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6 de septiembre de 2001 Documento público

Uruguay: Otra oportunidad para acabar con la impunidad

«Una vez más se abre la posibilidad de que la justicia uruguaya dé curso a investigaciones y procesos penales por graves violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad de este país durante la dictadura militar», declaró hoy Amnistía Internacional al comentar la denuncia penal que se ha presentado el 5 de septiembre de 2001 en Uruguay contra miembros de las fuerzas de seguridad uruguayas por la desaparición forzada de 12 personas en 1976.

Según la información recibida por la organización, familiares de 12 uruguayos desaparecidos en Argentina en 1976 presentaron hoy una denuncia penal contra diez miembros de las fuerzas de seguridad uruguayas por la comisión de los delitos de privación de libertad, sustracción y retención de menores y asociación para delinquir.

«El estado uruguayo tiene el deber de esclarecer todos los casos de desaparición forzada en los que estuvieron involucrados sus fuerzas de seguridad y el deber de llevar a los responsables de estos crímenes ante la justicia. Amnistía Internacional espera que esta denuncia judicial conlleve que los familiares de las víctimas conozcan la verdad y obtengan de una vez por todas justicia para sus seres queridos», agregó la organización de derechos humanos.

Uruguay es Estado Parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en la cual se caracteriza a esta repudiable práctica como delito continuado o permanente mientras no se establezca con certeza el destino o paradero de la víctima.

«El Estado uruguayo tiene la obligación de esclarecer estos hechos. Además, es ya internacionalmente reconocido que la desaparición forzada constituye tortura para los familiares. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado que las desapariciones forzadas violan el derecho de los familiares de las víctimas a no ser sometidos a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», añadió Amnistía Internacional.

Hace unas semanas el estado uruguayo se negó a detener provisionalmente a miembros de las fuerzas de seguridad uruguayas que participaron presuntamente en la desaparición forzada de más de 20 ciudadanos uruguayos en territorio de la República Argentina como parte del denominado «Plan Cóndor». La detención la ordenó el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral en julio pasado.

«El Estado Uruguayo no puede seguir negando verdad y justicia a los familiares de los ‘desaparecidos’. Es hora de que todos y cado uno de los familiares conozcan la verdad, obtengan justicia y reciban reparación», concluyó la organización.

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