Documento - Asia: Etnia y nacionalidad - Los refugiados en Asia
Asia
Etnia y nacionalidad
Los refugiados en Asia
AMNISTÍA INTERNACIONAL
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA
Amnistía Internacionales un movimiento mundial de voluntarios que se esfuerza por prevenir algunas de las peores violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos. Amnistía Internacionaltrabaja principalmente para:
- obtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir, de las personas encarceladas en cualquier parte del mundo a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, siempre que tales personas no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso;
- lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a los presos políticos;
- conseguir la abolición de la pena de muerte y la erradicación de la tortura y otros tratos crueles a los presos;
- acabar con las ejecuciones extrajudiciales y las «desapariciones».
Amnistía Internacionalse opone también a los abusos de los grupos de oposición: a la toma de rehenes, a la tortura y homicidio de prisioneros, y a otros homicidios arbitrarios y deliberados.
Amnistía Internacional, reconociendo que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, se esfuerza por promover todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales mediante programas de educación en derechos humanos y campañas para que se ratifiquen los convenios internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacionales imparcial. Es independiente de todo gobierno, ideología política y credo religioso. Ni apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos trata de proteger. Lo que pretende en cada caso particular es proteger los derechos humanos, sea cual sea la ideología de los gobiernos o de las fuerzas de oposición o las convicciones de las víctimas.
Amnistía Internacionalno clasifica a los gobiernos según su trayectoria en derechos humanos. No trata nunca de establecer comparaciones, sino que se esfuerza por poner fin a las violaciones de derechos humanos específicas de cada caso.
Amnistía Internacionalcuenta con aproximadamente un millón de miembros y suscriptores repartidos entre 162 países y territorios. Tiene 4.273 Grupos locales formalmente registrados en el Secretariado Internacional de la organización, y varios miles de grupos escolares, universitarios, profesionales y de otra índole en 80 países de África, América, Asia, Europa y Oriente Medio. Para asegurar la imparcialidad, cada grupo trabaja en casos y campañas de cualquier país excepto el propio, seleccionados por su diversidad geográfica y política. La investigación sobre las violaciones de derechos humanos corre a cargo del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. Ninguna Sección, Grupo o miembro ha de procurar información sobre su país, y ninguna Sección, Grupo o miembro tiene responsabilidad alguna en las acciones o declaraciones de la organización sobre su propio país.
Amnistía Internacionalmantiene relaciones de trabajo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ecosoc); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco); el Consejo de Europa; la Organización de los Estados Americanos; la Organización de la Unidad Africana y la Unión Interparlamentaria (uip).
Amnistía Internacionalse financia con las donaciones y suscripciones de sus miembros en todo el mundo. Ni solicita ni acepta financiación de ningún gobierno. Para salvaguardar la independencia de la organización, todas las contribuciones están estrictamente controladas por las directrices del Consejo Internacional de la organización.
Fotografía de la portada:Refugiados tamiles que han regresado a su país procedentes del sur de la India saludan a sus amigos y familiares en el centro de recepción de Trincomalee, marzo de 1995.
© Howard J. Davies
ÍNDICE
Introducción 1
Causas de la huida 3
Una región con pocas reglas 5
Cuestiones relacionadas con la protección de los refugiados 7
1.- Myanmar: represión étnica 13
Comunidades víctimas 14
La difícil situación de los refugiados 17
2.- Sri Lanka: una isla fracturada 20
Desplazados internos y restricciones a la libertad de circulación 21
La situación en Colombo 22
Huida a la India 23
3.- Bhután: exilio forzado 26
Motivos de la huida 26
La vida en el exilio 29
¿Qué esperanza hay en el futuro? 30
4.- Timor Oriental: un problema de identidad nacional 31
Sin salidas fáciles 33
Australia cierra las puertas 35
Recomendaciones 37
NOTAS FINALES 40
Título original:
Ethnicity and nationality
Refugees in Asia
Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
1 Easton Street
Londres WC1X 8 DJ
Reino Unido
web site: http://www.amnesty.org
Fecha de publicación:
1 de octubre de 1997
ASA 01/01/97/s
Prefacio
Al menos 40 millones de personas en todo el mundo han tomado la terrible decisión de abandonar sus hogares, comunidades y países porque sienten miedo. Se han visto obligadas a huir debido a la violencia generalizada, a las violaciones de derechos humanos y a la persecución que han padecido. Unos 15 millones son refugiados que han buscado un lugar seguro en el exterior. Entre 25 y 30 millones de personas no han cruzado ninguna frontera internacional y son desplazados internos.
Este informe, uno de los cinco informes regionales sobre refugiados, forma parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional en favor de los derechos humanos de los refugiados. La campaña, cuyo lanzamiento se realizó en marzo de 1997, se centra en tres cuestiones que se ven cada vez más amenazadas, socavadas o desatendidas por los gobiernos de todo el mundo:
C la protección de los derechos humanos en los países de origen - medidas para impedir las violaciones de estos derechos de forma que los habitantes de un país no se vean obligados a abandonarlo en búsqueda de un lugar seguro,
C la protección de los derechos humanos en los países de asilo - medidas para garantizar que las personas que huyen de las violaciones de derechos humanos podrán llegar a un lugar seguro, no les devolverán forzosamente a sus casas antes de que existan condiciones de seguridad para hacerlo y se respetarán los derechos humanos en el país de acogida;
C la protección de los derechos humanos a escala internacional - medidas para garantizar que en lo tocante a la protección de los refugiados, como la necesidad de proteger a los desplazados internos en sus propios países, los derechos humanos recibirán la máxima consideración.
Amnistía Internacional se opone a la devolución forzosa (refoulement) de cualquier persona a un país donde corra peligro de ser encarcelada como preso de concienciaAmnistía Internacional considera presos de conciencia a las personas detenidas por sus creencias o por motivo de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, siempre que no hayan recurrido a la violencia o propugnado su uso., torturada, ser objeto de «desaparición», ser ejecutada extrajudicialmente o sufrir la pena de muerte. Este es un elemento importante del trabajo en favor de los derechos humanos: intervenir para impedir los abusos, y no limitarse a responder después de que se han producido. Amnistía Internacional basa el criterio de su trabajo en favor de los refugiados en su mandato, que se centra intencionadamente en cuestiones específicas relacionadas con los derechos humanos. Esto no significa que sólo los refugiados corran peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos. El término «persecución», según se incluye en la Convención de 1951 de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, abarca una mayor variedad de aspectos que definen a las personas que necesitan protección internacional. En este informe, el término «refugiados» incluye a todos los solicitantes de asilo que huyen de la persecución y de las violaciones de derechos humanos, incluidas las personas a las que no se ha reconocido oficialmente como refugiados.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que establezcan procedimientos de asilo que sean justos, imparciales y completos. La organización pide que no se expulse forzosamente a ningún solicitante de asilo si antes no se ha examinado su petición debidamente. También solicita a todos los Estados que no envíen a nadie a un país que a su vez pueda devolver forzadamente a esa persona a una situación de peligro.
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Buena parte de la labor de Amnistía Internacional en favor de los refugiados la llevan a cabo las Secciones nacionales de los países donde las personas solicitan protección. Los miembros de Amnistía Internacional proporcionan información sobre las violaciones de los derechos humanos en los países de origen de los solicitantes de asilo a los gobiernos, a quienes toman las decisiones sobre concesión de asilo, a los abogados y demás personas que trabajan en favor de estos solicitantes. Las Secciones de Amnistía Internacional también vigilan la política y la práctica de los gobiernos para garantizar que son las adecuadas a la hora de identificar y proteger a las personas en peligro. En algunos casos, los miembros de la organización intervienen directamente ante las autoridades para impedir una devolución forzosa.
A escala internacional, los activistas de derechos humanos dedicados a los refugiados se enfrentan a un doble problema. Deben defender la protección consagrada en la legislación internacional sobre refugiados ante los intentos crecientes de los gobiernos de evitar o eludir sus responsabilidades. También deben procurar que, a medida que aparezcan nuevos problemas para los derechos humanos, el sistema de protección internacional se amplia para hacerles frente. Se deben tomar medidas urgentemente para que todos los refugiados, independientemente de las causas o circunstancias de su huida, reciban la protección de la que son acreedores.
Asia: Etnia y nacionalidad
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Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
Índice AI: ASA 01/01/97/s Amnistía Internacional, octubre de 1997
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Etnia y nacionalidad
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Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
Índice AI: ASA 01/01/97/s Amnistía Internacional, octubre de 1997
Introducción
«Muerte a los tamiles» gritó un grupo de soldados srilankeses, algunos de ellos bebidos, al entrar en Kumarapuram, distrito de Trincomalee, el 11 de febrero de 1996. Los vecinos se escondieron en sus casas, esperando a toda costa que no les vieran. Los soldados rompieron las persianas y comenzaron a disparar contra las personas escondidas en el interior. Una mujer que sobrevivió les imploró que respetaran a su familia. Sus súplicas fueron en vano y los soldados mataron a tiros a siete personas en su casa, entre ellas un niño de seis años. En otras casas murieron otros seis niños y 18 adultos. A una joven, Arumaithurai Tharmaletchumi, de 17 años, la sacaron a rastras de una tienda del pueblo y la violaron antes de matarla a tiros. Aterrorizados, muchos de los supervivientes huyeron del pueblo para buscar refugio en otra zona.
En algunos países asiáticos, por causas totalmente ajenas a su voluntad, millones de personas se han visto expulsadas de sus casas debido a conflictos y persecuciones. La mayoría han huido de un peligro inmediato de sufrir abusos contra los derechos humanos, como arresto arbitrario y tortura o la amenaza de homicidios políticos o «desaparición». Algunos han huido de situaciones de violencia generalizada. Muchos han sufrido persecución simplemente por su origen étnico. Aproximadamente la mitad han buscado un lugar seguro en el exterior como refugiados. El resto no ha podido o no ha querido cruzar una frontera internacional y son desplazado internos dentro de su propio país.
Actualmente, Asia acoge a unos 1,8 millones de refugiadosEstudio mundial sobre los refugiados de 1996 del Comité para los Refugiados de Estados Unidos. Para Amnistía Internacional, Asia se extiende desde Afganistán, por el oeste, hasta los países del Pacífico. No incluye a los países surgidos de la ex Unión Soviética.. La inmensa mayoría han huido de otros países de la región, en su mayoría por carretera, algunos en barco y unos pocos en avión. Otros 1,7 millones son desplazados internosLas estadísticas del ACNUR sobre «Asia» incluyen a algunos países de la ex Unión Soviética..
El sistema internacional que se supone que debe protegerles sufre presiones crecientes y no está interviniendo en el caso de algunos de los más necesitados. Los países prósperos de Occidente están poniendo cada vez más dificultades para impedir que los refugiados pasen a su territorio y soliciten asilo, en especial los refugiados de los países más pobres y conflictivos. Nuevos requisitos de visados, multas a las empresas aéreas y de transporte que llevan a personas sin documentos de viaje o visados, apresamientos en alta mar y controles antes del vuelo de los pasajeros son ejemplos de las medidas restrictivas impuestas por algunos de estos países. Algunos gobiernos occidentales han empezado a aplicar una interpretación restrictiva de los requisitos para recibir protección como refugiado con el fin de desanimar a las personas de solicitar asilo en sus países.
Esta tendencia también puede apreciarse en Asia, conforme los países más prósperos, como Australia y Japón, adoptan medidas que tienen como resultado (y, en ocasiones, la intención) de impedir que los solicitantes de asilo logren el acceso a sus fronteras y soliciten protección. El resultado es que los refugiados no tienen más opción que huir a sus países vecinos, que a menudo padecen los mismos problemas económicos, políticos o sociales que el de origen.
Muchos Estados asiáticos han acogido a un gran número de refugiados, a pesar de que carecían de los medios para prestar este apoyo. Sin embargo, en los últimos años, los refugiados han encontrado dificultades crecientes para lograr condiciones de seguridad y protección incluso en estos países asiáticos que tradicionalmente prestaban asilo. A algunos les hacen volver, a otros les colocan en campos miserables que son vulnerables a los ataques. Y a algunos les obligan a volver a su país antes de que sea seguro hacerlo. La comunidad internacional decidió que a determinadas personas se les debía ofrecer protección internacional en todas las circunstancias. La Convención de 1951 de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados define al refugiado como aquella persona que:
...debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país....
Este informe se centra en los movimientos de refugiados relacionados con los abusos contra los derechos humanos padecidos debido a motivos étnicos o a la nacionalidad de las personas. Cuando los gobiernos o los grupos armados de oposición actúan contra las personas por motivos étnicos, todos los miembros de la comunidad objeto de persecución están en peligro y es muy poco lo que pueden hacer para protegerse. Su propio origen étnico, muchas veces al margen de sus opiniones o actividades políticas, es la causa de que sus vidas corran peligro. No les queda más remedio que huir.
Este informe demuestra que las personas normalmente sólo toman la difícil decisión de abandonar sus casas a causa de situaciones extremas -cuando han sido víctimas de violaciones de derechos humanos o están seguras de que lo van a ser pronto. También examina lo que le ocurre a los refugiados cuando huyen y cómo su origen étnico y nacional pueden influir en el trato que reciben.
Se destacan cuatro países. Las numerosas minorías étnicas de Myanmar han sido víctimas reiteradas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por los militares en relación con los intentos de las autoridades de consolidar su control político y forzar el ritmo de desarrollo de todo el país. Como consecuencia, centenares de miles de birmanos se han visto obligados a huir al extranjero. Muchos de ellos han sido devueltos forzosamente a su país o siguen en peligro en el país de asilo.
En Sri Lanka, el conflicto interno centrado en la división entre cingaleses y tamiles ha ocasionado la comisión de numerosas violaciones de derechos humanos por parte de todos los bandos. Centenares de miles de personas han abandonado sus hogares para escapar del terror, la mayoría de ellas tamiles. La mayoría se han convertido en desplazados internos dentro de la isla, aunque existe una importante comunidad de refugiados tamiles en la India y muchos srilankeses han buscado un lugar seguro más lejos.
Aproximadamente unos 90.000 bhutaneses, todos pertenecientes a un grupo étnico, se han visto obligados a huir de su país como consecuencia de las violaciones de derechos humanos y de la política vigente de negarles la ciudadanía. La mayoría vive en campos de refugiados en Nepal y siguen esperando noticias de si podrán volver alguna vez a sus casas en condiciones de seguridad.
Los timorenses padecen un doble perjuicio en relación con su nacionalidad. En casa, las fuerzas indonesias se han valido de la represión y de la intimidación durante más de 20 años para intentar eliminar las manifestaciones de identidad timorense y combatir al movimiento independentista. A algunos de los que han logrado escapar les niegan la condición de refugiados debido a que tienen derecho a la ciudadanía portuguesa a causa de los vínculos coloniales de Timor Oriental con Portugal .
Los conflictos y las represión relacionada con las divisiones étnicas y nacionales están detrás de la huida y de las desventuras de muchos otros refugiados de la zona. La represión sistemática que desde hace décadas ejercen las autoridades chinas sobre la identidad nacional, religiosa y cultural tibetana ha provocado una diáspora de refugiados que se extiende desde la India hasta Europa. Al menos 10.000 irian jayanos han huido a Papúa Nueva Guinea para escapar de los combates entre los militares indonesios y los grupos independentistas de la zona (antes Nueva Guinea Neerlandesa). Aproximadamente unos 3.000 habitantes de Bougainville, víctimas de otro conflicto secesionista en la provincia más oriental de Papúa Nueva Guinea, han buscado en ocasiones refugio en las vecinas Islas Salomón. Otros 67.000 son desplazados internos.
Además, se han utilizado leyes sobre ciudadanía de forma restrictiva o arbitraria para retirar el derecho de sufragio y marginar a algunas minorías étnicas. En Bhután, decenas de miles de personas de etnia nepalí se han visto privadas de su nacionalidad y expulsadas de su tierra natal. También en Myanmar, se han utilizado leyes de nacionalidad restrictivas para impedir que las minorías étnicas ejerzan su derecho a la libertad de circulación al clasificar a poblaciones enteras como «inmigrantes ilegales». En Hong Kong, sigue habiendo centenares de solicitantes de asilo de etnia china procedentes de Vietnam. Fueron excluidos en virtud del Plan General de Acción sobre Refugiados Indochinos (véase infra) pero el gobierno vietnamita se ha negado a reconocer su ciudadanía y no les permite volver al paísLa publicación Far Eastern Economic Review (19 de junio de 1997) eleva la cifra a 526..
Pocos refugiados de la región podrán volver a la región hasta que se aborden y resuelvan los problemas de derechos humanos que les hicieron exiliarse. Esta es la labor urgente que aguarda a los gobiernos y a los grupos de oposición de todo Asia. Mientras tanto, la comunidad internacional debe asegurarse de que todas las personas que huyen debido a que temen por sus vidas reciben la protección que merecen.
Causas de la huida
El mapa de Asia ofrece algunas pistas sobre los factores que hay detrás de los problemas de refugiados en la región. Muchas de las divisiones fueron trazadas arbitrariamente por las potencias coloniales sin considerar los grupos étnicos que incluían o dividían. Otras han sido trazadas o redefinidas por los conflictos, algunos de los cuales fueron fomentados o contaron con la intervención de las potencias extranjeras, y otras resultaron de las desigualdades económicas y políticas entre los diferentes grupos. Estos conflictos siempre han derivado en violaciones de derechos humanos, en muchos casos contra algunas minorías étnicas concretas. La mayoría de las víctimas han sido civiles y muchas se han visto obligados a huir al ver sus vidas en peligro.
Algunas de las peores crisis de refugiados han sido el resultado de la rivalidad entre las superpotencias en la región. Las guerras en el sudeste asiático provocaron algunos de los mayores movimientos de refugiados de la región, con personas procedentes de Vietnam, Laos y Camboya. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR), la organización internacional encargada de velar por la protección y ayuda humanitaria a los refugiados, en 1992 seguía habiendo unos 140.000 refugiados indochinos. La mayoría se encontraban en Tailandia, Malaisia, Indonesia, Filipinas, Macao y Hong Kong. Otros arribaron a las costas de Japón y Australia, mientras que una minoría viajó aún más lejos, repartidos por numerosos países de todo el mundoRefugees from Cambodia, Laos and Vietnam, 1975-1993, Michel Mignot, The Cambridge Survey of World Migration, ed. Robin Cohen, 1995. . Al ponerse en práctica el Plan General de Acción (véase infra) se cerraron casi todos los campos dado que los habitantes fueron reasentados en el exterior o devueltos a sus propios países.
Casi una quinta parte de la población afgana ha tenido que abandonar el país después de dos décadas de conflicto, azuzado por las potencias extranjeras. En la actualidad, sólo en Irán hay aproximadamente 1,4 millones de refugiados afganos y 1,2 millones en Pakistán. Y por ahora, no parece que vayan a terminar los horrores que provocaron la huida de los afganos al extranjero.
El subcontinente indio se ha visto asolado por crisis de refugiados desde hace 50 años como consecuencia del trazado de las fronteras, de la creación de países y de su nueva definición, lo que ha motivado que un gran número de personas se agruparan con otras de sus mismas características. Millones de personas emprendieron el camino, muchas de ellas en direcciones opuestas, al dividirse la India en 1947 y constituirse Pakistán y posteriormente Bangladesh.
La división de Cachemira, provocada por la disputa territorial entre India y Pakistán, sigue causando violencia y desplazamientos. En la India, desde comienzos de 1990, unos 300.000 hindúes de Cachemira y otros 50.000 musulmanes han huido del valle de Cachemira, poblado mayoritariamente por musulmanes. La mayoría de los hindúes viven
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Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
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Niños tibetanos en una escuela de un campo de refugiados de Nepal. © Howard J. Davies
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en los campos de Jammu, en el sur del estado de Jammu y Cachemira y en Delhi y sus alrededores. Han huido de sus hogares a causa de la violencia entre comunidades, los combates entre las fuerzas del gobierno indio y los insurgentes musulmanes de Cachemira (que piden la independencia o la unión con Pakistán) y de los frecuentes abusos de derechos humanos cometidas por todos los bandos.
Al consolidarse las naciones y aumentar la presión demográfica y de desarrollo, se ha constituido un «arco» de crisis de refugiados que recorre el corazón de Asia, desde el noreste de India, por Chittagong Rill Tracts en Bangladesh, hasta Myanmar y Tailandia. Las naciones Estado intentan consolidar su autoridad y control sobre los grupos tribales y étnicos, muchos de los cuales se niegan a reconocer las fronteras o a los Estados que integran varias etnias. El resultado ha sido que las zonas fronterizas se han convertido en campos de batalla, los gobiernos han emprendido prolongadas guerras de desgaste contra los grupos insurgentes de base étnica y las tensiones interétnicas han derivado en conflictos sangrientos. Personas desesperadas huyen a un lado y otro de las fronteras intentado encontrar al menos un refugio temporal. Por las zonas fronterizas proliferan los campos, repletos de comunidades de refugiados pertenecientes a grupos étnicos que permanecen una generación tras otra. Viven en la pobreza y atemorizados, sin saber a ciencia cierta si tendrán un futuro seguro. A su vez grandes sectores de la población se han convertido en desplazados internos como consecuencia de los ataques sufridos por sus comunidades.
Otra de las causas de los grandes movimientos poblacionales ha sido el desarrollo económico de la región, el cual ha ampliado la diferencia de riqueza entre los países. Algunos Estados han disfrutado de algunas de las economías con un crecimiento más rápido de todo el mundo en los últimos 20 años. Otros se han hundido en la pobreza debido a los desastres naturales, la guerra, la corrupción o la deuda. En Malaisia, por ejemplo, se calcula que la escasez de mano de obra ha provocado la afluencia de entre uno y dos millones y medio de trabajadores migratorios procedentes de otros países asiáticos, especialmente Bangladesh, Indonesia y Filipinas. Muchos entraron en el país ilegalmente y acabaron en campos de detención. Se han recibido denuncias de malos tratos y denegación de atención médica en algunos de estos campos. Unas condiciones de crecimiento similares en la costa oriental china han atraído a millones de trabajadores migratorios de las provincias más pobres del interior. Estos sectores reciben sueldos escasos, son responsabilizados del aumento del nivel de delincuencia y sufren hostigamiento, malos tratos y detención. El incremento de la migración provocada por estas disparidades económicas ha provocado muchas veces que se confundan los refugiados y los inmigrantes por motivos económicos en perjuicio de las personas que solicitan asilo a causa de violaciones de derechos humanos.
El gran número de personas que en Asia buscan un lugar seguro para escapar de la persecución y la violencia revela claramente lo extendido que está la falta de respeto a los derechos humanos en la región. También están poniendo a prueba hasta el límite el sistema de protección de los refugiados en Asia. En algunos casos, el sistema se está derrumbando a causa de la falta de recursos básicos. En otros, los gobiernos están tomando la decisión inequívocamente política de negarse a respetar sus obligaciones con respecto a los refugiados.
Una región con pocas reglas
La inmensa mayoría de los refugiados asiáticos solicitan asilo en la región, casi siempre en países que difícilmente pueden soportar la carga que representan. Los pocos que consiguen llegar a las fronteras de los países más ricos, tanto de dentro de la región como de otras zonas, ven crecientemente negadas sus peticiones de asilo o incluso la posibilidad de acceder a los procedimientos de asilo. Al mismo tiempo, estos países más ricos se muestran reacios a ofrecer un apoyo adecuado a los países asiáticos que acogen a una gran población de refugiados y que carecen de mecanismos a los que acogerse dentro del derecho internacional que les ayuden con la enorme carga que soportan. El resultado es que algunos gobiernos asiáticos les están dando la espalda a los refugiados o devolviéndoles a sus países de origen antes de que existan condiciones de seguridad para tomar esta decisión, A otros refugiados les han obligado a volver a su país reduciéndoles la ración de alimentos o con otras medidas coercitivas. Cada una de estas violaciones de los derechos de los refugiados pone alguna vida en peligro.
ar La comunidad internacional reconoció que los refugiados eran especialmente vulnerables y estableció un sistema de protección. La Convención de las Naciones Unidas sobre los refugiados y su Protocolo de 1967 establecen el derecho a la protección internacional de las personas en peligro en sus países de origen a causa de su raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política. La protección se basa en el principio de no devolución (non-refoulement), por el cual no se debe devolver a nadie a un país donde corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Sólo un reducido número de países asiáticos han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados y su Protocolo: Australia, Camboya, China, Corea del Sur, Filipinas, Fiji, Islas Salomón, Japón, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa y Tuvalu. Los países que no han ratificado ninguno de los dos tratados son: Afganistán, Bangladesh, Bhután, Corea del Norte, India, Indonesia, Laos, Malaisia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. De todos las regiones del mundo, Asia posee el peor registro de ratificación de la Convención.
Muchos de estos Estados acogen a importantes comunidades de refugiados. Bangladesh, India y Tailandia son Estados miembros del Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR (Excom), el único foro intergubernamental en el que se debaten las cuestiones relacionadas con los refugiados de manera exhaustiva. Este comité, integrado por 53 Estados miembros, se reúne anualmente y alcanza conclusiones sobre cuestiones importantes relativas a la protección de los refugiados. Estas conclusiones representan un consenso internacional y poseen una importante capacidad persuasiva. Como miembros del Excom, Bangladesh, India y Tailandia ejercen una gran influencia en la elaboración de normas internacionales sobre la protección de los refugiados, aunque todavía no han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados.
El principio de no devolución, la piedra angular de la protección a los refugiados, consagrado en el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, está reconocido internacionalmente como un principio del derecho internacional consuetudinario. Por ello, es vinculante para todos los Estados, aunque no sean partes de la Convención. Sin embargo, la Convención amplía el principio de no devolución y contiene muchas otras disposiciones para la protección de los refugiados. Por ejemplo, prohíbe a los Estados Partes que penalicen a los refugiados por entrar «ilegalmente» en el país. También establece que los Estados Partes deben aplicar la Convención a los refugiados de todos los países sin discriminaciones. Además, losEstados Partes «se comprometen a cooperar en el ejercicio de sus funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ... y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención», un aspecto de la protección a los refugiados que, como muestra este informe, ha resultado extremadamente problemático en algunos países asiáticos. Indudablemente, la calidad de la protección a los refugiados en Asia se resiente del hecho de que la mayoría de los Estados asiáticos no han ratificado la Convención.
Asimismo, los Estados de la región han hecho poco por afrontar los graves y cambiantes problemas representados por el gran número de refugiados presentes en la región. En otras regiones, las organizaciones regionales como la Organización para la Unidad Africana, la Organización de Estados Americanos y la Liga Árabe han elaborado instrumentos concebidos para mejorar la protección de los refugiados en sus regiones. En Asia no se ha alcanzado ningún acuerdo de esta índole, ni parece que haya ningún avance en ese sentidoEl Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano ha adoptado los Principios sobre el Trato a los Refugiados. Sin embargo, estos principios carecen de fuerza oficial. .
Sin embargo, existe un precedente de cooperación internacional en Asia respecto a la protección a los refugiados. A partir de la segunda mitad de la década de los setenta y durante los años ochenta, «los refugiados del mar», principalmente de Vietnam, llegaron en gran número a los países vecinos del sudeste asiático. La reacción inicial de muchos de estos países, de los cuales casi ninguno había ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, fue tratar a estos solicitantes de asilo como inmigrantes ilegales. Las expulsiones sumarias en la frontera eran frecuentes. Como respuesta, se alcanzaron varios acuerdos internacionales, que culminaron en el Plan General Acción sobre Refugiados Indochinos de 1989 El Plan General de Acción sobre Refugiados Indochinos se aprobó en 1989 como una forma de abordar el problema de los países de primer refugio que se negaban a permitir instalarse a los solicitantes de asilo. Se impedía a miles de refugiados rescatados del mar desembarcar y solicitar protección en algún país de la región.. En virtud de este plan se prestó apoyo económico a los países asiáticos a los que habían acudido inicialmente los refugiados para que pudieran proporcionarles alojamiento mientras se examinaba su situación para decidir si eran refugiados. Este examen se basaba en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados y su Protocolo, teniendo en cuenta en la medida debida la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes sobre refugiados. El ACNUR participó, en calidad de observador y asesor, en los procedimientos de selección llevados a cabo de conformidad con el Plan General y se hizo referencia expresa al Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiados del ACNUR (Manual del ACNUR)Recopilado por el ACNUR a petición del Excom, el Manual del ACNUR establece unas directrices pormenorizadas sobre el trato a los solicitantes de asilo y la valoración de sus peticiones.como una orientación autorizada y de ayuda en interpretación a la hora de elaborar y aplicar los criterios para determinar la condición de refugiados. De los ocho países y territorios asiáticos que integraban el Plan General, sólo dos, Japón y Filipinas, habían ratificado la Convención sobre los RefugiadosLos otros países y territorios partes del acuerdo eran: Tailandia, Malaisia, Singapúr, Indonesia, Macao y Hong Kong, y el país de origen, Vietnam..
A los solicitantes de asilo que superaran la selección se les reasentaría, preferentemente en países occidentales; mientras que los rechazados, serían devueltos. Los países occidentales también aportaron fondos económicos a numerosos programas de desarrollo destinados a mejorar la situación en Vietnam y a promover la reintegración de los solicitantes de asilo retornados. El compromiso de los Estados de primer asilo se limitaba a alojar a los solicitantes de asilo en campos y centros de detención hasta que pudieran ser reasentados en otra parte. Entre 1989 y 1995, unos 80.000 vietnamitas que habían huido por mar fueron reasentados fuera de la región y más de 72.000 fueron devueltos a VietnamUnos 1.600 refugiados aceptados permanecen en Hong Kong sin poder encontrar lugares para instalarse. Far Eastern Economic Review. op. cit..
Refugiado afgano trabajando en un campo de refugiados cerca de Peshawar, Pakistán.
© Howard J. Davies
A pesar de los problemas que surgieron en relación con algunos aspectos de la selección llevadas a cabo en aplicación del Plan General, así como con el régimen de detención de varios paísesPor ejemplo, véase el informe de Amnistía Internacional sobre Hong Kong: Arbitrary detention of Vietnamese asylum-seekers, abril de 1994 (Índice AI: ASA 19/04/94)., el acuerdo se mantiene como un ejemplo admirable de cómo los países pueden adoptar un planteamiento concentrado y sistemático de ámbito internacional en relación con las crisis de refugiados. Desgraciadamente, el Plan General terminó oficialmente en 1996, y no se tradujo en un compromiso duradero de los países asiáticos con la protección de los refugiados. Aunque todas las partes del Plan General reconocieron la autoridad de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados y su Protocolo, así como del ACNUR y su manual, ninguno de los Estados que en aquel momento no habían ratificado la Convención lo ha hecho después.
Cuestiones relacionadas con la protección de los refugiados
El trato a los refugiados varía en la región, ya sea a causa de la escala de la afluencia de los refugiados o de las leyes o prácticas vigentes en los Estados de acogida. A algunos refugiados les ofrecen protección en virtud de su pertenencia a un grupo. Por ejemplo, millones de afganos fueron aceptados en Pakistán como refugiados sin que hubiera ninguna valoración individual de sus peticiones de asilo. Durante más de una década, Pakistán reconoció que no había otra solución que dar refugio a todas las personas que huían de la catastrófica situación de los derechos humanos en Afganistán. Sin embargo, en los últimos años, los refugiados afganos han sido detenidos y tratados como inmigrantes ilegales.
La situación de las personas que solicitan asilo en los países más ricos de la región como Australia, Japón y Nueva Zelanda, se determina en función de un examen individual. A veces los procedimientos son transparentes y justos. En otros casos, son extraordinariamente complejos y menos satisfactorios. En muchos países asiáticos, los solicitantes de asilo carecen de acceso a asesoramiento o representación independiente y de posibilidades reales de ejercer su derecho a la apelación. En muchos países, la política hacia los refugiados está determinada claramente por consideraciones políticas y de relaciones exteriores.
Australia tiene un sistema de cuotas, por el cual permite que un determinado número de refugiados se instale en el país por motivos humanitarios o como refugiados. Sin embargo, las personas que llegan a Australia con la intención de solicitar asilo sufren dificultades crecientes. Los políticos y otros sectores influyentes en Australia han promovido una actitud que equipara a los que llegan «ilegalmente» (especialmente los denominados «refugiados del mar») con personas que se «cuelan» en el sistema de inmigración. Esta opinión hace caso omiso del hecho de que muchos solicitantes de asilo no están en condiciones de ponerse a la cola o de abandonar su país legalmente, y que algunos no pueden conseguir un visado para entrar en Australia.
En virtud de la Ley de Inmigración de 1958, todos los solicitantes de asilo que llegan a Australia sin la documentación adecuada son objeto de detención arbitraria y automática hasta que se evalúa su petición, lo cual vulnera claramente las normas internacionalesEl artículo 31 de la Convención sobre los Refugiados afirma que: «Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales». La conclusión 44 del Excom, en la que se establecen los motivos concretos en virtud de los cuales es legitima la detención de los refugiados y solicitantes de asilo, afirma que «en vista de los sufrimientos que entraña, la detención debe normalmente evitarse»..Las personas que intentan solicitar asilo inmediatamente a su llegada a un aeropuerto puede ser devueltas a su país de origen inmediatamente si no declaran a los funcionarios claramente que pretenden solicitar asilo y aunque consigan comunicar su intención pueden ser detenidosSe debe adiestrar a los funcionarios, en la medida de lo posible, para que reconozcan a las personas que señalen que tienen miedo de volver a sus países de origen y remitan el caso a las instancias oportunas. El Manual del ACNUR señala que el solicitante de asilo se encuentra en una situación particularmente vulnerable. Se encuentra en un entorno extraño y puede padecer graves dificultades a la hora de presentar su caso a las autoridades de un país extranjero, a menudo en un idioma que no es el propio. El manual afirma que los funcionarios deben mostrar comprensión respecto a las dificultades y necesidades del solicitante. . A pesar de que recientemente se ha reducido la duración media de los procesos de determinación de asilo, y consiguientemente el tiempo que pasan los solicitantes de asilo detenidos, en la práctica, a las personas que recurren contra una negativa inicial se les penaliza con una detención prolongada y con un contacto limitado con el mundo exterior. Estas detenciones pueden durar varios años y no cabe revisión judicial. En abril de 1997, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidos manifestó su opinión de que Australia había violado las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativas a las detenciones arbitrarias y al derecho a recurrir ante los tribunales contra una reclusión continuada. La declaración se refería a un solicitante de asilo camboyano que estuvo detenido más de cuatro años en varios centros de detención australianos hasta su liberación en enero de 1994. El Comité pidió al gobierno australiano que contestara antes de fines de julio de 1997, pero con fecha del 21 de julio no había ningún indicio de que el gobierno fuera a contestar o revisar su política.
De los 2.854 «refugiados del mar» que llegaron a partir de 1989, 763 niños y 75 bebés nacidos en centros de detención pasaron hasta cuatro años detrás de vallas de alambre espino. El principal centro de detención y tramitación de inmigrantes está en Puerto Hedland, a unos 1.300 kilómetros de la ciudad más próxima Perth y a unos 4.000 de Sydney o Melbourne, donde tienen su sede la mayoría de las organizaciones que prestan su ayuda a los refugiados.
En marzo de 1997, en un intento de disuadir a los solicitantes de asilo de que pidiesen la revisión judicial de las peticiones rechazadas, el gobierno anunció unos planes para limitar los motivos por los que se podía pedir la revisión judicial de las peticiones denegadas. El 1 de julio de 1997, aprobó una tasa de 1.000 dólares australianos (740 dólares estadounidenses) para las aplicaciones que fueran rechazadas tanto por los funcionarios de inmigración como por el Tribunal de Revisión de los Refugiados. Este tribunal, un organismo independiente que revisa la mayoría de las solicitudes de asilo rechazadas inicialmente ha recibido recientemente indicaciones del gobierno para que tome sus decisiones de acuerdo con lo que se espera de su función e interpretación de las leyes nacionales e internacionales sobre refugiados. Los solicitantes de asilo que han aguardado más de seis meses para que se tome una decisión inicial sobre su petición ya no tienen derecho a ayuda social y médica si recurren contra una decisión negativa. Los permisos de trabajo sólo se concederán en casos excepcionales a los solicitantes que no soliciten asilo en el plazo de 45 días desde su llegada a Australia. Algunos de estos solicitantes de asilo dependen de las organizaciones comunitarias y de los ciudadanos australianos preocupados por proporcionarles alojamiento, comida y asistencia médica.
Australia también ha limitado las investigaciones independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos padecidas por las personas detenidas en aplicación de las leyes de inmigración. En junio de 1996, un tribunal falló, en contra del criterio del gobierno, que no debía impedirse a la Comisión de Derechos Humanos australiana enviar cartas a los «refugiados del mar» chinos detenidos informándoles sobre las investigaciones de presuntas violaciones de sus derechos humanos. Dos semanas más tarde, el gobierno intentó promulgar unas leyes para que se limitara la capacidad de la Comisión de emprender investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes detenidos o de asesorarles sobre sus derechos legales. Aunque la ley no se ha aprobado, sus disposiciones se han puesto en práctica después de las negociaciones mantenidas con la Comisión.
En noviembre de 1994, en Australia se aprobó la ley sobre «terceros países seguros», según la cual ya no se examinarían las peticiones de asilo realizadas por personas que tuvieran acceso a protección en otros países que sí respetan las normas de derechos humanos, o a las que les hubieran negado la petición de asilo en otros lugares. En virtud de esta ley, China se consideraba país «seguro» para todos los vietnamitas que solicitasen asilo en Australia, y que al parecer, fueron reasentados en China después de la guerra chino-vietnamita de 1979. Esto se mantenía aunque expresaran temor a sufrir persecución en caso de ser devueltos a China. Desde entonces, al menos 850 personas han sido devueltas a China como consecuencia del acuerdo de las autoridades australianas y chinas en virtud de la ley sobre «terceros países seguros».
En ocasiones, a los solicitantes de asilo que llegan a Japón les niegan completamente el acceso a los procedimientos de asilo. Y a los que permiten presentar la petición les someten a un procedimiento reservado, arbitrario y plagado de obstáculos. Algunos refugiados han estado detenidos meses en espera de que se examinara su petición. A otros con razones fundadas para conseguir la condición de refugiados les han negado la solicitud y después les han amenazado con la devolución. Por ejemplo, en marzo de 1995, el Tribunal de Distrito de Tokio rechazó la apelación de un activista en favor de la democracia, Zhao Nan, contra la negativa de las autoridades a concederle la condición de refugiado. Su solicitud había sido rechazada porque no solicitó asilo en el plazo de 60 días a partir de su llegada. Al parecer, las autoridades rechazaron su solicitud sin entrar en el fondo de la petición. El incumplimiento de los requisitos relativos a procedimiento no justifica la exclusión automática de los solicitantes de asilo de la condición de refugiados y en ningún caso justifica la devolución forzosa de las personas a países donde corren peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanosLa conclusión 15 del Excom afirma: «Si bien puede establecerse que quienes busquen asilo estén obligados a presentar su solicitud dentro de un cierto plazo, el hecho de no hacerlo, o de no cumplir con otros requisitos formales, no debería excluir la consideración de una petición de asilo». .
Zhao Nan representa un problema mucho mayor. Aunque había centenares, si no miles, de estudiantes chinos viviendo en Japón que simpatizaban o incluso participaron en el movimiento en favor de la democracia en China en el momento de la matanza cometida en Pekín en 1989, hasta la fecha, Japón sólo ha reconocido a una persona la condición de refugiado. Las autoridades japonesas han ordenado a muchos solicitantes de asilo chinos que vuelvan a su país, a pesar del grave peligro de que sufran violaciones de derechos humanos en China. Sin embargo, en los últimos años se ha permitido a algunos ciudadanos chinos permanecer en Japón sin que se les conceda oficialmente el asilo político.
Refugiados camboyanos volviendo a su país a punto de montarse en un tren que les llevará a un centro de recepción en la afueras de Phnom Penh durante un programa de repatriación, junio de 1992. © Howard J. Davies
Asia: Etnia y nacionalidad
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Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
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Asia: Etnia y nacionalidad
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Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
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La legislación china sobre entrada y salida de extranjeros establece que los solicitantes de asilo por motivos políticos pueden vivir en China si reciben la aprobación de las autoridades competentes. Los refugiados que entran o viven ilegalmente en China pueden ser detenidos, sometidos a vigilancia o deportados. Muchas de las personas que huyen a China lo hacen «ilegalmente» y, por ello, corren peligro de ser devueltos forzosamente. El grupo de refugiados más numeroso presente en China -unas 285.000- es el vietnamita, en su mayoría de etnia chinaWorld Refugee Survey 1996, op.cit..
Niño vietnamita en una entrevista de selección en el campo de refugiados de Marang, Malaisia, en 1991.
© Howard J. Davies
India acoge a una población de refugiados numerosa (unas 300.000 personas) y variada. Esta población la integran unos 123.000 tibetanos, así como decenas de miles de srilankeses, bangladeshíes de etnia chakma, personas de etnia nepalí de Bhután y afganos. Aunque no es Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, India forma parte del Excom y desempeña un papel importante en la elaboración de normas relativas a la protección de los refugiados.
A pesar de ello, la legislación y la práctica indias incumplen estas normas en muchos aspectos. Todo refugiado que cruza la frontera india sin autorización es considerado un inmigrante ilegal y puede ser procesado y condenado hasta a cinco años de cárcel y multado. La Ley de Extranjería de 1946 no establece disposiciones sobre los refugiados. Además, India niega el acceso del ACNUR a la mayoría de los refugiados y no permite que ninguna instancia exterior examine la situación que padecen algunos de ellos.
fs22 Los refugiados que huyen a la India procedentes de determinados países corren algunos riesgos al solicitar asilo. Se les exige que se presenten en una comisaría local, algunas de las cuales han llegado a un acuerdo con las comisarías del país del que ha huido el solicitante de asilo. Por ejemplo, a algunos solicitantes de asilo birmanos los agentes de policía indios los entregaron a funcionarios birmanos y nunca más se ha vuelto a saber de ellosRefugees from Myanmar, Comisión Internacional de Juristas, octubre de 1992.. En el pasado, la India ha utilizado medidas coercitivas para inducir a los refugiados srilankeses a que volvieran a su país.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India ha intervenido en algunas ocasiones en relación con la protección de los refugiados en el país. Por ejemplo, ha recomendado que se introdujeran mejoras en los campos de Tripura para los refugiado chakmas procedentes de Bangladesh y ha intervenido ante el Tribunal Supremo para impedir la expulsión de estos refugiados del estado de Arunachal Pradesh. Sin embargo, por lo que a Amnistía Internacional le consta carece de una política coherente con respecto a los refugiados y no ha recomendado que la India ratifique la Convención sobre los Refugiados.
Tailandia también acoge desde hace más de 20 años a centenares de miles de refugiados, en su mayoría de Camboya, Laos y Vietnam. Sin embargo, los solicitantes de asilo que llegan en la actualidad, especialmente los procedentes de Myanmar, corren un riesgo creciente de ser repatriados forzosamente. En Tailandia se considera inmigrante ilegal a cualquier persona que carece de documentos de viaje adecuados, y puede ser objeto de arresto, detención, multa y deportación. Tampoco se establecen diferencias entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes económicos.
Las autoridades tailandesas han afirmado que prestar ayuda a los refugiados sólo animaría a que más personas huyeran a sus fronteras. Se han negado reiteradas veces a que el ACNUR establezca una presencia permanente en la frontera con Myanmar, con lo que ha limitado su capacidad para llevar a cabo su cometido. La actitud de las autoridades se puede resumir en las declaraciones realizadas por un alto cargo tailandés a principios de los años noventa, el cual manifestó: «Tenemos a 300.000 camboyanos, a miles de vietnamitas y laosianos ... ¿Es que tenemos que dar refugio a todo el mundo?Refugees from Myanmar, op.cit..
En algunos casos, parece que las consideraciones económicas y políticas prevalecen sobre los intereses de los refugiados. Tailandia intenta conseguir ventajas económicas de la apertura del estado de Mon de Myanmar y esto parece haber influido en su trato a los refugiados birmanos de Mon. Desde 1990, les han obligado a trasladar sus campos cuatro veces, cada vez más cerca de la frontera con Myanmar. En 1992, el ejército tailandés asaltó dos de los campos y, en 1994, se ordenó el traslado de un campo con unos 6.000 refugiados al interior de Myanmar en Holockani. En julio de 1994, el ejército birmano atacó el nuevo campo. Como resultado se destruyeron 60 casas y los refugiados huyeron de nuevo a Tailandia. Al igual que India, Tailandia está representada en el Excom, a pesar de que tampoco ha ratificado la Convención sobre los Refugiados.
El ACNUR ha sufrido graves problemas en varios países asiáticos. Para llevar a cabo su cometido, el ACNUR necesita acceder a los refugiados. Esto no se permite en algunos Estados asiáticos. En algunos países donde le han permitido actuar, como India y Sri Lanka, ha sufrido una presión extrema por parte de ambos países durante los programas de repatriación, lo que le ha puesto en una situación comprometida y ha provocado críticas generalizadas. Los esfuerzos del ACNUR en Asia se han visto obstaculizados por el hecho de que la mayoría de los países asiáticos no han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados y no facilitan la labor de vigilancia de la situación de los refugiados por el ACNUR.
Los 1,7 millones de desplazados internos en Asia son todavía más vulnerables a los abusos contra los derechos humanos que los refugiados. No existe ningún tratado u organismo internacional como el ACNUR que se encargue de protegerlos. Los gobiernos suelen mostrarse reacios a aceptar la supervisión internacional respecto al trato que dan a los desplazados porque afirman que interfiere en su propia soberanía. Por tanto, muchos grupos de desplazados quedan fuera del alcance de las organizaciones humanitarias internacionales, e incluso cuando no es así, el interés internacional se centra en la ayuda humanitaria y no en los derechos humanos. Por ejemplo, en Bougainville no se permite la vigilancia de los desplazados internos y los habitantes de los campos disponen de muy poca protección o carecen absolutamente de ella frente a las violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones», de las que se informa habitualmente.
La mayoría de los refugiados y desplazados internos desean volver a su país. Sin embargo, pocos desean hacerlo mientras sigan corriendo peligro de sufrir violaciones de derechos humanos. Por tanto, la protección debe seguirse ofreciendo mientras sea necesaria. Al mismo, tiempo debe procurarse por todos los medios poner fin a los abusos contra los derechos humanos que causaron la huida de tantas personas para que en algún momento las personas puedan volver a sus comunidades sin temor.
Asia: Etnia y nacionalidad
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Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
Índice AI: ASA 01/01/97/s Amnistía Internacional, octubre de 1997
Asia: Etnia y nacionalidad
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Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
Índice AI: ASA 01/01/97/s Amnistía Internacional, octubre de 1997
1 Myanmar: represión étnica
Me golpearon innumerables veces en la espalda y el cuello, y me salió sangre por la boca. Tengo suerte de seguir vivo.
El que este refugiado, miembro de la minoría akha, crea que tuvo «suerte» debido a que únicamente le torturaron es un recordatorio escalofriante del nivel de terror imperante en Myanmar, especialmente para los miembros de las minorías étnicas del país.
Las minorías étnicas representan un tercio de la población de Myanmar y viven fundamentalmente en las regiones montañosas fronterizas con Bangladesh, China, India, Laos y Tailandia. Estas minorías han sufrido graves y reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército regular birmano (tatmadaw) en sus intentos de unificar a la fuerza este país multiétnico, lograr la apertura de las zonas rurales al desarrollo económico y aplastar a los grupos armados de oposición de base étnica que luchan en favor de una mayor autonomía respecto del grupo étnico mayoritario y dominante, el birmano. Sin embargo, la terrible situación que viven las minorías étnicas se ha visto eclipsada por el enfrentamiento que libra el gobierno con el movimiento en favor de la democracia, el cual también ha provocado la huida de miles de personas de etnia birmana de la zona central de Myanmar a Tailandia, India y BangladeshPara más información sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, véanse los informes de Amnistía Internacional: Intimidation and imprisonment(Índice AI: ASA 16/01/97) y Myanmar: Ethnic minority rights under attack(Índice AI: ASA 16/20/97)..
Se ha actuado contra miles de personas simplemente por su origen étnico. Por ejemplo, el gobierno no reconoce la ciudadanía a los rohingyas, musulmanes birmanos que viven en el estado septentrional de Rakhine (Arakan). El gobierno ha declarado en varias ocasiones que en Myanmar hay «135 razas nacionales», entre las que no se incluye a los rohingyas. En virtud de las disposiciones de la Ley de Ciudadanía de 1982, la mayoría de los rohingyas se ven privados de su ciudadanía completa. La ley establece tres tipos de ciudadanos dependiendo del número de generaciones a las que se remonta la presencia de la familia de un individuo en Myanmar. Como consecuencia, los rohingyas no disfrutan de muchos derechos básicos, como la libertad de circulación dentro del país.
Las oleadas de refugiados que salen del país revelan que los desmentidos oficiales de que los grupos étnicos estén siendo objeto de abusos son falsos. Los movimientos repentinos y, muchas veces en gran escala, de refugiados suelen producirse como consecuencia de una mayor militarización de una zona habitada por una minoría étnica. Unas veces el flujo es hacia el este -refugiados de etnia karen, mon, shan, akha o kareni cruzando la frontera hacia Tailandia- otras hacia el oeste -los rohingyas huyendo hacia Bangladesh y los chin hacia la India. También se dirigen hacia el sur, por ejemplo los rohingyas que huyen a Malaisia. Sólo en estos cinco países hay decenas de miles de refugiados de las minorías étnicas de Myanmar. Otros se han marchado todavía más lejos. Hay miles de familias desplazadas internamente. En muchos casos, las fuerzas militares regulares han atacado comunidades de minorías étnicas que vivían alejadas de las zonas conflictivas y han cometido graves violaciones de derechos humanos durante estas operaciones.
Desde 1988, cuando los militares se reafirmaron en el poder después de suprimir un amplio movimiento en pro de una democracia, el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público (el gobierno militar de Myanmar) ha permitido que sus fuerzas cometan numerosas violaciones de los derechos humanos de los civiles durante las operaciones de contrainsurgencia efectuadas contra los grupos armados de oposición. En lugar de intentar negociar un acuerdo general, el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público ha intentado eliminar a los grupos uno a uno. Las treguas han sido breves. Mientras tanto, las fuerzas militares regulares han matado, mutilado y aterrorizado impunemente a las minorías étnicas que aparecían por su camino.
Las fuerzas militares regulares también han aprehendido a civiles, en su mayoría miembros de las minorías étnicas, para que trabajasen como porteadores y en caso de que no cumplieran la labor exigida los han castigado con detención arbitraria, torturas y malos tratos. Estas personas también han sufrido golpes reiterados con cañas de bambú y culatas de rifles, privación de alimentos, agua, descanso y tratamiento médico y, en caso de intento de fuga, les han dado muerte.
En los últimos cinco años, centenares de miles de personas, entre ellas muchas de etnia birmana, han sido obligadas a trabajar gratuitamente en los nuevos proyectos de obras públicas. No se libra nadie, ni enfermos ni ancianos, ni niños ni mujeres. Para muchos, estos trabajos suponen padecimiento cruel, inhumano y degradante e incluso la muerte.
Incontables personas de otras minorías étnicas no han tenido más remedio que huir de sus casas, víctimas de los «reasentamientos» brutales llevados a cabo por el ejército. En las zonas donde se sospecha que hay oposición, se obliga a punta de pistola a parte o incluso a toda la población civil a trasladarse a los campos de reasentamiento y les dicen que no pueden volver hasta que el grupo de la oposición se rinda. También les amenazan de muerte si no obedecen. Muchas veces se destruyen sus casas, cosechas y ganado. Estas campañas de «tierra quemada» se han llevado a cabo en el estado de Kayah (Kareni), en el estado central de Shan y en el distrito Papul del estado de Kayin.
Los abusos flagrantes contra los derechos humanos han empujado de sus casas al menos a un millón de habitantes de Myanmar pertenecientes a las minorías étnicas. Sin embargo, su huida no garantiza su seguridad. Muchos corren peligros durante el viaje o al cruzar la frontera y posteriormente sufren abusos contra los derechos humanos en los países de asilo. Corren un peligro doble, en casa y como refugiados en el extranjero.
Comunidades víctimas
El silencio de la mañana se rompió cuando los soldados entraron en el pueblo. Todo el mundo sabía lo que quería decir. El ejército había llegado para expulsarles de sus casas. Los habitantes no habían cometido ningún delito, ni había ninguna justificación legal para el desalojo. Pero las autoridades consideraban que eran posibles seguidores de los grupos de la oposición. Enfrentados a hombres armados que podían matarles impunemente, los habitantes huyeron.
Se ordenó a los habitantes de unos 100 pueblos situados entre los ríos Pon y Salween en el Estado de Kayah que se trasladaran a unos puntos de reasentamiento junto a los campos militares del Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público en Shadaw y Ywa Thit. La orden declaraba que cualquier persona a la que se viera en estos pueblos o sus alrededores después del 7 de junio de 1996 sería considerada «enemiga», eufemismo oficial que significa que se le puede disparar nada más ser vista. Este tipo de reasentamiento forzoso de civiles es sólo una de las numerosas y flagrantes violaciones del derecho humanitario y de las leyes que regulan los conflictos armados que cometen las fuerzas armadas regulares en MyanmarEl artículo 17 del Protocolo Adicional 2 de los Convenios de Ginebra prohíbe el reasentamiento forzoso de civiles «a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas»..
Esta oleada de reasentamientos forzados comenzó en abril de 1996 y se extendió por las zonas donde las autoridades consideraban que había actuado el Partido Nacional Progresista Kareni. En apenas unas semanas se calcula que entre 20.000 y 30.000 personas lo perdieron todo, casas, tierras y bienes. La mayoría pertenecían a la etnia kareni, aunque algunos eran de etnia shan.
Un habitante kareni de una de estas localidades le contó a Amnistía Internacional lo que le había dicho un soldado:
... todos ustedes han proporcionado comida a las tropas kareníes, así que no queremos que sigan aquí. Deben irse a Tailandia o a Sha Daw o Ywa Thit [lugares de reasentamiento]. El próximo mes volveremos. Si alguien continúa en el pueblo, le dispararemos.
La mayor parte de la población kareni ha terminado en los campos de reasentamiento del estado. Unos 7.000 se refugiaron en los campos de Tailandia, a pesar del peligro que suponía este recorrido de hasta una semana por bosques y montañas, sin apenas alimentos y el temor constante a toparse con las tropas del Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público. Un campesino budista de etnia kareni de 30 años le relató a Amnistía Internacional su viaje. En agosto de 1996, cuando el grupo en el que viajaba, formado por unas cien personas del campo de reasentamiento, se estaba acercando a la frontera tailandesa, las fuerzas regulares tailandesas abrieron fuego. Murieron cuatro hombres, Ee Reh, Sii Reh, Mii Reh y Hla Reh.
En los últimos 13 años, decenas de miles de kareníes también han huido hacia el este pasando a Tailandia desde el estado de Kayin (Karen) con el fin de escapar de las tropas regularesKaren es la palabra inglesa y kayin la birmana. En este informe se utiliza karen porque es una versión más aceptada de Ka Nyaw, el término que utilizan los karen.. Muchos han descrito la muerte de amigos y familiares a manos del ejército durante las operaciones de contrainsurgencia contra la Unión Nacional Karen, el mayor de los grupos de oposición armada de base étnica que no firmó ningún tipo de acuerdo de alto el fuego con las autoridades. Un campesino budista sgaw karen presenció el homicidio de su vecino, Way Myat Paw, a principios de 1996Los kareníes están divididos en dos grupos, sgaw y pwo, cada uno con su propio dialecto..
Los soldados le preguntaron a Way Myat Paw «¿eres un soldado de la Unión Nacional Karen?». Los otros vecinos contestaron: «No, es un civil, no es de la Unión». Pero después los soldados le dispararon en la espalda ... dejaron el cuerpo allí... Era una buena persona, algo gruesa, sonreía mucho, una persona alegre.
A fines de enero de 1997, las conversaciones de alto el fuego entre el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público y la Unión Nacional Karen se interrumpieron por cuarta vez. Unos días más tarde, el ejército birmano lanzó una importante ofensiva contra las posiciones que seguía manteniendo la Unión Nacional Karen en el estado de Kayin, lo que provocó la huida de entre 15.000 y 20.000 civiles kareníes a Tailandia. Los refugiados huyeron al distrito de Umphang, provincia de Tak y a las provincias de Kanchanaburi y Raatchaburi en el oeste de Tailandia, uniéndose a miles de personas que habían huido de matanzas anteriores.
Durante la ofensiva del Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público contra la Unión Nacional Karen se recibieron informes de las persecuciones sufridas por los musulmanes. Se quemaron mezquitas, se destruyeron libros del Corán y se desalojó forzosamente a los habitantes de esos pueblos. Una mujer que huyó del barrio de Gyaidone en marzo de 1997 como consecuencia de los bombardeos realizados por las fuerzas birmanas regulares contó a Amnistía Internacional que habían recibido un mensaje del Consejo de Estado indicando que a cualquier musulmán que volviera al pueblo se le daría muerte. Finalizó su relato:
No me atrevo a volver a mi casa. Si vuelvo el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público me matará...
Los miembros de la comunidad étnica mon también han sufrido abusos parecidos en los últimos años. Las fuerzas armadas regulares atacaron a una mujer de 54 años de religión cristiana de esta comunidad, a su nieta de 17 años y a su sobrino al volver del campo de refugiados de Pa Yaw, en diciembre de 1995, a su pueblo en el municipio de Ye Pyu, división de Tanintharyi (Tenasserim), para recoger unos cerdos para la fiesta de Navidad. La abuela recuerda:
Oí la voz de un soldado y después oí a mi nieta proferir un grito breve pero muy fuerte y después la oí sollozar ... A continuación el capitán tiró de ella y la violó. Después de hacerlo, enseñó a la niña la pistola y dijo «nadie debe conocer esto. Si se lo dices a alguien, te mataré».
En cuanto que les liberaron, la familia huyó de nuevo a Tailandia.
Miles de miembros de las minorías étnicas del estado de Mon y de la división de Tanintharyi, en su mayoría de etnia mon (mayoritariamente budista) y karen han huido a Tailandia u otras zonas de Myanmar para evitar las violaciones de derechos humanos. Muchas veces huyen para escapar de la tortura, los malos tratos y la amenaza de ejecución asociadas con la obligación de tener que actuar de porteadores o llevar a cabo trabajos forzados. Un niña mon de 14 años del municipio de Ye Pyu huyó después de que la obligaron a trabajar tres veces en la vía férrea de Ye Dawei. La niña declaró que había muchos otros niños, de incluso 12 años, esclavizados junto a ella.
Abusos similares han obligado a las comunidades akha y lahu a huir del estado de Shan. Las violaciones de niñas y mujeres son frecuentes. Un refugiado describió cómo Mi Aul, de 15 años, y Mi She, de 16, no sobrevivieron:
Dos o tres hombres, incluido el comandante de los soldados, las violaron continuamente durante seis noches... Después de ser liberadas, las dos niñas no dormían, no comían y al final se murieron.
Algunas de las peores atrocidades se han cometido en las zonas meridional, central y oriental del estado de Shan, donde las fuerzas militares regulares han organizado reasentamientos forzados en gran escala. Desde marzo de 1996, el ejército ha llevado a cabo el reasentamiento de al menos 100.000 personas del estado de Shan en las zonas centrales y meridionales. A los habitantes les dijeron que si no se trasladaban las tropas les dispararían cuando volviesen para quemar los pueblos. Decenas de miles de personas huyeron a Tailandia como consecuencia de estas amenazas. Una segunda oleada de reasentamientos tuvo lugar en marzo de 1997 después de iniciarse los combates entre las fuerzas militares regulares y el grupo armado de oposición Ejército Revolucionario Unido Shan. Como resultado, según informes entre abril y mayo huyeron a Tailandia unos 16.000 refugiados.
Miles de personas de etnia chin del estado de Chin y de la división occidental de Sagaing en el noroeste de Myanmar han huido al estado de Mizoram, en el noreste de India, para evitar tener que realizar trabajos forzados y toparse con las fuerzas militares regulares, que han incrementado su presencia en esas zonas como respuesta a las actividades del grupo armado de oposición Frente Nacional Chin. En los últimos dos años también se han recibido informes de la persecución religiosa padecida por la etnia chin, el 90% de cuyos miembros son cristianos. Al parecer, el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público está llevando a cabo conversiones forzosas al budismo de los niños de esta etnia y quemando públicamente cruces, el símbolo del cristianismo.
La huida más espectacular de una comunidad étnica en Myanmar comenzó en 1991, cuando los musulmanes del estado de Rakhine (conocidos a veces como rohingyas) comenzaron a entrar en Bangladesh. Hacia mediados de 1992 habían huido más de un cuarto de millón de personas (de una población total de entre uno y dos millones) porque afirmaban que estaban siendo expulsados del país por el terror militar. Los refugiados hablaron de malos tratos, tortura y homicidios deliberados y arbitrarios cometidos en el contexto de los trabajos forzados y las labores de porteadores a que les obligaban. Las fuerzas de seguridad violaron sistemáticamente a mujeres y niñas. Los abusos parecían un intento deliberado de obligar a los rohingyas a abandonar la región. Un refugiado dijo: «mientras nos golpeaban nos decían que debíamos irnos porque no nos querían en Birmania. Dijeron que nos matarían si intentábamos volverUnion of Myanmar: Human rights violations against Muslims in the Rakhine (Arakan) State, Amnistía Internacional, mayo de 1992 (Índice AI: ASA 16/06/92)..»
El Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público ha ofrecido explicaciones contradictorias sobre la situación legal de los musulmanes del estado de Rakhine. Al principio declaró que los refugiados eran extranjeros ilegales que huían para eludir los controles de inmigración. Posteriormente negó que ninguno hubiera huido de Myanmar.
La crisis de derechos humanos remitió en 1992, tras lo cual hubo repatriaciones de rohingyas. A fines de 1995 quedaban menos de 55.000 de los 250.000 refugiados originales del estado de Rakhine en los nueve campos de Bangladesh. Sin embargo, el ciclo de violencia y éxodos no ha concluido. En el primer semestre de 1997, miles de rohingyas huyeron a Bangladesh para no tener que realizar trabajos forzados y sufrir otras penalidades, aunque los cálculos oscilan enormemente entre 2.000 y 20.000.
Existe una pauta evidente en todo Myanmar. Las comunidades étnicas son objeto de reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades que creen que pueden matar, mutilar y encarcelar arbitrariamente con impunidad. Hasta que terminen las violaciones, las minorías étnicas de Myanmar seguirán buscando solución a sus temores en un lugar seguro lejos de sus casas.
La difícil situación de los refugiados
La espeluznante situación de los derechos humanos en Myanmar deja poca dudas respecto a que las personas que huyen del país necesitan y merecen protección internacional. Sin embargo, los refugiados birmanos muchas veces sufren abusos o son devueltos forzosamente al solicitar protección.
Refugiados kareníes de Myanmar en el campo de refugiados 3 en la frontera entre Tailandia y Myanmar.
© Howard J. Davies
Desde 1984 hasta mediados de los años 90, las autoridades tailandesas permitieron que las sucesivas oleadas de refugiados kareníes que huían de Myanmar permanecieran en los campos de la frontera occidental de Tailandia. Sin embargo, a partir de principios de 1995, los refugiados kareníes han tenido dificultades crecientes para encontrar un lugar en el que esconderse. En enero de 1995, unos 10.000 civiles kareníes huyeron a Tailandia una vez que el ejército birmano se hizo con el control del territorio anteriormente controlado por la Unión Nacional Karen. El Ejército Budista Democrático Kayin, formado en 1994 por un grupo de budistas kareníes descontentos que habían abandonado la Unión Nacional Karen, siguió a estas personas aterrorizadas hasta los campos al otro lado de la frontera tailandesa. Después, esta fuerza, que contaba con el apoyo del Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público y era responsable de numerosos abusos de derechos humanos en Myanmar, atacó los campos y secuestró y mató a varios refugiados y quemó centenares de casas de éstos. Las autoridades tailandesas de la frontera reaccionaron desplazando más hacia el interior algunos de los campos e integrando varios campos pequeños en otros más grandes. Sin embargo, las agresiones al otro lado de la frontera a cargo del Ejército Budista Democrático Kayin han continuado con la intención aparente de obligar a unos 100.000 refugiados kareníes presentes en los campos a que vuelvan a las zonas del estado de Karen bajo su control o del Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público. El Ejército Budista Democrático Kayin también ha asaltado algunos campos para llevarse suministros y dinero.
Muchos civiles kareníes huyeron a los campos de la provincia Mae Hong Son en el noroeste de Tailandia en 1995, 1996 y 1997 para evitar los abusos cometidos durante los reasentamientos forzados y las operaciones de contrainsurgencia. Según los informes, decenas de miles siguieron en el distrito central de Papun escondidos en los bosques con escasos o ningún medio de subsistencia.
La situación legal de los refugiados en Tailandia es precaria. A pesar de ser miembro del Excom, no es Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados. Todos los refugiados presentes en el país sin autorización son considerados «inmigrantes ilegales» y corren peligro de ser devueltos a su país de origen en cualquier momento. En la práctica, en el pasado, Tailandia «toleró» la presencia de un gran número de refugiados birmanos. Sin embargo, hay indicios recientes de que esto puede estar empezando a cambiar.
En febrero y marzo de 1997, la novena división de infantería del Primer Ejército de Tailandia devolvió forzosamente a más de 4.000 refugiados a Myanmar, al tiempo que se dejaba seguir a miles de refugiados en la provincia de Tak y en otras zonas.
El 25 y el 26 de febrero se devolvió forzosamente a unos 900 refugiados, en su mayoría mujeres y niños kareníes que habían buscado refugio en Ban Bong Hti, Tailandia, a una zona cerca de Htaw Ma Pyo Hta, cinco kilómetros en el interior de Myanmar. Las organizaciones de derechos humanos y de refugiados, así como el ACNUR, criticaron ampliamente la repatriación. Como respuesta, las autoridades tailandesas ordenaron que se detuvieran todos los movimientos de refugiados kareníes. Sin embargo, entre el 9 y el 10 de marzo, el ejército tailandés devolvió a Myanmar a unos 3.300 refugiados kareníes que habían llegado recientemente a la provincia de Kanchanaburi.
Un cambio de estas características de la política tailandesa podría poner en peligro la seguridad de más de 100.000 refugiados kareníes. Muchos de estos refugiados ya corren peligro de sufrir los ataques del ejército birmano y del Ejército Budista Democrático Kayin. Por ello, es fundamental que el gobierno tailandés haga todo lo posible para garantizar que estos refugiados reciben la debida protección.
Las autoridades tailandesas han devuelto a sus países a todos los refugiados de etnia mon que vivían en campos a pesar de que persisten los peligros que les acechaban en Myanmar. Entre diciembre de 1995 y mayo de 1996, en un momento en que las personas de esta etnia continuaban huyendo de sus casas, se repatrió forzosamente a unos 10.000 refugiados de etnia mon de Tailandia sin la presencia de vigilancia internacional. Según los informes, la mayoría acabaron en los campos de las zonas fronterizas controladas por el Partido del Nuevo Estado Mon porque temían volver a sus pueblos. Sólo en abril y mayo de 1996, más de mil personas de esta etnia huyeron de las violaciones de derechos humanos y buscaron refugio en los campos en territorio bajo el control del Partido del Nuevo Estado Mon.
A los refugiados de la comunidad étnica shan que huyeron a Tailandia no les permitieron establecer campos y tuvieron que intentar sobrevivir buscando trabajo en las obras de construcción realizadas en Tailandia y viviendo en cualquier sitio.
Tailandia no es el único lugar donde los refugiados de Myanmar corren peligro. Se han recibido informes de que algunos refugiados de la etnia chin en India han sido maltratados y torturados bajo custodia. Estos informes son difíciles de confirmar dado que el gobierno no permite el acceso a la región al ACNUR y a las organizaciones de derechos humanos. El Centro de Documentación de Derechos Humanos de Asia Meridional ha informado de que desde 1994 la India ha devuelto forzosamente a miles de refugiados de etnia chin a Myanmar. Sólo entre septiembre y octubre de 1994 se expulsó a unos 10.000Country report on refugee situation in India, Centro de Documentación de Derechos Humanos de Asia Meridional, octubre de 1995.. Según los informes, les esperaban los soldados birmanos y les encarcelaron. Al parecer, estuvieron recluidos seis meses antes de ser juzgados sin las debidas garantías en tribunales militares. Posteriormente, el gobierno indio suspendió el programa de repatriación hasta junio de 1995, cuando el gobierno del estado de Mizoram, en el noreste de India, y el gobierno indio comenzaron una campaña para trasladar a todos los refugiados de etnia chin de Mizoram. El campo de Champhai se cerró oficialmente, dejando a miles de familias de esa etnia sin alojamiento ni provisionesCountry report on refugee situation in India, op. cit.. Se desconoce el número de refugiados de etnia chin que han sido devueltos posteriormente.
En Bangladesh se ha obligado a muchos refugiados rohingys a volver en condiciones de inseguridad. En la primera operación de repatriación, llevada a cabo entre septiembre de 1992 y fines de 1993, el ACNUR no estaba presente en Myanmar y no llegó a ningún acuerdo con las autoridades birmanas sobre la prestación de ayuda a los refugiados que volvieran. Posteriormente, la presencia del ACNUR en Bangladesh no logró impedir los esfuerzos concertados de las autoridades de Bangladesh para obligar a volver a casa a los refugiados. Entre los métodos empleados estaban propinarles golpes y retirar las raciones de comida.
En 1994, durante la segunda repatriación de rohingyas, el ACNUR contaba con presencia en el estado de Rakhine y promovió la repatriación masiva argumentando que los refugiados podían volver en condiciones de seguridad. Sólo en el mes de septiembre de 1994 se repatrió a casi 14.000 refugiados y para octubre de 1995 se había devuelto a unos 200.000. Sin embargo, el hecho de que durante este periodo y después, los rohingyas volvieran a Bangladesh demuestra que esta medida pudo ser prematura. Un incidente particularmente trágico afectó a 15 mujeres y niños refugiados birmanos de religión musulmana que se ahogaron en el río Naf en abril de 1996 cuando los Rifles de Frontera de Bangladesh, unidad del ejército de Bangladesh, los llevaban de vuelta a Myanmar. Según los informes, formaban parte de un grupo de 150 rohingyas que habían solicitado asilo en Bangladesh Burma: The Rohingya Muslims; Ending a Cycle of Exodus?, Human Rights Watch / Asia, septiembre de 1996, Vol. 8, No. 9 (C). .
EL ACNUR cuenta en la actualidad con presencia sobre el terreno en Bangladesh y en el estado de Rakhine, donde vigilan las violaciones de derechos humanos cometidas contra los rohingyas. Sin embargo, los refugiados rohingyas que han llegado recientemente a Bangladesh tienden a evitar los campos por temor a que les devuelvan a la fuerza. Las autoridades de Bangladesh ordenaron inicialmente la clausura de los campos de refugiados rohingyas para fines de junio de 1997. La suerte que podían correr los 20.000 refugiados que permanecían en los campos era incierta. El Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público aceptó llevarse a unos 7.000, pero todavía no lo ha hecho. Al igual que Tailandia, Bangladesh e India están representados en el Excom, y ninguno de los dos países es Estado Parte de la Convención sobre los Refugiados.
Lo acontecido con los refugiados birmanos pone de relieve el doble peligro que afrontan los miembros de las minorías étnicas de Myanmar. En casa son objeto de abusos y de represión y pueden volver a sufrir nuevas amenazas contra su vida y su seguridad al solicitar asilo en los países vecinos. La situación actual en Myanmar implica que los refugiados birmanos deben recibir protección internacional y que no deben ser devueltos a casa hasta que no haya quedado patente que la situación de los derechos humanos en su país ha sufrido un cambio fundamental y duradero. La comunidad internacional debe establecer un mecanismo que garantice la realización de una evaluación independiente e imparcial sobre la situación de los derechos humanos en los países de los que han huido los refugiados. Los programas de repatriación sólo deben ponerse en práctica cuando un mecanismo de estas características determine que los refugiados pueden volver en condiciones de seguridad.
2 Sri Lanka:
una isla fracturada
Kumar (seudónimo) apenas tenía 12 años cuando estrelló la cabeza de un bebé musulmán contra una pared en el curso de un ataque contra un pueblo. Posteriormente manifestó que no sintió remordimiento por esta muerte ni por haber matado después a cuchilladas a la madre del bebé. En realidad, declaró que merecían morir. El ataque lo habían organizado los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, grupo armado de oposición tamil que lucha por la independencia de un Estado llamado «Eelam Tamil» en el norte y este de Sri Lanka.
Este tipo de sucesos han sido frecuentes durante los episodios de violencia y contraviolencia que han desgarrado Sri Lanka y que la han fracturado según divisiones étnicas desde 1980. Decenas de miles de personas han padecido graves violaciones de derechos humanos, como «desapariciones» y homicidios políticos, como consecuencia de una guerra civil y una violencia intercomunal sin control. El derramamiento de sangre se debe principalmente a la división étnica de la población isleña entre cingaleses y tamiles, aunque la tensión en el seno de cada comunidad también ha provocado abusos contra los derechos humanosPara más información sobre la situación de los derechos humanos en Sri Lanka, véanse los informes de AI: Sri Lanka: Correspondence with the Liberation Tigers of Tamil Eelam on human rights abuses(Índice AI: ASA 37/18/95); Sri Lanka: Security measures violate human rights (Índice AI: ASA 37/12/95) y Sri Lanka: Wavering commitment to human rights (Índice AI: ASA 37/08/96). .
Las fuerzas gubernamentales llevan intentando eliminar el movimiento separatista tamil de las zonas septentrional y oriental, donde la población es mayoritariamente tamil, desde comienzos de los años 80. Al principio, las fuerzas gubernamentales recurrieron a practicar numerosas detenciones. Después se llevó a cabo una campaña escalofriante consistente en numerosos homicidios políticos y «desapariciones» para sembrar el terror y evitar que las fuerzas gubernamentales tuvieran que rendir cuentas por el derramamiento de sangre. La Ley de Prevención del Terrorismo, promulgada por primera vez en 1979, como medida temporal y convertida en permanente en 1982, y la Normativa de Excepción concedieron a las fuerzas de seguridad amplios poderes y una inmunidad casi total respecto a las violaciones de derechos humanos, con lo que se creó un contexto propicio para llevar a cabo muertes bajo custodia, «desapariciones»y tortura. Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, que a fines de los años ochenta, tras feroces combates contra los otros grupos tamiles, se constituyeron en el principal grupo armado tamil, también comenzaron a cometer graves abusos contra los derechos humanos, como homicidios arbitrarios y deliberados de civiles cingaleses y musulmanes.
Después de junio de 1990, fecha en que comenzó una segunda oleada de combates, la escala de los abusos cometidos contra los derechos humanos por motivos étnicos alcanzó nuevos niveles. El 10 de junio de ese año, los Tigres de Liberación capturaron a centenares de agentes de policía cingaleses y musulmanes y los ejecutaron sumariamente. Según los informes, en los meses siguientes, las fuerzas de seguridad dieron muerte o hicieron «desaparecer» a más de 3.000 tamiles de la zona. Este sombrío panorama de abusos de uno y otro bando se prolongó, con víctimas casi en su totalidad civiles escogidas únicamente por su origen étnico. Los Tigres de Liberación atacaron a civiles cingaleses en el norte y en el este, incluidos a los que el gobierno había asentado en la región o sus alrededores. Los Tigres de Liberación afirmaban que estas personas formaban parte de la «guerra por la tierra» del gobierno y que, por tanto, eran objetivos legítimos. Los civiles musulmanes y cingaleses armados por el gobierno, los denominados guardias interiores, también cometieron numerosas ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones».
En octubre de 1990, en una decisión política que obedecía claramente a criterios étnicos, los Tigres de Liberación ordenaron a los miembros de la comunidad musulmana que abandonaran la zona bajo su control. Se calcula que unas 120.000 personas huyeron al sur. Aproximadamente, unas 55.000 siguen viviendo en los campos de refugiados del distrito de Puttalam, mientras que otros han sido acogidos por familiares. Cuando Amnistía Internacional los visitó en 1996 estaban ansiosos por recibir información sobre la suerte o paradero de más de 40 jóvenes musulmanes detenidos por los Tigres de Liberación entre 1987 y 1990. Según lo explicó la madre de uno de estos jóvenes: «Quiero saber si tengo que celebrar su cumpleaños o el aniversario de su muerte». El paradero de estas personas sigue sin conocerse.
La situación mejoró entre 1992 y 1994, los dos últimos años de gobierno del Partido Nacional Unido, y con la llegada al poder del grupo Alianza Popular en agosto de 1994. Este grupo prometió negociar una solución pacífica para poner fin al conflicto en el norte y este del país, e inició un proceso de negociación con los Tigres de Liberación. El 8 de enero de 1995, los dos bandos acordaron un cese de hostilidades. Sin embargo, el 18 de abril de 1995, los Tigres de Liberación rompieron la tregua y volvió a reanudarse el ciclo de violencia étnica. Por ejemplo, la noche del 25 de mayo de 1995, unos miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil mataron a tiros a 42 aldeanos cingaleses en Kallarawa, en el este del país. Entre ellos había al menos 12 mujeres y seis niños. Más de 120 civiles cingaleses murieron en circunstancias parecidas en el curso de ocho ataques perpetrados en octubre y noviembre de 1995 contra los pueblos limítrofes del norte y del este.
El gobierno volvió a introducir severas medidas de seguridad. Volvieron a recibirse informes en número creciente de violaciones cometidas por las fuerzas gubernamentales y los guardias interiores cingaleses y musulmanes. Una vez más los informes hablaban de ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias, aunque en menor escala que en 1990.
A lo largo de los años, la violencia y las violaciones de derechos humanos han obligado a miles de srilankeses a abandonar sus casas y buscar refugio en otras partes de la isla o fuera de ésta. Entre 200.000 y 300.000 srilankeses viven en Europa y América del Norte como refugiados reconocidos, o como solicitantes de asilo en espera de que se tramite su petición, solicitantes de asilo rechazados o personas que carecen de cualquier situación reconocida o de documentación. Aproximadamente unos 100.000 viven como refugiados en India. La gran mayoría de estas personas pertenecen a la comunidad tamil, la cual ha protagonizado una de las mayores diásporas de refugiados de todo mundo.
La mayoría de las personas afectadas por el conflicto han buscado protección en otras partes de Sri Lanka. El representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los desplazados internos reconoció la magnitud del fenómeno de los desplazamientos en Sri Lanka después de su visita al país en noviembre de 1993. Dos años más tarde, a fines de 1995, la ofensiva militar en gran escala llevada a cabo en el norte con el fin de recuperar la zona bajo el control de los Tigres de Liberación provocó un millón de desplazados internos, una cifra sin precedentes. Un porcentaje importante de los desplazados internos son cingaleses y musulmanes que han huido de los abusos contra los derechos humanos cometidos por los Tigres de Liberación. Han solicitado protección en las zonas controladas por las fuerzas gubernamentales. En marzo de 1997 se constituyó en Sri Lanka una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Numerosas ONG expresaron su esperanza de que la comisión incluyera en su mandato el trato de los desplazados internos.
Sin embargo, muchos tamiles han optado por abandonar Sri Lanka porque consideran que el gobierno no está dispuesto a proporcionarles protección o porque es directamente responsable de la amenaza que pesa sobre sus vidas.
Desplazados internos y restricciones a la libertad de circulación
Tanto los Tigres de Liberación de Eelam Tamil como las fuerzas de seguridad han impedido a los desplazados internos buscar condiciones de seguridad mediante las restricciones a su libertad de movimiento. En 1990, los Tigres de Tamil introdujeron un sistema por el que los civiles que desearan abandonar las zonas bajo su control tenían que obtener un permiso de viaje. Estos permisos se concedían con condiciones muy estrictas (como dejar al menos a un familiar atrás). En octubre de 1995, cuando las fuerzas de seguridad lanzaron una importante ofensiva para hacerse con el control de Jaffna y de la zona circundante, los Tigres decidieron evacuar la zona y ordenaron a los civiles que lo hicieran. Aunque inicialmente esta orden pudo impedir la muerte de civiles durante los bombardeos, el principal motivo de los Tigres parecía ser mantener el control sobre los civiles. Anteriormente, los Tigres de Liberación habían recaudado impuestos y reclutado nuevos miembros entre los civiles. Aproximadamente unas 300.000 personas se refugiaron en el este de la península. Al menos otras 150.000 se desplazaron al sur hacia Kilinochchi donde los Tigres de Liberación habían trasladado la mayoría de sus cuarteles. Este grupo fue desplazado de nuevo como consecuencia de los ataques de las fuerzas de seguridad contra la ciudad de Kilinochchi en julio de 1996. Se desplazaron más al sur, algunos de ellos siguieron en las zonas controladas por los Tigres, otros huyeron a Tamil Nadu, India, y otros intentaron cruzar a la ciudad de Vavuniya, controlada por el gobierno.
En el puesto de control de Thandikulam, el acceso principal entre las zonas controladas por los Tigres de Liberación y las zonas controladas por el gobierno en el sur, los militares establecieron un complejo sistema de permisos y «campos provisionales» con el fin de controlar el movimiento de los civiles. En agosto de 1996, el gobierno invitó a los civiles de las zonas controladas por los Tigres de Liberación a que se pasasen al territorio bajo su control. Sin embargo, el ejército sólo permitía cruzar a 25 personas al día, de edades comprendidas entre los 15 y los 30 años. Esta limitación hizo desistir a los padres y a otros familiares de cruzar porque eran reacios a dejar atrás a jóvenes que temían que fueran reclutados por los Tigres de Liberación. El 22 de octubre de 1996, el Ministerio de Defensa anunció que se iban a levantar las restricciones impuestas en Thandikulam. El resultado fue que miles de desplazados se pasaron a las zonas controladas por el gobierno. Les acomodaron en 11 «campos provisionales» en Vavuniya y sus alrededores. Después siguió un lento y complicado proceso de examen. No se hizo público ningún anuncio oficial de levantamiento de las restricciones y había dudas sobre su carácter y aplicaciones exactas. Pronto quedó claro que se esperaba que las personas procedentes de Jaffna que se encontraban en estos campos volvieran allí. Las condiciones en los campos a comienzos de 1997 seguían siendo espantosas y se recibieron varios informes de malos tratos y torturas infligidas a jóvenes que habían entrado en la zona controlada por el gobierno por parte de los grupos armados tamil que colaboraban con las fuerzas de seguridad, como el Ejército de Liberación Popular de Eelam Tamil.
Una vez que se hizo con el control de Jaffna, el gobierno comenzó a animar a la gente a que volviera allí. Sin embargo, muchas personas procedentes de la península de Jaffna eran reacias a hacerlo, especialmente debido a lo alarmadas que estaban por los informes de violaciones de derechos humanos, como «desapariciones», tortura y violación a cargo de las fuerzas de seguridad. Uno de estos casos fue el de Krishanthy Kumarasamy, estudiante de 18 años, que volvía a su casa después de unos exámenes, cuando unos soldados la pararon en Kaithady, distrito de Jaffna, la violaron y después la mataron. A mediados de octubre de 1996 se encontraron en unas fosas poco profundas su cuerpo, el de su madre, un hermano menor y un vecino, que habían «desaparecido» después de ir a buscarla.
Muchos de los desplazados en los «campos provisionales» se quejaban de que no les habían proporcionado información adecuada sobre las condiciones de seguridad en las zonas de procedencia y de lo que les ocurriría si volvían. No sabían, por ejemplo, si les iban a dejar vivir en sus propias casas, si les iban a ayudar a reconstruirlas o si les iban a proporcionar alimentos y otras ayudas.
La situación en Colombo
Algunas personas de etnia tamil viajan a Colombo, la capital del país situada en el sur. A veces se dirigen allí para embarcarse en un avión con dirección a Occidente y solicitar asilo. Sin embargo, salir del país y entrar en otro se ha hecho cada vez más difícil a causa de los requisitos de visado, de las responsabilidades que afrontan las empresas de transporte y de muchas otras medidas impuestas por los gobiernos occidentales. Muchas de estas medidas se han impuesto específicamente como respuesta a la enorme cantidad de refugiados que salen de Sri Lanka.
La situación para muchos tamiles que consiguen llegar a Colombo es precaria. Corren peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria a cargo de las fuerzas de seguridad. Se ha actuado especialmente contra las personas procedentes de Jaffna, debido a que a menudo se ha sospechado que mantenían contactos con los Tigres de Liberación. A mediados de 1995, poco después de la reanudación de los combates en el norte y en el este, se encontraron los cuerpos de al menos 21 personas secuestradas en Colombo en varios ríos y lagos de la zona. Entre las víctimas había varios jóvenes tamiles procedentes del norte pero que habían sido desplazados o a los que sus padres habían enviado a Colombo para su propia protección. Entre ellos estaban Krishnapillai Thurupathan, procedente de Karaveddy, distrito de Jaffna, e Iyavu (o Iyan) Shanmuganathan, original de Nanattan, distrito de Mannar. Los dos fueron arrestados el 14 de junio de 1995 mientras desayunaban en una cafetería de Kochchikade, Colombo, por unos agentes de la Fuerza Especial que iban en un vehículo todoterreno. Hasta la fecha, sus familiares no han recibido ninguna información sobre su suerte o paradero, pero se teme que se encontraban entre las personas cuyos cadáveres fueron hallados en los alrededores de Colombo. Se ha citado en repetidas ocasiones a dos unidades especiales de policía como responsables de los malos tratos y la tortura infligidas a los detenidos en Colombo, la Oficina de Detección de la Delincuencia y el Departamento de Investigación Criminal.
A pesar de que la situación en relación con los derechos humanos sigue siendo grave para muchos tamiles que se encuentran en Colombo, varios gobiernos occidentales han devuelto a Sri Lanka a solicitantes de asilo rechazados, muchos de ellos tamiles. A principios de 1994, el gobierno suizo fue el primero en firmar un acuerdo con el de Sri Lanka respecto a la devolución de los solicitantes de asilo rechazados. Selvaratnam Thanapalan, de 26 años de edad, tamil de Ellalai, distrito de Jaffna, que había huido a Suiza a mediados de 1993 para solicitar asilo, fue devuelto en julio de 1996. La policía le informó de que la embajada suiza en Colombo, la Cruz Roja y el ACNUR se responsabilizarían de su seguridad a su regreso y que le aguardarían a su llegada al aeropuerto. Cuando aún no habían transcurrido tres semanas desde su regreso, le detuvieron, le interrogaron en relación con su vínculos con los Tigres de Liberación y le torturaron. En una declaración jurada describió el trato que recibió bajo la custodia del ejército:
Me ataron las piernas firmemente a unas cañas de bambú y me introdujeron la cabeza a la fuerza en el agua de una bañera... Mientras me sofocaba, otra persona me golpeaba la espalda con la rodilla.
Unos días más tarde, le llevaron ante un juez y le liberaron. Se dirigió inmediatamente a la embajada suiza en Colombo y le contó a los funcionarios lo que le había ocurrido. Después se marchó del país y pidió asilo de nuevo, esta vez en Alemania.
Huida a la India
En octubre de 1996, una pequeña barca se dirigió en condiciones precarias al estado de Tamil Nadu de la India desde la costa noroccidental de Sri Lanka. Al menos 110 refugiados tamiles iban apiñados en una embarcación construida para llevar a 40 personas. Cuando llevaba una hora de navegación, el barco repentinamente comenzó a dar bandazos y zozobró. Perecieron catorce de los refugiados, entre ellos ocho niños. Esta es la clase riesgos que la gente está dispuesta a afrontar para escapar de los abusos contra los derechos humanos cometidos en Sri Lanka.
El estado meridional indio de Tamil Nadu, hogar de 55 millones de personas de etnia tamil, ha sido el lugar natural de destino de los refugiados tamiles de Sri Lanka. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, las autoridades indias, empujadas por motivos políticos y de seguridad, han aprobado medidas para reducir la influencia de refugiados. Entre estas medidas está presionar al gobierno de Sri Lanka para que intercepte y obligue a volver a los barcos con refugiados que se dirigen a India.
El éxodo masivo a Tamil Nadu comenzó en julio de 1983 como consecuencia de numerosos disturbios antitamiles. Entre 135.000 y 210.000 tamiles de Sri Lanka llegaron al sur de la India durante la crisis de derechos humanos que se produjo después de los disturbios. El gobierno indio les recibió positivamente y les ofreció alojamiento y provisiones. En 1987, después de la firma del Acuerdo entre India y Sri Lanka, a través del cual se produjo la intervención del ejército indio en Sri Lanka, algunos refugiados tamiles comenzaron a volver a Sri Lanka, animados por el gobierno indio. Ese mismo año, a petición del gobierno indio, el ACNUR inició un programa de ayuda para facilitar la repatriación voluntaria y la reintegración en sus localidades de origen. El gobierno y el ACNUR aceptaron repatriar a unos 75.000 refugiados en un año. Entre diciembre de 1987 y marzo de 1989, un total de 25.600 personas volvieron a Sri Lanka a través de los canales organizados y con la ayuda del ACNUR, mientras que unos 5.000 volvieron «espontáneamente», sin ayuda y al margen del programa organizado.
Amnistía Internacional manifestó su preocupación en relación con la operación de repatriación desde Tamil Nadu. En el momento de las repatriaciones, el ACNUR carecía de presencia permanente en Tamil Nadu y no había forma de asegurar que los refugiados podían expresar libremente su elección respecto a la repatriación. Hay indicios de que a los refugiados tamiles se les coaccionó e incluso amenazó. La ayuda económica del gobierno a los refugiados se terminó. A todos los refugiados tamiles que vivían fuera de los campos, unos 95.000, se les indicó que debían presentarse inmediatamente ante el director de la administración del distrito o de lo contrario serían tratados como extranjeros ilegales y correrían el riesgo de ser deportados. Se presentaron unos 37.000, los demás eran personas de origen indio que habían vuelto a la India después de trabajar en las plantaciones de té de la zona central de Sri Lanka. No se identificaron como refugiados y su situación legal se mantiene incierta.
Con el inicio de la retirada de las tropas indias de Sri Lanka a mediados de 1989, otros 10.000 refugiados tamiles huyeron a Tamil Nadu. El éxodo continuó al intensificarse la lucha entre las fuerzas del gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación a partir de junio de 1990. Hacia mayo de 1991, ya habían llegado a la India unos 120.000 nuevos refugiados.
Después del asesinato del primer ministro indio Rajiv Gandhi en 1991, del que se responsabilizó a los Tigres de Liberación, en la India la opinión sobre los refugiados tamiles de Sri Lanka cambió. Nueva Delhi y el gobierno del estado de Tamil Nadu empezaron a incrementar la presión para que los refugiados se repatriaran. A comienzos de 1992, el gobierno repatrió a más de 23.000 refugiados srilankeses sin supervisión internacionalCountry report on refugee situation in India, op. cit.. En la actualidad está claro que a la mayoría de estos refugiados les obligaron, de forma abierta o encubierta, a abandonar Tamil Nadu. El gobierno impuso restricciones considerables a los refugiados y retiró las instalaciones de los campos, con lo que la vida se hizo insoportable. Entre los cambios que se produjeron estaban suspender los servicios educativos a los niños, no mantener las cabañas y otras instalaciones, restringir la libertad de circulación de los refugiados; arrestar y detener a los refugiados en «campos especiales» (anteriormente cárceles) sin procesos judiciales, no proporcionar información para que los refugiados pudieran tomar una decisión fundada sobre su regreso a casa, no proporcionar una asistencia médica adecuada e impedir la ayuda y otros servicios a los refugiados a cargo de las organizaciones no gubernamentales. Algunos de estos servicios volvieron a prestarse posteriormente pero cuando ya se había obligado a irse a numerosos refugiados.
Como consecuencia de las numerosas críticas a la repatriación, a partir de julio de 1992, el gobierno indio permitió al ACNUR entrevistar a los refugiados antes de procederse a su repatriación con el fin de averiguar si su retorno era voluntario. Sin embargo, al ACNUR no se le permitió acceder a los campos y no pudieron hablar con los refugiados hasta que ya habían aceptado marcharse de la India.
Las repatriaciones posteriores llevadas a cabo en 1993 se realizaron entre críticas de que las marchas eran involuntarias y que las condiciones en Sri Lanka seguían sin ser seguras para muchos de los que volvían. A diferencia de años anteriores, el ACNUR participó en el proceso de repatriación en ambos lados. En la India, el ACNUR tuvo acceso sin trabas a las personas que volvían en los campos provisionales y entrevistó a más del 90 por ciento.
En 1993 se devolvió a unos 6.500 refugiados, frente a los 29.000 del año anterior. La mayoría se dirigieron a sus casas originales o a las de sus familiares o amigos en Sri Lanka. El resto fueron temporalmente a los centros de recepción del ACNUR en los distritos de Trincomalee y Mannar. Sin embargo, la oficina del ACNUR en Tamil Nadu ha recibido frecuentes críticas por no ofrecer información sobre la situación de los derechos humanos en Sri Lanka. También se ha criticado al ACNUR y al gobierno de Sri Lanka por su incapacidad para proporcionar ayuda y protección a los refugiados retornados. Los refugiados que volvieron a Sri Lanka en torno a 1993 y que después abandonaron el país volvieron a quejarse de que el ACNUR les engañó al distribuir unos folletos azules en los que se hablaba de varias ayudas de rehabilitación que el gobierno de Sri Lanka había prometido proporcionar a los retornados. A éstos les proporcionaron asistencia inicial en los centros de recepción. Sin embargo, afirmaron que tanto el gobierno como el ACNUR les incitaron a que volvieran a sus pueblos y que una vez que lo hicieron les dejaron «con las manos vacías».
En octubre de 1994, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India visitó algunos de los «campos especiales» de Tamil Nadu. La Comisión descubrió que muchos srilankeses detenidos en estos campos habían recibido tarjetas de identificación en calidad de refugiados a su llegada al país pero que les mantenían recluidos como inmigrantes ilegales en aplicación de la Ley de Extranjería. Como consecuencia de las quejas de la Comisión por esta práctica, las autoridades acordaron que los refugiados que dispusieran de estas tarjetas no serían tratados como extranjeros indocumentados y que les alojarían en campos normales.
A muchos refugiados que han vuelto de la India a las zonas controladas por el gobierno les han concedido subvenciones para actividades empresariales productivas. Esta ayuda incluye medios para reanudar la actividad económica, un permiso de instalación, ayudas para el alojamiento y raciones de comida durante tres mesesComité para los Refugiados de Estados Unidos, enero de 1994, citado en el documento sobre refugiados y solicitantes de asilo srilankeses del ACNUR, noviembre de 1994.. El ACNUR y el gobierno srilankés firmaron un acuerdo en el que se formalizaban las responsabilidades que les correspondía a cada uno: el ACNUR proporcionaría a los retornados las ayudas más urgentes y el gobierno les permitiría volver a las zonas controladas por los Tigres de Liberación con la ayuda del ACNUR.
En total, entre 1992 y 1995, más de 54.000 refugiados volvieron a Sri Lanka bajo los auspicios del ACNUR. Al reanudarse los combates en abril de 1995, las cifras oficiales muestran que más de 7.000 tamiles volvieron a solicitar refugio en el sur de la India, especialmente entre julio y octubre de 1996. Pero la hospitalidad de los años ochenta ha sido sustituida por medidas tendentes a reducir la afluencia de refugiados. Por lo general, los observadores creen que la decisión que tomó el Ministerio de Defensa de Sri Lanka el 22 de octubre de 1996 en Thandikulam de «levantar las restricciones» sobre los viajes al sur (véase supra) se debió a las presiones de las autoridades indias sobre el gobierno de Sri Lanka para impedir que una nueva oleada de refugiados llegase a sus costas. Y las condiciones en los campos, a pesar de que la libertad de circulación aumentó, siguieron siendo deficientes.
La comunidad internacional debe compartir la responsabilidad de proteger a los refugiados de todo el mundo. Si los países con mayores recursos cierran sus puertas, la presión resultante sobre Estados mucho más pobres que cargan con el coste económico y social de dar cobijo a las personas necesitadas de ayuda se hará insoportable. En estas condiciones hay una sola cosa segura: la seguridad y el bienestar de los refugiados resultará perjudicada.
3 Bhután: exilio forzado
Grité y supliqué ayuda mientras me propinaban patadas con las botas ... Finalmente me ataron con una cuerda y me llevaron a otro sitio.
Cuando liberaron a Goma Sapkota y se acabaron las torturas tres días después, hizo su equipaje y se marchó del país inmediatamente. Es una de las más de 90.000 personas de etnia nepalí que han abandonado Bhután en los últimos años y que viven en campos en el este de Nepal. La mayoría de los que se marcharon en 1991 y 1992 huyeron por temor a las violaciones de derechos humanos. En los últimos cinco años, numerosas personas se han visto obligadas a huir forzadas por un gobierno que parece decidido a hacerlas marchar. Casi todas están siendo obligadas a exiliarse debido a su origen étnico o sus opiniones políticas.
Este panorama de temor, represión y exclusión está muy alejado de la remota e idílica comunidad presentada en los folletos turísticos. Bhután, un país sin acceso al mar, se encuentra en una zona montañosa entre el Himalaya y las llanuras del Ganges. Está gobernado por un monarca absolutista, el rey Jigme Singye Wangchuck, y no tiene Constitución escrita. La mezcla de grupos étnicos ha coexistido armónicamente durante décadas. Los ngalongs, uno de los tres principales grupos étnicos existentes, viven, en su mayoría, en la zona occidental y es el dominante políticamente. Los sarchops viven fundamentalmente en el este. Ambos grupos son budistas pero hablan idiomas diferentes. El grupo de etnia nepalí se concentra en el sur. La inmensa mayoría son descendientes de los nepalíes que se instalaron en los valles meridionales en busca de trabajo a fines del siglo XIX y principios del XX hasta que las autoridades buthanesas prohibieron estos movimientos en 1959. Hablan nepalí y casi todos son hindúes. Constituían aproximadamente la tercera parte de la población de un millón de personas del país en la década de los años ochenta, aunque el gobierno no ha facilitado ningún censo oficial de la población desde 1980.
Más recientemente, el gobierno comenzó a poner en peligro la armonía existente introduciendo medidas encaminadas a promover las tradiciones de la población drukpa del norte y reduciendo aún más la afluencia de nepalíes. En el contexto de estas medidas, las personas de habla nepalí de Bhután han sufrido amenazas y abusos contra los derechos humanos y se han visto obligadas a huir. A muchas de ellas las han privado arbitrariamente de la nacionalidad bhutanesa y las han obligado a abandonar el país. Al final, estas medidas han provocado la huida masiva de las personas de etnia nepalí de Bhután, el único hogar que la mayoría ha tenidoPara más información sobre la situación de los derechos humanos en Bhután, véanse los informes de AI: Bhutan: Forcible exile(Índice AI: ASA 14/04/94) y Bhutan: Human rights violations against the Nepali-speaking population in the south(Índice AI: ASA 14/04/92). .
Motivos de la huida
Las personas de etnia nepalí de Bhután comenzaron a temerse lo peor en 1988, cuando las autoridades iniciaron un censo en el sur del país para determinar la ciudadanía de conformidad con la Ley de Ciudadanía de 1985. Esta operación continúa en la actualidad. La Ley de Ciudadanía endurecía las condiciones para acceder a la ciudadanía y parecía haberse elaborado para excluir a las personas de etnia nepalí. La ciudadanía de nacimiento sólo se adquiría a través de los dos progenitores, y ya no bastaba la del padre, como ocurría con la Ley de Ciudadanía de 1977. La ley de 1985 también establecía 1958 como el año divisorio para determinar la ciudadanía y limitaba su concesión a los que pudieran demostrar que su residencia era anterior al 31 de diciembre de ese añoThe Exodus of Ethnic Nepalis from Southern Bhutan, Refugee Survey Quarterly, Vol. 14, No. 3, otoño 1995.. Si las autoridades decidían que una persona no poseía la ciudadanía bhutanesa era clasificada como «inmigrante ilegal» y se le exigía que saliera del país.
El censo se combinó con una serie de medidas sumamente impopulares que pretendían aumentar la integración de la población de etnia nepalí del sur en la sociedad bhutanesa. La integración debía basarse en el driglan namzha, el código de tradiciones y cultura del norte de Bhután. Se exigió a la población del sur que llevara la vestimenta tradicional de la zona septentrional, multándose in situ a los que desobedecieran. El dzongkha, el idioma de los ngalongs, se promovió como idioma nacional mientras que el nepalí se eliminó de los programas de educación.
Cuadro de Janga Bahadur Tamang, joven de habla nepalí del sur de Bhután, residente en la actualidad en el campo de refugiados de Timai, Nepal. El cuadro se reprodujo como postal con este poema en el reverso.
El ejército vino a detener a mi tío
Le amenazaron y le culparon
por sus actividades políticas
En el segundo cuadro mi tío dijo
que le habían golpeado con una barra de hierro en la cárcel
A mi tío lo colgaron boca abajo en la cárcel
Le fijaron a un bloque de madera y
le presionaron el muslo
Mi tío pidió algo para beber.
Pero, un soldado le orinó en la boca.
n Mi tío abandonó el país con su familia,
llevándose sus pocas pertenencias en unas cestas de bambú
para escapar de la tortura y en búsqueda de seguridad.
Asia: Etnia y nacionalidad
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Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
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Asia: Etnia y nacionalidad
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Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
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Amnistía Internacional reconoce el derecho de cada Estado a establecer sus propios criterios para conceder la ciudadanía. Sin embargo, este derecho debe ejercerse de conformidad con las obligaciones que cada Estado ha contraído de proteger los derechos humanos en virtud de los instrumentos internacionales que ha ratificado. La Ley de Ciudadanía y su aplicación parecen orientadas a la exclusión de la población de etnia nepalí de la ciudadanía bhutanesa. Esto ha provocado que les hayan privado arbitrariamente de la ciudadanía, lo que vulnera las normas internacionales de derechos humanosEl artículo 15 (2) de la Declaracion Universal de Derechos Humanos afirma: «A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad...». El artículo 5 del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial obliga a los Estados partes a garantizar el derecho de todas las personas, sin distinción de raza, color, nacionalidad u origen étnico, a la igualdad ante la ley, especialmente por lo que respecta al derecho a la nacionalidad. Y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma: «la ley ... garantizará a todas las personas protección igual y eficaz contra cualquier discriminación por motivos de raza»..
Estas medidas provocaron un nivel de protestas sin precedentes en el sur durante el mes de septiembre de 1990, que a veces dio lugar a incendios premeditados y a episodios de violencia. A las manifestaciones se respondió con una represión rápida y severa. Se detuvo, maltrató y torturó a centenares de personas. Muchas detenciones se produjeron con la justificación de que se trataba de «antinacionales», presuntos miembros o partidarios de los grupos de oposición, como el Partido Popular de Bhután. Estas personas estuvieron recluidas en condiciones severas sin cargos ni juicios en algunos casos durante más de dos años. Algunas han declarado que las dejaron en libertad con la condición de que abandonaran el país.
Se detuvo y maltrató a destacadas personalidades para intimidar a los demás y conseguir que huyeran al extranjero. Por ejemplo, a fines de 1991, los habitantes de Lamedara, en el distrito de Chirang, se negaron a salir del país. La policía detuvo y torturó a tres conocidas personalidades de la comunidad. Poco después, la práctica totalidad de la población de Lamedara, unas 500 familias, abandonaron Nepal.
Entre los métodos de tortura de los que se recibieron informes están los golpes con cañas de bambú, con palos de madera, con barras de hierro, con cables eléctricos, con la culata de fusiles, con bayonetas y con ramas rotas. A los presos les suspendían boca abajo y les golpeaban las plantas y los lados de los pies. A algunos les ataban las manos y les negaban la comida y el agua en la cárcel. A otros les decían que se bebieran su propia orina cuando pedían agua. Un preso informó de que le habían introducido una caña por el ano.
Un refugiado de 61 años, que había sido campesino en Daipham, describió lo que le ocurrió en la cárcel en 1991 antes de huir:
Me dijeron que me inclinara y que me apoyara sobre las manos y los pies. Cuando me caí, me golpearon con cañas... Me colgaron boca abajo de los barrotes de una ventana ... Me golpearon en mitad de la espalda. Comencé a sangrar por la nariz y la boca ... Después comenzaron a golpearme como si fuera una pelota de fútbol. Comencé a tener convulsiones...
Los soldados violaron a muchas mujeres. Una refugiada de 23 años a la que detuvieron en Phipsoo, distrito de Sarbhang, en noviembre de 1990, contó a Amnistía Internacional:
Cada noche entraban dos o tres soldados y me violaban. Esto se repitió todas las noches durante un mes... Me golpearon con las cadenas con las que los soldados solían atarse las pistolas... Cuando me liberaron me quedé en casa hasta darme cuenta de que estaba embarazada. Sentí tanta vergüenza que no podía enfrentarme a mis vecinos, así que abandoné Bhután. Me dirigí a la selva esperando encontrar allí la muerte... Como resultado de las violaciones tuve mellizos, uno de los cuales murió.
La escala de los abusos alcanzó nuevos niveles en 1991 y comienzos de 1992. Decenas de miles de personas de etnia nepalí consideraron que la única opción que les cabía era huir. La mayoría acabaron en los campos del este de Nepal, aunque entre 10.000 y 30.000 se instalaron fuera de estos campos en India y NepalSegún las cifras del ACNUR en 1991 había 9.036 personas registradas en los campos de la zona oriental de Nepal; 63.699 en 1992; 12.343 en 1993; 1.218 en 1994, y 201 en 1995. El total registrado a fines de 1995 era superior a 90.000..
Se siguen utilizando medidas administrativas para obligar a las personas de etnia nepalí a exiliarse. Muchos han sido amenazados con fuertes multas o reclusión en caso de que se nieguen a firmar los «impresos de emigración voluntaria». Los impresos indican que la persona acepta recibir una indemnización por su tierra y que abandona el país voluntariamente. Los impresos están en dzongkha, un idioma que la mayoría de las personas de etnia nepalí no entienden. Otros refugiados afirman que les obligaron a huir cuando las autoridades locales exigieron a todos los habitantes del pueblo que se marcharan como castigo por un delito atribuido a los «antinacionales».
Muchos refugiados se quejan de la forma arbitraria en que se llevó a cabo el censo. Algunos afirman que anteriormente habían poseído carnets de identidad que acreditaban su ciudadanía emitidos entre 1979 y 1981, pero que en el último censo les dijeron que habían sido clasificados como no nacionales o «inmigrantes ilegales» y les pidieron que abandonaran el país. Otros dijeron que habían sido clasificados como ciudadanos bhutaneses pero que después les obligaron a emigrar «voluntariamente» porque tenían familiares en los campos de refugiados de Nepal o porque estaban emparentados con presos políticos. Según las autoridades bhutanesas, algunos se marcharon debido a la intimidación de los «antinacionales».
Un campesino de 28 años del distrito de Chhuka que salió de Nepal en julio de 1993 le relató a Amnistía Internacional:
El equipo del censo me dijo que no podía disponer de carnet de identidad porque el recibo del impuesto sobre la tierra de 1958 estaba a nombre de mi tío. Me clasificaron [como no bhutanés] y me dijeron que si no salía del país en el plazo de seis días tendría que pagar una multa de 6.000 rupias o cumplir una condena de seis meses. Como soy una persona pobre, me marché del país.
Una trabajadora de una fábrica del distrito de Chhukha, nacida en Bhután pero que no pudo demostrar el lugar de nacimiento de sus padres, describió lo que le ocurrió durante el censo de 1993:
Se presentaron cinco soldados en mi casa y me preguntaron por qué no me había marchado. Me agarraron y me tiraron al suelo. Mi hija de 15 años estaba tan asustada que se fugó al bosque. Yo sentí tanto miedo que abandoné Bhután inmediatamente con mis tres hijos.
Los refugiados en Nepal oriental repiten historias similares una y otra vez. La coherencia de sus relatos contradice las afirmaciones de las autoridades de Bhután de que no desean que los bhutaneses del sur abandonen el país y que han intentado detenerlos.
Las personas de etnia nepalí siguen corriendo mayor peligro de detención, malos tratos y tortura que los demás bhutaneses. Los «grupos de voluntarios locales», una fuerza de defensa civil formada por 4.800 integrantes que actúa en el sur de Bhután con la aprobación de las autoridades, han sido responsables de detenciones arbitrarias y posibles ejecuciones extrajudiciales en los últimos tres años. Además, desde junio de 1993, las autoridades han utilizado otros medios para obligar a las personas de etnia nepalí a exiliarse, como los desalojos forzosos de tierras, la destrucción de casas y el hostigamiento y la intimidación por parte de las autoridades locales.
La vida en el exilio
La primera oleada de refugiados que llegaron a Nepal fueron alojados en campos hacinados en condiciones muy duras. Posteriormente, el gobierno nepalí proporcionó más tierra para nuevos campos. En la actualidad, en los distritos de Jhapa y Morang, en el este de Nepal, viven más de 90.000 refugiados bhutaneses. La mayoría de ellos en siete campos organizados bajo los auspicios del ACNUR. En junio de 1993, el gobierno nepalí comenzó a examinar a los refugiados en la frontera en Karkavitta. Para entonces ya habían llegado más de 85.000 refugiados. La comunidad de refugiados, bien organizada, ha asumido buena parte de la responsabilidad de los servicios y actividades del campo y participa en la dirección de las escuelas de los campos.
Una de las refugiadas es Mangala Sharma, de 28 años de edad y madre de dos niñas, que huyó a Nepal en marzo de 1992 debido al hostigamiento que sufrió su familia por parte de las autoridades bhutanesas. Sus actividades han contribuido mucho a construir un espíritu de autoconfianza en los campos. «Por el bien de los niños intentamos estar contentos», afirma. «Pero en nuestro interior nos embarga la tristeza».
Decidida a sacar el mejor partido de una mala situación, creó una organización en el campo llamada Refugiados Bhutaneses en Ayuda de las Víctimas de la Violencia, que adiestra a las mujeres y jóvenes en especialidades como costura, tejer, zapatería y mecanografía. Mangala Sharma afirma que su vida actual es satisfactoria pero vacía: «Ser un refugiado es tan triste porque careces de país. Para nosotros, Bhután es nuestro único país».
La frustración que embargó a muchos refugiados provocó varias protestas e iniciativas destinadas a dar a conocer su situación. Durante 1996, muchos refugiados de los campos de Nepal cruzaron a la India para participar en marchas pacíficas y en una marcha de bicicletas en Bengala Occidental. Las autoridades indias detuvieron a centenares de ellos. De éstos, 791 estuvieron detenidos sin cargos durante más de dos meses antes de ser liberados en julio de 1996. A otros, que intentaron cruzar la frontera entre la India y Bhután en Phuntsholing para intentar hacer una petición al rey de Bhután, les obligaron a volver a la India. Allí les liberaron y a algunos les empujaron de vehículos en marcha. En abril de 1997, la policía india desmanteló el campo de ayuda creado por los refugiados que habían participado en la marcha en Panchanadi, en el distrito de Siliguri, y se llevaron a 22 de ellos a la fuerza en autobús a Nepal.
¿Qué esperanza hay en el futuro?
Lo que se esperaba que fueran unos pocos meses de exilio, para muchos refugiados de Bhután se ha convertido en una espera de muchos años. Algunos temen ser perseguidos si vuelven a Bhután y han expresado su incertidumbre sobre lo que puede haber ocurrido con sus hogares y tierras. Entre los refugiados provocó una gran ansiedad la decisión tomada en junio de 1997 por la Asamblea Nacional de Bhután de comenzar a reasentar a personas sin tierras del norte en las tierras «abandonadas» por las personas de etnia nepalí a partir de octubre de 1997. Algunos refugiados afirman que, a pesar de todo, siguen queriendo volver a Bhután. Todos esperan que las autoridades lleguen a un acuerdo sobre su retorno.
Los gobiernos de Bhután y Nepal llevan debatiendo la cuestión de los refugiados desde noviembre de 1992, pero han sido escasos los avances producidos. En 1993, los dos países crearon un Comité Ministerial Conjunto sobre la cuestión, del que se excluyó al ACNUR y a la comunidad de refugiados. El Comité estableció cuatro categorías de refugiados: bhutaneses de buena fe a los que se había desalojado forzosamente; bhutaneses que han emigrado; personas que no son de nacionalidad bhutanesa, y bhutaneses que han cometido actos delictivos. En abril de 1994, los gobiernos de Bhután y Nepal acordaron llevar a cabo un proceso de verificación conjunta de la condición de los habitantes de los campos. Este proceso sufrió reiteradas demoras porque las dos partes no lograron ponerse de acuerdo respecto a los mecanismos concretos que debían usarse en la clasificación. Tampoco lograron ponerse de acuerdo sobre lo que les ocurriría a las personas de cada categoría. En cualquier caso, en cada una de las cuatro categorías puede haber personas que fueron objeto de exilio forzado y a las que debería permitirse volver a Bhután.
No está claro qué criterios van a utilizarse para establecer a qué categoría pertenece un individuo concreto. Si únicamente se aplican las leyes de ciudadanía de Bhután, es poco probable que se rectifique la privación arbitraria de nacionalidad padecida por muchas personas de etnia nepalí, o que se cumpla su derecho a volver al país. A muchos refugiados les resultará imposible demostrar que residían en Bhután en 1958. Los censos de población son incompletos, a algunos refugiados les han modificado su condición de ciudadanos, a algunos les consta que se han eliminado sus nombres de los registros y a muchos les han confiscado los documentos pertinentes. Además, la legislación de Bhután excluye que una persona que tenga antecedentes por haber «hablado o actuado contra el rey, el país y el pueblo de Bhután de cualquier forma» pueda obtener la ciudadanía. Esto puede incluir la expresión pacífica de oposición a la política del gobierno, como la que se ha indicado que llevaron a cabo muchas personas de etnia nepalí contra el trato que recibieron.
La legislación bhutanesa vigente implica que no podrá regresar a su casa cualquiera que haya firmado «impresos de emigración voluntarios», lo que una vez más vulnera las normas internacionalesEl artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma: «nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país».. Además, el requisito de que los ciudadanos dominen el idioma dzongkha podría utilizarse parar excluir a muchas personas de habla nepalí.
Si no se encuentra una solución, decenas de miles de hombres, mujeres y niños bhutaneses se verán obligados a seguir viviendo en una situación de incertidumbre. Amnistía Internacional deplora el exilio forzado por constituir una violación de los derechos humanos. La organización pide a las autoridades bhutanesas que adecuen su política y su práctica a las normas internacionales de derechos humanos y que se ponga fin a las violaciones de estos derechos que obligaron a las personas de etnia nepalí a huir. Además, las autoridades nepalíes e indias deben asegurarse de que las personas que teman sufrir abusos contra los derechos humanos en caso de volver a Bhután siguen recibiendo protección.
4 Timor Oriental: un problema de identidad nacional
Del cementerio salían corriendo y gritando hombres y mujeres. Mientras las balas volaban por el aire, los cuerpos caían al suelo. Los familiares y amigos les arrastraban para ponerles a salvo, aunque para algunos era demasiado tarde. Los soldados perseguían a la multitud que intentaba huir y golpeaban indiscriminadamente con sus porras. Extrañamente, la escena fue captada en película por un camarógrafo solitario y valiente, y las imágenes abrieron los ojos al mundo sobre el terror reinante en Timor Oriental. Al finalizar aquel día terrible, 12 de noviembre de 1991, las tropas indonesias habían acabado con la vida de al menos 100 timorenses, posiblemente 270, en el curso de una protesta pacífica en el cementerio de Santa Cruz en Dili, Timor Oriental. Además hubo centenares de heridos.
Alu todavía vive obsesionada por el recuerdo de aquel día. Se encontraba cerca de la entrada del cementerio cuando llegó la policía. Inmediatamente comenzaron a atacar con las porras. Cuando echó a correr oyó a la policía disparar con sus pistolas. La gente caía abatida al suelo por los disparos. Algunos de sus amigos y primos estaban entre la víctimas. Milagrosamente ninguna bala le alcanzó.
Alu
Durante los años siguientes fue amenazada por los militares, presenció agresiones a otros timorenses y vivió con el temor constante de que la policía descubriera que había estado en el cementerio de Santa Cruz aquel desgraciado día de noviembre. Al final, la tensión fue excesiva y se escapó a Australia.
La gente ha huido de Timor Oriental desde que Indonesia invadió el territorio en diciembre de 1975. Desde entonces, se ha dado muerte o han muerto de inanición unos 200.000 timorenses y hasta la fecha las violaciones de derechos humanos siguen siendo endémicasPara más información sobre la situacion de los derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental, véase el informe de Amnistía Internacional: Timor Oriental: el respeto a los derechos humanos es condición que debe cumplirse para alcanzar una solución política (Índice AI: ASA 21/40/97/s) ..
Timor Oriental fue gobernada ininterrumpidamente por Portugal desde 1702 hasta agosto de 1975, cuando coincidiendo con un periodo de desórdenes en la metrópoli las autoridades portuguesas evacuaron la isla. El año anterior, Timor Oriental había comenzado un proceso de descolonización después del derrocamiento de la dictadura en Portugal. La transición a la independencia se vio bruscamente interrumpida por la invasión indonesia. Las autoridades indonesias afirmaron que habían incorporado Timor Oriental como su provincia vigésimo séptima mediante un «acto de integración». Las Naciones Unidas, que definen a Timor Oriental como un territorio no autónomo, nunca han reconocido esta anexión. Sin embargo, numerosos Estados miembros de las Naciones Unidas se han mostrado reacios a adoptar una postura firme sobre la ocupación indonesia de la isla o sobre los graves abusos de derechos humanos que se están produciendo en el territorio a pesar de varias resoluciones críticas y declaraciones consensuadas de la Comisión de Derechos Humanos. Para estos países parece más importante proteger sus intereses económicos y estratégicos que respetar sus compromisos en relación con los derechos humanos.
0 La oposición a la ocupación sigue siendo fuerte en Timor Oriental y, a pesar de los 22 años de dominio indonesio, todavía sigue habiendo un movimiento ruidoso en favor de la autodeterminación. Todos los días alguien sufre violaciones de derechos humanos simplemente por afirmar su identidad nacional como timoresense, por muy trivial que sea esta manifestación. Por ejemplo, en marzo de 1997 se detuvo a 17 jóvenes durante una manifestación en favor de la independencia en un hotel en Dili en el curso de una visita al territorio que realizó el representante personal en Timor Oriental del secretario general de las Naciones Unidas. Les acusaron de haber «expresado públicamente odio» hacia el gobierno y pueden ser condenados a penas de hasta siete años.
A las personas que presuntamente son miembros del movimiento independentista, al margen de que apoyen las actividades violentas, las autoridades indonesias las tratan aún más severamente. Son víctimas de torturas, malos tratos, homicidios, «desaparición» o detenidas como presos de conciencia. En especial las mujeres corren peligro de ser violadas o agredidas sexualmente, especialmente aquellas cuyos familiares se sospecha que son activistas de la oposición. Desde fines de mayo de 1997 se ha detenido a decenas de personas, las cuales se encuentran en espera de juicio, en relación con una serie de ataques contra objetivos civiles y militares protagonizados por los grupos armados de oposición en Timor Oriental.
Muchos de los timorenses que solicitan asilo son supervivientes de la tortura o de traumas. Una de estas víctimas, Antonio Goivera, de 25 años, fue detenido en agosto de 1992 en Dili y llevado bajo custodia militar. Los soldados lo golpearon y le propinaron patadas mientras le interrogaban sobre sus presuntas actividades clandestinas en favor del movimiento independentista timorense. Después le torturaron con descargas eléctricas y le golpearon con un trozo de madera, lo que le provocó una lesión en una costilla. Estuvo recluido dos meses en varios lugares hasta que le llevaron a un centro de detención militar de Baucau. Allí volvieron a torturarle. Le liberaron en octubre de 1993, pero tenía que presentarse todas las semanas ante la sede de la unidad de información militar (Satuan Tugas Intelijen).
Antonio Goivera
Un año más tarde, en noviembre de 1994, volvieron a detener y a torturar a Antonio Goivera. En un momento dado, los soldados le vendaron los ojos, le introdujeron en un automóvil y se lo llevaron a un lugar desconocido. Cuando se detuvo el automóvil, le dijeron que le iban a matar si no les proporcionaban la información que querían. Posteriormente repitieron la amenaza con una pistola en la boca. Después de ocho días de sufrimiento, le liberaron. Poco después, en 1995, huyó a Australia, donde ha solicitado asilo.
Desde 1975, la represión ha obligado a miles de timorenses a huir del país. Han solicitado protección en muchos países, entre ellos Australia, Macao y Portugal. Sin embargo, el recibimiento que les brindan los Estados es cada vez menos caluroso debido a que no desean ofender a Indonesia, un aliado poderoso y estratégico, a pesar de que entre la comunidad internacional la concesión de asilo se reconoce como un acto puramente humanitario.
Asia: Etnia y nacionalidad
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Sin salidas fáciles
Estavão (seudónimo) esperó hasta que anocheció y después trepó los muros de la Embajada Francesa en Yakarta. Consideraba que esta atrevida aventura era su única esperanza de encontrar la seguridad.
Hacía tres años y medio, en junio de 1993, le detuvieron por apoyar a un grupo armado de oposición de Timor Oriental. Le torturaron en repetidas ocasiones. Una de las torturas consistía en encerrarle en un barril lleno de agua y hielo. También le golpearon y le propinaron patadas. Cuando le liberaron unas semanas más tarde, se escondió aunque continúo sus actividades políticas. Decidió abandonar el país cuando las fuerzas de seguridad indonesias comenzaron a hostigar a su familia. En enero de 1997, se dirigió en barco desde Timor Oriental a Yakarta y forzó la entrada en la Embajada francesa para solicitar asilo. Ahora vive en Portugal.
La mayoría de los timorenses no quieren abandonar su tierra natal. Pero incluso cuando toman la dolorosa decisión de hacerlo, su viaje en búsqueda de la seguridad está repleto de peligros y dificultades.
El gobierno indonesio declara públicamente que los timorenses son libres de abandonar el país. Sin embargo, para hacerlo legalmente deben contar con pasaporte y visado para viajar a otro país y para la mayoría de los timorenses, en la práctica, este requisito es muy difícil de satisfacer. Las personas que tienen derecho a solicitar la nacionalidad portuguesa no pueden obtener el pasaporte portugués desde el interior del país porque Portugal carece de sede consular o diplomática en Indonesia y Timor Oriental. Obtener un pasaporte indonesio también es difícil, especialmente para las personas consideradas activistas políticos y suele implicar el pago de sobornos. Incluso cuando los timorenses consiguen un pasaporte, muchos países se muestran extremadamente cautos a la hora de concederles el visado por temor a que cuando lleguen soliciten asilo.
Jóvenes timorenses bajo custodia esperando ser juzgados por su participación en una manifestación celebrada el 23 de marzo de 1997 frente al Hotel Mahkota en Dili. Los manifestantes esperaban llamar la atención sobre la ocupación Indonesia de Timor Oriental al representante personal en Timor Oriental del secretario general de las Naciones Unidas, el cual se alojaba en el hotel. La protesta se inició pacíficamente, pero derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que se valieron de la violencia para dispersar a la multitud. Decenas de jóvenes resultaron heridos y detenidos.
Estos problemas han provocado que los timorenses intenten fugas espectaculares y arriesgadas. Desde septiembre de 1993, más de 100 timorenses han solicitado asilo después de trepar los muros de algunas de las embajadas presentes en Yakarta. Se han llevado a cabo intentos en las Embajadas de Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Japón, Polonia, Países Bajos y Reino Unido. Cuando han pedido asilo, el gobierno en cuestión normalmente ha negociado, con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la salida de los solicitantes de asilo a Portugal, que ha aceptado a los refugiados.
En algunos casos, las embajadas se han negado a atender la petición de asilo y han expulsado a los solicitantes de asilo, algunos de los cuales han sufrido posteriormente violaciones de los derechos humanos. En abril de 1996, ocho timorenses entraron en la Embajada alemana en Yakarta a las dos de la madrugada. Los guardias de seguridad de la embajada los expulsaron a los pocos minutos y los entregaron a las fuerzas de seguridad indonesias que aguardaban en el exterior. Casualmente se encontraba presente un equipo de periodistas extranjeros que filmó a los soldados golpeando y propinando patadas a los timorenses. A uno de los solicitantes de asilo le rompieron la pierna. Los ocho estuvieron un día bajo custodia militar, otro bajo custodia policial y después los trasladaron de nuevo bajo custodia militar antes de liberarlos sin cargos. Tres de ellos precisaron cuidados médicos después de ser liberados. El gobierno alemán condenó el trato que se había infligido a estas personas y pidió al gobierno indonesio que investigara los malos tratos, pero, al parecer, no se ha llevado a cabo ninguna investigación. Finalmente, los ocho timorenses abandonaron Indonesia hacia Portugal con la ayuda del CICR.
Un número más reducido de timorenses han llevado a cabo intentos desesperados de huir de Timor Oriental en barco hacia Australia, un viaje peligroso por un océano imprevisible al que se ven forzados por la reticencia de los gobiernos a concederles visados. De los tres casos conocidos en los últimos años, sólo uno tuvo éxito. Los otros dos concluyeron con los solicitantes de asilo detenidos por secuestro y sometidos a juicios sin las debidas garantías.
En el primero de los dos casos, un grupo de hasta 29 solicitantes de asilo timorenses fueron detenidos el 20 de noviembre de 1995 al intentar viajar a Australia en barco. Las autoridades afirmaron que el grupo, en el que iban cuatro niños, obligó al capitán del barco a cambiar de ruta y a dirigirse a Australia. La mayoría de los hombres y mujeres fueron liberados poco después de ser arrestados. Sin embargo, a cinco les juzgaron y condenaron por retirarle ilegalmente el control del barco al capitán. Maria Fatima Pereira, 38 años, fue condenada un año de cárcel; Januario, 23, Carvalho Casto, 31, Raimundo De Jesus, 22, y Jaimundo de Carvalho, 20, fueron todos condenados a nueve meses de cárcel. Durante la detención preventiva, ninguno contó con asistencia letrada independiente, lo que perjudicó su derecho a un juicio justo.
Una suerte similar corrieron los 23 timorenses que intentaron huir de Timor Oriental en barco en enero de 1996. Las autoridades les detuvieron y acusaron de haber alquilado un barco y de haber exigido después que los llevaran a Australia. Aunque, según los informes, se suponía que habían secuestrado el barco, los componentes del grupo se quedaron dormidos con lo que el capitán pudo cambiar el rumbo y volver a Timor. Según los informes, cuatro integrantes del grupo seguían recluidos en Baucau en julio de 1996 acusados de haber intentado secuestrar al propietario del barco y a su hijo. Al parecer, ya se encuentran en libertad.
Australia cierra las puertas
El problema de nacionalidad de los timorenses les persigue en el extranjero cuando solicitan asilo. Especialmente en el caso de Australia, uno de los destinos naturales de muchos timorenses al encontrarse relativamente cerca y acoger ya una importante comunidad timorense. En los últimos años, Australia ha realizado una importante inversión política en sus relaciones con Indonesia. El interés por los derechos humanos prácticamente ha desaparecido del programa bilateral en beneficio de los nuevos vínculos comerciales y de seguridad. Australia es el único país que reconoce la soberanía de Indonesia sobre Timor Oriental y, a pesar de haber afirmado repetidas veces el derecho del pueblo timorense a la autodeterminación, ha negociado con Indonesia la explotación de los recursos petróliferos del mar de Timor ante los infructuosos recursos judiciales presentados por Portugal.
Antes de 1992, Australia examinaba las peticiones de asilo de los timorenses de forma individual y concedía muchas solicitudes. Sin embargo, la política gubernamental actual es que los timorenses no reúnen los requisitos para recibir la protección australiana debido a que son ciudadanos portugueses. Parece que la posición australiana actual sobre los solicitantes de asilo timorenses refleja una tendencia creciente de una interpretación cada vez más restrictiva de las obligaciones de Australia con respecto a los refugiados necesitados de protección (véase la Introducción) y la reticencia de este país a la hora de condenar las violaciones de derechos humanos en Indonesia y Timor.
La nueva política gubernamental fue objeto de un reciente recurso judicial planteado por un timorense cuya solicitud de asilo fue rechazada únicamente debido a que era un ciudadano portugués. Mientras se decidía la causa, el Departamento de Inmigración de Australia no tomó ninguna decisión sobre las solicitudes de asilo de los timorenses.
A pesar del reconocimiento exclusivo que hace Australia respecto a la soberanía indonesia sobre Timor Oriental, el argumento del gobierno en el reciente recurso judicial fue que este reconocimiento no contradecía su postura respecto a que los timorenses, a quienes reconoce como ciudadanos indonesios, tienen derecho a la ciudadanía portuguesa de conformidad con la legislación de Portugal.
La petición de la ciudadanía portuguesa dista de ser un procedimiento sencillo y el resultado tampoco está garantizado. Según la ley de ciudadanía portuguesa, los timorenses deben demostrar que su padres eran ciudadanos portugueses y que ellos mismos nacieron en Timor Oriental para pedir la ciudadanía. Para ello, deben obtener los certificados de nacimiento de sus padres y los suyos propios. Otro hecho que complica las cosas es que Portugal no reconoce los certificados de registro civil indonesios, por lo que debe presentarse un certificado de bautismo de una iglesia reconocida. Esto resulta difícil en un territorio que ha sufrido más de dos décadas de guerra y cuya administración está controlada actualmente por Yakarta. En cualquier caso, pocos solicitantes de asilo pueden huir de sus casas con una documentación tan detallada y precisa, un hecho reconocido por las normas internacionales. Al parecer, sin esta documentación, el solicitante de asilo tendrá que sufrir un proceso prolongado para demostrar su lugar de nacimiento siempre que cuente con el apoyo de la declaración de un testigo. Amnistía Internacional no tiene constancia de ningún solicitante de asilo timorense que haya solicitado la ciudadanía portuguesa en Australia. Sin embargo, la organización teme que este procedimiento podría resultar extremadamente lento y complicado. Las autoridades australianas todavía no han aclarado qué les ocurriría a los solicitantes de asilo si no lograran obtener la ciudadanía portuguesa, ni a la organización le ha quedado claro cómo pretenden las autoridades lusas aplicar las disposiciones de su ley de ciudadanía. Tampoco está claro si las autoridades portuguesas estarían dispuestas a aceptar a los timorenses deportados desde Australia.
En mayo de 1997, todos los miembros del Tribunal Federal Australiano fallaron por unanimidad en favor del solicitante de asilo timorense que había recurrido contra la política del gobierno. El tribunal resolvió que si un solicitante de asilo tenía más de una nacionalidad, se debía tomar una decisión respecto a la «efectividad» de la protección brindada por la segunda nacionalidad. En concreto planteaba si era posible para un solicitante de asilo presentar los documentos necesarios en Australia para obtener la ciudadanía portuguesa y si se permitiría al solicitante entrar en Portugal. El tribunal estableció que la causa del solicitante de asilo debía devolverse al Tribunal de Revisión de Refugiados de Australia para que se pronunciara. El resultado del fallo ha sido que, en el caso de los solicitantes de asilo timorenses, cuando se proceda a determinar su condición de refugiados debe examinarse en cada caso si la ciudadanía portuguesa es «efectiva». Poco después del fallo del tribunal, el Tribunal de Revisión de Refugiados reconoció a tres solicitantes de asilo timorenses la condición de refugiados al reconocer que su ciudadanía portuguesa no era efectiva. El gobierno ha recurrido contra los tres casos ante el Tribunal Federal.
A pesar del positivo desenlace judicial, la batalla no ha terminado. En caso de que el tribunal no se pronuncie sobre la cuestión más general de la efectividad de la protección portuguesa para los timorenses, cada solicitante de asilo de Timor Oriental tendrá que demostrar no sólo que corren peligro de sufrir persecución en caso de ser devueltos forzadamente a Indonesia o Timor Oriental sino que la petición de la ciudadanía portuguesa no les proporcionaría una protección eficaz. Se cree que esto podría demorar considerablemente el proceso de solicitud de asilo.
Amnistía Internacional reconoce el principio general de que a los solicitantes de asilo con más de una nacionalidad se les puede exigir que soliciten protección a uno de los países de cuya nacionalidad son titulares. Sin embargo, dadas las dificultades descritas anteriormente, es dudoso que el hincapié que hace Australia en este principio en el caso de los timorenses respete el espíritu humanitario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados. La negativa australiana a proporcionar cualquier tipo de protección duradera a los timorenses que se encuentran en espera de que concluya este prolongado proceso podría afectar gravemente a muchos solicitantes de asilo que son víctimas de graves abusos contra los derechos humanos. Un estudio reciente de un grupo de solicitantes de asilo timorenses en Australia llevado a cabo por una unidad de ayuda a víctimas de tortura y experiencias traumáticas descubrió que un porcentaje elevado de ellos había sufrido agresiones físicas y torturaEl 82 por ciento habían sufrido agresiones físicas; el 52 por ciento tenían familiares que habían sufrido agresiones físicas; el 54 por ciento habían sido sometidos a torturas, entre ellas descargas eléctricas y quemaduras; el 61 por ciento habían presenciado homicidios; y el 43 por ciento tenían familiares que habían muerto a manos de las fuerzas armadas indonesias. Informe Anual 1995-1996 de la organización Victorian Foundation for the Survivors of Torture and Trauma.y, como resultado, sufrían fuertes depresiones y problemas psicológicos. En el estudio se indicaba que la condición psicológica del grupo se vería amenazada por una periodo prolongado de incertidumbre y que «el trauma añadido de alejarles forzadamente de su país de refugio [Australia]» provocaría un acusado deterioro psicológico y un mayor porcentaje de suicidios.
La nacionalidad es un concepto mucho más amplio que la mera admisión de las personas en un territorio determinado (en este caso Portugal). Los países tienen el derecho y el deber de procurar que se protegen los derechos humanos de sus ciudadanos, tanto en el extranjero como en el propio país. Australia afirma que los timorenses son ciudadanos portugueses, pero es evidente que en la situación actual, en la práctica, Portugal no es capaz de garantizar el respeto de los derechos humanos de los timorenses en Timor Oriental. No pueden solicitar la ciudadanía portuguesa en ese país y no pueden solicitar la protección del gobierno portugués. El gobierno australiano ha argumentado ante la Corte Internacional de Justicia que dado que Portugal ya no tiene la soberanía sobre Timor Oriental no tiene derecho a representar los intereses de los timorenses. A tenor de esta postura, resultar difícil ver en la postura australiana nada más que una forma cínica de desentenderse de sus responsabilidades con las personas que huyen de graves abusos contra los derechos humanos.
Más de 7.000 australianos han respondido ante lo que consideran una grave injusticia padecida por los solicitantes de asilo timorenses. Se han unido en una «red de refugio» formada por voluntarios dispuestos a infringir las leyes australianas al esconder a 1.360 refugiados timorenses a los que se puede negar el asilo en Australia con la justificación de que son ciudadanos portugueses. Ante la creciente oposición de talante xenófoba a la inmigración, son algunos de los numerosos australianos que creen que el país debe seguir respetando sus obligaciones internacionales hacia las personas que huyen de las violaciones de derechos humanos en Indonesia, en lugar de intentar pasar la responsabilidad a otros.
La solución última al problema de los solicitantes de asilo timorenses es que la comunidad internacional, incluida Australia, presione de forma conjunta y continuada al gobierno indonesio para que tome medidas concretas y eficaces para hacer frente a los problemas de derechos humanos que causan la huida de los timorenses. Los derechos humanos son un factor fundamental para cualquier solución política a largo plazo del problema de Timor Oriental.
Recomendaciones
Este informe ha mostrado que la difícil situación de los refugiados y desplazados internos es consecuencia de que los gobiernos no protegen los derechos humanos. Sólo se ha centrado en un aspecto, las consecuencias que tienen los abusos contra los derechos humanos para las personas que los sufren debido a su origen étnico o nacional. Innumerables personas han huido de sus comunidades después de sufrir abusos por otros motivos, como sus opiniones políticas o religiosas, o su labor en favor de los derechos humanos.
La intención principal de la labor de Amnistía Internacional es combatir los abusos contra los derechos humanos que obligan a las personas a huir de sus casas. En su campaña de 1997 sobre los derechos humanos de los refugiados, Amnistía Internacional está haciendo un énfasis especial en la forma en que los gobiernos tratan a los refugiados. Las recomendaciones siguientes exponen las medidas mínimas necesarias para proteger los derechos humanos de los refugiados para que estén a salvo de nuevos daños y sean tratados con la dignidad que las trágicas circunstancias que padecen exigen.
Amnistía Internación insta a los gobiernos de Asia a que pongan en práctica las siguientes medidas para que los refugiados reciban la protección internacional de la que son acreedoresSe han dirigido recomendaciones similares a los gobiernos de otras regiones. Véase el conjunto de recomendaciones contenido en el informe de AI de 1997: Refugiados: Los derechos humanos no tienen fronteras(Índice AI: ACT 34/03/97/s)..
f6 A todos los gobiernos de la región:
C Todos los Estados que no lo hayan hecho deben ratificar y poner en práctica inmediatamente la Convención de 1951 de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.
C Todos los Estados que no lo hayan hecho deben ratificar y poner en práctica inmediatamente los tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
C Todos los gobiernos deben fomentar la sensibilización de la opinión pública y su apoyo a los derechos de los refugiados.
A los gobiernos de los países de asilo:
C Deben respetar escrupulosamente el principio fundamental de no devolución (non-refoulement) forzosa, lo que incluye el no rechazar a los refugiados en la frontera. No se debe enviar a nadie a un país donde corre peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura, ejecución extrajudicial o «desaparición».
C Deben garantizar el respeto a la labor del ACNUR como organismo internacional encargado de la protección de los refugiados. Se debe facilitar el acceso del ACNUR a los refugiados en cualquier circunstancia y debe respetarse su valoración sobre la necesidad de proteger a personas concretas. También debe facilitarse el acceso de otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes.
C Los países que cuenten con comisiones nacionales de derechos humanos u otros organismos independientes responsables de la vigilancia de los derechos humanos en el país, deben garantizar que el trato a los refugiados se incluirá en el mandato de dicha comisión.
C Deben llevarse a cabo programas de formación general para los militares y otros funcionarios pertinentes responsables de las fronteras que les instruyan en los principios básicos de la legislación sobre refugiados y derechos humanos y en el trato a los refugiados. Se debe invitar al ACNUR y a otros organismos pertinentes, como las organizaciones no gubernamentales, a impartir esta formación.
C Los programas de repatriación deben incluir garantías relativas a los derechos humanos en todas las fases del retorno. La repatriación no debe aplicarse hasta que se produzcan cambios fundamentales en el país de origen. Las personas tienen derecho a no ser repatriadas sin tener la oportunidad de que se valore individualmente su petición de asilo.
C La situación de los derechos humanos en el país de origen del refugiado debe ser objeto de una valoración independiente e imparcial basada en la información pública disponible antes, durante y después de la repatriación.
C Los solicitantes de asilo individuales deben ser remitidos a un organismo independiente y especializado encargado de decidir las peticiones de asilo. Todas estas peticiones deben examinarse en el curso de un procedimiento de asilo imparcial y satisfactorio que respete las normas internacionales. Los solicitantes de asilo deben recibir una protección eficaz contra la devolución en todas las fases del procedimiento.
A los gobiernos de los países de origen:
C Deben poner en práctica su obligación, de conformidad con el derecho internacional, de respetar y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos para que nadie se vea obligado a huir al extranjero en búsqueda de protección.
C Los países con minorías étnicas deben garantizar que estas comunidades son respetadas de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos pertinentes. En especial, se debe proteger a estas comunidades de la privación arbitraria de nacionalidad y del exilio forzado.
C El ACNUR, los mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos y los relatores de país, así como el resto de las operaciones internacionales de vigilancia e información sobre derechos humanos (tanto intergubernamentales como no gubernamentales) deben poder vigilar la situación de los derechos humanos y los refugiados retornados.
A los gobiernos de países con desplazados internos:
C Debe ponerse un cuidado especial en garantizar que los desplazados internos son tratados de conformidad con las normas de derechos humanos y humanitarias vigentes. Al formular y aplicar su política, deben tener en cuenta la protección de los derechos humanos y las necesidades humanitarias de los desplazados internos.
C Se debe facilitar siempre al ACNUR y a otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales el acceso a los desplazados internos.
C Deben tomarse medidas para que los desplazados internos reciban información independiente e imparcial sobre la situación de la seguridad y de los derechos humanos en su zona de origen.
C Los países que cuenten con comisiones nacionales de derechos humanos o con otros organismos independientes responsables de vigilar tales derechos en el país deben asegurarse de que el trato a los desplazados internos se incluye en su mandato.
A la comunidad internacional:
C Deben animar a los países de Asia que todavía no lo hayan hecho a ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados y su Protocolo. Especialmente, debe considerarse seriamente exigir que la ratificación del Convenio sea un requisito para ser miembros del Excom.
C Deben compartir plenamente la responsabilidad internacional de proteger y dar cobijo a los refugiados. A este respecto, deben tomarse medidas concretas, como establecer mecanismos para proporcionar una ayuda adecuada y continua a los países a los que corresponde una cuota desproporcionada de esta responsabilidad a causa de su situación geográfica. Debe considerarse la aplicación de medidas adecuadas y eficaces de reasentamiento.
C Deben respetar los derechos de los refugiados asiáticos que han solicitado asilo fuera de la región.
C La comunidad internacional debe tomar medidas concretas para que se proteja a los desplazados internos. En especial, el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los desplazados internos debe elaborar unas directrices para la protección de estas personas basadas en el conjunto de normas sobre los derechos humanos y el derecho humanitario.
NOTAS FINALES
Asia: Etnia y nacionalidad
Asia: Etnia y nacionalidad
Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
Índice AI: ASA 01/01/97/s Amnistía Internacional, octubre de 1997
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PALABRAS CLAVE: REFUGIADOS1 / PERSONAS DESPLAZADAS1 / GRUPOS ÉTNICOS1 / MINORÍAS1 / REPATRIACIÓN FORZADA1/ EXILIO1 / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / AGRESIÓN SEXUAL1 / CONFLICTO ARMADO1 / DETENCIÓN ARBITRARIA / RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO / DETENCIÓN SIN JUICIO / REASENTAMIENTO / TRABAJOS FORZADOS / DESAPARICIONES / MUJERES / NIÑOS / GRUPOS RELIGIOSOS - MUSULMANES / ACTIVISTAS POLÍTICOS / MILITARES / POLICÍA / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / LEGISLACIÓN / COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS / OCUPACIÓN / ACCIONES RECOMENDADAS / INSTRUMENTOS DE DERECHOS HUMANOS / PIDCP / ACNUR / COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU / CAMPAÑA SOBRE REFUGIADOS / DECLARACIONES DE LOS PRESOS / MYANMAR / SRI LANKA / BHUTÁN / INDONESIA / AUSTRALIA / JAPÓN / INDIA / TAILANDIA / BANGLADESH / |
Asia: Etnia y nacionalidad
Asia: Etnia y nacionalidad
Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
Índice AI: ASA 01/01/97/s Amnistía Internacional, octubre de 1997
INTERNO (Sólo para miembros de AI) Índice AI: ASA 01/01/97/s
Distr: SC/CO/GR (35/97)
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Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ
Reino Unido
No publicar antes del 1 de octubre de 1997
SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL
ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO
PARA USO EXTERNO
LOS REFUGIADOS EN ASIA: ETNIA Y NACIONALIDAD
ACCIONES RECOMENDADAS
Este es el quinto de los Informes Regionales publicados como parte de la Campaña de Refugiados.
Utilícenlo como parte de sus actividades de la campaña para ilustrar la relación existente entre los abusos que se cometen contra los derechos humanos y los flujos de refugiados.
Es de especial importancia el que se aseguren de que los gobiernos reconocen esta relación.
Las acciones RAR sobre los refugiados en Asia se publicarán por separado y se enviarán a los Coordinadores de las RAR pertinentes y a las Secciones que hayan solicitado que se les envíe las acciones RAR sobre refugiados durante la Campaña sobre Refugiados..
Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copia de este documento a su atención, y de que se archiva debidamente para futuras consultas.
DISTRIBUCIÓN POR EL SI
El Secretariado Internacional envía este documento directamente a:
Secciones de AI: Coordinadores de Campañas
Coordinadores de Refugiados
Coordinadores de las RAR pertinentes y Coordinadores de País
ONG internacionales de refugiados y OIG pertinentes.
Asia: Etnia y nacionalidad
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Amnistía Internacional, octubre de 1997 Índice AI: ASA 01/01/97/s
Índice AI: ASA 01/01/97/s Amnistía Internacional, octubre de 1997
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