25 julio 2001

Índice de AI : AMR 52/004/2001

Público

Numero del Servicio de Noticias : 129

Uruguay: Una oportunidad para acabar con la impunidad

Tras más de 20 aZos, los familiares de decenas de uruguayos "desaparecidos" podrían encontrarse hoy más cerca de conocer la verdad y obtener justicia para sus seres queridos, declaró hoy Amnistía Internacional al comentar la decisión de un juez argentino de pedir a las autoridades uruguayas la detención de cuatro oficiales uruguayos por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar uruguaya de 1973 a 1985.

La detención provisional de los oficiales militares José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y del oficial policial Hugo Campos Hermida podría constituir un primer paso hacia su posible extradición a Argentina. Según el exhorto del juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, los cuatro oficiales presuntamente participaron en la desaparición forzada de más de 20 ciudadanos uruguayos en territorio de la República Argentina como parte del denominado "Plan Cóndor". Este plan fue concertado entre los gobiernos dictatoriales argentino, chileno, uruguayo, paraguayo, boliviano y brasileZo para acabar con la "subversi\n" durante la década de los 70 y principios de los 80.

"La reciente decisión del juez argentino constituye una oportunidad para derrumbar el muro de impunidad que por más de dos décadas ha amparado a los responsables de decenas de 'desapariciones' en Uruguay," afirmó Amnistía Internacional, al recordar que la propia Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha considerado la desaparición forzada como una "afrenta a la conciencia del hemisferio".

"La desaparición forzada es un crimen internacional, cuya práctica sistemática constituye además un crimen contra la humanidad," agregó Amnistía Internacional.

Tanto Argentina como Uruguay son estados parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en la cual se caracteriza a esta repudiable práctica como delito continuado o permanente mientras no se establezca con certeza el destino o paradero de la víctima. Los Estados partes de esta Convención tienen la solemne obligación de "cooperar entre si para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar" dicho delito. Los Estados tienen la obligación de extraditar a los presuntos responsables a los Estados que lo requieran para juzgarlos, y en caso de no proceder a ello tienen la obligación de llevarlos ante sus propios tribunales.

"Uruguay debe actuar en consecuencia con sus ineludibles compromisos jurídicos en este sentido," enfatizó la organización de derechos humanos, lamentando al mismo tiempo que el estado uruguayo ha empleado la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado como escudo para dejar en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el gobierno militar.

Conforme a esta ley (Ley 15.848) entrada en vigor en 1986, es imposible procesar y sancionar al personal militar y policial responsable de violaciones de derechos humanos cometidas antes del 1 de marzo de 1985.

Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han especificado en reiteradas ocasiones que esta ley es contraria a las obligaciones del Estado uruguayo bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolRticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso peruano, es enfática en declarar inválida toda ley que otorgue amnistía o impunidad a los responsables de violaciones de derechos humanos.

"Es imprescindible que la comunidad internacional continúe presionando para que se esclarezcan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Uruguay y para que se lleve a los responsables ante la justicia," manifestó Amnistía Internacional.

"Las autoridades del Uruguay tienen ahora la oportunidad de demostrar que están realmente comprometidas con el respeto y la protección de los derechos humanos, y que honrarán sus obligaciones internacionales brindando la debida cooperación al pedido del juez argentino," concluyó la organización.

Información general

En el marco de la causa sobre el Plan Cóndor, el 10 de julio, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, también ordenó la prisión preventiva del ex Presidente de la primera junta militar que gobernó Argentina, Jorge Rafael Videla, por su supuesta participación en el Plan Cóndor . Los cargos contra Jorge Rafael Videla, como miembro de la "asociación ilícita agravada", resultan de la querella criminal iniciada en noviembre de 1999 por cinco familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Videla está cumpliendo arresto domiciliario desde junio de 1998 por la adopción ilegal de niños cuyos padres "desaparecieron" entre 1976 y 1978 tras haber sido secuestrados por las fuerzas de seguridad.

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