durante esta jornada los familiares de los "desaparecidos" saldrán a las calles bajo la consigna "ni verdad secuestrada, ni memoria prohibida". Amnistía Internacional Uruguay se unirá a esta marcha para apoyar sus demandas.

"Los familiares de las víctimas de desaparición forzada tienen el derecho a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos, a que se investigue exhaustivamente los hechos y se lleve a los responsables ante la justicia, así como a ser reparados por el Estado," recordó Amnistía Internacional.

Con este fin, la organización considera de suma importancia que la Comisión para la Paz establecida para investigar el paradero de los más de 100 uruguayos "desaparecidos" tanto en Uruguay como en Argentina entre 1973 y 1985 tenga acceso a toda la información relacionada con ellos que se encuentre en manos de las autoridades o de las fuerzas de seguridad del país.

El establecimiento de la Comisión en agosto del 2000 fue reconocido por Amnistía Internacional como una medida positiva del gobierno del Presidente Batlle, para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia. Sin embargo, la organización se muestra preocupada porque dicha comisión tan sólo tiene competencia para recibir testimonios e informes y para llamar a testigos, pero carece de capacidad coercitiva para citar con carácter obligatorio a aquellos que estuvieron presuntamente involucrados en estos graves delitos.

"Le exhortamos al Presidente Batlle a que inste a las fuerzas de seguridad a facilitar a la Comisión para la Paz toda la información de que dispongan sobre casos de 'desapariciones'," manifestó Amnistía Internacional.

Uno de estos casos es el de Simón Riquelo, quien fue secuestrado y "desaparecido" cuando tan sólo tenía unos meses por miembros del ejército uruguayo durante la detención de su madre, la ciudadana uruguaya Sara Méndez, en un centro secreto en Argentina. Tras más de 25 años y numerosos procesos judiciales infructuosos, Sara Méndez continda sin conocer el paradero de su hijo.

"Esta madre tiene, como el resto de los familiares de los 'desaparecidos', derecho a saber la verdad, así como su hijo tiene derecho a conocer su verdadera identidad, y la sociedad uruguaya en su conjunto tiene el derecho a conocer su historia," afirmó Amnistía Internacional.

"Es un principio generalmente aceptado que la desaparición forzada constituye un delito continuado o permanente mientras no se establezca el paradero o destino de la víctima, y viola el derecho de los familiares de los 'desaparecidos' a no ser sometidos a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes," añadió Amnistía Internacional destacando que se pronunciaron en este sentido tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU, como la Corte Europea de Derechos Humanos.

"Sólo cuando los responsables de estos crímenes comparezcan ante la justicia se romperá el círculo vicioso de la impunidad," prosiguió la organización.

En este sentido, preocupa a Amnistía Internacional que la Ley de Caducidad de la prevención punitiva del Estado, Ley 15.848 de 1986, impide que el derecho a la verdad sea satisfecho y permite que la impunidad persista en franco desafío a la obligación internacional que tiene el Estado de investigar los hechos y juzgar a los responsables.

"Es hora que la problemática de las desapariciones forzadas en Uruguay tenga el epílogo de verdad y justicia que tanto merecen las víctimas de tan aberrantes hechos y sus familiares," concluyó la organización.

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