AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice de AI: AMR 52/002/2003 (Público)

Numero del Servicio de Noticias: 103

25 de abril de 2003

Uruguay: Inaceptable pretender ampliar la impunidad

Amnistía Internacional ha seguido con suma preocupación los desarrollos producidos en los últimos días con respecto al legado de impunidad en relación con las graves violaciones de derechos humanos acaecidas en el Uruguay durante el gobierno militar.

La organización ha recibido con preocupación informes sobre la intención del gobierno de extender a civiles la amnistía concedida por medio de la llamada Ley de Caducidad a policías y militares responsables por dichas violaciones, así como sobre iniciativas tendientes a utilizar el reciente informe final de la Comisión para la Paz para influir sobre la justicia en procesos en los que se juzga a ex funcionarios de la dictadura militar.

Desde que entró en vigor la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en 1986, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación sobre esta ley, ya que por más de tres décadas se ha privado a los familiares de las víctimas de "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales de los medios legales para determinar la suerte y el paradero de sus seres queridos.

Mediante la Ley de Caducidad quedó exento de castigo todo el personal militar y policial responsable de violaciones de derechos humanos cometidas antes del 1 de marzo de 1985.

"Es insólito que, cuando los primeros procesos judiciales con respecto a hechos sucedidos durante la dictadura comienzan a dar tímidos resultados, se quiera extender esta exención de castigo a civiles también," opinó Amnistía Internacional.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han claramente especificado que la Ley de Caducidad es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo reciente, ha determinado la imposibilidad para los Estados de emitir medidas que aseguren la impunidad para quienes perpetraran graves delitos tales como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones sumarias. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que dichos fallos se fundan, han sido ratificados por Uruguay.

"Sin embargo, Uruguay ha hecho caso omiso a estos llamamientos, dando a entender que no tiene la voluntad política de esclarecer toda la verdad sobre lo ocurrido durante los gobiernos militares y menos aún de llevar ante la justicia a los perpetradores de estos crímenes," añadió Amnistía Internacional.

Las recientes iniciativas relativas al legado de violaciones de los derechos humanos, parecería ser una reacción directa de la confirmación reciente por parte deun Tribunal de Apelaciones del procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco por la desaparición forzada en 1976 de Elena Quinteros.

"El éxito de este tipo de iniciativas sería una prueba más de que las autoridades uruguayas no dan la suficiente prioridad a la promoción y protección de los derechos humanos. En el siglo XXI es ampliamente reconocido internacionalmente que para que haya paz y reconciliación es indispensable que haya verdad y justicia," insistió la organización con sede en Londres.

Como afirmara el grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en su primera reacción ante el informe final que emitió la Comisión por la Paz el 10 de abril del 2003, "La impunidad jurídica debilita el valor de la legalidad democrática, pero la impunidad como discurso oficial degrada moralmente a la sociedad, porque para ponerla en práctica es necesario no solo no castigar a los responsables de atroces violaciones a los derechos humanos, sino además falsificar la realidad para encubrir y a veces hasta justificar sus prácticas inhumanas".

"Esperamos que esta vez las autoridades uruguayas no hagan caso omiso a este llamamiento," concluyó Amnistía Internacional.

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